A pesar que la auditoría realizada por la empresa Russell Bedford evidenció irregularidades por 579 millones de pesos en el manejo de los recursos de la anterior legislatura local, éstas podrían no ser sancionadas, pues el Auditor Superior del Estado, Alonso Godoy Pelayo, y su suegro, también recibieron parte de los recursos que habrían sido mal ejercidos.
Adicionalmente a sus pagos de sueldos y prestaciones, entre 2007 y 2008 el Auditor Superior recibió siete cheques por 2 millones 996 mil pesos (Mural, 25-enero-11), pero en 2009 subió la cantidad de recursos, pues le tocaron 6.5 millones de pesos (Público 20-dic-10), poco antes que terminaran su periodo los anteriores diputados.
De la cuenta abierta en el banco IXE y que según la auditoría de Russel Bedford no cumple con los requerimientos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, salieron 10 pagos a Alfredo Vargas Padilla, suegro de Godoy Pelayo, por 500 mil pesos cada uno, es decir, fueron 5 millones de pesos.
Una de las irregularidades marcadas por la auditoría señala que Alfredo Vargas Padilla no aparece registrado como proveedor del Congreso, además que no existe contrato con éste que respalde los pagos que le hicieron.
A raíz de que se dieron a conocer estos pagos para el Auditor Superior y su suegro, los actuales diputados citaron al funcionario para que explicara por qué recibió pagos extraordinarios a su sueldo.
En la comparecencia del 4 de febrero indicó que se trataba de diversos adeudos del Congreso, y dijo que entre otros se le pagaron las vacaciones que desde 2004 no había tomado, por lo que se las pagaron en efectivo, aunque dijo que no revisó los detalles de los conceptos de lo recibido y qué él no los cobró, sino que fue decisión del Congreso.
“Yo pregunté que si eran del todo legales y que necesitaba el soporte y así fue como se me entregó”, dijo el Auditor Superior cuando fue cuestionado por los actuales diputados sobre los pagos que le hicieron los anteriores legisladores.
“No lo recuerdo (el detalle de los conceptos que le pagaron), se habla de todo el aspecto de compensaciones, de gratificaciones, de la percepción anual que los servidores públicos del Congreso los siguen percibiendo, una serie de prestaciones que no tengo yo el desglose porque no entra dentro de mi ámbito competencial”.
Cuando los diputados le preguntaban quién específicamente le había llamado para pedirle que acudiera a cobrar esas prestaciones el Auditor Superior respondía con frases como “el área administrativa” o “el personal del Congreso”, lo que originó reclamos de algunos legisladores como el priista José Luis Ocampo.
“No hay respuestas claras, no hay desgloses, no hay nombres de los que han sido sus comparsas, en lo particular me deja un mal sabor de boca su comparecencia”, dijo el diputado.
Hasta el ejercicio 2008 las revisiones de las cuentas públicas que enviaba la Auditoría Superior del Estado al Congreso, podían ser modificadas por los diputados aunque no existieran elementos técnicos para ello, sino sólo criterios políticos.
Sin embargo, los diputados de la 58 Legislatura modificaron la ley para dotar de facultades a la Auditoría Superior del Estado que le permitieran proponer cargos en las cuentas públicas o no, de manera que los diputados sólo pueden votarla a favor o rechazarla, pero no pueden modificarla.
Posterior a su comparecencia, el presidente de la Coparmex en Jalisco, Pablo Lemus, publicó en Twitter (@pablo_lemus) opiniones sobre la necesidad de que haya un cambio en la Auditoría Superior.
“Olvidaba mencionar el interés de exdiputados por mantener a Godoy en su puesto, seguramente necesitan alguien que cuide lo que hicieron”, publicó el 10 de febrero en Twitter, “Si existe pérdida de confianza en el responsable de revisar la aplicación de los recursos la relación no puede continuar. Adiós al Auditor”.
Incluso el diputado priista Salvador Barajas del Toro, presidente de la Comisión de Vigilancia, anunció que sugerirá que se realice una investigación formal una vez que ha tenido información sobre Godoy Pelayo.
Las inconsistencias
En su calidad de Auditor Superior, Alonso Godoy ha enviado dictámenes al Congreso en los que se han hecho observaciones a entes públicos por hacer pagos de la misma forma en que él recibió dinero.
Como parte de los últimos 6.5 millones de pesos, Godoy Pelayo dijo que una parte fueron vacaciones no disfrutadas de 2004 a 2009, que le tuvieron que pagar en efectivo, y aunque reconoce que contraviene la Ley de Servidores Públicos, explicó que se basó en un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que explica que cuando ya no es posible disfrutar de la prestación, se debe pagar en efectivo.
Sin embargo en la revisión de la cuenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del año 2009, Godoy Pelayo observó como irregular el pago de vacaciones no disfrutadas a un empleado que fue despedido.
Argumentó que otra parte de esos pagos corresponden a diversos bonos, pues aunque están prohibidos en Jalisco, él fue designado un mes antes que entrara en vigor esta restricción; sin embargo en la cuenta pública del Gobierno del Estado de 2003 sugirió cargos por haberse pagado estos bonos a varios directores pues indicó que habían sido pagados en diciembre, cuando ya la reforma había entrado en vigor.
Los funcionarios que cobraron estos bonos, estaban en su misma situación, pues habían sido nombrados antes de dicha reforma.
De acuerdo con la nueva Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, los diputados ya no pueden hacer modificaciones a los dictámenes que emita la Auditoría Superior del Estado, pero sí pueden rechazar por una única ocasión el documento.
Esta modificación se realizó porque durante años se criticó que los diputados hacían valoraciones políticas a las revisiones de cuentas que tenían un carácter técnico, por lo que se transfirió esta determinación a los integrantes de la Auditoría Superior del Estado, que hoy encabeza Godoy Pelayo.
Revisión de cuentas
Después que se dieron a conocer las irregularidades en el gasto del Congreso, incluyendo estos pagos a Godoy Pelayo, la Auditoría Superior del Estado hizo pública la conclusión de auditorías a los ejercicios de 2009 para los Ayuntamientos de Zapopan y de Tlajomulco de Zúñiga, en el primero de los casos se fincan cargos por más de mil 300 millones de pesos, mientras que en el segundo, por 346 millones de pesos, que son los cargos más altos que se han realizado a estos municipios.
Godoy Pelayo aseguró que la intención de sacar a la luz los pagos que recibió, es para desacreditar su trabajo, pues es la primera ocasión en que se fincan cargos tan altos y en ambos casos se trata de administraciones emanadas del PAN.
