Con seis votos a favor y cinco en contra, el pleno de la Corte respaldó la determinación de los Congresos de Chihuahua, Jalisco y Quintana Roo que fijaron como límite agosto de 2012 para que entren en vigor esas normas.
En agosto de 2009 el Congreso de la Unión expidió un decreto para atacar el narcomenudeo. En su artículo transitorio primero se ordenó a las legislaturas locales realizar las adecuaciones correspondientes. Se fijó entonces un año como plazo para realizar las modificaciones legales y tres años para poner en marchas dichos cambios.
Los legisladores de las tres entidades pactaron como plazo tres años para que dichas reformas entraran en funciones.
La Procuraduría General de la República impugnó la decisión y argumentó que las legislaturas violaron lo dispuesto en el decreto federal, pues en lugar de tomar un año para poner en vigor las modificaciones fijaron tres.
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