El Universal publica hoy que las leyes antiinmigrantes en Estados Unidos —como la SB1070 de Arizona—, tienen un objetivo: que cientos de indocumentados ingresen a prisión por las ganancias que generarían.
El diario destaca que entre los impulsores de estas legislaciones está la Corrections Corporation of America (CCA), empresa privada que administra 65 cárceles y centros de detención de migrantes, y que sólo por estos últimos obtuvo ganancias por 74 millones de dólares en 2010.
Andrea Nill, especialista en temas migratorios, revela el resultado de la investigación que realizó junto con sus colegas del Center for American Progress —organización no gubernamental y de análisis político en Washington—, que expone los presuntos nexos de la CCA con la la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, y el senador Russell Pearce.
La CCA, que cotiza en la Bolsa, en su reporte anual en Nasdaq —cuya copia tiene EL UNIVERSAL— revela que tan sólo en 2009 obtuvo ingresos por más de mil 660 millones de dólares por la administración de las prisiones y centros de detención migratoria, pero reconoce que la pérdida de cualquiera de las cárceles estatales que administra —como la de California, cuyo contrato vence en junio de este año— tendría un impacto negativo en sus finanzas.
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