Coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Fundó y dirigió el Instituto para la Seguridad y la Democracia -Insyde- (2003-2016). Ashoka Fellow.+Derechos+Seguridad+Derechos.

Ruta Crítica

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La mayoría en México <a href="https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ENSU/ENSU2024_04.pdf" target="_blank" rel="noopener">considera inseguro vivir en su ciudad</a> y <a href="https://www.elfinanciero.com.mx/encuestas-ef/2024/05/02/aprobacion-a-amlo-en-60-a-un-mes-de-comicios/" target="_blank" rel="noopener">menos de la cuarta parte de la población aprueba</a> la política de seguridad pública de López Obrador.
A la vez, el presidente merece 60 % de confianza y su candidata está arriba en las preferencias para el 2 de junio, <a href="https://oraculus.mx/presidente2024/" target="_blank" rel="noopener">según el promedio de encuestas aquí publicado</a>. La coexistencia de la popularidad presidencial y la censura a la política de seguridad pública no es nueva. Lo que no sabemos es qué aprendizaje viene acumulando la llamada clase política cuando confirma que la percepción mayoritaria negativa respecto a la seguridad, no necesariamente implica perder la confianza del electorado.
De cara al tercer debate presidencial quisiera saber qué significan estos datos para las candidatas y el candidato, en particular si recordamos el hecho de que un presidente tras otro se aprueba a sí mismo en seguridad, independientemente de la censura registrada en las encuestas de opinión y de los resultados en los registros de delitos y en las tendencias de la victimización.
De hecho, por absurdo que sea, sabiendo cada presidente que casi no se denuncian los delitos más graves, sin pudor termina su sexenio auto aprobándose en seguridad. Increíble, pero cierto.
A esta altura, podemos suponer que quienes compiten por la presidencia ya saben que lo más probable es que, de llegar al cargo, no merecerán la aprobación en su política de seguridad y a pesar de ello sí pueden conseguir la aprobación a su persona.
Me pregunto si la clase política ya asimiló esto traduciendo la inseguridad como un costo inevitable, pero manejable, al menos en cuanto a su impacto en la popularidad. Y me pregunto también si este aprendizaje se conecta a la cesión de la función a los militares.
Cuántas personas civiles en el poder público o buscando ejercerlo se han convencido de que la seguridad tiene poca o ninguna rentabilidad política potencial y prefieren abrir la puerta de la militarización, no porque piensen que las fuerzas armadas la resolverán sino porque así se alejan o se intentan alejar de la percepción del fracaso.
Estoy hablando de que los incentivos para la clase política asociados a la construcción de su popularidad están por encima de los relacionados con hacer lo necesario para tener éxito en seguridad pública.
Esta hipótesis me la confirmó apenas un secretario de seguridad pública que acumula éxitos comprobados en su desempeño; les importa mucho más ganar en popularidad que ganar en seguridad y justo por eso evaden la evidencia de todas las maneras posibles, me dijo. Y agregó: siempre que sepan cómo merecer más aprobación sin tener que ensuciarse las manos en la difícil función de la seguridad, así lo harán.
Aquí tenemos más hipótesis para entender la militarización galopante de la seguridad; aleja costos y deja espacio para hacer otras cosas quizá más rentables desde la lectura hegemónica en el ejercicio del poder civil.
Construir seguridad está cada vez menos en los incentivos de gobiernos civiles, me compartió un brillante periodista cuyo trabajo de investigación incluye regularmente entrevistas en lugares con violencias crónicas extremas. Ciertamente si su interés principal es ser populares, en ese tema la llevan todas de perder, remató.
<a href="https://twitter.com/ErnestoLPV" target="_blank" rel="noopener">@ErnestoLPV</a>

Aprendizaje político: popularidad sin eficacia en seguridad

¿Estás entre quienes ven los debates presidenciales? Si es así, ¿por qué los ves? ¿Qué te dejan los debates? ¿Los ves por las personas, por las propuestas, por ambas? ¿Aprendes algo? Y si eres indiferente a ellos, ¿por qué te son irrelevantes? ¿Crees que los debates no hacen diferencia alguna en las campañas? Es más, ¿las campañas mismas te son intrascendentes?
Yo creo que muchos de los problemas que tiene México derivan de la debilidad crónica de la rendición de cuentas. Hay quienes piensan que rendir cuentas es un mito y los gobiernos hacen más o menos lo que se les da la gana. Pero hay quienes creemos que solo si tenemos gobiernos forzados a justificar lo que hacen, entonces podremos en alguna medida controlarlos y obligarlos a dar buenos resultados.
En seguridad pasa algo muy particular: las violencias crónicas hacen que muchas personas reclamen la prolongación de la crisis, pero es casi imposible que ese reclamo se traduzca en exigencia para que los gobiernos muestren los métodos que usan. Es una profunda disociación que no es privativa de la política de seguridad; en muchas funciones públicas, para la mayoría es lo mismo si los gobiernos usan o no métodos para ejercer sus funciones. Sean cuales sean los resultados, a nadie o casi nadie le importa si las decisiones tomadas tuvieron que ver con una sucesión de pasos que ha sido validada desde algún saber.
Pura aburrición eso de andar peguntando, indagando, escrutando, evaluando si existen o no métodos en las políticas públicas, piensan muchas personas. No le atribuyen ningún sentido, especialmente cuando la sequía de confianza en las instituciones se ha normalizado, en particular cuando hablamos de la seguridad.
Es una verdadera lástima porque así la sociedad pavimenta la carretera por la cual los gobiernos van y vienen sin pasar por un filtro de calidad donde sea relevante si lo hacen bien o si lo hacen mal y si saben responder por qué. Encima, ahora estamos registrando gobiernos que, reprobados en seguridad, son encabezados por personas mayoritariamente confiables. Por ejemplo, <a href="https://www.elfinanciero.com.mx/encuestas-ef/2024/05/03/encuesta-ef-cuanto-ha-subido-la-popularidad-de-amlo-en-2024/" target="_blank" rel="noopener">con sesenta por ciento de aprobación para López Obrador, solo 23 por ciento califica bien o muy bien su política de seguridad</a>.
Llevando la discusión a todo el país, ¿cuántos gobiernos son reprobados en seguridad y ello tiene poco o nada que ver con la percepción hacia quienes los encabezan? Y regresando a la discusión más amplia de este texto, ¿cuántos gobiernos en todo el territorio se ven forzados a explicar sus resultados en seguridad, los que sean, con base en los métodos usados, si es que los hay? Tal vez, en estricto sentido, ninguno.
Es posible que los debates presidenciales no tienen impacto mayor en la decisión de la preferencia debido a que están caídas las expectativas sociales respecto a la solución de los problemas mayores. Y con base en todo eso, ¿alguien espera algo relevante del tercer debate presidencial, siendo que incluye los temas de la inseguridad y el crimen organizado?
En <a href="https://open.spotify.com/show/4xs7EFT54C58Hf2eTACjAH?si=91ead5cf2f7e4281" target="_blank" rel="noopener">Ni plata ni plomo</a>, único espacio radial dedicado a la pedagogía en seguridad ciudadana, estamos dedicando varias emisiones a exigir que el tercer debate sí nos traiga respuestas sólidas en estos temas; creemos que esto es parte de recuperar nuestra humanidad, tal como lo expliqué <a href="https://animalpolitico.com/analisis/autores/ruta-critica/debate-presidencial-seguridad-condolencia-reglas" target="_blank" rel="noopener">hace una semana</a>. Hundido México en una epidemia de homicidios que ya cumple tres sexenios federales, nos parece absolutamente indispensable cambiar las reglas para ampliar los tiempos y salir de la camisa de fuerza que impone un formato rígido, cuando lo que necesitamos es un formato flexible.
¿Qué dice de este país el hecho de que vayamos a un tercer debate sin hacer un tratamiento diferenciado de los temas que tienen que ver con la pérdida del valor de la vida? ¿Hablar de la educación, la deuda, la política energética es lo mismo que hablar de un país que multiplica 4 veces la tasa promedio global de homicidios intencionales? ¿Hablar de una impunidad nacional promedio mayor al noventa por ciento en estos delitos es lo mismo que hablar de otras políticas públicas?
Yo creo que en el tercer debate presidencial se juega nada menos que el futuro de la epidemia de homicidios; yo creo que deberían mostrar una ruta fundada, soportada en evidencia, que enseñe si saben de lo que hablan cuando prometan -otra vez- parar la crisis de violencias, delincuencia e impunidad. Prevención, reforma policial, reforma a la justicia, construcción de paz y tantos temas implicados en esta agenda, solo pueden ser tratados con racionalidad mínima si hay espacio para la argumentación pausada, en especial poniendo a prueba el cómo en sus promesas.
La impunidad es una palanca especialmente potente para poner a prueba a las candidatas y el candidato. Dejarlos prometer acabar con ella sin decir cómo lo harán, sabiendo que todas las fuerzas políticas y una presidencia tras otra lo han prometido, equivale a participar en un montaje; un debate ciego con harto espectáculo y poco o nada de contenido en la más grave de todas las urgencias: parar la matanza.
Yo creo que tenemos de dos: el tercer debate es un montaje en estos temas o cambian las reglas para convertirlo en una verdadera competencia de ideas por la vida.
<a href="https://twitter.com/ErnestoLPV" target="_blank" rel="noopener">@ErnestoLPV</a>

