A primera vista es sólo un terreno abandonado a unos metros de un colegio privado, casas habitacionales y tiendas de una colonia de clase media baja en donde la gente camina o pasa a bordo de vehículos sin percatarse de su existencia.
Pero al adentrarse en el predio algunos detalles dan cuenta de lo contrario: la tierra está recién removida y cubierta de cal, algunos guantes de látex blancos tirados y una caja de cartón que en la etiqueta de uno de sus costados revela un secreto que por mucho tiempo guardó este terreno y que a los ojos de la mayoría era un taller de reparación de vehículos.
“Bolsa para cadáver adulto. Calibre 600 con cierre alto. Para cadáveres de hasta 190 cms. 15 piezas”, se leía en la etiqueta de la caja olvidada en el predio de unos 400 metros cuadrados, enclavado en una de las colonias populares de la ciudad norteña de Durango, donde desde el 11 de abril comenzaron a ser descubiertas fosas clandestinas de las que se han exhumado 219 cadáveres en siete fosas.
Con la malla metálica que lo rodea tirada en el piso y sin ninguna vigilancia de la autoridad, cualquier persona puede entrar al terreno, donde se alza un pequeño cuarto mal construido con techo y paredes de lámina, en una de las cuales se lee “Servicios Múltiples Carita Medina”. Sólo de aquí fueron extraídos 89 cadáveres.
En el mayor hallazgo de su tipo en la historia reciente de México, las autoridades han encontrado seis terrenos que presuntamente grupos del narcotráfico usaron por años como panteones clandestinos para enterrar a sus víctimas.
Los hallazgos de Durango se dieron casi de manera simultánea a los de otro estado del norte del país, Tamaulipas, donde se localizaron 40 fosas clandestinas con 183 cuerpos, varios de los cuales se cree que son de personas secuestradas de autobuses de pasajeros con destino a la frontera con Estados Unidos.
El gobierno ha responsabilizado al cartel de Los Zetas de los asesinatos en Tamaulipas. Setenta y cuatro personas han sido detenidas, incluidos policías municipales.
Pese a que públicamente las autoridades se han limitado a decir que todo apunta al crimen organizado en el caso de Durango, sin dar más detalles, la historia detrás de las fosas comienza a destapar una faceta más de las disputas de carteles de las drogas en este estado: enterrar a las víctimas clandestinamente en terrenos localizados en zonas urbanas.
Un oficial de la Policía Federal, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato por razones de seguridad, dijo que un presunto operador del Cartel de Sinaloa reveló a las autoridades la ubicación de las primeras fosas.
El hombre —identificado como Bernabé Monje Silva, alias “M14″— fue detenido el 27 de marzo y es considerado el cuarto en la estructura de mando del Cartel de Sinaloa en Durango.
“El dijo las ubicaciones”, comentó el oficial.
El presunto narcotraficante también reveló que algunas de las personas enterradas en las fosas eran víctimas de una confrontación de grupos rivales.
Durango, un estado semidesértico del noroeste del país, ha sido escenario en los últimos años de disputas entre los carteles rivales de Sinaloa y Los Zetas.
Pero desde hace algunos meses se ha sumado una nueva batalla: una división al interior del Cartel de Sinaloa en Durango, donde dos de tres grupos que lo conformaban decidieron separarse y disputarle a esa organización criminal las rutas de tráfico de drogas por el estado, según el oficial de la policía federal.
“Los Emes”, uno de esos grupos, se mantuvo fiel al cartel que encabeza el Joaquín “El Chapo” Guzmán que está en guerra contra las otros dos facciones, identificadas como “Los Canelos” y “Los Cabrera”, para controlar sus operaciones, dice el oficial.
Monje es uno de los presuntos cabecillas de “Los Emes”, que fue capturado con dos presuntos cómplices.
Quince días después de su captura, la Policía Federal localizó la primera fosa en el taller mecánico del que después de algunos días de excavación se exhumaron los 89 cuerpos.
