Propone diputación del PRI privilegiar mano de obra residente en NL
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Propone diputación del PRI privilegiar mano de obra residente en NL

24 de septiembre, 2011
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Son muchos los casos de obras inconclusas o en las que el costo final supera por mucho al presupuesto original. Foto: Cuartoscuro

El Grupo Legislativo del PRI en el Congreso del estado de Nuevo León presentó una iniciativa, para que en los procesos de obra pública se privilegie la contratación de mano de obra residente en los municipios que corresponda.

La diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sonia González Quintana, propuso la reforma al Artículo 46 de la Ley de Obras Públicas del Estado, para que se beneficie a las personas dedicadas al ramo de la construcción en su economía.

Mencionó que actualmente el presupuesto de egresos de los municipios contempla partidas significativas para la realización de obra pública, por lo que se consideró importante esta reforma a favor de las personas que laboran en el ramo de la construcción.

La legisladora explicó que en algunas ocasiones las empresas que ganan licitación para hacer una obra contratan gente de otros municipios más alejados, lo cual redunda en que los trabajadores gasten más en transporte e inviertan más tiempo en el traslado a su centro de trabajo.

La reforma, dijo, no establece una obligatoriedad por parte de las empresas, pero será de gran beneficio que las empresas apliquen la medida.

“Hay municipios dormitorios, como les dicen, donde está la mano de obra y nos toca ver que se tienen que trasladar a municipios muy distantes, donde tienen que tomar dos o tres camiones y eso repercute en su economía”, indicó.

Señaló que de esta manera el beneficio de las obras públicas no sólo sería en infraestructura, sino también generaría una mayor derrama económica para los trabajadores residentes del municipio de que se trate.

La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Desarrollo Urbano.

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Chile aprueba en plebiscito histórico cambiar la Constitución de Pinochet

Con más del 65% de los votos contados, la opción de redactar una nueva Constitución tiene un respaldo del 77%.
25 de octubre, 2020
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Celebración en Valparaíso, Chile

Reuters
Las celebraciones de quienes quieren una nueva Constitución comenzaron en cuanto los primeros resultados indicaron la clara victoria del “Apruebo”.

“Un triunfo de la ciudadanía y la democracia”.

Así calificó el presidente de Chile, Sebastián Piñera, lo sucedido este domingo en su país, donde, con más del 65% de los votos escrutados y una tendencia que parece irreversible, los ciudadanos decidieron por un rotundo 78% reemplazar la actual Constitución, redactada durante el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

En la segunda interrogante, “¿Qué tipo de órgano debiera redactar la Nueva Constitución?”, los chilenos optaron por una “convención constitucional”, o sea, un grupo de hombres y mujeres elegidos popularmente.

“Hoy hemos demostrado nuevamente la naturaleza democrática, participativa y pacífica del espíritu de los chilenos y del alma de las naciones honrando nuestra tradición de república”, afirmó Piñera.

Primer plano de un voto a favor del Apruebo en el Plebiscito Nacional de Chile

Reuters
Los chilenos apoyaron mayoritariamente la redacción de una nueva Constitución.

En cuanto al voto en el extranjero, el apoyo a la redacción de una nueva Carta Magna alcanzaba casi el 90% con más del 57% de los votos escrutados.

Cientos de personas salieron a las calles a celebrar el histórico resultado.

Vista aérea de la Plaza Italia en Santiago de Chile

EPA
Cientos de personas se congregaron en la Plaza Italia en Santiago a la espera de los resultados del plebiscito chileno.

Convocatoria marcada por la pandemia

El plebiscito, programado originalmente para el 26 de abril pero postergado por la pandemia, se realizó observando un protocolo sanitario especial, con un horario específico para mayores de 60 años y el uso obligatorio de mascarillas.

Las personas contagiadas con coronavirus no pudieron participar en el proceso debido a que no se pudieron implementar las medidas que les hubieran permitido votar sin romper la cuarentena.

El cambio de Constitución fue una de las demandas hechas tras el estallido social de octubre de 2019, que dio lugar a las manifestaciones más masivas desde el regreso de la democracia en 1990, y desencadenó episodios de violencia que derivaron en la muerte de más de 30 personas y 2.250 querellas de violación de los derechos humanos.

Su realización fue el resultado de un amplio acuerdo firmado en ese contexto en el Congreso la tensa madrugada del 15 de noviembre del año pasado.


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