Tercer debate presidencial; cambiar las reglas para lograr un auténtico debate a favor de la vida

El debate presidencial del 19 de mayo próximo es diferente porque incluye los temas de “inseguridad y crimen organizado”. Ya sé que todos los temas de los tres debates son importantes, solo que ahora debemos responder la siguiente pregunta: ¿la próxima o el próximo jefe de Estado sabrá conducir al país hacia el fin de la epidemia de homicidios?
En 2012, cuando se publicó <a href="https://publications.iadb.org/es/antipodas-de-la-violencia-desafios-de-cultura-ciudadana-para-la-crisis-de-inseguridad-en-america" target="_blank" rel="noopener">Antípodas de la violencia: Desafíos de cultura ciudadana para la crisis de (in)seguridad en América Latina</a>, trascendió que miembros del equipo de investigación se preguntaron por qué es tanto el desvalor de la vida en México. Se dijeron muy sorprendidos en términos comparados frente a otros países de la región; tal vez no hay otro lugar donde hubieran encontrado tal precariedad en el aprecio a la vida, habrían reconocido.
En mis más recientes colaboraciones en este blog vengo insistiendo desde varios ángulos en una pregunta que, en rigor, solo puede contestarse reuniendo múltiples saberes académicos y no académicos: ¿qué le ha pasado a nuestra sociedad luego de casi dos décadas de violencia homicida desproporcionada? ¿En qué condiciones se encuentran los pensares y sentires habiéndose instalado la experiencia directa e indirecta de la disponibilidad de la vida a través de la violencia? Y desde luego esto a su vez merece diferenciación desde múltiples criterios construidos desde las metodologías especializadas y las experiencias de las personas concernidas.
El primer y segundo debate presidencial provocaron, como suele suceder, muchas más reacciones relacionadas con las percepciones asociadas a las imágenes y mucho menos relativas a las promesas de las y el candidato. Hay mucha investigación sobre lo que son y no son los llamados debates; para los efectos de este texto, cuestiono si las formas ayudan a la argumentación y contra argumentación o no. Mi hipótesis es que el principal incentivo de estos formatos que se usan en cada elección presidencial es cuidar la imagen de su respectiva o respectivo candidato.
En mi experiencia cercana a decenas de campañas, se invierte mucho más en tratar de controlar aquello que puede dañar la imagen de la persona candidata que en construir y comunicar contenidos que pasen la prueba del análisis informado y basado en evidencias. Si el tercer debate presidencial sigue un formato similar al primero y el segundo, ya podemos anticipar que lo que se diga relacionado a la inseguridad y el crimen organizado nos dejará muy pocas posibilidades de responder la pregunta inicial: ¿la próxima o el próximo jefe de Estado sabrá conducir al país hacia el fin de la epidemia de homicidios?
Antanas Mockus, alcalde mayor de Bogotá, Colombia, en los periodos 1995-1997 y 2001-2004, colocaba en el centro de su política de cultura ciudadana, convivencia y seguridad la protección de la vida (“la vida es sagrada”, repetía en la base de su construcción discursiva). Su impresionante propuesta pedagógica desplegó múltiples iniciativas para reducir la pérdida de vidas por las violencias y la accidentalidad, mostrando un compromiso que transitaba por la condolencia, no en pocas ocasiones acompañada por el llanto. Sus gobiernos tuvieron tales éxitos en estos y otros temas, que se convirtieron en referencia ejemplar internacional.
Ya en la campaña presidencial de 2018 en una mesa en radio me preguntaron qué esperaba de las personas candidatas y eso fue justamente lo que contesté: condolencia, cuya definición es “participación en el pesar ajeno”.
Si queremos como sociedad recuperar nuestra humanidad, no cabe para el tercer debate el pragmatismo político que cierra el paso al auténtico escrutinio social sobre las candidatas y el candidato, metiéndolos en un formato rígido que, en lugar de abrir la llave para dejar fluir su pensar y sentir, la cierra al máximo posible.
Por el contrario, debemos romper esa bolsa de contención cambiando las reglas, comenzando por ampliar el tiempo para ponerles a prueba por varias horas, solo contestando a múltiples preguntas asociadas a la descomunal agenda de reconstrucción que supone una ruta fundamentada para acabar con la epidemia de homicidios.
Seguiré esta reflexión con una propuesta precisa de formato y las preguntas mínimas que deberían incluirse.
<a href="https://twitter.com/ErnestoLPV" target="_blank" rel="noopener">@ErnestoLPV</a>

