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Zoon Peatón
Por Zoon Peatón
Liga Peatonal es una organización civil sin fines de lucro que trabaja por ciudades para todas l... Liga Peatonal es una organización civil sin fines de lucro que trabaja por ciudades para todas las personas donde las y los peatones sean el principal actor en las políticas públicas para el diseño de las urbes. Somos parte de la International Federation of Pedestrians, Youth Action Net, Red Innova, Estrategia Misión Cero y la Red Latinoamericana de Ciudades que Caminan, redes internacionales de activistas y emprendedores sociales que buscan mejorar la calidad de vida de todas las personas. (Leer más)
Movilidad de cabeza en Querétaro
En plena crisis por la pandemia de COVID-19 se construye en Querétaro una obra multimillonaria para estimular el uso del automóvil particular, en la que el gobierno del estado de Querétaro y el municipio de Querétaro destinarán más de 725 millones de pesos en el denominado Viaducto Poniente.
Por Pedro Roberto Reyes Martínez
9 de septiembre, 2020
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Debemos de dejar hacer las cosas como hasta ahora lo hemos hecho y transitar de la manera de hacer negocios como siempre (Business as Usual) a un modelo de desarrollo sostenible que no se centre exclusivamente en el crecimiento económico a costa de lo que sea. En su lugar, este modelo debe tomar en cuenta las dimensiones de la inclusión social y el respeto al medio ambiente, y debe basarse en instituciones económicas y políticas inclusivas que funcionen acordes con principios de transparencia y buena gobernanza. Esto es lo que la comunidad internacional se comprometió a llevar a cabo en 2015 mediante la Agenda 2030, para lo cual se establecieron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Dentro de los 17 ODS, el ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles reviste una importancia fundamental pues en 2007 ya más de la mitad de la población mundial vivía en ciudades y en 2030 se considera que esta cifra llegará al 60%. Como acelerador de los ODS y tomando en cuenta que 2 de cada 3 metas de estos tienen que ver con el ámbito territorial, la comunidad internacional adoptó en Quito, Ecuador, en octubre de 2016, la Nueva Agenda Urbana (NAU). Esta agenda estableció una ruta de trabajo para avanzar hacia el ideal común de llegar a un mejor y más sostenible futuro, en el cual las ciudades y asentamientos humanos cumplan con “… su función social, entre ellas la función social y ecológica de la tierra, con miras a lograr progresivamente la plena realización del derecho a una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, sin discriminación, el acceso universal y asequible al agua potable y al saneamiento, así como la igualdad de acceso de todos a los bienes públicos y servicios de calidad en esferas como la seguridad alimentaria y la nutrición, la salud, la educación, las infraestructuras, la movilidad y el transporte, la energía, la calidad del aire y los medios de vida”.

En México, el 28 de noviembre de 2016 se publicó la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDH), la cual recoge principios de la NAU y los vuelve obligatorios en nuestro país, regulando en el Capítulo Único de su Título Séptimo La Movilidad y particularmente en su artículo 73 establece que las autoridades de todos los niveles, deberán de respetar la pirámide de la jerarquía de la movilidad, de la siguiente manera:

“…Artículo 73. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales deberán promover y priorizar en la población la adopción de nuevos hábitos de Movilidad urbana sustentable y prevención de accidentes encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos de la población, lograr una sana convivencia en las calles, respetar el desplazamiento del peatón y su preferencia, prevenir conflictos de tránsito, desestimular el uso del automóvil particular, promover el uso intensivo del transporte público y no motorizado y el reconocimiento y respeto a la siguiente jerarquía: personas con movilidad limitada y peatones, usuarios de transporte no motorizado, usuarios del servicio de transporte público de pasajeros, prestadores del servicio de transporte público de pasajeros, prestadores del servicio de transporte de carga y usuarios de transporte particular.”

Asimismo, la LGAHOTDH establece que las inversiones y obras públicas deben deben sujetarse y ser congruentes con los ordenamientos y principios regulados por la misma, como se señala específicamente en la fracción III de su artículo 72 y el artículo 103:

“…. Artículo 72. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las Demarcaciones Territoriales, en el ámbito de sus competencias, establecerán los instrumentos y mecanismos para garantizar el tránsito a la Movilidad, mediante:

…III. La priorización, congruencia y eficacia en las inversiones públicas, considerando el nivel de vulnerabilidad de usuarios, las externalidades que genera cada modo de transporte y su contribución a la productividad de la colectividad…

….Artículo 103. La planeación de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas deberá ajustarse a lo dispuesto en el presente ordenamiento, así como a los planes y programas de ordenamiento territorial, de Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano”.

