Quieren reformar ley para exigir examen médico de Calderón
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Quieren reformar ley para exigir examen médico de Calderón

Por Francisco Sandoval Alarcón
9 de febrero, 2011
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Con una reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es como los diputados del Partido del Trabajo (PT) pretenden conocer si el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa sufre de enfermedades que pudieran poner en riesgo la administración que encabeza.

El martes por la mañana, el diputado Jaime Cárdenas presentó una iniciativa para reformar la Ley de Transparencia y de esa manera obligar al Presidente, así como a los titulares de los diferentes órganos de gobierno en el país, para que sean transparentados los expedientes médicos de estos servidores públicos, tal y como sucede en Estados Unidos, donde es obligatorio dar a conocer esa información al considerar que la salud de sus gobernantes es elemental para lograr un buen desempeño.

Lo anterior fue anunciado por Cárdenas en la sesión de este martes, donde uno de los temas principales fue la salida de la periodista Carmen Aristegui de su programa en MVS Radio, luego de que la comunicadora retomara, en su programa del viernes, los señalamientos que un día antes lanzaron los diputados del PT a través de una manta alusiva a Felipe Calderón en la que lo acusaban de tener problemas de alcoholismo.

A consideración de Cárdenas, quien fue uno de los diputados que el jueves cargó la manta que provocó una discusión entre varios legisladores y la suspensión de la sesión, el despido de Aristegui es un “hecho penoso” para la historia política del país, pues para él no hay duda de que la Presidencia de la República influyó en la decisión de los directivos de MVS, que actualmente  tramita la renovación de sus concesiones radiofónicas ante el gobierno federal.

“La empresa MVS sabe cómo actúa el gobierno federal, cómo limita la libertad de expresión de sus comunicadores y reporteros a fin de obtener la prórroga de la concesión”, señaló el legislador durante su participación en tribuna.

No fue el único legislador que puso sobre la mesa el tema de la periodista y que acusó al presidente Calderón de fraguar el despido. Agustín Guerrero, diputado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD),  aseguró que Aristegui “es una víctima más” de la administración calderonista porque la noticia que provocó su despido se generó en el Congreso de la Unión.

“Aquí (en la cámara)  fue donde se presentó una manta que molestó a algunos diputados y están en su derecho. Lo que no puede ser es esta reacción cavernícola desde Los Pinos de censurar una noticia. No una opinión. Porque Carmen Aristegui no emitió un juicio personal que también tendría derecho si así lo hubiera hecho, pero simplemente dio a conocer una noticia que aquí ocurrió”.

Guerrero respalda las declaraciones del diputado Jaime Cárdenas, pues es de los que piensa que el despido de Aristegui se dio como una forma de presión de la Presidencia para negociar la concesión radiofónica de MVS; es por ello, que lanzó un llamado a sus compañeros legisladores para “alzar la voz y exigirle a Felipe Calderón que no ponga como medio de presión la libertad de los medios de comunicación, a cambio de las concesiones que otorga el Estado y que son un servicio público”.

Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT y uno de los más críticos de la figura presidencial, también acusó a Calderón de estar detrás del despido de Aristegui de MVS. “Con el despido… se evidencia que Calderón ya no acepta que se le toque con el pétalo de una pregunta, porque Carmen Aristegui preguntó si era cierto o no que tenía problemas de alcoholismo. Fue lo único que hizo. No hizo más. Vio la nota (que se registró el jueves en la cámara) y preguntó si era verdad o no”.

Vestido con una camisa andina color negra, parecida a las que usa Evo Morales, presidente de Bolivia, Fernández Noroña  sostuvo que lo que sucedió con Aristegui representa “uno de los ataques más brutales a la libertad de expresión”.

A diferencia de los representantes del PRD y el PT,  Arturo García Portillo, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), quien al inicio de la sesión parlamentaria protagonizó un jaloneo con el diputado Fernández Noroña, cuando éste pretendía sacar otra manta con la fotografía de Felipe Calderón parecida a la del jueves, fue más mesurada en sus comentarios sobre el tema Aristegui y aún cuando no tocó el tema del despido, comentó que en su partido son respetuosos de la libertad de expresión de todos los comunicadores del país.

Luego de criticar abiertamente los señalamientos que el pasado jueves lanzaron los diputados del PT contra el presidente Calderón, y echarle en cara a Fernández Noroña la acusación que la mañana del martes le hiciera María Alma Velázquez, su suplente en el Congreso, quien solicitó la renuncia del petista al no cumplir con sus supuestas obligaciones comunitarias y legislativas, el panista sostuvo que la libertad de expresión exige el compromiso de documentar “rigurosamente con pruebas” todas las acusaciones.