Tercer debate presidencial: seguridad, condolencia y cambio de reglas

¿Te imaginas que en México sí se censurara la violencia homicida? ¿Te imaginas que levantáramos la voz masivamente condenándola? ¿Qué sería de nuestro país si organizáramos la indignación ante el uso masivo de la violencia homicida? ¿Qué consecuencias tendría alzar la voz y gritar basta? ¿Pasaría algo diferente si una vez tras otra nos organizáramos colectivamente para exigir parar la epidemia homicida?
¿Cómo se normalizó en México la epidemia de homicidios? Entiendo normalizar como la actitud que, sabiendo que nos estamos matando más o mucho más que en la inmensa mayoría del planeta, prefiere no censurar el hecho. Normalizar es aprender a coexistir con esta violencia. Normalizar no quiere decir hacer nada; normalizar es seguir una ruta pasiva que renuncia a expresar reprobación alguna, en cualquier forma y por cualquier canal.
El pasado 23 de abril presentamos la nueva <a href="https://www.youtube.com/watch?v=km4bBoOZEqQ&amp;t=3464s&amp;pp=ygUJcHNjIGliZXJv" target="_blank" rel="noopener">Coalición para la reducción de homicidios</a> y dimos a conocer el informe final de la conferencia internacional que hicimos en diciembre pasado, <a href="https://t.co/SmRzKLVpj3" target="_blank" rel="noopener">documento</a> que incluye más de cien recomendaciones.
Este grupo de trabajo integrado por universidades y organizaciones de la sociedad civil busca acelerar la incidencia hacia los cambios que nos lleven a contener y reducir la epidemia. Si bien tenemos un montón de ideas y posibles proyectos, acaso lo más razonable es comenzar por entender el apagón masivo de la censura.
El 26 de abril en la aplicación X, la cuenta <a href="https://x.com/Locati0ns/status/1783944794865074233" target="_blank" rel="noopener">Epic Maps @Locati0ns</a> enseñó que, de las 15 ciudades con las tasas de homicidios más altas del mundo por cada 100 mil habitantes, 8 están en México: 1. Celaya 109; 2. Tijuana 105; 3. Ciudad Juárez 103; 4. Ciudad Obregón 101; 5. Irapuato 94; 6. Ensenada 90; 8. Uruapan 72; 15. Zacatecas 59. La tasa promedio global es ligeramente menor a 6, por tanto, esas ciudades la multiplican entre 9 y 18 veces. Pero la evidencia de nuestra epidemia ha fluido ampliamente desde 2007 a la fecha. Nuestro país llegó a una tasa de 30 y ahora anda aproximadamente en 25 (4 veces la global). Por cierto, sin mencionar un subregistro nacional de proporciones desconocidas asociado, por ejemplo, a las desapariciones y las desapariciones forzadas.
Y en toda esa ruta de 17 años la impunidad del homicidio violento ha bajado nada, estacionada por encima del noventa por ciento. Esto quiere decir que sabemos que nos estamos matando de manera desproporcionada comparado con el mundo, pero también sabemos que casi nunca se castiga a quien priva de la vida a otra persona. Nada de esto es nuevo, en otras palabras.
En estos tiempos de “pensar rápido” más que “pensar despacio” (Daniel Kahneman) y de creciente inversión en la manipulación política de las emociones, puede parecer fácil responder al por qué y al cómo normalizamos la epidemia (también se ha normalizado afirmar que las respuestas -especialmente en las redes digitales y muchos medios de comunicación- son fáciles u obvias, justo para evitar el razonamiento pausado).
Nuestro trabajo desde la coalición es en sentido contrario: nos toca “pensar despacio”, esto es, descifrar la complejidad detrás de lo que aquí llamo actitud pasiva y que el día de mañana, desde una perspectiva muti y transdisciplinaria, llamaremos seguramente de otra u otras maneras.
No sabemos todo lo que está en juego en el silencio masivo ante la tasa homicida incomparable en la que vivimos, pero creo que podemos afirmar que, de no subir el switch de la condena social, la continuidad de la epidemia está asegurada.
<a href="https://twitter.com/ErnestoLPV" target="_blank" rel="noopener">@ErnestoLPV</a>

Coalición para reducir homicidios, comencemos por entender la normalización de la epidemia

