Transparencia, sin avances en nuevo gobierno poblano: especialistas
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Transparencia, sin avances en nuevo gobierno poblano: especialistas

Por Ernesto Aroche Aguilar
1 de abril, 2011
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A 50 días del arranque del gobierno de Rafael Moreno Valle se arrastran rezagos en materia de transparencia y rendición de cuentas aun cuando la opacidad con la que se manejó el presupuesto durante el sexenio de su antecesor, el priista Mario Marín,  fue uno de uno de los principales motores en su campaña electoral.

En ese periodo, la respuesta a varias solicitudes de información han sido similares a las que presentó en su momento el gobierno marinista para negar el acceso a la documentación oficial, de acuerdo con cuatro testimonios de especialistas en la materia, catedráticos y representantes del sector empresarial, recogidos por Animal Político

En ese mismo lapso, las páginas de transparencia del estado apenas han sido tocadas o tienen actualizaciones que datan de mayo del 2010, especialmente, en los apartados relacionados con el gasto público, o remiten a ligas del sistema Compranet que no funcionan, según consta en una revisión hecha por Animal Político.

Y aun cuando el pasado viernes se firmó un convenio de colaboración entre la administración morenovallista y la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), en los hechos la agenda del primer gobernador poblano emanado de las filas del Partido Acción Nacional (PAN) no ha considerado como prioritaria la reforma a la ley de transparencia.

Uno de los temas pendientes es dotar de autonomía al órgano garante y corregir las deficiencias que dejó la legislatura pasada en la materia las cuales llevaron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a impugnar por inconstitucional el marco normativo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCN).

En el acto oficial, el mandatario ignoró las peticiones de avanzar en la reforma que pusieron sobre la mesa lo mismo la presidenta de la CAIP, Blanca Lilia Ibarra Cadena, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Luis Rodríguez Fernández, quien acudió en calidad de testigo a la firma del convenio.

Prometió, eso sí, que al finalizar los primeros 100 días de gobierno la secretaría de Administración presentará un informe sobre los ahorros que se han conseguido en el gasto público y un comparativo sobre el gasto que se ejerció en la administración pasada en rubros como licitaciones, adquisiciones, rentas y contratos.

“Queremos que el recuento sea completo, de cara a la sociedad y que sean los poblanos los que hagan un comparativo con datos oficiales de lo que gastaba la anterior administración y lo que se gasta ahora, por lo que al cumplir los cien días de mi gobierno, la Secretaría de Administración encabezada por José Cabalán Macari, dará a conocer los resultados de este comparativo (…) Quiero demostrarles cuanto se puede ahorrar”, dijo.

 

Temor a la transparencia

La falta de acciones en materia de transparencia lo que revelan es un temor al tema, sostiene en entrevista con Animal Politico  Ernesto Villanueva, director del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de las Américas Puebla.

“Mi impresión personal es que no hay una voluntad política por parte del jefe del ejecutivo, me parece que hay un temor en el tema de transparencia, y no ha sido persuadido de las ventajas que trae consigo una política de apertura de la información, y se requiere de mucha transparencia para que haya confianza pública.

“Tenemos elementos para pensar que esta confianza no se está cimentado, tenemos más de 50 días y las páginas no se han actualizado, no se ha reforma la ley de transparencia pero sí se hace con una ley que se sacan de la manga (la reforma que derogó los delitos de prensa), cuando en la plataforma de Moreno Valle registrada ante el IEE se establecen compromisos en materia de transparencia que hasta este momento no se han cumplido y no se ven visos de cumplimiento”.

Desde la perspectiva del especialista, hasta el momento las reglas para la transparencia no han cambiado ni se observa “una diferencia sustantiva” entre el gobierno de Marín y la administración de Moreno Valle.

Para Enrique Cárdenas Sánchez, ex rector de la UDLA y actual director del Centro de Investigaciones Espinosa Yglesias, si bien la firma del convenio que el pasado viernes signaron gobierno y CAIP muestran interés de la nueva administración en avanzar en la materia, “llama la atención que el gobernador no haya hablando ni hecho referencia en su discurso del cambio de la ley”.

“Quisiera pensar que es el inicio de una nueva administración y las primeras leyes que se pasaron por el Congreso tienen que ver con los asuntos estructurales, eso es entendible, pero el segundo periodo de sesiones tendrá que ser muy importante para cimentar la relación entre sociedad y en esto la ley de transparencia es muy importante, pues otorga credibilidad y rentabilidad política”.

Para Cárdenas Sánchez, la modificación al marco normativo es también una urgencia para que Puebla pueda salir de los últimos lugares en que se ha ubicado en las varias evaluaciones de transparencia nacionales, solamente el centro que él dirige le otorgó 4.2 puntos sobre 10 posibles.

