Más de 40 funcionarios de Chiapas, entre ellos el recluido exprocurador general de Justicia, Mariano Herrán Salvatti, advirtieron responsabilidad del gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía en la muerte de bebés en el hospital general de Comitán, entre diciembre de 2002 y enero de 2003.
De acuerdo con el gobierno estatal, los testimoniales de 41 servidores y exservidores públicos, las conclusiones de exámenes de necropsia, periciales y contables al centro hospitalario, figuran como parte de las pruebas que sustentan la responsabilidad del exgobernador Salazar Mendiguchía (2000-2006) en la muerte de esos bebés.
La acusación se suma a otras imputaciones en contra del exmandatario, quien fue apresado este año en el aeropuerto de Cancún para ser llevado a Tuxtla Gutiérrez, acusado por el actual gobierno estatal por la presunta comisión de varios delitos.
En este sentido y según el comunicado del actual gobierno chiapaneco, Herrán Salvatti, preso desde 2009 por el mismo ejecutivo local, reveló haber recibido órdenes para no profundizar en las investigaciones sobre el caso de los bebés y archivar todas las averiguaciones previas iniciadas por estos hechos.
Citado por el texto, Herrán Salvatti agregó que “el Gobernador Pablo Salazar Mendiguchía me ordenó que el Ministerio Público no profundizara mucho en las investigaciones que la Procuraduría General de Justicia del Estado realizaba en marzo del año 2003, con respecto a las causas que motivaron el fallecimiento de los bebés”.
Añadió que a mediados de abril de 2004 fue llamado por el entonces mandatario a sus oficinas ubicadas en el primer piso del Palacio de Gobierno y “me ordenó que se determinara el no ejercicio de la acción penal y sin responsabilidad para el estado, y que inmediatamente fueran enviadas a archivo como asunto totalmente concluido”.
“Recalcándome que cesara inmediatamente las investigaciones sobre esos hechos y que evitara a toda costa cualquier tipo de acción penal por esos acontecimientos, externándome que él como gobernador no autorizó que se enviaran recursos económicos para la compra de equipos médicos y medicamentos que requería dicho hospital”, agregó.
“Ello, ya que el recurso público que había sido destinado para el fortalecimiento no se invirtió y por tal motivo le podría resultar responsabilidad tanto a él como al entonces secretario de Salud, Ángel René Estrada Arévalo”, enfatizó.
A lo anterior, prosiguió, se suman las conclusiones emitidas por instancias de la propia administración de Salazar Mendiguchía, las cuales reconocieron las serias deficiencias del hospital general.
El comunicado oficial señala también que los informes emitidos en 2003 por la Contraloría General del Estado y la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado coinciden con lo informado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Es decir, que en 2004 emitió al Gobierno del Estado de Chiapas la recomendación 24/2004, que en su parte medular afirma que se detectaron múltiples irregularidades en el nosocomio.
Entre estas, citó entre las principales, la falta de medicamentos, instrumental y equipos médicos en las áreas de gineco-obstetricia y pediatría, lo que contribuyó a la deficiente atención médica.
Lo anterior, afirma el gobierno chiapaneco, revela sin duda que, efectivamente, el gobierno de Salazar Mendiguchía llevó al cabo conductas de omisión derivadas de revanchas políticas que impidieron que el Hospital General contara con lo necesario para atender de manera eficaz y oportuna a los menores.
Notimex.
