Un grupo de comuneros afectados por la construcción de la presa Picachos forman parte del conflicto social más relevante en el gobierno de Jesús Aguilar Padilla. En dos años se escribieron más de mil noticias sobre ellos y protagonizaron una lucha intensa por la defensa de sus tierras, lucha que les ha costado llamadas de muerte, asesinatos de compañeros, golpes, insultos y mucho dinero.

Entender esta irreverencia es menos complicado al recordar que, para que funcionara el embalse, cientos de pobladores de los cinco pueblos afectados tuvieron que dejar sus casas porque serían cubiertas por el agua acumulada.

Abandonar las viviendas y las escuelas no se escucha tan complicado, es el proceso de una mudanza tradicional; pero cuando ese cambio incluye exhumar los restos de madres, padres, abuelos, hijos; cuando eso obliga a permitir que se aneguen las parcelas del abuelo, la iglesia del pueblo y que se muera el ganado, el problema empieza a crecer.

El proyecto

La presa Picachos forma parte del Proyecto Baluarte-Presidio, nombrado así por los dos ríos que lo conforman. Es un proyecto que garantizará agua potable a Mazatlán durante los próximos 30 años, generará energía eléctrica e irrigará 22 mil 500 hectáreas agrícolas, convirtiéndolas de tierras de temporal a propiedades de riego por goteo.

La presa tiene una capacidad de almacenamiento de 560 millones cúbicos de agua. En línea recta, el embalse se encuentra a 45 kilómetros de Mazatlán.

Según el proyecto, el vaso de la presa inundaría 2 mil 975 hectáreas de los pueblos San Marcos, Puerta de San Marcos, El Placer, Los Copales, Casas Viejas y Las Iguanas, comunidades pertenecientes a los municipios de Mazatlán y Concordia.

¿Cuánto vale dejar las siembras en pie, abandonar la casa de los padres, dejar morir el ganado, exhumar a los antepasados y enterrarlos en otro pueblo diferente al que decidieron morir? Los comuneros desplazados por el proyecto de la Presa Picachos no dudaron en fijar un precio: su vida.

Durante seis meses, decenas de pobladores se plantaron en la presa para impedir el cierre del túnel de desvío, el último paso del embalse. Éste impedía que se escurriera el agua y evitaba que se acumulara. El periódico Noroeste de Mazatlán consignó el proceso de despojo de la tierra. Primero fueron las amenazas.

“(Nos dijeron) que la misma gente de aquí de nosotros nos estaba traicionando, llegando a un arreglo con el gobierno para matarnos a mí y a ‘La Chary’, esa información, por mi santa madre, llegó anoche a nosotros, la tenemos grabada”, manifestó el 30 de junio Atilano Román, cabeza política de los inconformes.

La intimidación no funcionó y, 12 días después, llegaron los golpes.

“De aquí no nos movemos, que nos lleve la chingada a todos, rájenle”, gritó un poblador, según se consignó.

Decenas de elementos de la Policía Federal Preventiva y la Estatal Preventiva los desalojaron con bombas de gas lacrimógeno, escudos y toletes. En el grupo de comuneros había hombres, mujeres y niños.

El hecho sucedió siete días después de las elecciones a diputados federales, comicios en los que Los Picachos impidieron la instalación de cuatro casillas. El gobernador Aguilar negó reiteradamente el desalojo.

“A ver, vamos poniendo las cosas en su contexto. Ahí no se va a desalojar a nadie de nada”, mencionó en su programa de radio días previos al suceso. Lo que parecía el fin de la protesta de los comuneros resultó ser el principio de una batalla legal y política contra el Ejecutivo estatal y federal. Un conflicto que se agudizó en enero del año pasado, y que en diciembre de 2010 no ha concluido.

Ocho días antes del desalojo, los comuneros interpusieron un amparo contra los actos del presidente Calderón, pero la autoridad logró que se les negara el amparo definitivo y entonces los retiraron.

Lejos de aceptar la derrota, el mismo día del retiro violento los comuneros desalojados se plantaron en la zona turística de Mazatlán durante un mes, en plena temporada alta. Ahí construyeron casas de cartón y madera, dormían y cocinaban.

Durante ese tiempo los pobladores iban a sus pueblos y regresaban a Mazatlán en relevos, ya que el cierre del túnel de desfogue inició la inundación de las comunidades, y con esto la anegación de todas sus pertenencias. Había que ir a salvar lo que se podía.

Octavio Atilano Román y María Alapizco, líderes del movimiento, se reunieron con las autoridades para exigirles los servicios básicos de agua, drenaje y electricidad en lo nuevos pueblos que el gobierno había comenzado a construir.

Ante el reiterado incumplimiento de los pagos de las tierras, de la construcción de los pueblos, de sus calles, caminos, de su iglesia, del levantamiento de casas “pichoneras” con techos contaminantes que provocan cáncer, según advirtieron arquitectos, los pobladores iniciaron marchas y bloqueos de calles.

Un día después de reunirse con el gobernador Aguilar, el 17 de agosto de 2009, Los Picachos levantaron el plantón con la esperanza de que el mandatario cumpliera su palabra.

El 29 de agosto parecía que la situación se resolvería. El mandatario visitó la Puerta de San Marcos y ante cientos de comuneros afectados pidió perdón y disculpas por el desalojo, ahí anunció nuevos programas y entregó lanchas a cada pueblo afectado.

