Por primera vez en la historia de México, dos mujeres se disputan la presidencia del país. Este hecho sin precedentes, no sólo marca un hito a nivel nacional, sino que también resuena en el ámbito internacional. Desde una perspectiva global, resulta paradójico que México, siendo uno de los países con mayor índice de violencia de género en el mundo, se encamine a ser uno de los primeros países liderados por una mujer presidenta. También resulta sorprendente que las dos coaliciones con mayores posibilidades de ganar la presidencia hayan elegido a dos mujeres para competir por este cargo.
Para entender la trascendencia de este momento, es importante considerar el contexto histórico e internacional. A pesar de los avances en materia de igualdad de género, la presencia de mujeres en la más alta esfera del poder político sigue siendo una rareza en muchos países. Pongámonos en perspectiva. La primera vez que una mujer fue electa democráticamente como Jefa de Estado fue en 1980 en Islandia, y desde entonces, sólo un tercio de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas han seguido el camino. Hasta ahora, México había sido la excepción. 1
La disparidad de género en jefaturas de Estado y de gobierno es un problema global, incluso en los países más desarrollados y más avanzados en términos de equidad de género. ¿Por qué persiste esta aparentemente “impenetrable” desigualdad política? Tomemos el ejemplo de Estados Unidos. En 2016, por primera vez, una mujer contendió para la presidencia, pero su camino estuvo plagado de sexismo y misoginia. Nos referimos a Hillary Clinton, sobre quien la ministra y emblemática feminista Ruth Bader Ginsgburg expresó que el sexismo fue un “factor realmente importante” en en su derrota ante a Trump en esas elecciones.
La destacada profesora de la Universidad de Cornell, Kate Manne, en un artículo para Politico, menciona un estudio que aborda la percepción de la aptitud de los candidatos presidenciales en Estados Unidos en función de su género. Este estudio reveló que las candidatas presidenciales eran percibidas como menos calificadas que los candidatos masculinos con credenciales similares. Además, se observó que un considerable porcentaje de votantes mostraba preferencia por candidatos masculinos sobre candidatas de su propio partido, como Hillary Clinton y Elizabeth Dole, lo que subraya la influencia de los estereotipos de género y el sexismo en las elecciones y en la percepción de las mujeres en cargos públicos. 2.
Un ejemplo ilustrativo es el caso de Jacinda Ardern, quien ejerció como Primera Ministra de Nueva Zelanda. Durante su mandato, se vio enfrentada a preguntas invasivas y sexistas, como el por qué se pintaba el pelo, si había propuesto matrimonio a su esposo, o si había elegido su carrera por encima de formar una familia. Aunque oficialmente renunció a su cargo en enero de 2023, alegando agotamiento o burnout, existen fuertes rumores que sugieren que la creciente cantidad de amenazas en su contra durante los últimos tres años de su mandato fueron un factor determinante para su renuncia.
La influencia del sexismo en la percepción y evaluación de las mujeres en la política es un fenómeno documentado. Estudios han demostrado que las candidatas presidenciales son juzgadas con mayor dureza que los candidatos masculinos, incluso cuando tienen credenciales similares. 3 Este sesgo de género también se manifiesta en la forma en que se critica la apariencia física o el “carisma” de las candidatas, aspectos que rara vez, o con menos peso, se mencionan en relación con los candidatos masculinos. 4
En el caso de México, es crucial reflexionar sobre cómo el sexismo y la misoginia pueden influir en la evaluación de las candidatas presidenciales actuales. Como lo hemos visto en los debates presidenciales, Claudia Sheinbaum, enfrenta críticas por ser percibida como “seria”, “difícil”, o “poco empática”; incluso fue referida por su contrincante como “Dama de hielo”. Por otro lado, Xóchitl Gálvez ha sido objeto de burlas por su aspecto físico, sus orígenes indígenas, y su pasado empresarial (incluso, infantilizándola por su pasado como vendedora de gelatinas).
Es importante reflexionar si las candidatas están siendo juzgadas y evaluadas de la misma manera que se haría con los hombres, o si las críticas que enfrentan son aplicables también a estos últimos. Estas críticas, basadas en estereotipos de género, resaltan la necesidad de un análisis objetivo y con perspectiva de género al evaluar a las candidatas durante el proceso electoral.