El secretario general de Gobierno estatal, Héctor Vela, coincide con que algunas de las víctimas podrían ser miembros de grupos rivales del crimen organizado, aunque también dice es posible que otras más sean policías que desaparecieron e, incluso, ciudadanos secuestrados.
Jorge Chabat, experto en narcotráfico del Centro de Investigación y Docencia Económica, dijo a la AP que si bien el Cartel de Sinaloa es uno de los grupos que ha tenido más estabilidad, en algunos momentos ha tenido fracturas, como cuando los hermanos Beltrán Leyva rompieron y crearon su propio cartel hace unos años.
“Sí llama la atención (la división en Durango), porque efectivamente el Cartel de Sinaloa era de los más estables, pero eso no significa que no tuviera algunas divisiones”, dijo el experto que cree que esas fracturas internas son “parte de los reacomodos que se dan en el mundo del narco” y que “es probable” que se registre un repunte de la violencia en Durango tras la división en el cartel.
Algunas de las víctimas tienen hasta cuatro años de haber fallecido y otras no más de tres meses, según creen las autoridades, lo que ha desatado cuestionamientos sobre cómo pudieron enterrar los cuerpos de manera más o menos frecuente y en plena zona urbana sin que nadie se diera cuenta.
“No fue que se realizó (el entierro) en una acción misma, sino que esto fue paulatinamente realizándose”, dijo a la AP Jorge Antonio Santiago, vocero de la Comisión de Derechos Humanos de Durango. “Ante esta situación nosotros también solicitamos (a las autoridades) la explicación de por qué no se dieron cuenta”.
El subsecretario de Seguridad Pública de Durango y vocero designado para el caso, Juan Rosales, dijo a la AP que una de las cosas que se investiga es precisamente cómo es que cadáveres fueran enterrados en predios que colindan con casas habitadas.
“¿Qué pasó primero: la construcción de la casa contigua o el haber sepultado clandestinamente ahí a esos seres humanos?”, se preguntó el propio funcionario, quien confió que la investigación permita responderlo.
Hasta ahora sólo unas de las víctimas ha sido identificada. Se trata un hombre de 31 años, originario del mismo estado de Durango, pero de quien las autoridades no han dado a conocer ni su nombre ni sus antecedentes.
Peritos estatales y federales aún buscan identificar a las 216 víctimas restantes, algunos de cuyos cuerpos permanecían dentro de bolsas blancas en camiones refrigerantes estacionados a un costado de la morgue local.
En algunos casos, los restos son prácticamente esqueletos después de meses o años de permanecer en las condiciones desérticas de Durango, cuyo símbolo estatal es un escorpión.
Ataviados con trajes especiales y mascarillas, los expertos se afanaban dentro de los camiones en encontrar cualquier signo que permita identificar a las víctimas, como algún tatuaje o huellas dactilares de los cuerpos que aún conservan algo de piel. Algunos de los cadáveres estaban arrumados, unos sobre otros, a lo largo de los muros de los camiones.
La semana pasada no se veía a nadie que esperara por ellos o hiciera fila para entregar muestras de ADN, aunque las autoridades locales aseguran que cerca de 300 personas se han acercado para averiguar si familiares desaparecidos estarían entre las víctimas.
Mucha de la gente que camina o se encuentra cerca de los terrenos donde se localizaron las fosas prefiere no hablar.
Son pocas las que se atreven a comentar algo, siempre y cuando no se les identifique por razones de seguridad.
Es el caso de una señora que camina a unos pasos de un predio —que se oculta detrás de paredes de ladrillo— cuya tierra fue removida y presenta cubiertas de cal. Allí se encontraron 41 cuerpos.
El lugar, ubicado al sur de la ciudad, era utilizado como depósito de autopartes y se encuentra rodeado de viviendas.
“Nunca me imaginé que pasaba algo”, dijo la mujer, quien asegura vivir desde hace más de 20 años en la calle donde se encuentra el terreno.