“Respetamos a cada uno de los comunicadores que dicen con valentía su opinión, respetemos a  todos aquellos que en uso de esas mismas facultades quieren construir y buscar lo mejor de México. A todos ellos les damos la bienvenida pero con datos, con información, con responsabilidad y actitud sensata”.

La última en hablar del tema de la periodista Carmen Aristegui, fue Beatriz Paredes Rangel. Durante su participación en el pleno, la presidenta nacional del PRI aseguró que el derecho a la crítica más cuando se trata de regímenes políticos en transición, “es indispensable”, pues de lo contrario se corre el riesgo de caer en posiciones regresivas, donde la confusión y las acusaciones infundadas se convierten en una constante.

“No es Carmen Aristegui. Carmen Aristegui simultáneamente se convierte en un símbolo. En el país necesitamos que exista crítica. La crítica objetiva, la crítica veraz, la crítica que no confunda al poder en su propio espejo”, finalizó la diputada mientras era aplaudida por espacio de un minuto por los legisladores de su partido.

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Bukele contra las maras: policías denuncian que los obligan a cumplir cuotas de detenciones en la guerra contra las pandillas

Representantes del gremio policial advierten que la detención masiva de pandilleros es una “bomba de tiempo” para un sistema carcelario que ya está sobrepoblado.
19 de abril, 2022
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Los policías capturaron a dos mujeres sospechosas de colaborar con las pandillas en El Salvador. Cuando las trasladaban en una patrulla, el inspector dijo a los agentes que incluyeran en su reporte a tres personas arrestadas en otros operativos como parte del régimen de excepción que aprobó el Congreso a finales de marzo para combatir a las maras.

Los agentes se negaron. El inspector advirtió que si no acataban la orden de presentar a los cinco detenidos dentro de un mismo procedimiento, serían enviados al otro extremo de El Salvador.

Finalmente fueron trasladados y los agentes lo denunciaron en un informe enviado a Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía, y al que tuvo acceso BBC Mundo.

Reyes explica a BBC Mundo que ese incidente fue el detonante que llevó al sindicato de la policía salvadoreña a denunciar que los jefes policiales exigen cuotas diarias de arrestos a sus agentes en un momento en el que el gobierno del presidente Nayib Bukele se propone capturar a 20.000 miembros de pandillas.

Bukele reclamó al Congreso que aprobara un régimen de excepción, que entra en su cuarta semana, y a modificar el código penal tras el aumento de homicidios el último fin de semana de marzo.

Esas medidas forman parte de lo que Bukele llama “guerra contra las pandillas” y por la que asegura que ya han sido detenidas 10.000 personas.

El sindicato policial asegura haber recibido 15 denuncias de imposición de cuotas de detención en seis de los 14 departamentos que conforman el país.

En BBC Mundo hablamos con Marvin Reyes, que denuncia las presiones pero comparte las medidas impulsadas por Bukele y el Congreso, de mayoría oficialista, contra las maras.

BBC Mundo solicitó al gobierno de Bukele y al comisionado de la Policía, Mauricio Arreaza Chicas, un comentario sobre la denuncia pero hasta el momento de la publicación no obtuvo respuesta.


Marvin Reyes

Marvin Reyes
Marvin Reyes es el secretario general del movimiento de trabajadores de la Policía Nacional Civil de El Salvador.

¿Qué está pasando con las detenciones de los pandilleros durante el régimen de excepción?

Algunos oficiales que dirigen unidades policiales en diferentes partes del país están imponiendo cuotas de detenidos por día. Por ejemplo, en el municipio de Ciudad Delgado, en San Salvador, le están imponiendo a cada patrulla seis detenidos por día. Los compañeros que están en esa zona dicen que no pueden llegar a veces a ese número porque ya no hay pandilleros allí, han huido a otros sectores para esconderse.

No estamos en una competencia para ver qué unidad policial captura más pandilleros. El objetivo de esto es sacar de circulación a aquellos delincuentes que están vinculados a las pandillas. Para eso hay mecanismos, los aparatos de inteligencia ya tienen identificadas las estructuras de las pandillas, los que colaboran con ellos.

Los esfuerzos de los agentes de la policía están enfocados hacia esta gente, pero no para generar un aspecto de presión para que lleguen a un determinado número. En eso no estamos de acuerdo, porque se está empujando al policía a que capture incluso a alguien que no tenga que ver con pandillas, y para llenar ese cupo, meterlo ahí junto con los demás.

¿Qué dicen los jefes policiales? ¿Qué han respondido después de estas denuncias?