Para mejorar nuestro proceso de evaluación de candidatas, es fundamental cuestionar y reconocer nuestros propios sesgos y prejuicios de género. Al hacerlo, podemos valorar las propuestas de las candidatas en función de su capacidad, experiencia y visión para abordar los desafíos más urgentes que enfrenta México. Es crucial incorporar una perspectiva de género que destaque la importancia de una agenda feminista como parte integral de la política de cualquier líder. Esta perspectiva debe abordar temas críticos como el cambio climático, la seguridad y la violencia de género, los cuales requieren una atención prioritaria en cualquier agenda política.
La presencia de dos mujeres en la contienda presidencial es un símbolo de esperanza para México y una victoria en términos de representación sustantiva. Conforme a la OCDE, México está posicionado dentro de los 5 países con mayor representación de mujeres en la política. Lo cual resulta sorprendente en un país donde 11 mujeres son asesinadas al día por razones de género . Vale la pena cuestionar, ¿cómo llegamos a este momento histórico?
El camino hacia esta igualdad se ha trazado con el tiempo, y sus cimientos tienen nombre: paridad de género. Todo comenzó en 2002, cuando la ley estableció la cuota de género en el Congreso con una representación de 40 % de mujeres. En 2019, la histórica reforma constitucional “paridad de género en todo” amplió a 50 % en los tres poderes. Las cuotas transformaron el poder político de nuestro país; ahora las mujeres formamos parte de la mitad del Congreso, con 4 mujeres en la Suprema Corte, y muy pronto, con una mujer al frente del Ejecutivo.
La participación de dos mujeres en la carrera presidencial no se debe a la influencia del presidente López Obrador (como algunos alegan), sino que es el resultado de años de esfuerzos de parte de activistas y mujeres políticas por alcanzar la paridad de género. Las leyes de paridad son un avance importante en la representación política en México y no deben subestimarse.
Sin embargo, aunque la participación de dos mujeres en la contienda presidencial es un hito para México, no podemos conformarnos. Tener una presidenta mujer no garantiza automáticamente una agenda feminista o de igualdad de género. En las elecciones de junio, debemos mantener un ojo crítico en las agendas de ambas candidatas, conscientes de nuestros sesgos de género y dispuestas a desafiar estereotipos. Llevar a cabo un análisis adecuado de las candidatas presupone varias etapas de concientización:
Primero, es fundamental adoptar una perspectiva de género durante el proceso electoral para identificar y abordar los sesgos y prejuicios que influyen en la forma en que evaluamos a las candidatas. Aunque exista paridad de género, la tendencia cultural de asignar roles públicos a los hombres y privados o domésticos a las mujeres persiste. Por lo tanto, es necesario cuestionar nuestros sesgos de género al referirnos a las candidatas, evitando perpetuar estereotipos y aplicar cargas que no impondríamos a los candidatos varones. Esto nos permitirá realizar críticas más justas hacia las candidatas y sus propuestas.
Segundo, debemos analizar a las candidatas más allá de su condición de ser mujeres; es decir, evaluar qué propuestas tienen en los ámbitos más críticos para la sociedad mexicana, ya sea los temas más profundos como la inseguridad e impunidad, o los más recientes y combatibles, como la escasez de agua o la necesaria reforma fiscal. En este sentido, debemos cuestionarnos ¿qué podemos esperar de una candidata a la presidencia respecto a la agenda feminista? Si bien la violencia de género debe ser parte urgente e innegociable de la agenda de todos los representantes políticos, el hecho de tener dos candidatas mujeres no garantiza automáticamente una agenda incluyente que aborde problemas interseccionales desde el respeto de los derechos humanos, la lucha contra la violencia de género y la protección del medio ambiente. Debemos exigir a las candidatas que se pronuncien respecto a estos temas.