Gobiernos van y vienen y la epidemia de homicidios, feminicidios y transhomicidios continúa. Nada de lo hecho por el Estado y la sociedad ha logrado reducir la violencia homicida a la proporción en la que estaba antes de la llamada guerra contra las drogas iniciada por Calderón y prolongada hasta nuestros días. La tasa de homicidios en México multiplica entre cuatro y cinco veces la tasa global promedio, si bien los cinco municipios con la mayor desproporción la multiplican entre 46 y 67 veces.
Estamos poniendo en marcha la coalición internacional para la reducción de homicidios. La idea nació en 2023. En diciembre del año pasado organizamos la <a href="https://www.youtube.com/watch?v=NR2wlxVUrPM&amp;t=1s" target="_blank" rel="noopener">Conferencia Internacional para la Reducción de Homicidios</a> y al concluir el evento lanzamos <a href="https://ibero.mx/prensa/presentan-en-la-ibero-propuestas-concretas-para-reducir-indice-de-homicidios-en-mexico#:~:text=La%20meta%20de%20estas%20directrices,por%20cada%20100%20mil%20habitantes" target="_blank" rel="noopener">un primer paquete de directrices</a>.
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Mañana martes 23 de abril estaremos a las 11 horas en el Centro Miguel Agustín Pro Juárez presentando la síntesis analítica completa de aquellas extraordinarias jornadas de dos días y medio y daremos a conocer los compromisos de esta naciente coalición. Este núcleo estratégico de incidencia social está conformado por el Centro Pro mismo, Data Cívica, Impunidad Cero, México Evalúa, el Seminario de Violencia y Paz de El Colegio de México, el Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana CDMX.
Las siguientes palabras son un extracto de la presentación que ahí haremos:
Este es un abordaje poco común hacia la violencia homicida, dado su sólido compromiso con las perspectivas de derechos humanos, género, interseccionalidad e interculturalidad y sus abordajes multi y transdiciplinarios. El documento se aparta de miradas convencionales y repetitivas, habiéndose colocado en el centro la voz de personas representantes de algunas de las poblaciones que muchas veces no solo sufren la mayor desproporción de ataques homicidas, sino además resienten la más amplia marginación y silenciamiento, cual es el caso de los pueblos indígenas y la comunidad LGBTI+.
La coalición por la reducción de homicidios decidió elaborar una síntesis analítica que atrapara las discusiones más relevantes y las recomendaciones puntuales. La publicación de esta síntesis nos permite, por un lado, clarificar aún más el valor agregado de las múltiples aportaciones provenientes del sur, sureste, centro, bajío y norte de México y, por el otro, anunciar los compromisos que soportarán la primera etapa de los trabajos de la coalición referida.
Una de las exposiciones enseñó que, luego de un mapeo de iniciativas por la reducción de homicidios en América Latina y el Caribe, solo el veinte por ciento presentó evaluación de impacto. El hallazgo es altamente representativo de una de las más amplias observaciones críticas de las personas especialistas: la debilidad crónica de las políticas públicas en materia de violencia homicida.
El amplio pronunciamiento durante el evento a favor de políticas focalizadas en la reducción de la violencia homicida soportadas en liderazgos políticos, institucionales y sociales en el ámbito local, enfatiza la urgencia de los acuerdos de Estado que, después de tres décadas de haber sido creado, animen al Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyo principal eje de sentido es la subsidiariedad, es decir, la preferencia estratégica por dotar hasta lo más posible de recursos y competencias a las autoridades municipales, a su vez apoyadas en lo indispensable por las autoridades estatales y federales.
“No hay una matriz estructural que explique el fenómeno”; palabras vertidas en el evento que sintetizan bien decenas de recomendaciones que apelan a la profesionalización del Estado, a su vez apoyado por las instituciones de educación superior y la sociedad civil organizada en el diseño e implementación de nuevos programas de formación, innovadoras propuestas de reforma institucional, desarrollo de estándares y protocolos especializados, todo sometido a robustos mecanismos de rendición de cuentas.
La investigación académica y de la sociedad civil disponible en torno a la violencia homicida se ha multiplicado cuantitativa y cualitativamente, lo cual incluye en fechas recientes el análisis del embate contra las personas en candidaturas electorales. Una de las más prestigiadas especialistas en el análisis de las relaciones entre las elecciones y la delincuencia organizada afirmó: “cada ciclo electoral representa una oportunidad de gobernanza criminal”. Esto implica una alerta que compromete a la democracia misma.
El crecimiento sostenido de la investigación, sin embargo, no ha merecido la atención y menos la apertura al diálogo por parte de los gobiernos en los tres órdenes, salvo mínimas excepciones. Desde nuestra perspectiva, la urgente reconstrucción de las políticas e instituciones para la reducción de homicidios violentos pasa por superar este obstáculo.
El documento incluye observaciones críticas de la mayor relevancia y poco comunes respecto al rol de los medios de comunicación, caracterizados como actores parte en el fomento del populismo punitivo, reduciendo “la responsabilidad de los actores del gobierno, homogeneizando la opinión pública y mediatizando la formulación de políticas públicas”.
Mañana martes presentaremos los compromisos de la nueva coalición, mismo que representa nuestro enfoque estratégico de incidencia focalizada. Nos vemos en el Centro Pro Juárez.
<a href="https://twitter.com/ErnestoLPV" target="_blank" rel="noopener">@ErnestoLPV</a>

Nace la coalición para la reducción de homicidios: núcleo estratégico de incidencia focalizada

Desde colectivos independientes, organizaciones de la sociedad civil, el periodismo, la academia y las redes internacionales especializadas, cunde la frustración y la impotencia por la debilidad en la incidencia a favor de la seguridad, la justicia y la paz. No me lo cuentan, lo veo todos los días. Se ha diseminado una enorme desesperanza porque el compromiso y el trabajo de miles en el diseño de cada vez mejores diagnósticos y propuestas encuentra una barrera política infranqueable. Las campañas del 2024 pueden verse como elocuente expresión de la resistencia política al aprendizaje y el cambio.
Habría que comenzar por reconocer que la producción de diagnósticos y propuestas transita estrictamente en paralelo a la operación y decisión de la inmensa mayoría de la llamada clase política; salvo contadas excepciones, prácticamente no hay voces ahí que siquiera acusen noticia de esa producción. De hecho, tengo registrados múltiples testimonios de operadores institucionales que reconocen la indiferencia como una estrategia para reducir al mínimo posible la disputa de narrativas y la influencia de actores independientes: “No vemos ni hablamos de sus investigaciones, o si las vemos no lo decimos porque los cuestionamientos suelen leerse como agendas no declaradas de golpeteo político”, me han dicho.
La clase política ha aprendido a usar la indiferencia, pero también el engaño y la manipulación, usando a conveniencia la investigación y la evidencia: la validan -si acaso- cuando sirve a sus propósitos político-electorales; la desconocen o incluso la desacreditan cuando cuestiona sus intereses.
Abona a esto el actual terreno de la conversación pública que favorece el desprecio por la reflexión y el pensamiento independiente y crítico, a la vez que estimula la simplificación, el escándalo y la polarización, en especial celebrando la lealtad en el conflicto.
Creo que en muchas partes del país está perfectamente aceitada la dinámica que debilita de manera crónica -o de plano anula- cualquier influencia posible desde la producción de evidencia asociada a las crisis en seguridad, justicia y paz. Por eso vengo insistiendo en una pregunta difícil e incómoda: ¿a quién le importa? No pregunto si es o no importante la investigación que desnuda las crisis, pregunto a quién le importa; no es lo mismo, desde luego.
Lo pregunto así porque tal vez lo que debemos entender es que la disputa se gana o se pierde justo ahí: en la relevancia o irrelevancia de las crisis en la conversación de las grandes audiencias. Desde luego es impensable preguntarnos si es o no importante, por ejemplo, nuestra epidemia de homicidios violentos, de lo que se trata es de descifrar cómo se construye su irrelevancia en la conversación pública.
Quizá al cemento que sostiene la barrera política es justamente esa irrelevancia. Quizá debemos entender que todo lo que hagamos a favor de la incidencia hacia el cambio de las políticas de seguridad, justicia y paz, con todo y la montaña de evidencias, se atora en el filtro que populariza unas narrativas y destierra otras. Quizá no hemos entendido que la barrera se soporta en el control de las conversaciones.
Y no es que no se tengan nociones de todo esto entre quienes buscan la incidencia referida (y por supuesto podría haber mucho más que eso y yo no lo veo); más bien quizá el problema es que no se aprecia en toda su dimensión y complejidad. Muchas personas se preguntan por qué la indiferencia social, yo creo que se debe hacer el salto cualitativo que encamine hacia preguntas mucho más profundas sobre las dinámicas políticas y sociales que diferencian lo relevante de lo irrelevante.
En todo caso, si no entendemos a fondo por qué la evidencia fluye sin consecuencias, entonces jamás lograremos lo contrario.
<a href="https://twitter.com/ErnestoLPV" target="_blank" rel="noopener">@ErnestoLPV</a>

