Por pura casualidad me encontré con una frase de Publius Syrus: deliberandum est diu quod statuendum est semel, debemos deliberar por largo tiempo aquello cuya resolución es irrevocable. Me pareció fortuito encontrar esa frase justo ahora que recientemente el Ejecutivo Federal anunció una propuesta de reformas a la Constitución. Esta propuesta se suma a otras reformas en este sexenio que tienen consecuencias sobre el funcionamiento de instituciones clave de la administración pública y el Estado mexicano, así como para la protección y el ejercicio de la libertad de las personas que viven en el país.
La propuesta tiene motivaciones políticas y electorales inmediatas y consecuencias de largo plazo. Si fuera aprobada como se presentó, cambiaría fundamentalmente el contrato social en que la vida de todas las personas en México se desarrolla desde hace al menos dos décadas.
Los cambios constitucionales actúan en dos niveles: el práctico, ¿qué incentivos generan? ¿Qué medios permiten?, y el normativo, ¿que metas sociales persiguen? En un mundo ideal los cambios serían el resultado de largas discusiones y consensos amplios entre todas las fuerzas políticas y sociales. Esto permitiría que todas las personas tengan un sentido de pertenencia a su comunidad política (una falla constante en nuestra historia) y para la existencia de lo que John Rawls llamaba consenso traslapado, el conjunto de principios de justicia aceptado por la gran mayoría de las personas que definen sus derechos y obligaciones en la comunidad, los fines de la constitución y los medios que debe respetar.
En al menos dos sexenios desde la alternancia, el de Vicente Fox y el actual, el Ejecutivo contaba con el capital político para llevar a cabo una reforma del Estado a través de la construcción de este consenso traslapado. En el primer caso no se llevó a cabo y en el segundo se optó por reformas sin consenso.
Paradójicamente, es el mejor momento político y electoral para la propuesta de reformas y el peor momento en cuanto a lo que la prudencia demanda. Los períodos electorales no favorecen la deliberación pública y menos en un contexto de fuertes divisiones políticas. La polarización es efectiva políticamente, pero inútil más allá de las coyunturas.
Desde un punto de vista económico, las leyes crean incentivos (costos y beneficios) para el comportamiento de las personas. En ciertos casos, los incentivos correctos permiten aprovechar el interés privado para alcanzar el interés público: que las personas persigan sus metas personales y a la vez contribuyan a las metas de su comunidad. En 2007 Leonid Hurwicz, Eric Maskin y Roger Myerson obtuvieron el premio Nobel en economía por sus estudios en este tema, ahora conocido como la teoría del diseño de mecanismos e implementación o la teoría del diseño económico.
La teoría nos permite entender con mayor claridad la relación entre las dimensiones prácticas y normativas de los cambios constitucionales. Desde este enfoque, las leyes constitucionales adecuadamente diseñadas crearían incentivos para personas en el gobierno y en la clase política para respetar y defender la dignidad y la libertad de las personas.
En su conferencia de aceptación del premio Nobel, Hurwicz presentó una paradoja del diseño institucional: ¿quién vigila a los vigilantes? Esta teoría supone que cada persona persigue sus metas personales y contribuye a las metas de la sociedad si esto conviene o se alinea con sus metas individuales. Buenas leyes dan buenos incentivos a quienes actúan en su marco.
Pero ¿quién da incentivos a la legislatura para crear buenas leyes? Es decir, leyes que permitan alcanzar metas sociales valiosas aprovechando el interés privado. La respuesta de Hurwicz es que a lo largo de la historia han existido «interventoras» (intervenors), personas que en momentos clave han actuado en contra o más allá de sus metas inmediatas para promover fines superiores. Coloquialmente: en alguien debe caber la cordura. Aún en casos en que no haya interventoras, Hurwicz considera que la ciudadanía puede actuar como vigilante al máximo nivel si sus intereses se expresan libremente en la democracia.
Esto nos trae de regreso a la coyuntura actual y la necesidad de deliberar por largo tiempo aquello cuya resolución es irrevocable (o difícilmente cambiable). En juego hoy y siempre está la dignidad y la libertad de cada persona. ¿Seremos capaces de ver más allá de la coyuntura y de la polarización actual? ¿Podremos construir un consenso sobre los fines y los medios legítimos? ¿Quiénes tomarán el liderazgo en esa tarea? ¿Interventoras o ciudadanas? ¿En quiénes cabrá la cordura?