Tercero, es imperativo exigir a las candidatas propuestas que abarquen políticas públicas o iniciativas de ley dirigidas a aumentar la representación de mujeres en el sector público, que tengan una postura que valore las cuotas de género y que incentiven mecanismos para proteger a las víctimas de violencia de género, tanto en general como en el ámbito político.
Está en nuestras manos hacer de este proceso electoral uno del que nos sintamos orgullosas y que pase a la historia como tal. Depende de nosotras exigir propuestas concretas a favor de la igualdad de género, el medio ambiente y los derechos humanos. Como ciudadanas y ciudadanos, debemos estar a la altura de este momento trascendental. Si bien el cimiento para un México más igualitario ya ha sido plantado, ahora es nuestra responsabilidad asegurarnos de que la construcción avance en la dirección correcta.
* Denisse G. Gómez es abogada egresada de la Universidad Panamericana y maestra en Derechos Humanos por la Universidad de Columbia en Nueva York. Actualmente, es Chief of Staff de We are all Human, organización dedicada a la inclusión laboral de las personas hispanas en Estados Unidos basada en Nueva York. Andrea Cordero es abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Derecho por la Universidad de Columbia en Nueva York, es Fulbright y Harlan-Friske Scholar. Antes de unirse como asociada a Galicia Abogados en la Ciudad de México, trabajó en Sidley Austin, una de las firmas más prominentes de Nueva York donde participó activamente en iniciativas y redes para promover el desarrollo profesional de las mujeres.
1 Según el Pew Research Center, actualmente, sólo 13 países tienen a una mujer al frente de su gobierno.
2 Paul, D., & Smith, J. L. (2008). Subtle Sexism? Examining Vote Preferences When Women Run Against Men for the Presidency. Journal of Women, Politics & Policy, 29(4), 451–476.
3 Ibid.
4 Heilman, M. E., Wallen, A. S., Fuchs, D., & Tamkins, M. M. (2004). Penalties for Success: Reactions to Women Who Succeed at Male Gender-Typed Tasks. Journal of Applied Psychology, 89(3), 416–427.
La economía de Brasil sufrirá los impactos de las inundaciones en Rio Grande do Sul: en su producción industrial y agrícola, y en su situación fiscal.
Para evaluar el impacto económico de las inundaciones en Rio Grande do Sul, en Brasil, es necesario buscar en el exterior algo similar, como la destrucción causada por el huracán Katrina en los Estados Unidos en 2005.
Y es que en Brasil, nunca hubo tantos daños económicos causados por un evento climático. La evaluación es del economista Sergio Vale, de MB Associados, una consultora que monitorea los impactos de las recientes inundaciones en la economía.
En Estados Unidos, el Katrina hizo que la economía del estado de Luisiana se contrajera un 1,5%, en un año, cuando se pronosticaba que creciera un 4%.
En el caso de Rio Grande do Sul, MB Associados predice que la economía se contraerá un 2%, en lugar del crecimiento del 3,5% que venía registrando en los últimos 12 meses hasta abril.
Además, el impacto a nivel nacional será mucho mayor que el ocurrido con el Katrina en Estados Unidos, ya que la economía de Rio Grande do Sul corresponde al 6,5% del PIB brasileño (Luisiana representa el 1% de la economía estadounidense).
MB Associados pronosticaba que el crecimiento de Brasil para este año fuera de hasta 2,5%. Después de la tragedia de Rio Grande do Sul situó su proyección de crecimiento en el 2%.
Brasil ya ha enfrentado otras crisis importantes que afectaron el crecimiento de su economía.
En 2001, por ejemplo, una sequía contribuyó a una crisis de racionamiento energético y apagones.
La economía nacional, que había crecido un 4,4% el año anterior, se desaceleró hasta el 1,4%. Pero a pesar de la contribución de la sequía, el núcleo de la crisis de 2001 no fue el clima, sino más bien los cuellos de botella en las líneas de distribución, que impidieron que se distribuyera energía por todo el país.
La tragedia de Rio Grande do Sul de este año, que ya ha causado al menos 149 muertes, tendrá un impacto en al menos tres frentes de la economía brasileña: el crecimiento del PIB, el sector agrícola y las cuentas públicas.