Y puntualiza: “Ahora, no es un tema exclusivo del poder ejecutivo, también el poder judicial, el legislativo y los órganos autónomos tienen que ser muy transparentes”.

La petición para que se agilice la reforma también fue puesta a consideración por Lilia Vélez Iglesias, ex comisionada de transparencia en la entidad, a través del blog de la organización México Infórmate que se publica en la versión en línea del diario El Universal:

“El primer mandatario de oposición que hay en Puebla acusó en múltiples ocasiones a su antecesor de ser opaco, así como de impedir el acceso a información pública y ofreció que su gobierno sería diametralmente diferente. Eso, ni más ni menos, le exigimos los poblanos”.

En el escrito, la también directora de la carrera de periodismo en la Universidad Popular Autónoma de Puebla (Upaep) pidió al gobernador Moreno Valle “cumpla todas las promesas que hizo en campaña y que incluyen, además de la reforma a la ley, lo siguiente:

1) transparentar los procesos de adquisiciones y de obra pública del gobierno del estado;

2) sistematizar la información relacionada con la declaración patrimonial de los servidores públicos para facilitar su manejo y análisis, así como comprobar su veracidad, sancionando cualquier anomalía;

3) reorganizar la operación de la Secretaría de Control y Evaluación de la Administración Pública, a efecto de que cumpla con sus funciones de evaluación y vigilancia en forma técnica, jurídica y contable, sin presiones políticas y garantizando la integridad de los funcionarios adscritos a esa dependencia

4) todas las instancias, gubernamentales o no, que sean financiadas con dinero público, tendrán que informar, de manera directa cómo manejan sus recursos

5) Las y los legisladores tendrán la facultad de obtener información veraz de cualquier dependencia pública; toda persona requerida estará obligada a comparecer ante las comisiones legislativas bajo protesta de decir verdad y 6)  El gobierno estatal informará del estado que se encuentran todos los títulos y bonos emitidos para los mercados de capitales nacionales e internacionales a fin de conocer los montos totales y desagregados por institución y plazos”.

 

A cuentagotas

La información oficial ha fluido a cuentagotas. Las páginas de transparencia, calificadas por la CAIP durante la administración marinista con puntajes de entre 50 y 27 sobre 100 puntos posibles, todavía no han sido actualizadas.

Uno de los apartados que permitiría conocer los montos de los recursos entregados a particulares se encuentra “en proceso de integración” desde el 3 de mayo de 2010.

Y, hasta el momento, es imposible conocer desde las páginas de transparencia los contratos de arrendamiento que mantiene la administración estatal, a pesar de que la ley ordena su publicación.

Una inmersión en los sitios de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobernación, ambos espacios que cuentan con oficinas y bodegas rentadas, arroja la siguiente respuesta: “No se tiene a la fecha contratos de arrendamientos celebrados”, una respuesta que fue incluida en el portal a las 20:39 horas del 9 de Diciembre de 2009.

Y para conocer las nuevas evaluaciones a los sitios oficiales habrá que esperar mes y medio más, pues la CAIP acordó otorgar una prórroga de 90 días a la nueva administración para revisar si se cumple con la publicación de la información básica, según explicó su presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena:

“No se han aplicado aún las evaluaciones por acuerdo del pleno, se determinó otorgar un periodo de gracia para que el sistema electrónico estatal se adecue a la reforma a la ley orgánica de la administración pública (se crearon nuevas secretarias). Es importante que concluyan ese proceso para que podamos hacer la evaluación”.

Aunque también existen casos en los que el gobierno estatal ha comenzado a abrir los archivos a temas polémicos y tabús de la administración pasada.

En respuesta a la solicitud de dar a conocer el gasto en comunicación de la administración pasada el gobierno de Moreno Valle primero respondió que dicha información no estaba en las actas de entrega-recepción, más tarde, y tras la presentación del recurso de revisión de este reportero el archivo fue abierto para su consulta.

 

Un candado a la transparencia

Antes de irse la legislatura pasada, dominada por el PRI y la que avaló las cuentas públicas de los últimos tres años del gobierno de Mario Marín, dejó un candando económico para evitar las miradas en la información sobre los recursos públicos y su distribución.

Con el voto de la mayoría priísta, pero también de los panistas, los diputados aprobaron una Ley de Ingresos (artículo 33) que ordena que “la información y documentación comprobatoria del ejercicio del gasto público (…) sólo se entregará en forma impresa y certificada”, después tasaron en 75 pesos por folio las copias certificadas.

Pero además establecieron (artículo 36) que para la entrega de la información el solicitante está obligado a presentar copia de su RFC o de su CURP, situación que viola el artículo sexto constitucional y la ley de transparencia del estado.

