Es necesario hacer pública la salud del Presidente, insisten especialistas
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Es necesario hacer pública la salud del Presidente, insisten especialistas

Por Daniel Lizárraga
21 de febrero, 2011
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Tras 15 días de permanecer fuera del aire, Carmen Aristegui regresó este lunes a conducir su noticiero radiofónico luego de su desencuentro con los propietarios de la cadena MVS por haber hecho comentarios en vivo sobre un supuesto alcoholismo del Presidente Felipe Calderón, circunstancia que creció durante cuatro años como un rumor o una versión sin sustento en las redes sociales y en algunos portales de internet.

Pero  más allá de esta polémica que derivó en una crisis política, una pregunta quedó sin respuesta: ¿La salud física y mental del mandatario es o no un asunto de interés público?

La Presidencia de la República, los legisladores y  un sector de la izquierda partidista encabezada en este caso por el diputado petista Gerardo Fernández Noroña se han visto enredados en esta polémica sin responder a esta interrogante.

Esta es la tercera entrega de una investigación hecha por Animal Político sobre el tema de la salud pública de los gobernantes el cual ha sido discutido durante los últimos 35 años en las democracias más antiguas y que ha pasado desapercibido en México aun cuando se tiene una  Ley Federal de Transparencia y sus sistema de rendición de cuentas que ha servido de modelo para otras naciones de Centroamérica y el Caribe y, sobre todo, una alternancia en el poder presidencial desde 1 de diciembre del año 2000.

El pasado 3 de febrero del 2011, dentro de la  Cámara de Diputados Fernández Noroña extendió una manta que cuestionaba lo siguiente: “¿Tú dejarías a un borracho conducir tu auto? ¿No verdad? ¿Por qué lo dejas conducir al país?

En atropelladas entrevistas, el legislador defendió su derecho a decir lo que piensa y, sin ofrecer pruebas, aseguró que Calderón ha tomado decisiones de Gobierno en estado de ebriedad.

Creerle a Fernández Noroña era un acto de fe. En las 344 mil referencias en los buscadores de internet –en donde se incubó el rumor- no hay una sola prueba documental o dato alguno que permita sostener que Felipe Calderón tomó decisiones importantes para el país en supuesto estado de ebriedad.

Desde el 9 de diciembre del 2008 –hace dos años y dos meses antes de esta crisis- en los momentos en que el Vaticano impidió que el ex presidente Vicente Fox se volviera a casar por padecer trastornos de personalidad, Ricardo Monreal, senador del Partido del Trabajo (PT) –al que pertenece Fernández Noroña- presentó una iniciativa de reforma para que los mandatarios sean sometidos exámenes antes de asumir el cargo: uno de aptitudes, otro físico (que incorpore el antidoping y el de adicción al alcohol) y uno mental. Los resultados serían públicos.

Al subir a la tribuna en San Lázaro, Fernández Noroña solo mostró la referida manta. En sus siguientes intervenciones no propuso alguna medida para transparentar la salud de los funcionarios. Nunca hizo referencia a la iniciativa de su compañero de partido. De hecho, él ha subido 240 veces a la tribuna y sólo ha presentado una iniciativa.

Por su parte, la Presidencia de la República no se ha decidido a emprender reformas sobre la transparencia en la salud del mandatario. Y tampoco lo ha hecho su partido cuya bancada en San Lázaro se retiró de la sesión cuando Noroña sacó la manta.

El pasado 9 de febrero, el secretario particular de Presidente, Roberto Gil Zuarth, dio un mensaje en el cual advirtió que Felipe Calderón goza de cabal salud para cumplir con sus obligaciones hecho que resulta  “incompatible con los infundios, los rumores y aun las dudas que dolosamente se propagan con interés de dañar al Presidente y a su familia”.

Esta es la primera vez en que la Presidencia enfrenta un rumor que venía manejándose, prácticamente, desde la precampaña a la Presidencia del propio Felipe Calderón. No obstaste, este mensaje no fue acompañado de alguna reforma sobre la materia.

El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, está obligado por ley a someterse a exámenes médicos anuales cuyos resultados son públicos y se colocan sin tachaduras en el portal de internet de la Casa Blanca.

En el resumen de los exámenes médicos aplicados a Obama en el año 2009 –los correspondientes al 2010 todavía no aparecen- se encuentran, por ejemplo, recomendaciones  para el presidente estadounidense como el hacer ejercicio diario, una dieta saludable y un con consumo moderado de alcohol toda vez que necesita bajar su colesterol de 138 a 130.