Los economistas y estudios consultados para este artículo apuntan que aún no se puede cuantificar con precisión la magnitud exacta del impacto económico, porque las lluvias continúan y ni siquiera se ha realizado todavía una evaluación precisa de los daños.
Esta falta de definición también tiene implicaciones políticas. Las autoridades han hablado de diferentes medidas y montos para asignar a Rio Grande do Sul, pero esta ayuda aún se está discutiendo y las cifras no están claras.
A continuación explicamos cómo se espera que las inundaciones afecten a la economía brasileña en 2024.
Impacto en el crecimiento y la industria
Las inundaciones afectaron al 94,3% de toda la actividad económica de Rio Grande do Sul, según un estudio publicado el 14 de mayo por la Federación de Industrias del Estado de Rio Grande do Sul (Fiergs).
“Las localidades más afectadas incluyen los principales polos industriales de Rio Grande do Sul, impactando importantes segmentos de la economía del estado”, afirmó el presidente interino de Fiergs, Arildo Bennech Oliveira.
Tres de las mayores regiones afectadas (Región Metropolitana de Porto Alegre, Vale dos Sinos y Serra) aportan R$220.000 millones (US$42.830 millones) a la actividad económica brasileña.
Estas tres regiones concentran 23.700 industrias que emplean a 433.000 personas.
La Región de la Sierra (con ciudades como Caxias do Sul, Bento Gonçalves y Farroupilha) es famosa por la producción en los segmentos de la metalistería (vehículos, máquinas, productos metálicos) y muebles.
La Región Metropolitana de Porto Alegre también produce metalistería (vehículos, autopartes, máquinas), además de petróleo y productos alimenticios. La región de Vale dos Sinos es famosa por su producción de calzado.
Pero otros sectores de la economía también se vieron afectados, como el tabaco y los productos químicos.
Un estudio realizado por Bradesco predice que el impacto de la crisis en Rio Grande do Sul podría reducir el crecimiento del PIB nacional entre 0,2 y 0,3 puntos porcentuales.
“A modo de comparación, cuando el estado fue azotado por un ciclón en 2008, el crecimiento del PIB estatal ese año fue del 2,9%, en comparación con el crecimiento de Brasil en su conjunto del 5,1%”.
Otro estudio, realizado por la Confederación Nacional de Municipios, estima las pérdidas financieras por las inundaciones en más de R$8.900 millones (US$1.732 millones).
Según el CMN, de esta pérdida US$467 millones corresponden al sector público, US$370 millones al sector productivo privado y US$895 millones específicamente a viviendas destruidas.
Impacto agrícola
Rio Grande do Sul es una de las potencias de la agricultura brasileña: el estado representa el 12,6% del PIB agrícola nacional.
En su conjunto, la agricultura brasileña será uno de los sectores de la economía más afectados por las inundaciones, según Bradesco.
“Considerando tales impactos, el PIB agrícola en Brasil podría caer un 3,5% (nuestra estimación anterior era una caída del 3%). Las pérdidas en la agroindustria podrían verse incrementadas por la logística, que afecta tanto el flujo de la cosecha como la llegada de los insumos. Esto parece ser un problema importante para los sectores lácteo y cárnico”, afirma un informe del banco.
Rio Grande do Sul representa el 70% de la producción de arroz de Brasil, el 15% de la carne (12% de la producción de pollo y 17% de la producción de cerdo), el 15% de la soya y el 4% del maíz.
Las inundaciones provocaron impactos en algunos precios internacionales: el precio mundial de la soya en la Bolsa de Chicago aumentó un 2% la semana pasada.
En Brasil, el precio del arroz ya subió y el gobierno anunció la importación del producto para evitar un shock aún mayor. Se teme que los precios del pollo y del cerdo también puedan subir pronto.
Por suerte, ya se había recogido el 70% de la cosecha de soya y el 80% de la cosecha de arroz.
Ahora quedan dos preguntas: qué parte del resto de la cosecha se vio afectada por las inundaciones y si la cantidad ya cosechada y almacenada en silos se vio comprometida o no.
Bradesco estima que el 7,5% de la producción de arroz y el 2,2% de la producción de soya en Brasil podrían verse comprometidos si se confirman los peores escenarios.