Esto fue denunciado por la presidenta de la CAIP quien además pidió al Congreso del estado que reforme la Ley de Ingresos para que se elimine este candado y evitar que el gobierno utilice ese tipo de argumentos legales, como de hecho ya se hace.

Y hay ya cuatro recursos de revisión interpuestos ante la CAIP por esta razón, pues la respuesta de la administración morenovallista ha sido obligar a pagar copias certificadas a solicitudes de copias simples, pasando los costos de 20 pesos –a razón de dos pesos folio— a 750 pesos.

Ibarra Cadena también lanzó la petición para el Congreso del estado corrija esta situación, pero hasta el momento los legisladores no han hecho eco de la solicitud, lo que augura que esto podría mantenerse hasta la corrija al redactar la Ley de Ingresos para el próximo año.

“El balón –concluye la funcionaria— está del lado de los legisladores, si existe voluntad se puede reformar la ley de ingresos del estado”.

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'Los talibanes no aceptan la justicia impartida por mujeres': la desesperada huida de una jueza afgana

Como otras mujeres que desempeñaron posiciones en el poder judicial afgano antes de que el Talibán tomara el poder en 2021, esta jueza temía que su trabajo pudiera representar una amenaza para su vida y la de su familia.
17 de agosto, 2022
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Cuando desembarcó en Brasil con su familia, Sahar* sólo tenía una maleta con una o dos mudas de ropa.

La jueza salió de Afganistán a toda prisa el año pasado, huyendo de los talibanes y tuvo que dejar todo atrás.

Como muchas otras mujeres que ocuparon cargos en el poder judicial afgano antes de que el grupo fundamentalista tomara el poder en agosto de 2021, temía que su trabajo pudiera representar una amenaza para su vida y la de su familia.

“Tuve que dejar atrás todo lo que construí en Afganistán: mi casa, mis posesiones y parte de mi familia”, le dijo la jueza a BBC News Brasil.

“Tenía una vida completa y lo perdí todo”.

En los últimos 20 años, 270 mujeres se han desempeñado como magistradas en Afganistán. Muchas de ellas lograron escapar con la ayuda de la Asociación Internacional de Juezas (IAWJ) y se refugiaron en varios países del mundo.

Brasil otorgó visas humanitarias a siete de estas juezas y a tres magistrados. Todos llegaron al país en octubre pasado y fueron recibidos por la Asociación de Magistrados Brasileños (AMB).

Pero alrededor de 90 juezas siguen atrapadas en su país, escondidas.

“Salir de allí”

En su relato, Sahar detalla los momentos de miedo y desesperación que precedieron a su huida de Afganistán.

La jueza y su familia tuvieron que dejar su hogar para esconderse en otro lugar después de que los talibanes tomaron el poder.

Los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto del año pasado.

Getty Images
Los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto del año pasado.

Con la caída del gobierno afgano, jueces de todo el país comenzaron a ser perseguidos por su participación en los juicios y condenas de miembros del grupo extremista durante el período de ocupación estadounidense.

Los talibanes incluso abrieron prisiones en todo el país, liberando a hombres que los magistrados habían encarcelado.

La vida de las mujeres también cambió drásticamente con el establecimiento del régimen. Se prohibió a las niñas recibir educación secundaria, se disolvió el ministerio de la mujer y, en muchos casos, se impidió que las empleadas regresaran al trabajo.

“Grupos como los talibanes, Daesh (Estado Islámico) y otros no aceptan la justicia impartida por mujeres”, dice Sahar.

“La situación se volvió realmente desesperada cuando los talibanes comenzaron a registrar las casas de todos los jueces. Invadieron la Corte Suprema y obtuvieron acceso a todo tipo de información sobre nosotros, como fotos, direcciones y documentos”.

“Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que realmente no podíamos quedarnos en Afganistán porque era demasiado peligroso”, dice.

La ayuda

La jueza inicialmente se refugió en la casa de los familiares.

“Estábamos encerrados sin poder salir. No podíamos volver a nuestro departamento ni sacar nuestras cosas porque los talibanes patrullaban nuestra cuadra”.

Después de que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, miles de afganos intentaron huir del país.

AFP
Después de que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, miles de afganos intentaron huir del país.

“Fue realmente difícil. No podía cocinar ni lavar ni hacer nada, solo pensaba en que tenía que salir de allí“.

Pasaron dos meses antes de que Sahar recibiera la noticia de que iba a ser rescatada y de que recibiría refugio en Brasil.

“Le informamos sobre nuestra situación a la IAWJ y ellos entraron en contacto con varios países en busca de ayuda y visas para nosotras, las juezas”.

“Cuando me tocó a mí, me dijeron que íbamos a Brasil”.