¿La salud física y mental del Presidente es o no un asunto de interés público?  ¿Puede reglamentarse en México? Preguntó Animal Político a tres especialistas en transparencia.

Emilene Martínez, integrante del colectivo México Infórmate

“¿Por qué no ponemos la mirada un poco más allá? Hay que mirar hacia el sistema de rendición de cuentas que tiene, por ejemplo, Estados Unidos sobre la salud de sus presidentes. Ahí cada año se publica el resultado los exámenes aplicados, en este caso, a Barack Obama.

“Para mí la transparencia en la salud de quienes tienen entre sus manos la responsabilidad del país sí es un tema de interés público y debe reglamentarse en su favor. Lo mismo sucede con quienes aspiren a ser candidatos a la presidencia en el año 2012, es decir, deberían presentar una constancia de que gozan de buena salud y hacer público ese dictamen”.

-Juan Pablo Guerrero, excomisionado y  fundador  del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y actual  asesor en transparencia presupuestal en la International Budget Partnership.

“No hay evidencias de un supuesto alcoholismo de Felipe Calderón. Pero respecto a la transparencia en la salud de los presidentes hay dos opciones: 1) La información sobre la salud física y mental de los servidores públicos, en esto caso, de los mandatarios debería permanecer como “clasificada”  a menos que ocurra algo inocultable y contundente que ponga en riesgo la vida  o nulifique por completo la capacidad de tomar decisiones.

En este caso se trata de una política de Estado en el sentido de transmitir o difundir el estado de salud del presidente cuando sea absolutamente necesario. Por ejemplo, si será sometido a una cirugía de alto riesgo, a una anestesia general, a quizá a una quimioterapia.

2).-  Se puede regular que los aspirantes a puestos de elección popular presenten un certificado de salud o sean sometidos a exámenes antes de que inicie la competencia en las urnas. Esta es una alternativa pero hay que reglamentar en cualquiera de los dos casos.

– John Ackerman, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialista en temas de transparencia, rendición de cuentas y políticas anticorrupción.

“Si una persona decide aceptar un cargo público debe ceder para que una parte de sus datos personales sean públicos. Esto es un tema que se ha discutido desde hace tiempo dentro del IFAI, desde los tiempos en que negó el acceso a las fotografías de los funcionarios por razones de seguridad. Pero creo que no se puede tener un bloqueo absoluto sobre los datos personales de los servidores públicos.

“En este sentido la gente tiene que saber si un funcionario puede o no cumplir con el encargo. En el caso del Presidente se puede reglamentar que se transparente su estado físico dejando a salvo el resto de sus datos. Su estado de salud le da certeza a la gente sobre cómo está quien conduce al país.

“Uno de los requisitos para desempeñar un cargo público es gozar de buena salud física y mental. Y, si cualquier persona estuviera en malas condiciones los afectados serían los ciudadanos. Ahora, ¿cuáles son los criterios para transparentar esa salud? Eso es parte de la discusión. En un hipotético caso ¿se permite que un presidente que tome antidepresivos o sea alcohólico mientras esté en funciones? Esa es materia de otra discusión, de una reglamentación una vez que se ha decidido que la salud de los funcionarios es de interés público”.

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Los desconocidos casos de bebés y niños secuestrados durante el régimen militar de Brasil

A diferencia de países vecinos como Argentina, donde las causas judiciales por apropiación de niños durante los gobiernos militares llevan años, Brasil aún no parece haber explorado esta parte de su pasado.
4 de mayo, 2022
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Desde hace al menos una década, Rosângela Serra Paraná busca a sus padres biológicos.

Es víctima de un crimen de Estado poco conocido: el secuestro de bebés y niños de activistas que se opusieron al régimen militar en las décadas de 1960, 1970 y 1980 en Brasil.

Rosângela fue apropiada ilegalmente por una familia militar en la década de 1960 y solo descubrió su condición mucho después, durante una discusión con miembros de la familia.

Once de los 19 casos conocidos de secuestros de niños durante el régimen militar están vinculados a miembros de Araguaia, un movimiento guerrillero de oposición que se desarrolló entre fines de la década de 1960 y 1974 en la región amazónica, en la confluencia de los estados de Pará y el actual Tocantins.

Estas 11 víctimas son hijos de guerrilleros y campesinos que dieron cobijo al movimiento.

Los secuestros de niños ocurrieron en la primera mitad de la década de 1970, durante los gobiernos de los generales-presidentes Emílio Garrastazu Médici y Ernesto Geisel.

