Las manecillas rozaban el numeral de las 10 cuando las llantas de una camioneta Suburban color arena frenaban suavemente frente al portón de madera de Casa Puebla. Desde el asiento trasero Rafael Moreno Valle Rosas miró el sitio que en unos meses más sería su nueva residencia. Hace tiempo estuvo ahí para visitar a otros gobernadores, pero ahora  él tendrá las llaves de la puerta principal en su bolsillo.

Previo a ese encuentro, en la prensa local  hubo especulaciones sobre una  reunión de Moreno Valle con la líder del magisterio en México, Elba Esther Gordillo, en el departamento de ésta ubicado en Polanco, una de las zonas con mayor plusvalía en la capital mexicana.

En la transición poblana entre el régimen priista y el nuevo gobernado emanado de una alianza opositora se dio sin sobre saltos. Los problemas de Mario Marín con señalamientos políticos y con investigaciones periodistas en las cuales señalaban derroches en el erario, irregularidades en el manejo de los recursos públicos y casos de pederastia no provocaron descalabros en quien desde ayer dejó Casa Puebla.   Los escollos que presagiaban romper la calma en la inédita transición poblana –que duró siete meses—estaban salvados.

El Gobierno de Mario Marín no sólo hizo estas dos cosas inesperadas, sino que también  pidió al Congreso que se autorizara una línea de crédito por 2 mil 500 millones de pesos a fin de que la nueva administración tuviera dinero suficiente para operar.

¿Que obtuvo a cambio Marín y su grupo? Es algo que todavía no está claro.  El legislador local del Partido del Trabajo (PT), José Manuel Pérez Vega supuso que la moneda de cambio es la impunidad para el ex gobernador. Este legislador fue quien presentó una solicitud de juicio político contra el mandatario bajo los cargos de “enriquecimiento ilícito, peculado y tráfico de influencias”.  Esta petición fue desechada en menos de 48 horas, en uno de los últimos actos de la comisión de Gobernación.

La misma pregunta sobre una posible negociación para  no investigar a Mario Marín fue respondida a medias, un día después, por el coordinador del equipo de transición del morenovallismo, Fernando Manzanilla Prieto : “Francamente siempre hay chismes, siempre hay gente que está alentado más que una situación constructiva y propositiva, una  conflicto. Prefiero hablar de lo que se puede construir más que de lo que se puede destruir, esa es una filosofía personal y desde el punto de vista de la construcción de un Gobierno, es la manera en la que hemos tratado de transitar”.

¿A cambio de qué fue?

Y puntualiza: “el juicio ciudadano va a estar pendiente. Una de las cosas que el 4 de julio si dejó es que la ciudadanía sí hace cumplir su voz. Entonces, si no hay un cumplimiento con las expectativas que generó en campaña la coalición y el gobernador electo, entonces seguramente la ciudadanía se expresará en su momento”.

Mario Riestra Piña, graduado del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) que encabeza la bancada de Acción Nacional en el Congreso local, asumió que sí hubo una negociación con Mario Marín pero no a cambio de impunidad.

Y pide a los periodistas que antes de enjuiciar, documenten los pactos o las irregularidades.

“De verdad, hay que hacer un esfuerzo serio de documentación de esas posibles irregularidades, porque si bien existen datos que manifiestan que existe corrupción, eso no implica que sea fácil de comprobar, eso es una realidad. Hay que actuar de manera responsable indagando primero y persiguiendo después, y no mediatizando las cosas. Creo que también ha habido mucha mediatización, propuestas que buscan sacar raja electoral”, afirmó.

Cambio de dirección

Al día siguiente a la última reunión entre los dos gobernadores, en los medios de comunicación los coordinadores de la transición daban a conocer que ya no habría reforma a la ley orgánica del Congreso del estado, ya llegaría la siguiente legislatura a resolver como se distribuirían los espacios de poder, la Gran Comisión y las comisiones de trabajo, todo bajo la óptica de los “acuerdos políticos”, según palabras de Valentín Meneses Rojas, el entonces secretario de Gobernación.

24 horas más tarde, la bancada tricolor en el Congreso aprobaba la elección de José Luis Javier Fregoso Sánchez como integrante de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP). En sus cartas credenciales que presentó al Congreso del estado –cuya copia está en posesión de animalpolítico.com– el hombre reconocía no tener ningún conocimiento en la materia y enlistaba maestría y doctorados sin relación alguna con la rendición de cuentas.

Su postulación fue presentada por un organismo filopriísta prácticamente desconocido en Puebla llamado Juventud Urbana Mejorando el Estado de Puebla, y hasta un día antes de que la terna llegara al Congreso, su nombre ni siquiera figuraba entre los asesores de los legisladores toda vez que en su comparecencia había salido mal calificado.

“La llamada llegó Gobernación”, confió a este reportero un ex diputado local, “de ahí partió la orden”.

Fregoso venía de trabajar en el DIF directamente con Socorro Alfaro, esposa del exgobernador Melquiades Morales, el hombre que metió a Moreno Valle en la carrera por la Gubernatura al colocarlo como secretario de Finanzas en su sexenio; y de asesorar a Martha Erika Alonso, esposa del gobernador electo, durante la campaña electoral.

Con esos antecedentes, y a pesar de la petición de periodistas, académicos y organizaciones no gubernamentales ligadas a la comunicación y la transparencia como la Asociación Mexica de Derecho a la Información capitulo Puebla, la mayoría priísta en el Congreso local votaba sin chistar por el recomendado del morenovallismo. El pacto funcionaba.

