Dejan al azar la seguridad de los diputados
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Dejan al azar
la seguridad de los diputados

Por Dulce Ramos
3 de octubre, 2011
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Diputado Moisés Villanueva.

A Moisés Villanueva, diputado priista por Guerrero, lo secuestraron en ‘la ruta del narco’. Así le llama la Secretaría de Seguridad Pública estatal a los límites con Puebla, donde la droga va y viene

Al diputado sólo lo acompañaba su chofer. Ambos fueron hallados muertos el 17 de septiembre en Tlapa de Comonfort. La región de la montaña guerrerense donde desaparecen vehículos, cargamentos de madera, personas

Tlapa de Comonfort es también la cabecera del distrito cinco de Guerrero. El que representaba el diputado asesinado. Lo conforman 19 municipios en los que casi diario se habla de muertes a tiros. Si un diputado entra a la cabecera de su distrito so riesgo de ser asesinado, ¿qué riesgo corren los otros legisladores que representan a otros municipios donde se imponen la ley del crimen?

Aparentemente, algunos se mueven con facilidad por sus distritos e, incluso, sin algún aparato de seguridad adicional. No importa si es la zona urbana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, la Sierra Tarahumara en Chihuahua o los caminos de Quintana Roo. Los legisladores rechazan –al menos públicamente—haber corrido un riesgo mayor en su tierra.

El camino de Tlapa de Comonfort custodiado por la policía local.

Prácticamente con la seguridad al azar, los legisladores entran a zonas conflictivas sin mayor estrategia que el “mejor váyase temprano” de los lugareños. Prácticamente son sus representados los que les recomiendan a qué hora entrar o salir de zonas conflictivas.

‘A las 8 de la noche suspendo labores’

Cada fin de semana, la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, priista por Chihuahua, visita su distrito. Es el 7. El más grande del país con 16 municipios localizados al noroeste. Recorrerlo consume tiempo y las noches y las madrugadas que antes aprovechaba para los traslados, ya no son hora segura.

“Antes podía trabajar hasta las dos o tres de la mañana. Ahora, a las 8 ó 9 de la noche suspendo las labores”, dice la legisladora. En Cuauhtémoc, la cabecera de su distrito, se arriesga a un asalto carretero si lo recorre sin luz de día.

El municipio en el que la diputada percibe más inestabilidad, es Nuevo Casas Grandes. A unos 300 kilómetros de Ciudad Juárez. “Ahí la propia gente nos dice ‘ándese con cuidado’, ‘a tal hora ya sálgase’. A las 10 de la noche ya están todos refugiados en sus casas”, cuenta la representante.

Acepta que trabaja con miedo. “Lo he sentido y es de humanos reconocerlo entre tantas cosas que ocurren. Todos somos posible blanco y hay riesgos como en cualquier otro trabajo”.

Carretera a Nuevo Casas Grandes.

Pero el narcotráfico no es el único factor que tensa la labor de los legisladores. Toparse con retenes les causa resquemor, como a los ciudadanos ‘de a pie’.

En el trayecto por sus municipios, la diputada Pérez Domínguez se topa con dos puestos del Ejército. Uno en Galeana y otro en Cuauhtémoc.

“Yo nunca he tenido problemas, pero sí me topo con expresiones de la gente. En mi caso nunca me identifico como diputada. No me gusta que piensen que como funcionaria puedo saltarme alguna revisión”.

‘No quería bajarme del vehículo’

En el camino de Chetumal, Quintana Roo, a Cancún, la diputada priista Susana Hurtado fue detenida por un retén. Eran las 10 de la noche y ella sólo viajaba con su chofer y un asistente. Eran unos 15 soldados.

–Sálgase por aquí –cuenta la diputada del distrito 1 que le ordenaron. Los uniformados le señalaron una brecha.

–Soy diputada federal –replicó.

–A mí no me importa lo que sea.

La diputada priista Susana Hurtado.

Entonces los militares les ordenaron salir del auto y lo empezaron a revisar.