Los 19 casos están enumerados en el libro de reportajes Cativeiro sem fim (“Cautiverio sin fin”), escrito por mí.

Contactados en el momento de la escritura del libro, el Ministerio de Defensa y los comandos del Ejército y Fuerza Aérea no respondieron a la solicitud de información.

En una entrevista en un libro publicado el año pasado, el general Eduardo Villas Bôas dijo que los informes sobre los secuestros de bebés durante el régimen militar “carecen de verosimilitud“.

En busca de padres biológicos

“Vivo en una pesadilla todos los días, pensando que mi madre podría estar viva, necesitándome”, dice Rosângela Serra Paraná.

“Hoy vivo con la angustia de no saber quién soy, cuántos años tengo y ni siquiera saber quiénes fueron mis padres”, agrega.

La mujer fue apropiada por Odyr de Paiva Paraná, miembro de una familia militar en Río de Janeiro.

La familia dice que la bebé fue adoptada en 1963.

Un acta de nacimiento da como fecha de nacimiento el 1 de octubre de 1963. Pero la inscripción se hizo en el registro civil el 22 de septiembre de 1967.

En el documento elaborado en el Registro Civil de Catete, Rio de Janeiro, consta que Rosângela es hija ilegítima de Odyr y Nilza.

El documento no proporciona el nombre de los padres biológicos. Nilza, según su familia, no podía tener hijos.

Rosângela Serra Paraná en la actualidad.

Archivo personal
Rosângela Serra Paraná en la actualidad.

Odyr es conductor de profesión.

Según Rosângela, su padre adoptivo trabajaba como chofer del general Ernesto Geisel.

“Tenía un gran auto negro que siempre estaba limpiando”, recuerda.

El acta de nacimiento de Rosângela da como lugar de nacimiento una propiedad en Rua Marquês de Abrantes, 160, Flamengo, Rio de Janeiro.

La propiedad pertenece a Rio Previdência, una entidad de empleados estatales, que la compró en 1958, según consta en el certificado de propiedad.

La misma partida de nacimiento tiene dos testigos. Uno de ellos es Alcindo Quintino Ribeiro, propietario de un inmueble donde vivía la familia Serra Paraná.

El otro es Paulo Cardoso de Oliveira, chofer de profesión, como Odyr. La dirección de residencia del testigo, sin embargo, no existe.

El padre de Odyr, Arcy Paraná, estaba en el ejército. Según el Boletín Oficial, alcanzó el grado de sargento. En la década del 50 fue ascendido y comenzó a trabajar en el sector administrativo de las fuerzas militares.

Los casos de Juracy y Miracy

En la región guerrillera de Araguaia, a principios de la década de 1970, los militares secuestraron a dos niños de una misma familia.

El primero, Juracy Bezerra de Oliveira, fue un error de las fuerzas militares.

El objetivo era Giovani, hijo de uno de los líderes guerrilleros, Osvaldo Orlando da Costa, alias Osvaldão, con una mujer llamada María.

En 1972 o 1973, Juracy tenía unos 7 años. Los militares pensaron que era el verdadero hijo del guerrillero Osvaldão con Maria Viana da Conceição. Pero la madre de Juracy era Maria Bezerra de Oliveira y su padre, Raimundo Mourão de Lira.

La confusión en el secuestro se habría dado porque los militares buscaban a un niño moreno, de entre 6 y 8 años, hijo de una mujer blanca, de cuerpo grande y ojos claros, de nombre María.

José Vieira es hijo de un campesino al que mataron los militares.

Eduardo Reina/BBC
José Vieira es hijo de un campesino al que mataron los militares.

Encontraron a la madre de Juracy con las mismas características y se llevaron al niño.

Terminó siendo apropiado por el teniente del Ejército Antônio Essílio Azevedo Costa, quien lo inscribió en una notaría como si fuera su hijo legítimo y vivió con la familia del militar durante muchos años.

“Un día llegaron y me llevaron. Mi madre ni me acuerdo qué hizo. Yo era un niño cuando me llevó el Ejército. Estuve 15 días en el bosque”, contó.

El secuestrado quedó con una mano deformada debido a las quemaduras que sufrió. Dice que los soldados decidieron castigarlo por pensar que su padre había matado a un militar.

Más tarde, en la ciudad de Fortaleza, Juracy fue criado por la madre del teniente Antônio Essílio.

A principios de la década de 2000, decidió regresar a la región de Araguaia, todavía pensando que era el hijo de Osvaldão.