–¿Fue un Congreso a modo? –se le pregunta a Pepe Momoxpan

–Si, claro, se destacó por la sumisión. En el informe que rindieron aseguraron que no hubo sumisión y ese día en la noche citan a una reunión al cuarto para el ratito para darle carpetazo a mi petición (de juicio político). Sí, fue bastante sumiso. Eso propició algunas reformas retrogradas en materia social, ahí está la ley de la familia –una reforma constitucional que al proteger los derechos desde el momento de la concepción, criminalización del derecho a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo.

Ejemplo claro de esto fueron también las modificaciones que aprobó la aplanadora tricolor para que el análisis de la cuenta pública del último año de gobierno de Marín quedara en manos de la 57 legislatura, la que acompañó la segunda mitad del gobierno marinismo.

La medida no sólo fue duramente criticada por la entonces pequeña fracción panista, incluso provocó la aparición de desplegados exigiendo “fin a la impunidad” y que se revisaran “con estricta responsabilidad de la cuenta pública del 2010 del gobierno del estado”. La solicitud fue ignorada y ese mismo 9 de diciembre con el voto mayoritario del PRI se aprobaba el informe de gastos a pesar de los pliegos de observaciones que se habían emitido por 8 mil millones de pesos.

Cuando el río suena…

La mañana del pasado lunes 31 de enero, el último día de gobierno de Marín, la ciudad despertó con varias mantas despidiendo al “gober precioso”: “Marín, te queremos… pero en la cárcel”.

Era tan sólo una muestra más del descontento que se manifestó en el último mes contra la administración del oriundo de Nativitas, sin que los diputados, por su parte,  hayan mencionado la posibilidad de auditar las finanzas del marninismo.

Riestra Piña, el joven legislador sobre cuyos hombros quedó la responsabilidad de negociar con el PRI un reparto homogéneo de comisiones, y posiciones en el Congreso dijo que antes de pensar en abrir cuentas públicas primero hay que documentar las irregularidades.

“El tema de la fiscalización va a estar presente en toda ésta legislatura. Para nadie es nuevo que, en un contexto de alternancia política, la pregunta de qué hacer con el pasado es una de las preguntas importantes, ante todo lo que sugeriría es que tomemos una actitud de documentación antes de mediatización, tenemos que ser muy cautos”, comentó

Sentado en su despacho vacío, a cuatro días de iniciada formalmente su función como legislador, Enrique Doger Guerrero, el hombre que se enfrentó al aparato marinista cuando todo parecía funcionar, cuando Marín insistía en meter con cuña a Javier López Zavala como candidato a la gubernatura, ha mesurado su discurso y pide pruebas antes de pensar en quemar con leña verde a la burbuja marinista.

–¿Se va a revisar las cuentas del Gobernador, las que ya dejaron cerradas sus compañeros de la anterior legislatura?

“Si hay una propuesta para reabrirlas tendrá que cumplirse con los requisitos de ley. Las cuentas no se reabren por decreto, se tiene que llevar a cabo un procedimiento y una fundamentación para reabrir cuentas, sino sería el cuento de nunca acabar”.

A mi –apuntó- me tocó pasar 11 cuentas públicas, como rector y presidente municipal, sé lo que significa, por eso siempre he señalado que tiene que ser un elemento técnico no un asunto político. La política se da en el Congreso y se discutirá y la última palabra la tendrá la ciudadanía, pero en el caso de las revisiones de cuentas públicas, del ejercicio de los recursos y como se aplican debe ser un elemento desprovisto de intencionalidad política. Cuando hay una irregularidad entonces sí, se debe actuar conforme a la ley, en el plano administrativo o judicial, en el plano que tenga que ser. Y ya la política tendrá su espacio.

–¿Cómo va a canalizar el Congreso del estado la molestia social, este sentir ciudadano con la administración que termina?

La molestia ya se expresó el 4 de julio, si no, no hubiéramos perdido.

–¿Y la solicitud de juicio político que presentó Pepe Momoxpan?

“No conozco el documento, sin embargo proviene de un representante de un partido diferente el PRI, habrá que ver el fundamento , porque no es el tema de pido el juicio político por pedirlo, ¿con base en qué? Cual fue el ordenamiento que se violentó, o que acción de gobierno requiere en un juicio político, sino se convierte en una estridencia “.

-En diciembre hubo grupos de la sociedad civil que publicaron un desplegado pidiendo que no haya impunidad y esto no sucedió.

“Hay una cosa muy clara, si alguien tiene una prueba, tanto el Congreso como las autoridades estamos obligados a investigar, pero con pruebas. Y coincido con que algunas veces el ciudadano común no puede tener acceso a eso, para eso es la rendición de cuentas. En esa lógica sí se tendría que revisar estrictamente el desempeño del gobierno saliente”.

-¿Y las investigaciones periodística como la de las que David Villa Issa en Finanzas, Arango en Salud ?

“Han sido graves y creo que en algún sentido merecen atenderse. Como legislador no minimizo que una denuncia en un medio debe de ignorarse, pero de nuevo, otra vez el tema, habrá que darle el fundamento jurídico,  pero ya dice el refrán popular, “cuando el río suena…” o “lo que no suena lógico, suena metálico”.