Reporte HRW: Desapariciones forzadas en Ciudad Juárez
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Reporte HRW: Desapariciones forzadas en Ciudad Juárez

Luego de dos años de investigaciones en cinco estados de la República Mexicana, la organización internacional de defensa de derechos humanos Human Rights Watch documentó, en el marco de la guerra contra el narcotráfico declarada en 2007 por el presidente Felipe Calderón, 39 casos de desaparición forzada a manos de cuerpos de seguridad gubernamentales, y otros 24 de ejecuciones extrajudiciales.
Por Paris Martínez
11 de noviembre, 2011
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Operativos en Ciudad Juárez, Chihuahua. FOTO: AP

Día cero…

Juan Carlos, Dante, Raúl, y Félix, todos de entre 22 y 28 años, circulan por una calle de Ciudad Juárez, a bordo de una camioneta pick-up, cuando observan que varios policías municipales golpean a un adolescente. Los jóvenes detienen la marcha e interceden en favor del menor.

Uno de ellos, incluso, interpone su cuerpo entre los policías y el niño, pero recibe, en reprimenda, un culatazo en la cabeza que lo tira al suelo.

El agente que tira el golpe, empuña luego su arma, apunta y dispara dos veces. Las balas dan en el suelo.

Los jóvenes huyen de los agentes, que pertenecen al Grupo Delta, la fuerza de élite de la Policía Municipal juarense, que suelen surcar en convoy la urbe fronteriza, con el dedo en el gatillo y apuntando a todos.

Son las 7 de la noche del 26 de marzo de 2011, ha pasado una hora desde el pleito y todavía hay gente en la calle, que atestigua cómo cinco patrullas emparejan una camioneta pick-up, tripulada por cuatro jóvenes, que son arrestados por los uniformados.

El convoy de la policía parte, llevándose también la camioneta de los detenidos, que es encontrada cinco horas después, debajo de un puente. Las placas le fueron retiradas y las llaves quedan en el suelo.

De los tripulantes, nada se sabe.

Uno, dos, tres días después…

Tan pronto despunta el día, Rosa, la madre de Juan Carlos y Dante, parte a las distintas agencias de la Policía Municipal, la Policía Federal, la Procuraduría de Chihuahua y la PGR de Ciudad Juárez, para reclamar información sobre el paradero de sus hijos y los dos amigos que los acompañaban. En cada una, la mujer recibe una negativa y, cuando pide levantar una denuncia formal por desaparición forzada, el Ministerio Público estatal le sugiere volver al día siguiente.

No es Rosa, sino Armida, la hermana de Juan Carlos y Dante, quien se presenta 24 horas después, para reclamar que se inicie la averiguación previa, además de contactar a la Sedena y la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, en la Ciudad de México, en busca de ayuda.

Nadie responde.

Sólo hasta el tercer día después del rapto de los jóvenes, un juez federal concede un amparo, por la omisión de la Procuraduría estatal de iniciar indagatorias, lo que permite que funcionarios judiciales visiten varias estaciones de la Policía Municipal, buscando a las víctimas, sin resultado.

Trece días después…

El alcalde Héctor Murguía Lardizábal, bajo cuya orden opera el Grupo Delta, promete una indagatoria seria, pero ningún funcionario contacta a los testigos del arresto, sino que son familiares de los jóvenes desaparecidos quienes emprenden su localización y los convenen de rendir testimonio.

Gracias a ellos, los policías Francisco Javier Campoy, Leonardo Iván Loya y Eugenio de los Santos de Cuest son detenidos el 8 de abril (aunque hay evidencias contra otros 12 uniformados), en una investigación que es encomendada al agente del Ministerio Público estatal Mario Ramón González.

Ese mismo día, los sesenta integrantes del Grupo Delta avanzan en convoy por las calles de Juárez, todos arma en mano, encapuchados y vistiendo sus uniformes oscuros. Casi ceremonialmente, escoltan hasta el Ministerio Público a sus tres compañeros acusados por la desaparición forzada de los jóvenes.

Horas después, al volver a su casa, Mario Ramón es asesinado.

Diecinueve días después…

El 14 de abril de 2011, los tres agentes del Grupo Delta tienen su primera audiencia ante el juez que se encargará de determinar si son culpables por el delito de desaparición forzada.

La audiencia, sin embargo, se interrumpe. Algo ha pasado, algo que deja sin materia este procedimiento judicial: los cuatro jóvenes desaparecidos han sido hallados.

A tres les han cortado el cuello y uno más murió estrangulado.

Todos presentan huellas de tortura.

Veinte días después…

Aunque el asesinato de los jóvenes está plenamente vinculado con su desaparición, ninguno de los tres policías implicados es responsabilizado por este delito, sino que se abre una investigación aparte por el multihomicidio, sin acusados.

Los tres agentes implicados únicamente enfrentan juicio por desaparición forzada, robo de vehículo, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública. Los otros 12 contra los que hay pruebas, nunca son investigados ni separados de sus cargos.

