3er día de Reforma Política, ¿qué llevan aprobado?
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3er día de Reforma Política,
¿qué llevan aprobado?

Por Francisco Sandoval Alarcón
27 de octubre, 2011
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Votación del Pleno de la Cámara de Diputados. FOTO: Cuartoscuro

Luego que la noche del martes se dio por suspendida la sesión ordinaria en la Cámara de diputados para discutir la Reforma Política y de que ayer se reanudara la discusión alrededor del mediodía, este jueves los legisladores van por el tercer round.

Y es que la tercera sesión en la que se seguirán discutiendo las reservas al dictamen de la Reforma Política, se realizará este jueves a partir de las 10:00 horas, luego que ayer al filo de las 21:30 horas el presidente de la Mesa Directiva, el diputado del PRI, Emilio Chuayffet, levantó la sesión.

La reelección consecutiva de legisladores y alcaldes, mecanismo con el cual grupos ciudadanos aseguran que se podría mejorar la rendición de cuentas de servidores públicos en México, así como destrabar la realización de consultas populares y las iniciativas de ley ciudadanas, fueron los temas que este miércoles los diputados federales debatieron.

En lo que fue el segundo día de sesiones y con poco más de 20 horas de debate acumulado, los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza (PANAL) y Verde Ecologista de México (PVEM), volvieron a hacer gala de su mayoría para votar contra las diferentes modificaciones propuestas por otros  legisladores que públicamente han pedido “mejores” mecanismos de participación ciudadana.

Este jueves, al filo de las 10 de la mañana, los diputados volverán a reunirse para seguir debatiendo otros 13 artículos de la Reforma Política.

Animal Político te presenta los temas que han sido debatidos y rechazados  hasta el momento.

Financiamiento de candidatos independientes (martes)

Se admitió, para su discusión solamente, la propuesta que hiciera el diputado Jaime Cárdenas para tomar en cuenta el tema del financiamiento de candidatos ciudadanos independientes, así como su exposición en medios de comunicación (radio y televisión).

Revocación de mandato (martes)

Con 192 votos a favor, cero abstenciones, 85 ausencias y 219 votos en contra, los diputados del PRI, PAN y PVEM  rechazaron la propuesta del legislador Feliciano Rosendo Marín, para agregar un artículo en el que se le reconoce a los ciudadanos la capacidad de solicitar, a través de un referéndum, el despido de cualquier autoridad elegida democráticamente (revocación de mandato).

El diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, diputado del PAN, fue increpado por el priista Felipe Enríquez Hernández durante la sesión del Pleno.

Durante el debate, los diputados del PRI argumentaron que no era un tema inscrito en la propuesta del Senado, la cual, paradójicamente, había sido modificada en Comisiones Unidas del Congreso, por legisladores del PRI, PVEM y  PANAL,  que haciendo mancuerna para lograr mayoría, transformaron el documento e invalidaron varios artículos que los Senadores, hasta los de sus respectivos partidos, habían debatido y avalado. Fue el caso de la reelección consecutiva de legisladores y alcaldes.

Contrario a sus compañeros de bancada, tres diputados del PRI, Ricardo Ahued Bardahuil; Manuel García Corpus y Miguel Ángel García Granados,  votaron a favor de la revocación de mandato.

Empatar  consultas ciudadanas con elecciones (miércoles)

Con 150 votos a favor; 176 en contra y 1 abstención, diputados del PRI, PVEM y PANAL rechazaron la propuesta que hiciera la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa (PAN), quien pidió empatar las consultas ciudadanas con el día de las elecciones, esto con el fin de reducir costos.

0.13 % de la lista nominal para avalar consultas  (miércoles)

Otra propuesta rechazada con 207 votos  del PRI, PVEM y PANAL, fue la del diputado Jaime Cárdenas (PT) con la que se buscaba “destrabar” la puesta en marcha de consultas ciudadanas, que si bien fue unos de los puntos que todas las fuerzas políticas calificaron como “positivo”, a decir del petista tenía una serie de obstáculos  para su implementación.

Lo que propuso Cárdenas fue lo siguiente: promoción de consultas solicitadas exclusivamente por los ciudadanos y no por ninguna autoridad; Que con el 0.13 por ciento y no el 25 por ciento –como lo aprobó el PRI- de la lista nominal se pueda realizar la consulta; desarrollar la consulta el día de las elecciones; que bastara una mayoría de votos para hacer la consulta vinculante (es decir recomendatoria hacia una autoridad) y que no se excluyera ningún tema de dicho ejercicio, pues en la actual propuesta se prohíben los temas electorales.