Vale, de MB Associados, recuerda que la agroindustria de Rio Grande do Sul ya había sufrido mucho en los últimos tres años con los extremos climáticos.
“En Rio Grande do Sul, la cuestión agrícola de los últimos años ha colocado al estado en un nivel de gran inseguridad. Fueron tres años consecutivos de La Niña, con sequías muy profundas y pérdidas de cosechas muy severas. El año pasado, el estado incluso celebró la llegada de El Niño, que traería lluvias. Pero cuando pensábamos que tendríamos un año normal, de repente sucede esto”, dice el economista.
Todavía existe la posibilidad de que se produzca un nuevo fenómeno de La Niña este año, con potencial de provocar nuevas sequías en Rio Grande do Sul.
Impacto fiscal
Otro impacto importante de las inundaciones en Rio Grande do Sul se verá en las cuentas públicas.
Durante años, Brasil ha estado tratando de equilibrar su situación fiscal; es decir, el gobierno ha hecho un esfuerzo por recaudar más dinero del que gasta, produciendo lo que se llama un superávit fiscal.
Este superávit fiscal se utiliza para reducir la deuda pública del gobierno, que es un elemento fundamental de la economía de cualquier país.
Una deuda elevada tiene el potencial de producir inflación elevada, bajo crecimiento económico y desempleo.
El año pasado, el gobierno de Lula lanzó lo que llamó el “marco fiscal”: el conjunto de reglas para gastar recursos públicos y realizar inversiones. Este marco fue esencial para calmar a los mercados y señalar que Brasil no gastaría dinero desenfrenadamente.
Pero el mes pasado, ante problemas presupuestarios, el gobierno desistió de lograr superávits en 2025.
Los economistas señalan que las cuentas públicas de Brasil ya atravesaba un momento delicado antes de las inundaciones en Rio Grande do Sul.
Sin embargo, la situación empeorará mucho ahora que el gobierno federal tendrá que proporcionar una importante ayuda financiera al estado.
Por ejemplo, ya se anunció un plan que se enviará al Congreso para suspender durante tres años el cobro de la deuda que el estado de Rio Grande do Sul tiene con el gobierno brasileño.
La norma permitiría la creación de un fondo “contable” de US$2.141 millones al año para ayudar a reconstruir la infraestructura del estado devastada por las inundaciones, según el ministro de Finanzas, Fernando Haddad.
La medida también incluye la condonación de los intereses de la deuda, con un impacto de US$2.336 millones.
El gobierno federal ya había anunciado la semana pasada un paquete de medidas que podría alcanzar los US$9.928 millones.
Esta semana el gobierno federal anunció una ayuda para la reconstrucción por valor de US$973 por familia registrada, lo que costará a las arcas US$234 millones.
Parte del gasto público quedará fuera de las reglas fiscales del gobierno, debido a que Rio Grande do Sul se encuentra en un estado de calamidad.
Todas estas medidas son fundamentales para reconstruir Rio Grande do Sul, pero tienen el potencial de empeorar la situación fiscal brasileña, que ya estaba sufriendo antes de la crisis causada por el evento climático.
Sergio Vale, de MB Associados, advierte que a lo largo del año es posible que se envíe más dinero a Rio Grande do Sul a través de créditos extraordinarios aprobados por el Congreso, y que esto podría empeorar el equilibrio fiscal brasileño.
Dice que es difícil cuantificar exactamente cuán grande será el problema fiscal de Brasil, porque aún no se sabe cuánto dinero se necesitará para reconstruir Rio Grande do Sul.
Para Caio Megale, economista jefe de XP, parte de la ayuda estará fuera del marco fiscal del gobierno, pero incluso si fuera necesario incluir estos gastos en el presupuesto, sería posible acomodarlos.
“Nadie sabe realmente cuál será el importe total del apoyo. Se habla de US$14.000 millones o US$19.000 millones. Aún no podemos saberlo, hay que esperar a que bajen las aguas. Pero el marco fiscal tiene margen para que se tomen estas medidas”, afirmó Megale esta semana.
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