El gobierno mexicano rechazó de manera categórica que la Estrategia Nacional de Seguridad pueda constituir un crimen internacional y que, por el contrario, ésta se apega al Estado de derecho y su fin es llevar a los delincuentes ante la justicia.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio respuesta así en un comunicado emitido por la noche, al anuncio de un grupo de ciudadanos, quienes dijeron que solicitarían frente a la Corte Penal Internacional (CPI) una denuncia contra el Presidente Felipe Calderón, sus altos mandos militares y civiles, así como a los narcotraficantes por “crímenes de guerra y de lesa humanidad.”
En la respuesta de seis puntos, la cancillería “rechaza categóricamente” que la política de seguridad en el país pueda constituir un crimen internacional.
También señala que el gobierno de México está convencido de que sólo mediante el cumplimiento de la ley se podrá acceder a la justicia y alcanzar un clima de seguridad que todos los ciudadanos reclaman.
“En coordinación con los tres órdenes de gobierno y los Poderes de la Unión, se ha desplegado un esfuerzo sin precedentes para fortalecer el Estado de Derecho y las instituciones de seguridad y de justicia” en los tres órdenes de gobierno, apunta.
Luego de detallar que el compromiso del gobierno con la protección de los derechos humanos es indeclinable, expone que en los últimos cinco años se ha logrado la mayor ampliación de derechos fundamentales en México.
Califica a la reciente reforma constitucional como un paso trascendental que establece la obligación de todos los órdenes de gobierno para prevenir, investigar, castigar y reparar las violaciones en la materia y fortalece a la CNDH.
Además, señala, hay nuevas leyes de migración y refugiados, así como reformas en justicia penal y amparo. Todo ello promovido por el gobierno federal como avance en la certeza jurídica de los ciudadanos ante la autoridad.
El cuarto punto indica que México firma los instrumentos internacionales de derechos humanos y asume la responsabilidad de promover una comunidad internacional segura, democrática, donde se hagan valer el Estado de derecho y los derechos humanos.
Por ello, se ha mantenido la cooperación con los órganos internacionales en la materia y se han extendido invitaciones a todos ellos, además de numerosos programas de cooperación, dice el comunicado.
“Hacer un llamado a que el Fiscal de la Corte Penal Internacional analice la situación de México es presentar de manera equivocada la realidad nacional”, afirma la cancillería.
Explica que la jurisdicción de esa Corte es complementaria a las jurisdicciones penales nacionales. Se justifica la acción de la Corte sólo cuando un Estado no puede o no quiere ejercer acción penal para castigar ciertos crímenes. Ninguno de estos dos supuestos aplica.
“En nuestro país la sociedad no es víctima de un gobierno autoritario o de abusos sistemáticos por parte de las fuerzas armadas”, aclara.
Esto, porque el Estado mexicano actúa conforme a derecho en el combate a las todas las organizaciones criminales que, dada la diversificación de los delitos que cometen y el alto poder de fuego de sus integrantes, ponen en riesgo la seguridad y tranquilidad de las familias, anota.
Insiste que en México se vive un Estado de derecho donde se combaten sin distinción el crimen y la impunidad, y el Estado actúa contra las organizaciones criminales, lo mismo que contra malos servidores públicos “que han dado la espalda a sus deberes”.
De hecho, es prioridad para el gobierno la atención de las víctimas u ofendidos de delitos, y muestra de esto es la reciente creación de Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos.
El comunicado concluye con el señalamiento de que, para el gobierno, el compromiso con las autoridades locales y la sociedad, es indeclinable en la lucha común contra las organizaciones criminales.
En contexto
Ayer, un un grupo de abogados, periodistas, académicos, defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil expusieron las razones que serán presentadas en La Haya frente a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar al Presidente Felipe Calderón, a sus altos mandos militares y civiles, así como a los narcotraficantes por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Entre las razones expuestas en una petición, disponible en línea, se lee:
“Felipe Calderón declaró el inicio de una “guerra” contra el narcotráfico, el 11 de diciembre de 2006, que ha resultado en la muerte de más de 40 mil seres humanos en los últimos 4 años. Para ello se ha valido de las fuerzas policíacas, el Ejército y Marina mexicanas. El uso del Ejército en operativos contra el narcotráfico comenzó varios años atrás pero se intensificó en este período. Calderón ha ordenado continuar con dicha guerra a pesar de que organismos internacionales le han solicitado dejar de emplear al Ejército en funciones que deberían desarrollar los cuerpos policíacos (Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, informe preeliminar, marzo 2011). Tan sólo en 2010 este conflicto armado ha causado más muertes que la guerra emprendida por los Estados Unidos de Norteamérica en Afganistán y Paquistán (Barómetro de Conflictos, Universidad de Heidelberg Alemania) y ha dejado también más desplazados, esto es, alrededor de 120 mil personas debido a la violencia generalizada (Internal Displacement Monitoring Center 2010). La situación de los jóvenes y niños es particularmente vulnerable: mil 226 de los muertos que perecieron en fuego cruzado o ataques directos, de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, son niños, niñas y adolescentes (Red por los Derechos de la Infancia en México). ”
Asimismo, los convocantes consideran que “México vive un estado de emergencia y atraviesa por la crisis humanitaria más dramática de su historia”, así como que el país vive una “ impunidad estructural en la que únicamente el 12% de los delitos son denunciados y el 8% investigados.”
La petición de juicio al presidente de México continúa abierta y hasta el momento ha sido firmada en línea por 12 mil 141 personas, aunque se estima que lleva más de 20 mil firmas recaudadas; entre los signatarios destacan Julio Scherer Ibarra (Jurista, periodista y autor), John M. Ackerman (Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM), José Rosario Marroquín (Director, Centro de Derechos Humanos “Pro Juárez”), Irma Eréndira Sandoval (Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM), Edgardo Buscaglia (Abogado, investigador y consultor de la ONU) y Epigmenio Ibarra (Presidente, Argos Comunicación).
Aquí el video de la conferencia “Felipe Calderón a la Corte de la Haya”:
Con información de Notimex.
