Excélsior publica hoy que la Procuraduría General de la República (PGR) inició una averiguación previa en contra de tres personas que tenían secuestrados en una casa de seguridad en el municipio de Piedras Negras, Coahuila, a 61 personas a las que pretendían obligarlas a trabajar para el grupo delictivo de Los Zetas. A través del agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la delegación en Coahuila, inició la averiguación previa AP/PGR/COAH/PN-II/085/DD/2011 contra Carlos Ricardo Bautista Puga, Miguel Ángel Flores Riojas y Javier Reyes Puente por su probable responsabilidad del delito de violación a Ley de Migración, en la modalidad de tráfico de personas, luego de la puesta a disposición por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con los hechos, elementos militares al realizar un patrullaje  sobre la calle Xicoténcatl, en la colonia El Cenizo, en el municipio de Piedras Negras, en dos inmuebles marcados con los números 1134 y 1136, detuvieron a las tres personas mencionadas, quienes tenían en el interior a 61 personas, entre ellos, uno de origen hondureño, quien fue remitido al Instituto Nacional de Migración (IMM). Luego de que elementos del Ejército mexicano lograran el rescate de las 61 personas, la PGR precisó que se inició el proceso de consignación en contra de  Carlos Ricardo Bautista Puga, Miguel Ángel Flores Rioja y Javier Reyes Puentes por el delito de tráfico de personas luego de que mantuvieran privadas de su libertad a 60 mexicanos y un hondureño.

Los indiciados fueron señalados como las personas que cobrarían cantidades que oscilaban entre los 600 y tres mil dólares por cruzarlos de manera ilegal a Estados Unidos de Norteamérica. Las personas eran interceptadas en las afueras de la central de autobuses de esa misma ciudad, a quienes les ofrecían llevarlos a diferentes ciudades estadunidenses por distintas cantidades de dinero. Los inculpados quedaron a disposición del Fiscal de la Federación, quien continúa con la indagatoria correspondiente a fin de robustecerla, para que en el término constitucional se ejercite la acción penal correspondiente.

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