Basados enlos porcentajes aprobados,se requerirá de la participación de 20 millones 899 mil personas para avalar una consulta ciudadana a nivel federal, mientras que  Cárdenas proponía que se hiciera con 1 millón 67 mil participantes.

La actual lista nominal del Instituto Federal Electoral (IFE) refiere que en México hay 83 millones 596 personas con credencial de elector.

Reelección consecutiva  (miércoles)

La reelección consecutiva de legisladores y alcaldes fue el otro de los temas rechazados por el PRI y su alianza.

Integrantes de grupos ciudadanos como el movimiento que encabeza el poeta Javier Sicilia y #ReformaPolíticaYa, han señalado públicamente que la reelección consecutiva es un mecanismo que le permitiría a la sociedad medir el trabajo de una autoridad elegida democráticamente, argumentando que con esta acción se podría votar a favor de aquellos alcaldes o diputados que busquen la reelección.

El principio del que parten es sencillo: Si la gente vota por esos servidores públicos es que hicieron buen trabajo, de lo contrario se elige a un nuevo alcalde o legislador.

Marcela Guerra Castillo, diputada del PRI, explicó que la negativa de su partido es porque se trata de tema que requiere ser consultado con los ciudadanos y aún cuando se pronunció a favor de ese punto, expresó que se trata de una figura que podría convertirse en un gestor de  grupos económicos, de presión o del crimen organizado.

Con 171 votos del PAN, PRD, PT y 237 de los representantes del PRI, PVEM y PANAL, así como 9 abstenciones y 83 ausencias, se rechazó la propuesta presentada por el diputado Agustín Torres (PAN) que pedía incluir la reelección consecutiva a la Reforma Política.

Iniciativas ciudadanas con más de un millón de firmas  (miércoles)

Disminuir los requisitos para la presentación de iniciativas ciudadanas, fue otro tema que  priistas, en conjunto con diputados del PANAL y PVEM, rechazaron.

La primera reserva que se presentó sobre ese punto fue la del diputado del PT, Jaime Cárdenas, quien propuso que no se le pidiera al ciudadano un número determinado de firmas  para presentar una iniciativa de ley.

En el dictamen de Reforma Política modificado en Comisiones Unidas, los priistas acordaron que para impulsar una ley los ciudadanos requieren el apoyo del 0.13% de los integrantes del padrón nominal (hombres y mujeres con credencial de elector), lo que representa un millón 86 mil 751 de adherentes, si tomamos en cuenta que el listado en México es de 83 millones 596  mil personas.

Con 70 votos a favor, 325 en contra y 3 abstenciones, se rechazó la iniciativa de Cárdenas, así como también se desechó, con 165 votos a favor, 213 en contra y 10 abstenciones, la propuesta del diputado Arturo Santa (PRD), de disminuir esa cifra a 0.065%, es decir a 543 mil 375 adherentes.

Algunos de los temas que quedaron pendientes de debate y que están incluidos en 13 artículos son:

La sustitución presidencial que propone que así sea en caso de falta o incapacidad absolutas del Presidente de la República; el mecanismo para que el Presidente rinda protesta de ley ante el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en caso de que no existan condiciones para que lo haga ante el Congreso de la Unión; la iniciativa preferente, para que el Ejecutivo pueda presentar dos proyectos al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, así como el aumento de 30 a 40% de la votación en la capital del país para hacer valer la llamada cláusula de gobernabilidad en la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

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Qué resultados tuvo la nacionalización del litio en Bolivia (y por qué AMLO pidió su asesoría)

Ha pasado más de una década desde que Evo Morales anunció que el Estado se haría cargo de potenciar una industria del litio. ¿Qué ha ocurrido en estos años y qué está haciendo el país para aprovechar la alta demanda del mineral?
30 de abril, 2022
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Han pasado 14 años desde que el gobierno de Evo Morales nacionalizó el litio en Bolivia, el llamado “oro blanco” que se ha convertido en uno de los metales críticos para la fabricación de baterías eléctricas o el almacenamiento de energías renovables.

Es tan codiciado que las proyecciones de expertos estiman que su precio podría subir exponencialmente en los próximos 20 años en medio de la transición energética que está experimentando el mundo para reducir las emisiones contaminantes.