“Yo no quería bajarme. Ya era muy tarde y me extrañó que nos obligaran a desviarnos del camino y salir del vehículo”.

Aquello sucedió hace poco más de un mes y, cuenta la legisladora, ha sido el único susto que se ha llevado mientras recorre el distrito, cuya cabecera es Solidaridad. Apenas el mes pasado, el alcalde Filiberto Martínez fue blanco de una agresión en el municipio.

Yo voy como cualquier ciudadano. He sabido de empresarios que son acosados por la delincuencia organizada, pero en mi persona, no se ha dado”, cuenta la legisladora durante un momento libre de la sesión en el Pleno.

Nuevo Laredo, sin problemas

Donde ya no quedan ni empresarios que extorsionar es en Ciudad Mier, Tamaulipas. Cuando la diputada Cristabel Zamora visita su distrito –que abarca también Nuevo Laredo, Ciudad Guerrero, Miguel Alemán y Camargo—nota la tensión, el desaliento y el abandono, que ella llama “desplazamiento interno”.

“Mucha gente dejó de radicar temporalmente en Ciudad Mier”, reconoce. Si bien asegura que entra a la región ribereña del estado sin mayor problema, sí acepta que todos los viajes se hacen de día. Cuando no le alcanza el tiempo, procura estar en contacto con sus representados “por medios alternos”.

Donde a pesar del narcotráfico trabaja sin sobresaltos es en Nuevo Laredo, su tierra. Ahí, asegura, su oficina de enlace legislativo sigue abierta y en calma. “Yo no tengo ningún problema y espero no tener ningún incidente que restrinja los viajes a mi distrito. Cuando voy, lo hago como cualquier otro ciudadano”.

‘Corremos los mismos riesgos que cualquier persona’

Retén de soldados y policías en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Quien rechaza que los diputados vivan un mayor riesgo que los ciudadanos comunes sólo por ser figuras públicas es el perredista por Guerrero Armando Ríos Piter.

El también coordinador bancada en San Lázaro cree incluso que plantear esa situación es ofensivo para los ciudadanos. (“Como si nosotros fuéramos algo diferente”, machaca vía telefónica).

“Como diputados, nuestro trabajo es escuchar a la gente, estar en reuniones de trabajo. Me preocupa que se quiera plantear que somos algo distinto. Corremos los mismos riesgos que corre cualquier otra persona”.

En una pausa mientras visita su estado, el diputado niega haber enfrentado riesgo alguno cuando viaja a su distrito; el número 3 con cabecera en Zihatanejo. Asegura que cuando debe entrar a la zona, lo hace sin esquemas de seguridad complejos, a pesar del precedente que sentó la muerte de Moisés Villanueva en ese mismo estado.

“La muerte de un diputado, lo que evidencia es que la violencia golpea por igual a todo tipo de ciudadanos. Hay que condenar la inseguridad y acabar con ella”.

‘Cuando te toca, te toca’

“Jamás he tenido algún problema y en mi distrito me la paso muy feliz”. Al describir su zona con tal alegría, parece que el diputado Luis Alejandro Guevara no representa a Ciudad Mante, Tamaulipas. Municipio donde las balaceras prácticamente han dejado de sorprender.

Cuando se le pregunta si entra con escoltas, rápidamente se apresura a negarlo. “Si yo las trajera, generaría más desconfianza entre la ciudadanía”.

El legislador por el distrito 6 asegura que cuando viaja a su estado siempre se deja ver en lugares públicos. Incluso se arriesga a decir que cuando visita Ciudad Victoria, otro punto álgido de Tamaulipas, no siente riesgo.

El legislador asegura que cada semana visita el distrito 6 y presume haber terminado una gira en días pasados. La muerte del diputado Moisés Villanueva en Guerrero, dice, es un hecho extraordinario y que refleja una realidad regional.

–En el ‘tocadero’, al que le toca, le toca.

–Pero visto así, Tamaulipas es también un ‘tocadero’, diputado

–No creo. Yo no lo veo así.