Discutamos la “irrelevancia” de la evidencia en seguridad, justicia y paz

Desde el 2017 participo en actividades permanentes de investigación, construcción y sistematización de evidencias, docencia, promoción de diálogos y monitoreo permanente respecto a la militarización de la seguridad en México. Han sido siete años que primero nos llevaron a reconstruir <a href="https://seguridadviacivil.ibero.mx/wp-content/uploads/2021/03/Informe_PSC_2019.pdf" target="_blank" rel="noopener">el fenómeno en los sexenios de Calderón y Peña</a>, y luego a la <a href="https://seguridadviacivil.ibero.mx/wp-content/uploads/2021/03/PSC-Militarizacion-4T_24-07-20.pdf" target="_blank" rel="noopener">producción de informes</a> y contenidos diversos en múltiples formatos <a href="https://seguridadviacivil.ibero.mx/categorias/investigacion/descifrando/" target="_blank" rel="noopener">relacionados con la administración federal actual</a>.
Cuando en el 2018 la Corte tiraba la Ley de Seguridad Interior por la inconstitucionalidad de la participación militar en seguridad pública el entonces presidente electo López Obrador anunciaba la Guardia Nacional, a ser integrada principalmente con personal castrense. De ese año a la fecha la militarización se aceleró y <a href="https://seguridadviacivil.ibero.mx/2023/09/13/el-desequilibrio-civil-militar-en-la-seguridad/" target="_blank" rel="noopener">hemos documentado que en México ya hay más efectivos militares que policías civiles en tareas policiales</a>.
Y vinieron las noticias -que no paran- de lo que hemos llamado la fase superior de esta tendencia: <a href="https://revistas.ibero.mx/ibero/uploads/volumenes/74/pdf/8-la-via-militar-en-mexico-y-los-riesgos-para-la-democracia-constitucional-ernesto-lopez-portillo-vargas.pdf" target="_blank" rel="noopener">el militarismo, ideología que entiende lo militar en condiciones de superioridad con respecto a lo civil</a>.
Nadie votó por el militarismo y hasta donde sé nadie anticipó este salto presidencial hacia el cogobierno civil/militar. Hay muchos ángulos posibles de análisis, pero uno especialmente elocuente es el discurso presidencial. Les invito a mirar <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1fhxCRbBbA5B07xTNrJyu2pWU1KsCVKVC?usp=sharing" target="_blank" rel="noopener">esta selección de videos</a> con varios ejemplos.
La producción de<a href="https://granodesal.com/9786075986159-2/" target="_blank" rel="noopener"> libros</a> y <a href="https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2024/02/Negocio2.0.pdf" target="_blank" rel="noopener">reportes de investigación</a> con discusiones teóricas y evidencia empírica no deja duda alguna: las fuerzas armadas han desbordado el régimen constitucional de derechos. ¿Cómo tal alteración ha afectado la relación de subordinación militar respecto de la presidencia?  No lo sabemos.
Un agudo análisis propone entender esto como una regresión histórica que va llevando al país a donde estaba hace un siglo, diluyéndose la frontera <a href="https://open.spotify.com/episode/4Oi8bWcTtQA7M2yVRnCp1N?si=b9c94e212c7e43c9" target="_blank" rel="noopener">que quitó la gestión política de manos armadas</a>. Nuestro momento hace propicio recordar que ya América Latina ha aprendido que <a href="https://www.animalpolitico.com/analisis/autores/ruta-critica/fuerzas-armadas-si-entran-a-deliberar-entran-armadas" target="_blank" rel="noopener">no es lo mismo la deliberación política con actores civiles que con actores armados</a>.
En octubre próximo iniciaremos en la Universidad Iberoamericana CDMX el seminario permanente sobre estos temas y ahí profundizaremos tratando de descifrar la militarización y el militarismo desde múltiples marcos epistemológicos, a la vez que ofreceremos herramientas para aportar a los esfuerzos a favor de la contención y reversión del cogobierno civil/militar.
Pero mientras eso sucede, se nos vino encima una pregunta de proporciones mayores: ¿cuál será el margen de subordinación de las instituciones militares respecto a la presidencia 2024-2030? Imagino pocas cuestiones de tal relevancia de cara al relevo presidencial. El ejecutivo federal saliente empujó la entrega de funciones y recursos a las fuerzas armadas aduciendo frecuentemente que será más difícil quitárselos, una vez que él entregue el cargo. Dicho de otra manera, él ha enseñado su plan militarista transexenal.
México padece lo que he llamado un apagón sistémico de sus mecanismos diseñados para asegurar la rendición de cuentas y las consecuencias; por eso, por ejemplo, podemos transitar por décadas con índices de impunidad casi absolutos. En este apagón las entidades castrenses tienen un lugar especialmente privilegiado porque <a href="https://cmdpdh.org/2022/12/15/jurisdiccion-militar-impunidad-y-violaciones-a-los-derechos-humanos/" target="_blank" rel="noopener">están por encima de la aplicación de la ley</a> y lo están aún más en la nueva etapa militarista.
Se cuentan con una mano las personas en la llamada clase política que levantan la voz buscando frenar y revertir este cogobierno civil/militar de siglo XXI y de hecho este arreglo político, en la medida que abre nuevas vías de influencia militar, así las va cerrando al cuestionamiento político civil.
No tengo duda, el tamaño de la silla presidencial 2024-2030 equivale al menos en parte al tamaño de la autonomía política que los generales y almirantes han acumulado en los últimos seis años de militarismo. Es un escenario sin precedentes en el México contemporáneo y las tensiones implicadas en el mismo estarán muy probablemente lejos de cualquier posible escrutinio público, sean cuales sean sus consecuencias para la sociedad.
¿Qué tanto se achicó la silla civil?
<a href="https://twitter.com/ErnestoLPV" target="_blank" rel="noopener">@ErnestoLPV</a>

La presidencia, los generales y los almirantes; de qué tamaño será la silla presidencial