Y ahora que la guerra en Ucrania le ha dejado en claro a Occidente que es peligroso depender del gas y el petróleo que exporta Rusia, hay una acelerada carrera por conseguir aquellos metales necesarios para electrificar las economías.

Siendo parte de los metales considerados como “el nuevo petróleo” del siglo XXI, la producción de litio pasó a ser en 2008 un producto manejado por el Estado de Bolivia con el objetivo de que la riqueza de su venta beneficiara a todos los bolivianos.

A más de 6.000 kilómetros de distancia, el gobierno mexicano puso sobre la mesa hace unos días el plan de nacionalizar el codiciado recurso reformando la Ley de Minería para que el litio sea explotado “únicamente por el Estado”.

El blindaje al litio mexicano

“No saben (…) la ambición que despierta en las grandes potencias porque es un mineral estratégico para el desarrollo del futuro”, dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando presentó su propuesta.

La reforma estipula que “la exploración, explotación y aprovechamiento del litio estarán exclusivamente a cargo del Estado”, que será patrimonio de la nación y “se reserva para beneficio exclusivo del pueblo de México” por lo que “no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia”.

AMLO

Gobierno de México
El presidente de México ha dicho que busca asesorarse con el gobierno de Bolivia.

En 2008 Bolivia inició un viaje parecido. El gobierno de Morales apostó porque el Estado manejara toda la cadena productiva sin intervención de empresas extranjeras, un modelo de negocios muy diferente al del gas natural, donde se han hecho alianzas con firmas que tienen un 49% de participación en el negocio, mientras que el 51% restante queda en manos del Estado.

Pero con el litio intentaron controlar toda la cadena, con la promesa de que Bolivia crearía fábricas de baterías y hasta autos eléctricos.

La imagen podría haber sido un Tesla versión boliviana al lado del salar de Uyuni.

Pero no fue así.

Ahora, el presidente Luis Arce, ha trazado un nuevo rumbo para, después de muchos años de intentos fallidos, concretar las alianzas estratégicas con empresas privadas extranjeras que ofrecen la tecnología necesaria para que despegue el negocio.

Luis Arce.

Getty Images
Luis Arce, presidente de Bolivia, recibirá propuestas de ocho empresas extranjeras para el desarrollo del litio.

Según dijo AMLO, su gobierno le ha pedido asesoría a Bolivia para desarrollar su propio negocio estatal del litio sin participación de empresas extranjeras.

Pero… Bolivia está -en este preciso momento- trabajando con empresas extranjeras en el desarrollo de negocios compartidos.

Las ocho empresas interesadas en participar están analizando las muestras del mineral con el fin de presentar sus propuestas en las próximas semanas y el gobierno tiene previsto el anuncio de los ganadores de los contratos hacia fines de mayo.

¿Cuál será el tipo de asesoría que le entregará el gobierno boliviano al mexicano? Por ahora no está claro.

Un “botín de guerra”

Morales tenía un plan ambicioso: contar para 2015 con toda una industria de baterías y automóviles eléctricos en el país.

Ese objetivo no se consiguió, como tampoco se logró que Bolivia exportara grandes cantidades de cloruro de potasio y carbonato de litio, los dos principales productos de litio que el país vende en el mercado internacional.

Salar de Uyuni, Bolivia.

Getty Images

“La estrategia falló”, le dice a BBC Mundo Juan Carlos Zuleta, analista de la economía del litio y consultor internacional.

“No funcionó porque faltaban los recursos humanos calificados, la tecnología, la estrategia y la voluntad política”, agrega.

Bolivia solo produce 500 toneladas al año de litio, una cantidad que Zuleta considera muy baja para que pueda poner un pie firme en el mercado.

Uno de los problemas, apunta, es que los gobiernos han tomado al litio como un “botín de guerra” con una perspectiva más política que técnica y con un gasto cercano a los US$800 millones que no ha dado los frutos que se esperaban

Una prueba contundente del fracaso, argumenta el experto, es que el actual gobierno boliviano cambió drásticamente el rumbo de lo que venía haciéndose en el país, convocando a ocho empresas extranjeras para hacer una explotación compartida del metal.

Si bien es cierto que durante los gobiernos de Evo Morales hubo acercamientos con firmas privadas, los acuerdos comerciales no llegaron a buen puerto.