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Bukele contra las maras: policías denuncian que los obligan a cumplir cuotas de detenciones en la guerra contra las pandillas

Representantes del gremio policial advierten que la detención masiva de pandilleros es una “bomba de tiempo” para un sistema carcelario que ya está sobrepoblado.
19 de abril, 2022
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Los policías capturaron a dos mujeres sospechosas de colaborar con las pandillas en El Salvador. Cuando las trasladaban en una patrulla, el inspector dijo a los agentes que incluyeran en su reporte a tres personas arrestadas en otros operativos como parte del régimen de excepción que aprobó el Congreso a finales de marzo para combatir a las maras.

Los agentes se negaron. El inspector advirtió que si no acataban la orden de presentar a los cinco detenidos dentro de un mismo procedimiento, serían enviados al otro extremo de El Salvador.

Finalmente fueron trasladados y los agentes lo denunciaron en un informe enviado a Marvin Reyes, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Policía, y al que tuvo acceso BBC Mundo.

Reyes explica a BBC Mundo que ese incidente fue el detonante que llevó al sindicato de la policía salvadoreña a denunciar que los jefes policiales exigen cuotas diarias de arrestos a sus agentes en un momento en el que el gobierno del presidente Nayib Bukele se propone capturar a 20.000 miembros de pandillas.

Bukele reclamó al Congreso que aprobara un régimen de excepción, que entra en su cuarta semana, y a modificar el código penal tras el aumento de homicidios el último fin de semana de marzo.

Esas medidas forman parte de lo que Bukele llama “guerra contra las pandillas” y por la que asegura que ya han sido detenidas 10.000 personas.

El sindicato policial asegura haber recibido 15 denuncias de imposición de cuotas de detención en seis de los 14 departamentos que conforman el país.

En BBC Mundo hablamos con Marvin Reyes, que denuncia las presiones pero comparte las medidas impulsadas por Bukele y el Congreso, de mayoría oficialista, contra las maras.

BBC Mundo solicitó al gobierno de Bukele y al comisionado de la Policía, Mauricio Arreaza Chicas, un comentario sobre la denuncia pero hasta el momento de la publicación no obtuvo respuesta.


Marvin Reyes

Marvin Reyes
Marvin Reyes es el secretario general del movimiento de trabajadores de la Policía Nacional Civil de El Salvador.

¿Qué está pasando con las detenciones de los pandilleros durante el régimen de excepción?

Algunos oficiales que dirigen unidades policiales en diferentes partes del país están imponiendo cuotas de detenidos por día. Por ejemplo, en el municipio de Ciudad Delgado, en San Salvador, le están imponiendo a cada patrulla seis detenidos por día. Los compañeros que están en esa zona dicen que no pueden llegar a veces a ese número porque ya no hay pandilleros allí, han huido a otros sectores para esconderse.

No estamos en una competencia para ver qué unidad policial captura más pandilleros. El objetivo de esto es sacar de circulación a aquellos delincuentes que están vinculados a las pandillas. Para eso hay mecanismos, los aparatos de inteligencia ya tienen identificadas las estructuras de las pandillas, los que colaboran con ellos.

Los esfuerzos de los agentes de la policía están enfocados hacia esta gente, pero no para generar un aspecto de presión para que lleguen a un determinado número. En eso no estamos de acuerdo, porque se está empujando al policía a que capture incluso a alguien que no tenga que ver con pandillas, y para llenar ese cupo, meterlo ahí junto con los demás.

¿Qué dicen los jefes policiales? ¿Qué han respondido después de estas denuncias?

Absolutamente nada. No responden, ignoran las denuncias que se están haciendo. Y el director de la policía, el comisionado Mauricio Arreaza Chicas, tampoco responde. Él no está intercediendo por la gente, simplemente está ignorando las acciones que están cometiendo jefes territoriales. El director debería interceder y evitar que se generen estos traslados.

Nayib Bukele

Getty Images
El presidente Nayib Bukele pidió al Congreso aprobar la medida del régimen de excepción.

¿Es verdad que recibieron la orden de detener a los pandilleros de la MS-13 y no a los de Barrio 18?

