La Jornada publica hoy, como parte de la información recibida de parte de WikiLeaks, un cable que trata sobre la opinión del cónsul de Estados Unidos en Nuevo León, Bruce Williamson, considerado un observador acucioso de cómo los cárteles del narcotráfico se mueven en la entidad y de cómo se conforman las tendencias de la narcoviolencia en el norte de México. Según el despacho diplomático revelado, el cónsul duda desde mediados de 2009 sobre la eficacia del papel de las fuerzas armadas en el combate a los grupos delictivos, al tiempo que a raíz de conversaciones con militares y la familia dueña del diario Reforma, califica al norte de México como “territorio zeta“.
Williamson reflexiona que se pone de manifiesto “el dilema de la ciudadanía: ante una amenaza ¿a quién recurrir en busca de protección? (…) Si las policías no son confiables y el Ejército no tiene recursos suficientes, ¿qué queda?”. En un párrafo aparte el cónsul también cuenta que llamó la atención del militar por las torturas a las que fue sometido un ciudadano estadunidense detenido por soldados. El general se mostró muy apenado
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Según La Jornada, a finales de febrero de 2010, el representante del gobierno estadounidense se rinde ante la evidencia y describe a la estratégica ciudad del norte como “territorio zeta”; una metrópoli que ofrece refugio seguro, ingresos estables (mediante el cobro de extorsiones) y abasto de insumos al cártel integrado por ex militares de elite –desertores– que años antes se había desprendido delcártel del Golfo (cable 251151).
Más adelante alerta a Washington que las corporaciones policiacas de los tres niveles están profundamente infiltradas
por el crimen organizado y la previsible guerra entre el cártel del Golfo y Los Zetas, organización que dominaba la ciudad hacía ya tiempo, finalmente ha llegado a esta entidad ( 251281) a la que apenas tres años antes el Departamento de Estado consideraba diferente
a otras regiones del norte.
Pocas semanas después de este cable, el gobernador de Nuevo León ordenó la mayor purga de policías en el estado. En marzo fueron cesados 81 efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y en mayo 178 agentes de la policía municipal.
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