“Tecnologías mucho más ecológicas”

“La nacionalización del litio en Bolivia ha sido una buena idea pero el proceso ha tardado demasiado“, señala Diego Von Vacano, catedrático de Ciencia Política en la universidad Texas A&M University, Estados Unidos, y colaborador externo del actual gobierno.

“Con el gobierno de Luis Arce el tema se ha comenzado a tomar en serio. Lo que no se logró en más de una década se avanzó en un año”, le dice a BBC Mundo.

Salar de Atacama, Chile

Getty Images

Von Vacano explica que los gobiernos anteriores hicieron esfuerzos por sacar adelante el desarrollo del litio en beneficio de los bolivianos, pero que no contaban con la tecnología necesaria para lograrlo.

De hecho, sostiene, ni siquiera existía la tecnología necesaria para extraer el litio de la salmuera boliviana, la cual es muy diferente a la que existe en otros países.

Recién en los últimos tres o cuatro años, explica, “han surgido nuevas tecnologías mucho más ecológicas”.

Desde otra perspectiva, Von Vacano sostiene que los gobiernos anteriores centraron sus esfuerzos en otras prioridades como, por ejemplo, el desarrollo de la industria del gas natural.

“Creo que ahora realmente va a despegar la industria del litio en Bolivia para aprovechar las ventanas de oportunidades”.

¿Por qué AMLO le pidió asesoría a Bolivia?

La reforma a la Ley de Minería propuesta por el gobierno mexicano dice que “la minería en México ha representado en los últimos 30 años, como nunca en la historia de México, la sobreexplotación de los yacimientos mineros a favor de intereses particulares, principalmente extranjeros”.

Para la nacionalización del litio, la reforma contempla que “un organismo público descentralizado” se encargue de su exploración, explotación y aprovechamiento del mineral.

Batería eléctrica de auto

Getty Images
El litio es uno de los elementos clave para fabricar baterías eléctricas.

Beatriz Olivera, directora de la organización social Engenera, plantea que AMLO le ha pedido asesoría a Bolivia por su larga experiencia en la extracción y procesamiento de litio y también por una cuestión de afinidad política.

“La apuesta es que el gobierno mexicano tenga un control total del mineral en la exploración, extracción y procesamiento. Esto se debe en parte, a las fuertes críticas que ha hecho el presidente a las empresas mineras privadas que están plenamente justificadas”, dice Olivera.

El problema, apunta, es que las empresas privadas en México tienen una regulación minera que les favorece, “incluso por encima de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

“El presidente ha dicho que son empresas que contaminan y no le dejan nada al país. Incluso no pagan impuestos”, explica.

Salar de Jujuy, Argentina.

Getty Images
Argentina desarrolla su industria para hacer más eficiente la producción de los químicos del litio.

Respecto al ejemplo de Bolivia, Olivera dice que si bien el proyecto del gobierno no contempla alianzas con empresas privadas, quizás éstas puedan desarrollarse en el futuro.

Mirando el caso boliviano, Carlos Aguirre, académico de la Universidad Iberoamericana especialista en tratados y comercio internacional, señala que el gobierno del país sudamericano “finalmente recapacitó” y entendió que el desarrollo de experiencia y de tecnología requiere de recursos de los que no necesariamente dispone el Estado.

Argentina y Chile, por ejemplo, que también se han reservado la titularidad del Estado sobre la explotación del litio, sí han concretado asociación con particulares para poder llevar a cabo la producción.

El resultado es que esos países, especialmente Chile, “se encuentran entre los principales productores de litio del mundo. Bolivia, con una extensión mayor de reservas, no se encuentra en ese listado”, señala Aguirre.

Auto eléctrico

Getty Images
El mercado de autos eléctricos ha aumentado rápidamente. Sus baterías requieren litio.

En eso coincide Francisco Ortiz, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana.

A su juicio, AMLO anunció la búsqueda de asesoría en Bolivia porque “es un mensaje propagandístico, un mensaje más ideológico que con fundamentos técnicos”.

Desde un punto de vista publicitario, apunta, “es un discurso muy bueno para sus seguidores” por el acercamiento a otros gobiernos de su misma línea.

Ortiz espera que la nacionalización del litio en México no termine como la experiencia de la petrolera estatal Pemex.

“Pemex tiene una deuda gigantesca. La riqueza ha generado pobreza, ha generado deudas por una mala administración. El riesgo es que con el litio tengamos otro Pemex“.


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