Los “golpes” contra el cártel del Pacífico, a cargo de Joaquín “El Chapo” Guzmán –prófugo tras escapar del penal de máxima seguridad de Puente Grande desde hace 10 años-, han cesado notablemente por parte del gobierno federal de 2007 a la fecha.
Asimismo, el proceso penal contra exservidores públicos presuntamente vinculados en el escape, más de 60, no presenta novedades contra autoridades que vayan más allá del director de esa cárcel, a pesar de que los controles de ingreso y estancia estaban en manos de altas autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública cuando ocurrió la fuga.
De acuerdo con Strategic Forecasting (Stratfor), el cártel de “El Chapo” es el que más ganancias obtiene en la actualidad. El cálculo es de 12 mil millones de dólares anuales, contra 9 mil 864 millones del cártel del Golfo, 5 mil del de Juárez y 3 mil 500 del de Tijuana.
Sin embargo, el gobierno federal, en dichos y datos duros ha demostrado que el combate al cártel del Pacífico no es su prioridad o por lo menos no ha arrojado los mejores resultados.
Apenas el pasado 10 de enero, el vocero del gabinete de seguridad, Alejandro Poiré, reconoció que el mayor número de golpes a la estructura de liderazgo dentro de las organizaciones del narcotráfico en esta administración es hacia el cártel del Golfo y “Los Zetas”, antes aliados y hoy en pugna.
Aunque el funcionario no proporcionó datos duros, se calcula que la proporción de capturas contra estos grupos es del 40% del total.
La Procuraduría General de la República (PGR) fortaleció los pocos resultados contra Guzmán Loera apenas dos días antes de cumplirse 10 años de la fuga. A través de una tarjeta informativa dio a conocer que los decomisos se redujeron casi a cero en el caso de la cocaína en los últimos tres años.
En 2007, las incautaciones al cártel fueron de la siguiente manera: 4.3 toneladas de cocaína y 4.5 toneladas de mariguana. Un año después los aseguramientos se redujeron a 2 gramos y 239 kilos, respectivamente, y para 2009 las cifras estuvieron 445 y 51.8, respectivamente.
Para 2010, a “El Chapo” se le incautaron 707 kilogramos de cocaína y 13.56 de mariguana, cifras muy lejana a las reportadas en 2007.
Los datos contra Joaquín Guzmán no logran sustentar el supuesto fuerte ataque a su organización. La PGR también documentó que solamente le han arrebatado 369 armas de fuego a este grupo delictivo, es decir, sólo el 1.8 % de las incautadas a las organizaciones criminales.
Asimismo, los mil 100 asesinatos atribuidos a este grupo delictivo en la administración de Felipe Calderón, representan apenas el 3.2% de los más 34 mil reconocidos por el gobierno federal efectuados por la delincuencia organizada.
Por otra parte, las indagatorias contra los exservidores públicos involucrados en el escape no llegaron sino hasta al director de quien dirigiera ese penal, Leonardo Beltrán Santana. Castigos contra cargos más altos dentro del gobierno federal no existieron pese a que parte del control de esta cárcel no se realizaba desde la misma prisión.
En un proceso penal plagado de inconsistencias, como el hecho de que hubiera sentencias condenatorias hasta después de siete años de que ocurriera la fuga, pese a que las capturas fueron de manera inmediata, habla de la indecisión en las acusaciones contra quienes fueron responsabilizados por el suceso.
En julio de 2008, todavía el juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, dentro del proceso penal 16/2001, condenó a dos custodios: Carlos Fernando Ochoa López con una condena de 19 años y seis meses de prisión, así como el pago de una multa de 641 días, y a Víctor Manuel Godoy Rodríguez a ocho años, dos meses y siete días de prisión y multa de 272 días, ambos por los delitos de evasión de preso y cohecho.
Con ellos sumaron 61 las sentencias condenatorias contra custodios, personal administrativo y directivos del penal de máxima seguridad localizado en el estado de Jalisco.
Entre los implicados se encuentran Beltrán Santana, hoy sentenciado a 18 años de prisión, y Francisco Javier Camberos Rivera, empleado de mantenimiento que recibió una condena de 25 años luego de que sacó de prisión al capo en un carrito de lavandería.
Estos exservidores públicos también fueron destituidos e inhabilitados para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Justo a un día cumplirse una década de la fuga de Guzmán Loera, quien ocupa un lugar en dos listas de la revista Forbes: la de los hombres más ricos y la de los más poderosos del mundo, el gobierno no ha proporcionado pistas sobre qué tan cerca está de aprehender a “El Chapo”, por lo menos con la detención de algún miembro de su círculo más cercano.
Las versiones han ubicado al capo de la droga tan cerca, como el estado de Jalisco, o tan lejos, como países centroamericanos como Honduras y Nicaragua. Una de las versiones más recientes es que podría localizarse en la sierra de Durango custodiado por un discreto grupo de seguridad.
En octubre del año pasado, tras una serie de operativos de la Secretaría de Marina-Armada de México en la localidad de Tepeyahualco, Puebla, se informó de manera extraoficial por parte de las autoridades de ese municipio que la búsqueda era contra “El Chapo”. Después ya no se supo nada ni el gobierno federal proporcionó mayor información.
Lo único certero es que el gran “golpe” mediático dado a conocer a pocas horas de recordarse el escandaloso escape, lo dio la Policía Federal no contra un hombre del calibre de Guzmán Loera pero sí contra un personaje perseguido más bien por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal: José Jorge Balderas Vargas, también conocido como “el JJ”, y vinculado con la agresión en un bar de la ciudad de México al futbolista Salvador Cabañas.
