El gobierno mexicano contrató a la firma de abogados estadounidense Reid Collins & Tsai, para iniciar una demanda contra productores y distribuidores de armas de aquel país.
El portal de noticias CBS resalta que la demanda de México contra los productores y distribuidores estadounidenses se presenta como respuesta al flujo de armas que cruzan la frontera sur del país vecino.
“Algunas fuentes dicen que la frustración de México respecto a los esfuerzos de EU para parar el flujo de armas los ha empujado a esta nueva aproximación. La firma legal pueden incluir el procedimiento ‘civil RICO’, este procedimiento incluye medidas civiles además de penales para perseguir al crimen organizado”, publica la CBS.
La televisora estadounidense reporta que el contrato entre el gobierno mexicano y la firma de abogados fue firmado el 2 de noviembre de 2010 por un representante de la Procuraduría General de la República, en su embajada en Washington.
Curiosamente, el 5 de noviembre, el presidente Felipe Calderón declaró justamente a un reportero de la cadena CBS, Peter Greenberg, su frustración respecto al tráfico de drogas, la nota cita, “Hemos decomisado más de 90 mil armas, hablo de unas 50 mil armas de asalto, metralletas AR-15, y más de 8 mil granadas y más de 10 millones de balas. Figuras impresionantes y de acuerdo a todos esos casos, las que son posibles de rastrear, se trata de armas estadounidenses”.
CBS entrevistó a Christoper Renzulli, quien ha representado legalmente a productores de armas en Estados Unidos por 15 años, quien concluyó que se trataba de un caso “que difícilmente ganará el gobierno mexicano. La Ley de Protección del Comercio Legal de Armas impediría esa demanda desde el inicio”, sostuvo.
También en entrevista con la cadena estadounidense, Richard Feldman, el presidente de la IFA (Asociación de Armas Independiente) declaró, “quizá deberíamos demandar al gobierno mexicano por su inhabilidad para prevenir que las drogas entren a nuestro país“.
