El Senado de la República aprobó por unanimidad la nueva Ley de Migración que reconoce la personalidad jurídica a los migrantes.
La Cámara alta excluyó prácticamente todo el artículo 26, que autorizaba a la SSP y la Policía Federal a efectuar revisiones migratorias e inspeccionar dentro del territorio nacional.
Después de que se intensificaron las voces en contra del dictamen original de la Ley Migratoria, los senadores incorporaron un artículo en el que se establece que nadie podrá ser declarado ilegal por su condición migratoria.
El presidente de la Comisión de Población, Humberto Andrade Quezada, confirmó que se eliminó del dictamen el artículo 26, en el que se otorgaban atribuciones a la Policía Federal para que realizara funciones que hoy sólo corresponden a los agentes del Instituto Nacional de Migración.
También se derogó el artículo 97, que daba la facultad a “la fuerza pública federal” de tener competencia en materia migratoria.
Es el senador del PAN, Humberto Andrade Quezada: “Es una ley integral de avanzada, moderna y nos permite tener una posición como país, de congruencia y de fuerza para exigir en otros lugares para los nuestros y connacionales”.
Los senadores se habían reservado 62 artículos, y luego de los concensos, determinaron eliminar también el artículo 94, que facultaba al INM a recibir y atender las denuncias anónimas formuladas en contra de los extranjeros.
Al aprobar la nueva Ley, con 86 votos a favor y cero en contra el Senado desapareció el artículo 151 en el que se sancionaba con una multa de 500 a mil días de salario mínimo al empleador que contrate a extranjeros que no acrediten su situación migratoria o tengan documentación falsa.
Ahora, en México los migrantes, independientemente de su situación legal, tendrán derecho a la educación, servicio médico urgente para preservar su vida, el registro civil y la impartición de justicia. De igual manera, se privilegia el interés superior de las niñas, niños y adolescentes y la preservación de la unidad familiar del migrante durante el aseguramiento, y se reconoce el derecho del migrantes a ser representado legalmente.
Además, se establecen de 8 a 16 años de prisión para quien “trafique” con indocumentados y aumentará en 50 por ciento cuando las víctimas sean niños o adolescentes, o cuando el autor material o intelectual sea servidor público.Se establece la facultad de la Secretaría de Gobernación (Segob) de formular y dirigir la política migratoria del país, y se eleva a rango de ley al Instituto Nacional de Migración , que ejecutará dicha política.Finalmente se reconoce la labor humanitaria y de asistencia a los migrantes que realiza la sociedad civil.
*Con información de Reforma y W Radio.
