La Jornada publica hoy que senadores y diputados de PRI y PRD pidieron al gobierno federal que atienda las recomendaciones de la ONU y acelere el retiro de militares del combate al crimen organizado, ya que esa estrategia ha provocado violaciones constantes a los derechos humanos y el desprestigio de las fuerzas armadas.
Los señalamientos de los expertos de la ONU se suman a miles de voces ciudadanas del país que exigen fijar una fecha para que el Ejército y la Marina regresen a sus cuarteles, ya que ni legal ni prácticamente esas fuerzas están facultadas para asumir tareas de policía, recalcó el coordinador del PRD, Carlos Navarrete.
El también perredista René Arce, presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, resaltó: “se ha denunciado cantidades importantes e inquietantes de agresiones del Ejército contra civiles y lo único que falta por conocer es la cifra de militares involucrados en el narcotráfico.
La Jornada reporte también que activistas y organismos no gubernamentales consideraron que el informe preliminar del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias incluyó una visión bien documentada de esas agresiones a los derechos humanos, aunque reconocieron que las recomendaciones carecen de carácter vinculatorio.
La respuesta de Gobernación
El subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG) Felipe de Jesús Zamora, señaló que las fuerzas armadas continuarán “temporalmente” en los operativos contra el narcotráfico porque – aseveró- el apoyo de soldados, marinos y policías federales es muy importante para estados y municipios.
Según La Jornada, el funcionario afirmó “Todos deseamos que el Ejército regrese a sus funciones normales pero ello sólo podrá ser hasta que contemos con instituciones policiales, en los gobiernos de los estados, debidamente certificadas y cumpliendo con las obligaciones que les corresponden. Mientras tanto, vamos a seguir apoyando a las fuerzas armas y vamos a seguir vigilando que se conduzcan con respeto a la ley y los derechos humanos”.
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