Puebla, Pue. La iniciativa que presentó el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, para modificar la pena por el delito de aborto de encarcelamiento a “un tratamiento médico integral” en una institución de salud por un periodo no menor a 30 días fue cuestionada por grupos de defensa de los derechos sexuales y reproductivos en la entidad bajo la consigna de “ni criminales ni locas”.
En cuanto se conoció la propuesta, organizaciones como Ddeser y el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos enviaron un comunicado criticando que aún con las modificaciones “el aborto continúa considerándose un delito y sigue siendo una decisión que queda en manos de jueces, médicos y legisladores, ignorando los derechos humanos de las mujeres.”
“Esta ‘gradual despenalización’ donde se cambia la sanción privativa de libertad por tratamiento psiquiátrico, oculta una profunda doble moral que por una parte sigue ‘cediendo permisos’ a las mujeres pero no reconociendo derechos”.
Al respecto, exlegisladoras del Partido Convergencia –hoy llamado Movimiento Ciudadano– como Susana Wutto y Martha Tagle, también cuestionaron la propuesta desde sus cuentas de Twitter.
Y es que el documento que puede descargarse desde la página de internet del Congreso local modifica el Código de Defensa Social para eliminar la prisión de seis y hasta cinco años de prisión (para la pena mínima tienen que concurrir tres circunstancias: “Que no tenga mala fama; que haya logrado ocultar el embarazo; y que éste no sea fruto de matrimonio”) a cambio del tratamiento psicológico a las mujeres que aborten o permitan que un tercero se los practique.
Entrevistada, Natalí Hernández, integrante de Ddeser Puebla sostuvo que la propuesta nada tiene de “progresista, el tema es que se continúa considerando el aborto un delito, que las mujeres continuaran teniendo un expediente penal, lejos se transitar por la ruta señalada por los tratados internacionales que recomiendan la ampliación de las causales para permitir el aborto y el ofrecimiento real de las instituciones públicas de los servicios para estas causales, incluso el relator de la ONU que recientemente visitó México exhortó a nuestro a país a no criminalizar a las mujeres y proveer servicios de aborto legal y seguro”.
Y recordó que de las cuatro causales para permitir legrados legales que actualmente se reconocen en las leyes poblanas sólo se ha reglamentado el procedimiento en el caso de violación, las otras tres (malformación genética, imprudencia de la mujer embarazada y cuando de no provocarse el aborto la mujer embarazada corra peligro de muerte) se mantienen en un limbo jurídico.
Por su parte, Marco Antonio Moreno, integrante de Radar 4, la red nacional de abogados y abogadas en la defensa de la reproducción elegida, calificó de positiva la eliminación de las atenuantes, “que eran atenuantes muy misóginas. Esta cosa de tener buena fama y ocultar el embarazo, eso fue un gran avance. Eliminar la pena de cárcel también es de reconocerse”.
Aunque, al igual que las integrantes de Ddeser, insistió en que “cambiar la pena de cárcel por tratamientos psiquiátricos y médicos es seguir manteniendo sus cuerpos a una sanción penal”.
Y señaló que el derecho penal si bien “es la herramienta que tiene el estado para guardar el orden social”, su uso “no restituye el tejido social, siempre ha sido de un derecho de venganza”, por eso consideramos que la ruta que se siguió en el Distrito Federal es hasta el momento la mejor ruta, al ampliar las causales (de excepción) se amplía las garantías”.
Las dos iniciativas
La iniciativa del mandatario estatal generó varias molestias entre los legisladores locales y no por posturas ideológicas sino porque fue modificada después de ser entregada.
El primer documento que fue entregado a los legisladores y que fue filtrado a los medios desde el jueves pasado contemplaba la propuesta de mantener la pena de cárcel a las mujeres reincidentes y la aplicación de una multa, por la noche el vocero del estado, Sergio Ramírez Robles, salió a tratar de contener las críticas y cuestionamientos que se habían lanzando desde las redes sociales a la iniciativa.
Aunque reconoció que para ese momento el documento en cuestión no estaba en sus manos y sería hasta el día siguiente que se haría público, situación que fue cuestionada por el diputado José Juan Espinosa Torres.
Las cifras del aborto
Seis de cada cien muertes maternas que se registraron en Puebla entre el 2002 y el 2008 llevan el sello de abortos mal practicados o insalubres. La cifra podría parecer menor pero no lo es. A nivel nacional, excluyendo el Distrito Federal, los datos que reporta el Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi) y la Secretaría de Salud, son muy similares, pero representan apenas una pincelada de un problema de salud pública sobre el que difícilmente se conocen con precisión las dimensiones.
Un estudio realizado por el Colegio de México, el Guttmacher Institute y la oficina en México del Population Council, presentado en el 2008, concluye que en nuestro país se realizan anualmente 33 abortos inducidos por cada mil mujeres, una tasa superior al promedio de 31 procedimientos que se reporta para toda América Latina.
Y si a nivel América Latina el indicador en México ya es alto, en el comparativo con los Estados Unidos (EU), donde el recurso médico es legal, la diferencia es profunda: apenas 19 por cada mil mujeres, es decir, 40% menos que en territorio mexicano.
Otra diferencia importante entre los dos países es la seguridad del procedimiento. En Estados Unidos, menos de 0.3% de las pacientes de aborto tienen complicaciones que requieren hospitalización. En claro contraste, 17% de las mujeres mexicanas que recurrieron a abortos en 2006 requirieron tratamiento por complicaciones en hospitales públicos.
El mismo estudio revela que a nivel regional, Puebla se ubica dentro de los estados con la tasa de incidencia más alta de todo el país: 36 abortos por cada mil mujeres, casi el doble que en el vecino país del norte.
El documento también da a conocer que el porcentaje de mujeres que previenen la posibilidad del embarazo utilizando métodos anticonceptivos en la región centro, donde se ubica a Puebla, es apenas del 67%, lejos del 81% que se registró en el Distrito Federal, en donde además desde abril de 2007 la interrupción legal del embarazo (ILE)