* Luis Sánchez Mier es Licenciado en Economía por el ITAM y Doctor en Economía por la University of Minnesota. Es Profesor del Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad de Guanajuato y forma parte del grupo de Expertos México, ¿cómo vamos?
Noboa obtuvo el triunfo en 9 de las 11 preguntas contenidas en el plebiscito. Los votantes rechazaron las medidas económicas y dieron su respaldo a las preguntas relacionadas con la seguridad.
Las nuevas medidas de seguridad en Ecuador propuestas por el presidente Daniel Noboa recibieron el respaldo de los ciudadanos en el referendo y la consulta popular celebrados este domingo.
Con más del 60% de los votos escrutados, las preguntas relacionadas con la seguridad recibieron un mayoritario “sí”.
“Hemos defendido al país, ahora tendremos más herramientas para luchar contra la delincuencia y devolverle la paz a las familias ecuatorianas”, publicó el presidente Noboa en su cuenta de Facebook tras conocerse los primeros resultados de la consulta y referendo.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, dijo en entrevista con un canal de televisión local que en las próximas horas se confirmará si los resultados son irreversibles, aunque la diferencia a favor del “sí” es tan amplia que parece irremontable.
La votación convocada por Noboa sobre reformas en seguridad, justicia, inversiones y empleo concluyó con una participación del 72% de los 13,6 millones de ecuatorianos que estaban convocados a las urnas.
El nivel de ausentismo fue calificado como “muy alto” por Atamaint al compararlo con otros procesos electorales.
De acuerdo a los resultados parciales, Noboa obtuvo el triunfo en 9 de las 11 preguntas contenidas en el plebiscito.
Los votantes dieron su respaldo a las preguntas relacionadas con el ámbito de la seguridad, como el rol de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, el incremento de las penas en delitos graves y la posible extradición de ecuatorianos requeridos por la justicia de otros países.
Sin embargo, rechazaron medidas económicas que habían generado polémica, como la creación de contratos de trabajo por horas y el arbitraje internacional para inversiones y asuntos comerciales.
El proceso ha sido visto por analistas como una “prueba de fuego” a la gestión del presidente Noboa, a mitad de su corto mandato y a menos de un año de unos nuevos comicios, en los que se espera que compita por la reelección.
Las próximas elecciones presidenciales y legislativas están previstas para febrero de 2025.
Las 9 preguntas en las que gana el sí
Resumen de las preguntas incluidas en la consulta popular y referendo que recibieron el respaldo de los votantes.
- Aprobar que las Fuerzas Armadas le den un apoyo complementario a la Policía Nacional para combatir el crimen organizado.
- Permitir la extradición de ecuatorianos.
- Establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional.
- Que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente en las calles.
- Incrementar las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros.
- Que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena.
- Tipificar el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional.
- Que las armas que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas.
- Que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado.
Las 2 preguntas en las que gana el no
Resumen de las propuestas rechazadas por los votantes, según los primeros resultados:
- Rechazo a que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales.
- Rechazo a cambiar las leyes para establecer un contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez.
Una de las mayores tasas de homicidios
La jornada de votación transcurrió con normalidad hasta que fue asesinado el director de una cárcel, la tercera autoridad que es víctima de un atentado mortal a manos de presuntos sicarios después de que esta semana también murieran a tiros dos alcaldes de localidades donde existe presencia de minería ilegal.
Ecuador lleva tres años sumido en un clima de inseguridad, con un aumento récord de homicidios que elevaron la tasa de muertes violentas a 40 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del continente, en 2023.
Secuestros, asaltos, extorsiones y otros delitos también han registrado un aumento en un país duramente golpeado por la acción del crimen organizado.
Como parte de la estrategia para combatir la violencia, el gobierno de Noboa declaró que el país está en un conflicto armado interno, ordenó el despliegue de las fuerzas armadas en las calles y las cárceles del país e identificó a como “terroristas” a bandas dedicadas al narcotráfico.
La consulta popular se llevó a cabo además en medio de una crisis energética que en los últimos días provocó racionamientos eléctricos de al menos seis horas diarias. Tan crítica llegó a estar la situación que el gobierno suspendió la jornada laboral por dos días.
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