Las candidatas y el candidato a la presidencia no tienen una propuesta suficiente de cara a la crisis de violencias, delincuencia e impunidad. En realidad, creo que nadie la tiene; no creo que haya persona u organización en el sector público o privado que tenga esa propuesta suficiente.
La mayoría entiende que quien busca el voto debe decir que todo lo tiene bien claro; yo creo que es al revés: lo más honesto sería reconocer que no es así y ofrecer, desde luego además de ideas concretas que fijen un rumbo, una oferta seria orientada a construir diálogos y acuerdos, justamente a partir de la certeza de que nadie por sí solo conoce la salida a la crisis en toda su complejidad.
Ya lo sé, nadie quiere hablar de incertidumbre en medio de campañas electorales. Todo lo contrario, compiten en buena medida por ver quién ofrece más certeza, no necesariamente porque hay propuestas que convencen sino porque hay personas que convencen. Pero mirando tres décadas de elecciones ya no me queda duda alguna: quizá los peores desatinos en seguridad y justicia vienen precisamente de quienes, al ganar la elección, creen tener las soluciones claras y así cometen el más grave y costoso de todos los errores: auto encerrarse.
En las elecciones de 2018 nadie ofreció militarizar la seguridad pública, en realidad se ofreció lo contrario y sin embargo el candidato ganador inmediatamente hizo aquello por lo que nadie votó. Recordar esto es importante por al menos dos razones: primero, en las elecciones no es posible saber qué de lo que se ofrece es auténtico y qué no; segundo, habiendo llegado México al control militar total de la seguridad pública federal y luego de haberse instalado la hegemonía ideológica del militarismo por decisión presidencial unipersonal, ahora nada de lo que las y el candidato ofrezcan en el tema -o nada de lo más relevante- transitará al margen de la influencia militar.
Antes de las elecciones, al parecer<a href="https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/2024/04/01/el-general-ya-voto/" target="_blank" rel="noopener"> los militares ya están buscando influir en la selección del siguiente titular de la Sedena</a>. De ser esto cierto, merece una discusión aparte la gravedad que supone la operación política de instituciones armadas alineadas a una de las partes en competencia. Esto implicaría no solo un apoyo militar al gobierno en turno sino, más allá, una posible articulación político-electoral en contravención del más importante de los atributos de la Sedena: su carácter de órgano de Estado.
Entonces la incertidumbre que percibo tiene dos causas: primera, el y las candidatas a la presidencia no cuentan con las herramientas de interpretación y construcción de propuestas suficientes para abarcar la enorme complejidad de lo que a mi parecer debería nutrir un acuerdo de Estado para la reconstrucción en seguridad y justicia. Así me lo confirma, por ejemplo, la ausencia en sus plataformas de un compromiso estratégico vinculado a los desarrollos nacionales e internacionales de última frontera, asociados a las buenas prácticas soportadas en la comprobación con base en la evidencia.
Segunda, el margen de decisión de la próxima presidencia habría sido reducido en una proporción quizá mayor, una vez que la inercia expansiva militarista habría trastocado la subordinación al ejecutivo federal y por tanto sus alcances para imponer el control político sobre el sector castrense.
No es serio dejar de reconocer que una presidencia tras otra ha venido ofreciendo algo que no pudo cumplir: recuperar la seguridad y la justicia. Se han hecho reformas sin parar por décadas y ahora se ofrecen muchas más; lo mínimo necesario es preguntarnos si quienes quieren conducir el país cuentan con auténticas teorías de cambio.
Si no cuestionamos todo esto, entonces me pregunto para qué son las elecciones.
<a href="https://twitter.com/ErnestoLPV" target="_blank" rel="noopener">@ErnestoLPV</a>

Seguridad pública 2024-2030: la incertidumbre

Le propongo un sencillo ejercicio: escoja cualquier declaración del día de una autoridad hablando sobre algo que hará o hizo en seguridad pública y busque si refirió los métodos que usa y la evidencia que soporta su dicho. Le llevará solo un ratito confirmar que esas referencias generalmente no existen. El finado especialista Alejandro Hope con agudeza nombró a la seguridad pública como “zona libre de evidencia”.
Esto es posible porque se sostiene en una pinza política y social. Si un secretario de seguridad federal dice que la Guardia Nacional reducirá los feminicidios, no tiene que explicar cómo, no tiene que argumentar sus razones; si un secretario municipal afirma que una niña es asesinada por falta de cuidado de su madre, tampoco necesita explicar el fundamento de su afirmación; si el presidente apoya una y mil veces el quehacer de los generales y almirantes en seguridad, tampoco tiene que dar razones; es más, si su gobierno afirma que sí cuenta con los métodos para demostrar que “vamos bien”, igualmente no necesitará argumentarlo enseñando la ruta de comprobación de sus dichos.
Es una pinza porque no se ofrece desde “arriba”, pero tampoco se exige desde “abajo”. Les explico por qué: simplemente no sabemos hacerlo; en México generalmente no existe la pedagogía política y social para conectar la seguridad pública a métodos y evidencia; de hecho, hay otra pedagogía extraordinariamente popular que funciona “en sentido contrario”; me refiero a una narrativa hegemónica que pone en el centro la etiqueta de la urgencia. Fíjense bien: si apelar a la urgencia me sirve para convencer que lo que hago es lo correcto, evitándome “la molestia” de explicar por qué afirmo que es lo correcto, pues ya está.
¿Y por qué no existe la pedagogía de los métodos y las evidencias? Déjenme recoger un poco de teoría. Esto es porque en nuestro país, como en buena parte del mundo, la seguridad pública nació como un poder y su evolución histórica no la caracteriza aún, primero, como un derecho. Se lee abstracto y lejano, pero es todo lo contrario: en el día a día, calle por calle, esquina por esquina, cuando la seguridad es entendida como el ejercicio de un poder de la autoridad y no como la satisfacción de un derecho, así mismo se cancela siquiera la posibilidad de un imaginario colectivo que imponga la obligación de que las decisiones sean justificadas, argumentadas, soportadas en métodos y evidencia.
Tenemos que construir la pedagogía política y social que represente la contra narrativa y desde las universidades nos toca empujar hacia la problematización informada, crítica y sólida de los paradigmas de seguridad y justicia hegemónicos para, desde ahí, a través de la reflexión y el discernimiento disruptivo, audaz, constructivo y creativo, trascenderlos hacia la reconstrucción estructural.
Es responsabilidad de los centros de educación superior ofrecer a la sociedad espacios que ofrezcan una contra narrativa ante el escándalo, la manipulación y polarización política y social y la simplificación, todo lo cual viene pavimentando el camino al infierno a donde nos ha llevado la etiqueta de la urgencia.
Las universidades deben levantar la voz, buscando de todas las maneras posibles irrumpir en la deliberación pública de cara a la crisis de violencias, delincuencia e impunidad, a través de procesos de análisis que lleven a interpretaciones soportadas en saberes disciplinares y no disciplinares, todo a su vez orientado a entregar a la sociedad alternativas sólidas, creíbles y convincentes.
Hay políticas de seguridad pública y justicia no comprobadas y las hay comprobadas. Hay métodos cada vez más sólidos, diversos, inclusivos y esperanzadores para distinguirlas. Vente a ser parte de la segunda generación de la nueva <a href="https://posgrados.ibero.mx/maestria/maestria-en-seguridad-ciudadana-y-acceso-a-la-justicia/" target="_blank" rel="noopener">Maestría en Seguridad Ciudadana y Acceso a la Justicia de la Universidad Iberoamericana CDMX</a> y súmate al desarrollo de los liderazgos que nos llevarán de las primeras a las segundas.
<a href="https://twitter.com/ErnestoLPV" target="_blank" rel="noopener">@ErnestoLPV</a>