Absolutamente nada. No responden, ignoran las denuncias que se están haciendo. Y el director de la policía, el comisionado Mauricio Arreaza Chicas, tampoco responde. Él no está intercediendo por la gente, simplemente está ignorando las acciones que están cometiendo jefes territoriales. El director debería interceder y evitar que se generen estos traslados.

Nayib Bukele

Getty Images
El presidente Nayib Bukele pidió al Congreso aprobar la medida del régimen de excepción.

¿Es verdad que recibieron la orden de detener a los pandilleros de la MS-13 y no a los de Barrio 18?

Es verdad. Hemos recibido muchas denuncias de varios departamentos del país donde los oficiales le han dicho al personal que tienen bajo su mando que no detengan a pandilleros de Barrio 18, no importa si es la facción sureña o revolucionaria. Que se enfoquen en los de la pandilla MS.

No sabemos cuál es el motivo. Los oficiales dicen al personal que son órdenes superiores. Eso es lo único que hasta el momento hemos podido recabar porque no hemos encontrado una razón.

¿Es factible detener a más de 10.000 personas en dos semanas, como ha informado el gobierno?

Sí, porque la policía lleva sus registros de personas detenidas con lujo de detalles.

Manos esposadas.

Getty Images
Los hombres que llevan tatuadas marcas de las pandillas son detenidos en El Salvador.

¿Qué diferencia hay entre el régimen de estado de excepción y otros operativos de seguridad anteriores que se han aplicado para combatir a las pandillas?

El código penal ha sido modificado para que la sola pertenencia a las pandillas sea motivo de delito. Para un miembro de pandillas son 30 años de cárcel. Para un colaborador son 15. Eso no existía antes. Era muy difícil establecer que un sujeto pertenecía a una pandilla, había que reunir alrededor de 12 requisitos por cada pandillero. Ahora es más rápido.

Sabemos que un tipo que anda tatuado claramente pertenece a la pandilla y va preso. Mediante los aparatos de inteligencia de la policía, entrevistas y otros parámetros, se tienen que establecer indicios para determinar la pertenencia a la pandilla de quienes no están tatuados y aplicar la ley.

Aquí hay mucha gente que ha estado colaborando con las pandillas.

Mucha gente ha vivido a expensas de estas colaboraciones y tienen carros y casas lujosas. No se tatúan y pasan como personas normales, pero están colaborando directamente con las pandillas. Esta gente también va presa y lleva 15 años de cárcel.

¿Existe el riesgo de que por ser ahora un proceso más expedito metan presa gente inocente?

Eso es lo que no se debe hacer. En la policía no debe existir el margen de error porque no podemos estar metiendo gente inocente a la cárcel. Es el cuidado que se tiene que tener para establecer plenamente aquellos que no están vinculados a la pandilla.

El Salvador

Getty Images

¿En cuánto se estima la población pandillera de El Salvador?

Estimamos que son alrededor de 70.000 pandilleros solo de la MS a nivel nacional. Hay que multiplicar los colaboradores por cinco o seis. Sobre la 18 hablamos de unos 20.000 a nivel nacional. Hablamos aproximadamente de unos 100.000 pandilleros diseminados por todo el territorio de El Salvador.

¿Qué impacto pueden tener estas detenciones masivas en la población carcelaria?

Esto es una bomba de tiempo. Ya había una sobrepoblación, quizás del 200% o 300% en casi todas las cárceles del país. Y meter a esta gran cantidad de detenidos va a generar más problemas de los que ya tiene el régimen carcelario. Las cárceles no tienen la capacidad ni están diseñadas para albergar a esa gran cantidad de población. Se va a sobresaturar el sistema.

Las autoridades de centros penales tendrán que buscar un mecanismo para contener a toda esta gente. Buscar algún edificio temporal que puedan adecuar rápidamente para mover a tanta gente. Las bartolinas de la policía, las cárceles pequeñas preventivas dentro de cada base policial, son limitadas. Las más grandes pueden contener 125 personas máximo.

Hombre detenidos en una prisión en El Salvador

Getty Images
Marvin Reyes asegura que las detenciones agravarán el hacinamiento carcelario en El Salvador.

¿Es posible que las pandillas aprovechen las cárceles como un espacio para encontrarse y reorganizarse?

Podría ser. Es una gran posibilidad porque el delincuente siempre está buscando la manera de contrarrestar o superar las acciones de las autoridades, sobre todo los planes de seguridad y los métodos carcelarios. Lógicamente ellos van a tratar de causar inestabilidad dentro del sistema penitenciario.


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