Al llegar, conoció a Antônio Viana da Conceição y descubrió su verdadera historia.

Se reencontró con su madre biológica, Maria Bezerra de Oliveira, cuando descubrió que su hermano, Miracy, también había sido secuestrado por militares.

Hoy vive en una isla en medio del río Araguaia.

Juracy Bezerra de Oliveira con su madre biológica, María Bezerra de Oliveira.

Archivo personal
Juracy Bezerra de Oliveira con su madre biológica, María Bezerra de Oliveira.

El hermano de Juracy, Miracy, tenía piel clara y ojos claros, a diferencia de su hermano.

Fue llevado por el sargento João Lima Filho a la ciudad de Natal, en Rio Grande do Norte, también en 1972 o 1973.

Años después, Juracy y su madre, Maria Bezerra de Oliveira, fueron a buscar a Miracy. Pero no encontraron rastro del sargento que se lo llevó; tampoco obtuvieron información en el cuartel del ejército en Natal sobre el paradero del militar.

Otros secuestros

Después del secuestro por error de Juracy, los militares encontraron a Giovani, hijo de Osvaldão y Maria Viana da Conceição.

El niño tenía entre 4 y 5 años cuando fue secuestrado, según otro de los hijos de Maria, Antônio Viana da Conceição.

El secuestro ocurrió en 1973, en la ciudad de Araguaína, actual Tocantins.

La existencia de este hijo de guerrillero en Araguaia también es revelada por Sebastião Rodrigues de Moura, Mayor Curió, ahora militar retirado y responsable de la cacería de guerrilleros a partir de 1973 en Araguaia.

Se desconoce el paradero de Giovani.

También en Araguaia fue secuestrada Lia Cecília da Silva Martins, hija del guerrillero Antônio Teodoro de Castro, conocido como Raúl.

Lia fue llevada a un orfanato que pertenecía a un teniente de la Fuerza Aérea en Belém do Pará. Fue adoptada por una pareja que trabajaba en la entidad.

Seis niños campesinos también fueron separados de sus familias biológicas y llevados a cuarteles del ejército, de donde luego fueron liberados: José Vieira; Antônio José da Silva, Antoninho; José Wilson de Brito Feitosa, Zé Wilson; José de Ribamar, Zé Ribamar; Osniel Ferreira da Cruz, Osnil; y Sebastião de Santana, Sebastiãozinho.

Solo se localizó a José Vieira. Es hijo de Luiz Vieira, agricultor de subsistencia y residente de la región de São Domingos do Araguaia. Luiz fue asesinado por las fuerzas militares.

Gente caminando en São Paulo

Getty Images
Se desconoce el número de bebés que fue secuestrado.

También hubo casos de secuestro de bebés y niños en Paraná, Pernambuco y Mato Grosso.

Las respuestas de los militares

Cuando investigaba en 2018 para mi libro, el Ministerio de Defensa, el Ejército y la Fuerza Aérea no respondieron a las preguntas enviadas.

El Ministerio de Defensa sugirió que se enviaran nuevas solicitudes a dichas instituciones, alegando que la información solicitada debía estar custodiada bajo el mando de estos cuerpos militares.

El Ejército respondió: “La Institución aclara que no tiene nada que informar al respecto”.

La Fuerza Aérea afirmó que “el 16 de noviembre de 2009, la Procuraduría General de Justicia Militar manifestó interés en analizar los documentos producidos y acumulados por el Comando de la Fuerza Aérea, desde 1964 hasta 1985”.

“En ese sentido, el 3 de febrero de 2010, la colección, que contiene 212 cajas con 49.867 documentos, fue recolectada de la Coordinación Regional del Archivo Nacional del Distrito Federal (COREG), donde se encuentran en dominio público”, agregó.

El año pasado, en una entrevista publicada en el libro “General Villas Bôas-Conversación con el Comandante”, de Celso Castro, de la Fundação Getúlio Vargas, el militar cuestionó que realmente ocurrieran secuestros de niños durante la dictadura.

“Recientemente alguien vinculado a los derechos humanos trajo un tema que yo nunca había escuchado, que un centenar de niños habían sido secuestrados y arrebatados a sus padres”, afirmó Villas Bôas.

“Esta y otras narrativas, como una supuesta masacre de indígenas, en la apertura de la carretera que une Manaus con Boa Vista, carecen de verosimilitud y contribuyen a la falta de exención en la conclusión de las investigaciones”, agregó.


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