Los programas sociales son intervenciones públicas destinadas a mejorar el bienestar de la población, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad. Se implementan para proporcionar acceso a servicios básicos como educación, salud, alimentación y vivienda, así como para mejorar las condiciones económicas y sociales de los grupos más desfavorecidos. Estos programas pueden incluir subsidios, transferencias de dinero, apoyo alimentario, servicios de salud gratuitos o a bajo costo, y programas de capacitación laboral, entre otros.
En nuestra Constitución Política, los programas sociales se enmarcan principalmente en el Artículo 4°, que instituye los derechos sociales y garantiza el acceso a servicios básicos como la salud, la educación y la vivienda. Este artículo ha sido interpretado y utilizado para fundamentar la creación de diversos programas sociales en México, orientados a asegurar el bienestar y el desarrollo de la población, especialmente de los sectores más vulnerables.
Entre otros, el mismo artículo 4° contiene específicamente desde el año 2020 los siguientes derechos:
Como se puede observar, los programas sociales corresponden ya a derechos instituidos en la Constitución. Además, es importante recordar que nuestra Ley Suprema, contiene una cláusula de textura abierta, es decir, que los dispositivos constitucionales no son exhaustivos sino que admiten la inclusión de preceptos, valores, principios y normas de derecho positivo para operacionalizar la tutela de los derechos fundamentales. En concreto, se puede afirmar que los programas sociales que derivan de estos derechos fundamentales se encuentran protegidos por un bloque de constitucionalidad.
Adicionalmente, bajo el principio de progresividad, el Estado debe tomar medidas continuas y progresivas para la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, los gobiernos están obligados a avanzar constantemente hacia la mejora de estos derechos, evitando cualquier retroceso en su protección y garantía.
La progresividad no implica solamente un incremento en las medidas destinadas a garantizar estos derechos, sino también la necesidad de que cualquier medida regresiva sea plenamente justificada a la luz de la totalidad de los derechos garantizados y los recursos disponibles del Estado.
Por lo anterior, sea cual sea la coalición o el partido político que gane las próximas elecciones, estará obligado a mantener los programas sociales. Pero es el Poder Judicial el verdadero garante para la vigencia de esos programas y de ese y cualquier otro bloque de constitucionalidad. Por eso es fundamental mantener la independencia judicial respecto a los humores e intereses de la persona titular del Poder Ejecutivo en turno.
Es el Congreso de la Unión en concurso con las legislaturas de las Entidades Federativas, quienes determinarán si se fortalece o debilita la independencia del Poder Judicial y con ella la vigencia de la democracia y la tutela efectiva de los derechos fundamentales. Pero somos las y los ciudadanos con el poder de nuestro voto quienes elegiremos a las y los legisladores que integrarán esos congresos.
Conviene aprovechar las campañas electorales que se encuentran a la mitad, para preguntar a las personas candidatas su postura respecto al fortalecimiento del poder judicial y su papel central en la protección de los derechos fundamentales. Un voto informado es un voto libre, ninguna persona en un ambiente democrático votará contra la vigencia de sus propios derechos.
Los recortes al presupuesto de educación superior llevaron a estudiantes, profesores y obreros a protestar en Buenos Aires y otras ciudades del país.
Fue una de las protestas más multitudinarias registradas en Argentina desde que Javier Milei asumió la presidencia del país en diciembre de 2023.
Las calles de Buenos Aires y otras grandes ciudades de Argentina se vieron abarrotadas este martes con cientos de miles de personas, especialmente estudiantes y profesores universitarios, que rechazan los recortes del gobierno a la educación superior en ese país.
Estuvieron respaldados por obreros y sindicalistas que esperan que se reviertan las reducciones de entre 60-70% del presupuesto público para las universidades.
El recorte es parte de la política de la “motosierra”, como llama Milei a su plan para reducir la participación del Estado en actividades públicas de todos los sectores, para conseguir un equilibrio fiscal en la golpeada economía argentina.
“Vamos a tener que dejar de funcionar”, advertía a una emisora local Ricardo Gelpi, el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la institución pública que cuenta con más de 300.000 alumnos y que está catalogada entre las mejores de América Latina.
Apuntó que los recortes están afectando el pago a profesores, las actividades de investigación y la atención sanitaria, pues la UBA gestiona cinco hospitales públicos.
Al grito de “La UBA no se vende, la UBA se defiende”, los miles de manifestantes avanzaban en la capital argentina desde la sede del Congreso hacia la Casa Rosada, sede de la presidencia.
Algunos jóvenes llevaban libros en las manos para manifestarse contra el gobierno de Milei, quien ganó con una holgada mayoría las presidenciales de 2023.
Las viejas generaciones también acompañaron a los estudiantes.
“Vengo para defender la universidad pública y porque mis principios están muy alejados de los del gobierno actual”, dijo Pedro Palm, un arquitecto de 82 años graduado en la UBA, a la agencia Reuters.
La protesta fue respaldada también por la Confederación General del Trabajo, la principal central sindical del país.
El plan de Milei también ha incluido el despido de miles de funcionarios, así como la eliminación de diversos programas gubernamentales.
La noche del lunes, Milei pronunció un discurso en cadena nacional en el que celebraba los logros económicos de su gobierno -como un superávit fiscal de 0,2%- como un “milagro económico” producto de sus políticas de ajuste.
“Pese a la oposición de buena parte del establishment político y económico de Argentina, a quienes sistemáticamente ponen en cuestionamiento nuestras ideas y pregonan por nuestro fracaso para volver al poder, nuestro plan está funcionando”, afirmó.
Argentina no registraba un superávit fiscal trimestral desde 2008.
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