“Quizá su contribución no se aquilate en su justa dimensión, por ello, yo quiero expresarles de manera muy sincera, muy firme, que si algo puedo ofrecerles a ustedes son disculpas y pedirles perdón”, les dijo en referencia al beneficio que traerá el embalse a la ciudad de Mazatlán.

2010, la violencia

Lo que siguió fue la muerte de comuneros. Después de un año de tristezas, despojos y demandas incumplidas, alrededor de 500 campesinos desplazados por la construcción de la Presa Picachos protestaron en febrero con una marcha en la máxima fiesta de los porteños: el Carnaval de Mazatlán.

A modo de mofa, los representantes de las 800 familias desalojadas portaban caricaturas del Presidente de la República, Felipe Calderón; del gobernador, Jesús Aguilar Padilla y del alcalde de Mazatlán, Jorge Abel López Sánchez. También portaban pancartas con la exigencia de “pago justo” de sus tierras y la terminación de sus nuevos pueblos.

Un año atrás, en el plantón de la zona turística, a un cerdo vivo le habían escrito el apellido Aguilar en la panza.

En marzo, el hartazgo creció y llevó a los comuneros a iniciar una marcha de Mazatlán a Culiacán para exigir la culminación de los compromisos que el gobierno estatal había signado con ellos.

La caminata la iniciaron por la carretera de cuota, impidiendo el paso diario a 3 mil 500 unidades durante 9 días: la mitad de su aforo. La pérdida económica para el estado pudo haber superado los 6 millones 300 mil pesos.

Ya en Culiacán, el 9 de marzo, y después de ir a Palacio de Gobierno a gritar consignas contra el gobernador, los comuneros entraron al Salón de Sesiones del Congreso del Estado y lograron que los legisladores aprobaran un exhorto a los tres órdenes de gobierno, en el que se solicita el cumplimiento de los compromisos pactados, además de una definición de apoyo institucional del Legislativo.

Los Picachos tomaron la decisión de quedarse a dormir ahí, de forma indefinida en el interior del Salón de Sesiones.

Siete días después de su arribo, el 16 de marzo de este año, los inconformes gritaron “¡Luna puto!, ¡puto!”, en referencia a la sexualidad del diputado presidente del Congreso, Francisco Javier Luna Beltrán, mano derecha del gobernador Aguilar.

Cuatro días después de los insultos, un grupo de comuneros viajó de Culiacán a Mazatlán. Mientras circulaban por la carretera se suscitó un presunto enfrentamiento de sicarios: el saldo fue de nueve personas muertas, seis de ellas comuneros.

El procurador de justicia, Alfredo Higuera Bernal, calificó a estos pobladores como “víctimas inocentes”.

“Personas que de acuerdo a las declaraciones que se han recogido formalmente por el Ministerio Público serían parte del grupo de personas que han estado manifestándose por la situación de Picachos”, informó.

El líder de los serranos, Atilano Román, culpó al mandatario. “Queremos un gobernador del pueblo, no un matacampesinos’’, manifestó.

En respuesta, los comuneros levantaron un cenotafio en las afueras del Congreso del Estado. La estancia de Los Picachos duró 21 días, se retiraron y regresaron 50 días después, el 18 de mayo, a ver cómo el presidente del Congreso, Luna Beltrán, había mandado destruir el cenotafio de sus muertos.

Esto indignó tanto a los pobladores que corretearon al político para golpearlo, pero no lo alcanzaron.

Los comuneros han logrado una indemnización de 250 millones de pesos por la venta de sus tierras y casas, dinero que se repartió entre 800 familias, según el valor de sus propiedades desalojadas. Al principio, a los manifestantes les pretendían dar una cantidad mucho menor, cerca del 10%, pero la lucha que iniciaron logró esta suma.

Aún no se han cumplido el total de los compromisos pactados, todavía los pueblos no están concluidos ni tienen agua potable con regularidad.

Por ello, el 1 de noviembre pasado, los comuneros se plantaron a un costado de la cortina de la presa Picachos, con la idea de impedir que el Presidente de la República la inaugurara el día 2, como se había anunciado.

De último momento la Presidencia canceló la visita de Calderón y, por consiguiente, la inauguración de la máxima obra hidráulica en el sexenio del gobernador Aguilar Padilla.

Con las mismas demandas, el 11 de noviembre Los Picachos se manifestaron en la puerta del Ayuntamiento mazatleco, lo que llevó a la autoridad a cerrarlo por un par de días y a pactar la conclusión, ahora sí, de los compromisos asumidos desde el principio.

Al concretar el acuerdo, y a pocos minutos de haberse levantado el plantón, uno de los comuneros fue secuestrado por un grupo armado y muerto 10 minutos después. Todo esto en plena zona turística porteña y sin la reacción de la autoridad municipal.

La víctima fue Fernando Lugo Velasco, identificado como uno de los líderes operativos de los pobladores. Los inconformes prefirieron no hacer comentario público sobre el homicidio y optaron por retirarse a la sierra. Esta vez no hubo mensajes de protesta.

Cuatro días después del crimen, el gobernador Aguilar entregó su sexto y último Informe de Gobierno.

Había trascendido que los pobladores se inconformarían, pero no fue así. El Informe transcurrió sin sobresaltos.

“Entregaré un estado en paz”, dijo el gobernador a reporteros tras entregar su informe al Legislativo.