Sin embargo, en Querétaro parece no ser suficientes ni la Agenda 2030, ni el ODS 11, tampoco la Nueva Agenda Urbana ni la LGAHOTDH para regir los criterios tomados en cuenta para construir obras de infraestructura vial, pues en este 2020 y en crisis por la pandemia del COVID-19 se construye una obra multimillonaria, en la que el gobierno del estado de Querétaro y el municipio de Querétaro destinarán más de 725 millones de pesos, en el denominado Viaducto Poniente. Esta obra constituye un monumento a la pirámide de la jerarquía de la movilidad, pero invertida, pues su fin primordial es estimular el uso del automóvil particular, privilegiándolo sobre el desplazamiento de peatones, el uso de transporte particular no motorizado (bicicletas), el uso de transporte público no contaminante y otras alternativas de transporte público.

Lo anterior es más grave aún para los habitantes de Querétaro tomando en cuenta que el sistema de transporte público es muy deficiente y también privilegia el incremento del uso del automóvil privado al no existir una consolidada red de transporte colectivo. En el sistema de transporte público existente, las rutas y las unidades no son suficientes, los tiempos de espera suelen ser muy tardados, y muchas unidades prestan el servicio en estado y condiciones inadecuadas, lo que no solo afecta la eficiencia del desplazamiento de las personas sino que constantemente pone en peligro la integridad física e incluso la vida de los usuarios. Además, la congestión del transporte motorizado generado por las inadecuadas políticas públicas de movilidad y por la deficiente prestación de servicio público de transporte no sólo incrementan el tiempo y costo de los desplazamientos de los ciudadanos a su trabajo y a otros destinos, sino que aumentan la posibilidad de enfermedades de tipo respiratorio y otras relacionadas con la mala calidad de aire y una vida sedentaria, tal como se diagnosticó en el Q500, la estrategia de Territorializacion del Índice de Prosperidad Urbana en Querétaro que se llevó a cabo en 2018 con metodología de ONU-Hábitat. Esta estrategia, lamentablemente para quienes habitamos en Querétaro, ha sido guardada en un cajón y ha sido desestimada por las autoridades estatal y municipal, quienes no han puesto en práctica el plan de acciones generado por dicho ejercicio, para contribuir al cumplimiento del ODS11 y a elevar el Índice de Prosperidad Urbana en Querétaro.

Con el mismo criterio de estimular el uso de automóviles particulares se han realizado en los últimos años otras otras obras públicas multimillonarias en Querétaro, como el Paso a Desnivel de Avenida Universidad y Bernardo Quintana, y los puentes vehiculares de Bernardo Quintana en Centro Sur.

La LGAHOTDH en su Título Décimo Tercero establece en favor de los ciudadanos la facultad de poder participar en mecanismos de contraloría o vigilancia social para el cumplimiento y ejecución de la misma, así como de las normas oficiales mexicanas y los planes y programas que en ella se refieren, en donde participen vecinos, usuarios, instituciones académicas, organizaciones sociales, colegios de profesionistas, institutos y observatorios. La conformación y participación en estos mecanismos es indispensable para que los ciudadanos podamos participar activamente exigiendo que se cumplan con los principios de transparencia y buena gobernanza, indispensables para el Desarrollo Sostenible y en específico para el cumplimiento del ODS11 en materia de Movilidad y Desarrollo Urbano.

También, en su Título Décimo Tercero, la LGAHOTDH establece para cualquier persona física o moral la facultad de denunciar cualquier hecho, acto u omisión que contravenga sus disposiciones, las leyes estatales en la materia, las normas oficiales mexicanas o los planes o programas a que se refiere la misma, el derecho de exigir las medidas de seguridad y sanciones procedentes y a solicitar ser representados ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales que correspondan. Resulta fundamental que como ciudadanos conozcamos y hagamos uso efectivo de esta herramienta para poder hacer valer nuestro derecho a la ciudad y defenderlo.

Nuestras ciudades deben de estar hechas para nosotras las personas y no para los automóviles.

* Pedro Roberto Reyes Martínez (@pedroreyesm) estudió Derecho en la UNAM y es Técnico Superior Universitario en Comercialización Inmobiliaria por la Secretaría de Educación Pública. Actualmente estudia una maestría en Responsabilidad Social en la Universidad Anáhuac, campus Querétaro.

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