Seguridad y justicia a reconstrucción con base en evidencia; vente a la Ibero CDMX a cambiar la historia

Seguridad y justicia a reconstrucción con base en evidencia

Múltiples colectivos de la sociedad civil están haciendo un esfuerzo cada vez mayor hacia la construcción de coaliciones amplias que logren agendas comunes de incidencia, enfocadas en una lista más corta de temas, pero a la vez con más valor estratégico. La noticia es extraordinariamente importante porque puede representar el paso hacia una nueva etapa en la capacidad de la sociedad civil para influir sobre las decisiones a favor de la seguridad, la justicia y la paz. En mi concepto, la gran mayoría de la llamada clase política y los gobiernos actuales y los que vienen solo tomarán decisiones en verdad diferentes si reciben mucho mayor presión hacia el cambio.
Menos temas, pero con más valor estratégico; se dice fácil, pero implica decisiones mayores nada sencillas. Si revisamos las recomendaciones que las organizaciones de la sociedad civil, la academia, organismos públicos internacionales, agencias de cooperación y el periodismo de investigación nacional e internacional han construido en estos temas, al menos las últimas dos décadas, nos encontramos con centenas de ellas, muchas ampliamente fundadas en la investigación, la evidencia y la experiencia nacional e internacional comparada.
De cara al siguiente relevo presidencial yo tengo bien documentada la práctica reiterada por parte de los gobiernos entrantes, consistente en hacer a un lado todas o la gran mayoría de esas recomendaciones, sin justificar la decisión. Quizá podemos hablar de centenas de informes enfocados en la mejora de las políticas públicas en seguridad, justicia y paz que ni siquiera han sido leídos por quienes en posiciones de autoridad pueden tomar decisiones concretas hacia el cambio sugerido.
En el más reciente <a href="https://www.youtube.com/watch?v=plm222W13_w" target="_blank" rel="noopener">Cafecito sereno del Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) de la Ibero CDMX</a>, tres especialistas en seguridad ciudadana, policía y militarización de la seguridad pública me confirmaron que no tienen evidencias sobre el grado de cumplimiento del capítulo IX de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, apartado intitulado Informes del Uso de la Fuerza. Con la información disponible podemos afirmar que en general no se elaboran los reportes pormenorizados del uso de la fuerza, no se utilizan los dispositivos tecnológicos para “registrar audiovisualmente” el uso de la fuerza letal y tampoco se cumple el mandato de hacer accesible este material para investigaciones, todo esto ordenado en el capítulo citado.
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Pero tampoco hay contrapesos de vigilancia, monitoreo y fiscalización formales e informales que empujen sistemáticamente hacia el cumplimiento de estas disposiciones. Resultado, todos los días se habla de la seguridad, la justicia y la paz sin que tengamos idea sobre cómo se usa la fuerza pública. Es un sinsentido que la inmensa mayoría ni siquiera ubica como tal, reduciéndose una y otra vez el tema al escándalo del momento. Las tareas policiales civiles y militares entonces quedan lejos del auténtico control del uso de la fuerza, dejadas a márgenes amplísimos de autonomía política y operativa en la gestión del más delicado de sus poderes.
Por eso es posible afirmar que jamás tendremos seguridad si no controlamos esto y no lo haremos sin robustecer los sistemas internos y externos de control; es aquí donde aparece la posibilidad de las entidades externas de supervisión especializada.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Consejo para la Seguridad y la Justicia, ambos de la CDMX, y el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX avanzan hacia la posible creación de un mecanismo de este tipo. En evento reciente, Cameron McEllhiney, directora ejecutiva de la <a href="https://www.nacole.org/" target="_blank" rel="noopener">Asociación Nacional para la Supervisión Civil de Policía en Estados Unidos</a>, nos explicó: Calculamos que hay 250 agencias de supervisión civil en Estados Unidos. Es una estimación porque a menudo nos enteramos de otras nuevas. Al mismo tiempo, hay quienes están saliendo de la lista. Por ejemplo, se acaba de aprobar una nueva ley estatal en Florida que eliminará 21 agencias de supervisión. Yo diría que se han creado unos 50 desde el asesinato de George Floyd. Las otros 200 es un número que nos llevó casi 100 años alcanzar. En cuanto al número de las que están en proceso, estamos hablando constantemente con nuevas ciudades y condados que buscan implementar supervisión de alguna forma. Yo diría que NACOLE está trabajando con unas 15 jurisdicciones que están trabajando para establecerse y unas 15 más que son nuevas y las estamos ayudando con la implementación.
Hasta cuándo deberemos esperar a que México tenga us propio proceso de ensayo y error. Insisto, sin irrupción de medios especializados de control externo sobre las instituciones armadas civiles y militares la seguridad jamás llegará. Estoy completamente seguro.
<a href="https://twitter.com/ErnestoLPV" target="_blank" rel="noopener">@ErnestoLPV</a>

Sin supervisión externa especializada sobre policía y fuerzas armadas jamás llegará la seguridad