Es verdad. Hemos recibido muchas denuncias de varios departamentos del país donde los oficiales le han dicho al personal que tienen bajo su mando que no detengan a pandilleros de Barrio 18, no importa si es la facción sureña o revolucionaria. Que se enfoquen en los de la pandilla MS.

No sabemos cuál es el motivo. Los oficiales dicen al personal que son órdenes superiores. Eso es lo único que hasta el momento hemos podido recabar porque no hemos encontrado una razón.

¿Es factible detener a más de 10.000 personas en dos semanas, como ha informado el gobierno?

Sí, porque la policía lleva sus registros de personas detenidas con lujo de detalles.

Manos esposadas.

Getty Images
Los hombres que llevan tatuadas marcas de las pandillas son detenidos en El Salvador.

¿Qué diferencia hay entre el régimen de estado de excepción y otros operativos de seguridad anteriores que se han aplicado para combatir a las pandillas?

El código penal ha sido modificado para que la sola pertenencia a las pandillas sea motivo de delito. Para un miembro de pandillas son 30 años de cárcel. Para un colaborador son 15. Eso no existía antes. Era muy difícil establecer que un sujeto pertenecía a una pandilla, había que reunir alrededor de 12 requisitos por cada pandillero. Ahora es más rápido.

Sabemos que un tipo que anda tatuado claramente pertenece a la pandilla y va preso. Mediante los aparatos de inteligencia de la policía, entrevistas y otros parámetros, se tienen que establecer indicios para determinar la pertenencia a la pandilla de quienes no están tatuados y aplicar la ley.

Aquí hay mucha gente que ha estado colaborando con las pandillas.

Mucha gente ha vivido a expensas de estas colaboraciones y tienen carros y casas lujosas. No se tatúan y pasan como personas normales, pero están colaborando directamente con las pandillas. Esta gente también va presa y lleva 15 años de cárcel.

¿Existe el riesgo de que por ser ahora un proceso más expedito metan presa gente inocente?

Eso es lo que no se debe hacer. En la policía no debe existir el margen de error porque no podemos estar metiendo gente inocente a la cárcel. Es el cuidado que se tiene que tener para establecer plenamente aquellos que no están vinculados a la pandilla.

El Salvador

Getty Images

¿En cuánto se estima la población pandillera de El Salvador?

Estimamos que son alrededor de 70.000 pandilleros solo de la MS a nivel nacional. Hay que multiplicar los colaboradores por cinco o seis. Sobre la 18 hablamos de unos 20.000 a nivel nacional. Hablamos aproximadamente de unos 100.000 pandilleros diseminados por todo el territorio de El Salvador.

¿Qué impacto pueden tener estas detenciones masivas en la población carcelaria?

Esto es una bomba de tiempo. Ya había una sobrepoblación, quizás del 200% o 300% en casi todas las cárceles del país. Y meter a esta gran cantidad de detenidos va a generar más problemas de los que ya tiene el régimen carcelario. Las cárceles no tienen la capacidad ni están diseñadas para albergar a esa gran cantidad de población. Se va a sobresaturar el sistema.

Las autoridades de centros penales tendrán que buscar un mecanismo para contener a toda esta gente. Buscar algún edificio temporal que puedan adecuar rápidamente para mover a tanta gente. Las bartolinas de la policía, las cárceles pequeñas preventivas dentro de cada base policial, son limitadas. Las más grandes pueden contener 125 personas máximo.

Hombre detenidos en una prisión en El Salvador

Getty Images
Marvin Reyes asegura que las detenciones agravarán el hacinamiento carcelario en El Salvador.

¿Es posible que las pandillas aprovechen las cárceles como un espacio para encontrarse y reorganizarse?

Podría ser. Es una gran posibilidad porque el delincuente siempre está buscando la manera de contrarrestar o superar las acciones de las autoridades, sobre todo los planes de seguridad y los métodos carcelarios. Lógicamente ellos van a tratar de causar inestabilidad dentro del sistema penitenciario.


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