La magistrada se mudó con sus familiares más cercanos. Por razones de seguridad, no se revelaron los detalles de la operación que los sacó de Afganistán y los trajo a Brasil.

“Dijeron que no podíamos llevar muchas cosas con nosotros, porque todo tenía que ser discreto. Así que no trajimos casi nada, tal vez solo una o dos mudas de ropa”, le dijo Sahar a BBC News Brasil.

“Tengo que controlarme para no llorar cuando recuerdo el día que nos fuimos. Fue una gran desgracia para nosotros”.

“Teníamos una buena casa, un buen salario y nuestra familia en Afganistán y dejamos todo atrás. Fue una situación muy mala, apenas puedo describirla con palabras”.

Miedo por lo que queda atrás

En sus más de cuatro años como magistrada en Afganistán, Sahar estuvo involucrada principalmente en casos penales.

Esta imagen de archivo muestra a una maestra en Afganistán, donde mujeres y niñas fueron excluidas de la escuela secundaria.

Getty Images
Esta imagen de archivo muestra a una maestra en Afganistán, donde mujeres y niñas fueron excluidas de la escuela secundaria.

La jueza dice que está orgullosa de su trabajo, especialmente en casos relacionados con la seguridad y el bienestar de otras mujeres.

“Tiene que haber espacio para que las mujeres sean juezas, porque una mujer confía en la otra. Las mujeres que fueron a la corte pudieron abrirse más con nosotras”, cuenta.

Era muy feliz en mi trabajo. Desde pequeña soñaba con ser jueza y hacer justicia para las familias y los niños”.

Sahar dice que no le tocó juzgar ningún caso directamente relacionado con el Talibán, pero admite que pudo haber participado en juicios por delitos comunes cometidos por miembros del grupo.

“Procesé todo tipo de casos, como asesinato, secuestro, robo, corrupción, casos de familia”.

Debido a su trabajo, teme por la vida de algunos miembros de su familia que aún se encuentran en Afganistán.

“Tengo miedo porque tienen todo tipo de datos e información sobre nosotros. Podrían estar en peligro“, dice.

“Cuando salimos de Afganistán todos se mudaron y se escondieron en otros lugares”.

“Hablo con ellos a veces, pero no mucho porque creo que nuestros números pudiesen estar siendo interceptados”.

E incluso a millas de distancia de Afganistán, Sahar dice que todavía teme por lo que dejó atrás.

“A veces todavía tengo miedo, porque soy humana y pienso demasiado en las cosas”.

Vida en brasil

Sahar y los otros nueve magistrados que se refugiaron en Brasil recibieron visas humanitarias emitidas sobre la base de una ordenanza interministerial publicada en septiembre de 2021, por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y Seguridad Pública.

Entre jueces y familiares, 26 personas llegaron al país en octubre pasado.

“Todos llegaron a Brasil muy asustados, preocupados por la seguridad y sin hablar una palabra de portugués”, dice Renata Gil, presidenta de la Asociación de Magistrados Brasileños que coordinó la recepción de las familias.

Para que pudieran reiniciar sus vidas, todos recibieron alojamiento, alimentación y atención médica proporcionada por esa organización y sus socios.

Los magistrados y sus familias también están estudiando inglés y portugués y sus hijos han obtenido becas en escuelas locales.

“Todas las juezas que recibimos tienen profundas cicatrices por todo lo vivido y un gran dolor por lo perdido. Es un proceso de adaptación intenso”, indica Gil.

“Pienso en mi país”

Después de un período inicial viviendo en alojamientos militares, Sahar ahora vive con toda su familia en una propiedad alquilada.

Una vista de Kabul

BBC
Una vista de Kabul.

Fue empleada como asistente legal por un bufete de abogados, donde investiga casos relacionados con inmigración.

La jueza dice que, antes de mudarse a Brasil, sabía muy poco sobre el país. “No había oído mucho sobre la gente, la cultura o el idioma”, precisa.

Y aunque está muy agradecida por la cálida bienvenida y la ayuda que ha recibido, Sahar dice que no pasa un día sin pensar en volver a casa.

“Pienso en mi país, mi familia y mi antiguo trabajo todos los días. Afganistán es mi patria y la extraño cada día”.

“No puedo decir que estoy disfrutando mi tiempo en Brasil, porque esta situación no es nada fácil”, señala la jueza.

“Pero estamos muy agradecidos por toda la ayuda que hemos recibido. La gente aquí es muy amable, al igual que el pueblo afgano”.

“Espero que todo salga bien para poder volver. Sé que la situación no es fácil, pero si Alá lo quiere, tal vez todo se resuelva pronto”.

*El nombre de la jueza ha sido cambiado para proteger su identidad y garantizar su seguridad y la de su familia.

Este artículo fue originalmente publicado en BBCBrasil


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