Si las elecciones del 2024 no funcionan para dar un salto cualitativo monumental en las políticas públicas federales en seguridad, justicia y construcción de paz, entonces en 6 años estaremos relatando ya no tres sino cuatro sexenios de tragedia. No es difícil anticipar la prolongación de la barbarie si el sexenio 2024-2030 sigue los conocidos patrones de comportamiento del Estado mexicano. Dicho de otra manera, si la próxima presidencia no tiene claro que en muchos sentidos lo único que está claro es cómo no hacerlo, entonces la pesadilla continuará.
Ya no solo se trata de si México pierde cotidianamente porciones crecientes del control formal sobre mercados legales y territorios, a la vez que tolera la reproducción desorbitada de mercados ilegales asociados a la violencia armada y altísimas tasas de rentabilidad económica, además nuestro país exporta grupos de delincuencia organizada y saberes “profesionalizados” de violencia atroz hacia la región latinoamericana, como me lo acaban de explicar a profundidad en Ecuador.
Ya podemos decir, por lo pronto, que ni las candidatas ni el candidato hicieron la tarea de analizar y recoger las oportunidades de la justicia transicional, paquete de medidas extraordinarias diseñadas específicamente para remontar escenarios extraordinarios, siendo que es contrario a la razón esperar que nuestras instituciones ordinarias nos darán la salida. Esto ya es una noticia gravísima, pero podrían venir aún peores, por ejemplo, la continuidad de la pinza política y social que aplaude el despliegue militar sin poder comprobar que funciona para construir seguridad, justicia y paz.
Mal hacen hoy -y siempre- quienes insisten en aligerar el diagnóstico con demagogia maniquea que solo divide más; les tengo noticias: nada de lo que haga quien gane será suficiente si no convoca a la participación de quien pierde la elección; México se hunde en esta pesadilla de violencias impunes en parte justamente porque la política divide mucho más de lo que teje.
La expectativa puesta en que la persona que gane la presidencia encabece decisiones y acciones de Estado a favor de la seguridad, la justicia y la paz se desfonda cada día cuando la clase política está a la cabeza de la siembra de conflicto y divisiones. Y las campañas son eso en buena medida: lamentables espectáculos polarizados y polarizantes que ahondan enconos y odios y así nos alejan aún más de la acción colectiva.
Sumen ustedes: campañas sin ideas nuevas, creativas, valientes e innovadoras, mientras hay organizaciones delictivas que al parecer votan antes; es decir, aplican filtros previos al día de la elección que pueden ser a veces visibles asesinando a personas candidatas o de su entorno profesional y personal más cercano, o bien, en una dimensión que no sabemos, a través de candidaturas e integrantes de futuros gabinetes impuestos por la fuerza, pero sin disparar una sola bala.
Las campañas no podían ser diferentes al país: la impunidad casi absoluta es la misma afuera y adentro de ellas, de manera que los ya sabidos incentivos para la violencia homicida pueden incluso ser mayores en las campañas, en tanto se puede estar disputando en más y más lugares la instalación de bolsas territoriales de gobernanza criminal.
No es una campaña más; han sido tres sexenios desastrosos en medio de la epidemia de violencia homicida y se cumplen treinta años de un Sistema Nacional de Seguridad Pública que ha estado demasiado ocupado haciendo política -la que sea- y no ha tenido tiempo para crear ni siquiera la más básica plataforma de buenas prácticas en seguridad, justicia y construcción de paz.
Por un lado, me gustaría en verdad entender cómo piensa gobernar con estas instituciones la persona que llegue a la silla. En serio, fuera de reflectores, lejos de la demagogia, con la cabeza fría y el mejor discernimiento posible, ¿cómo? Pero por otro lado prefiero no saberlo porque es probable que, en el fondo, no lo saben. La ausencia a esta altura de una idea al menos interesante para reconstruir las fiscalías bien podría ser suficiente señal de esto.
Y pienso que, bajo estos patrones de comportamiento del Estado, con estas instituciones, al final, ¿quién sabría?
<a href="https://twitter.com/ErnestoLPV" target="_blank" rel="noopener">@ErnestoLPV</a>

¿La delincuencia organizada vota primero?

Cada vez que vemos una falla en el actuar policial, por el motivo que sea, debemos entenderla como un posible síntoma de debilidad institucional. Aislar las fallas usando aquello de la “manzana podrida” es justo como no debe hacerse. Si una persona en tareas policiales actúa por debajo de los estándares éticos, jurídicos y protocolarios se debe mirar el ecosistema institucional. La posibilidad de impedir la repetición de la falla se incrementa cuando la revisión pregunta si la institución tiene reglas o prácticas o ambas que promueven y/o toleran esa conducta. Es el enfoque sistémico inspirado en la teoría de police accountability. 
El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) es pionero en México en la <a href="https://insyde.org.mx/seguridad-y-reforma-policial/" target="_blank" rel="noopener">apropiación y promoción de esta teoría</a> y la ha llevado a múltiples materiales teóricos y a informes de evaluación de instituciones policiales.
Desde el 2012 estamos promoviendo la instalación en México de la entidad pública con participación ciudadana encargada de la supervisión policial especializada externa, en ese año logramos que entrara en el Senado el <a href="https://insyde.org.mx/wp-content/uploads/2019/12/Iniciativa-Senado-Proyecto-Auditor-Civil.pdf" target="_blank" rel="noopener">proyecto de creación del Auditor Especial de las Policías Federales</a>. No se aprobó.
En estos doce años hemos estado además cerca de su creación en los municipios de Querétaro y Puebla, y logramos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos la incluyera en una recomendación general (gestión anterior). Se ha consolidado como un tema permanente en mi agenda asociada a lo que se conoce como la reforma policial democrática, misma que puede entenderse si se mira el<a href="https://insyde.org.mx/pdf/seguridad-y-reforma/instrumento_pedagogico-para-la-reforma-policial.pdf" target="_blank" rel="noopener"> estupendo instrumento pedagógico que construimos en 2013</a> con decenas de personas especialistas mexicana y extranjeras.
Desde esta teoría de la reforma policial democrática se reconoce que son los contextos reformistas en torno a la función policial, es decir, ahí donde se ha instalado una inercia de mejoras, donde es mucho más posible que emerja la supervisión policial externa especializada; no es difícil entenderlo: las puertas de una casa se abren más frecuentemente cuando la casa está ordenada o cuando se le está ordenando.
Y la experiencia internacional también ha confirmado que poner orden en casa, en el caso de la policía, es extraordinariamente difícil -imposible, se dice también-, en especial en los sistemas disciplinarios, sin vigilancia externa desde múltiples miradas oficiales e independientes.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia vienen instalando prácticas de acompañamiento, análisis de casos, diálogos permanentes entre la policía y sectores sociales diversos y decisiones de corrección y mejora que parecen crear una plataforma propicia para llegar hasta donde nadie ha llegado en el país, sumando un mecanismo de alta especialización que jamás interrumpa la evaluación de lo que hace la policía, reitero, agregando el valor del enfoque sistémico.
Por todo lo anterior, esas entidades y el <a href="https://seguridadviacivil.ibero.mx/" target="_blank" rel="noopener">Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX</a> convocan a una conferencia internacional donde personas especialistas nacionales y extranjeras conversarán al respecto. El evento es abierto a todo público y se llevará a cabo mañana martes 12 de marzo, a partir de las diez de la mañana en el auditorio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ubicado en Liverpool 136, P.B. Participarán personajes clave representantes de la <a href="https://www.nacole.org/" target="_blank" rel="noopener">National Association for Civilian Oversight</a>, red que articula centenas de entidades especializadas de varios países del mundo.
En el ejercicio piloto que logramos hacer en el caso del municipio de Puebla, el consejo ciudadano de allá revisó la operación de la unidad de asuntos internos y prácticamente todas las recomendaciones de mejora que entregó a la entonces titular de la policía municipal fueron aceptadas. Es bueno recordarlo para que nadie se equivoque creyendo que esto es solo teoría.
Vengan al evento y podrán ver cómo esta figura dignifica como pocas la función policial precisamente porque está diseñada para hacerse corresponsable de profesionalizarla, con más y mejor acompañamiento de otras entidades públicas y de la sociedad misma. Siempre lo repito: quien no ha entendido que en democracia la policía se construye de la mano de la sociedad, entonces no ha entendido el sentido más profundo de esta función pública esencial.
Nos vemos mañana.
<a href="https://twitter.com/ErnestoLPV" target="_blank" rel="noopener">@ErnestoLPV</a>

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