Seis meses después…

Es octubre de 2011 y la investigación sigue paralizada. En este tiempo, dos familiares de los cuatro jóvenes han sido asesinados, sin que se tenga pista de los autores, mientras que el resto de las personas allegadas a las víctimas han sido espiadas, vigiladas y perseguidas por agentes de la Policía Municipal.

Hoy, prácticamente todos los familiares de Juan Carlos, Dante, Raúl y Félix han huido de Ciudad Juárez.

Un mes antes, en septiembre, el alcalde Murguía Lardizábal fue cuestionado por la prensa en torno a la permanencia de Julián Leyzaola (quien previamente había sido acusado de practicar la tortura) al frente de la Policía Municipal.

El alcalde priista respondió: “No tengo ninguna denuncia contra Leyzaola sobre derechos humanos. Y, sin en el pasado se tomó una Pepsi en un lugar equivocado, de eso yo no tengo conocimiento…”

El presente…

Luego de dos años de investigaciones en cinco estados de la República Mexicana, la organización internacional de defensa de derechos humanos Human Rights Watch documentó, en el marco de la guerra contra el narcotráfico declarada en 2007 por el presidente Felipe Calderón, 39 casos de desapariciones forzadas a manos de cuerpos de seguridad gubernamentales y otros 24 asesinatos extrajudiciales.

En ambos tipos de abusos por parte de las fuerzas de seguridad (Ejército, Marina o policías), HRW concluyó que “es habitual que los funcionarios judiciales no inicien investigaciones en los días posteriores a la recepción de las denuncias”, así como la falta de indagatorias exhaustivas e imparciales, en el caso en que éstas son abiertas.

Tal como en los casos de detenciones ilegales y tortura, la agrupación internacional sugiere al gobierno mexicano (en el estudio que resume sus investigaciones, titulado Ni seguridad ni derechos, ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico” de México, llevar a cabo investigaciones imparciales e inmediatas cuando son denunciados casos de desaparición o asesinato extrajudicial.

Asimismo, se recomienda dejar de turnar estas denuncias a la justicia militar, cuando éstas implican a soldados en la comisión de estos delitos; además de desarrollar un protocolo de investigación expedita, para reportes de desaparición, que elimine periodos de espera entre el reporte y el inicio de la búsqueda.

En el caso específico de asesinatos extrajudiciales, se recomienda capacitar a equipos de expertos que puedan ser convocados inmediatamente, cuando se descubran fosas comunes o cuerpos no identificados.

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Infusión de anticuerpos, nueva terapia que salva la vida de pacientes con COVID grave

Los anticuerpos monoclonales, aplicados por medio intravenoso, reducen el riesgo de muerte de aquellos que tuvieron que ser hospitalizados por la enfermedad, así como su tiempo de internamiento o la probabilidad de necesitar un respirador.
16 de junio, 2021
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Exactamente un año después de que se descubriera que un fármaco esteroide barato podía evitar las muertes por covid-19, los investigadores afirman haber encontrado otra terapia que salva vidas.

Esta, sin embargo, es costosa. Se trata de una potente infusión de anticuerpos que se aplica de manera intravenosa para neutralizar el virus, en lugar de amortiguar la respuesta inflamatoria del cuerpo ante la enfermedad.

Los resultados logrados por el llamado Recovery trial (un ensayo clínico internacional que busca tratamientos que puedan ser beneficiosos para pacientes hospitalizados con covid-19) sugieren que podría ayudar a una de cada tres personas hospitalizadas con covid-19 grave.

El tratamiento redujo la mortalidad de personas hospitalizadas cuyo sistema inmunológico no ha generado una respuesta de anticuerpos, denominados seronegativos.

En vista de los resultados del ensayo, los expertos estiman que por cada 100 pacientes seronegativos tratados, se salvaría la vida de seis.

Tratamiento revolucionario

Pero sólo aquellos que todavía no han desarrollado sus propios anticuerpos para combatir el virus deberían recibir el tratamiento, que cuesta entre US$1.400 y US$2.800.

Kimberley Featherstone, de 37 años, una de las participantes, dijo: “Me siento muy afortunada que el ensayo ya estaba en marcha para cuando me internaron en el hospital con covid-19 y pude recibir este tratamiento revolucionario”.

“Estoy feliz de que con mi participación jugué un papel en que se pudiera concluir que este tratamiento es exitoso”.

Médicos asisten a un paciente con covid severo en el hospital Queen Alexandra en Portsmouth, sur de Inglaterra, marzo 2021

Getty Images
Los resultados sugieren que el tratamiento podría ayudar a una de tres personas hospitalizadas con covid severo.

El tratamiento de anticuerpos monoclonales, producido por la farmacéutica Regeneron, se adhiere al virus para evitar que continúe infectando y duplicándose.

En el ensayo, que se realizó con casi 1.000 pacientes hospitalizados en Reino Unido, se encontró que reducía significativamente:

  • el riesgo de muerte
  • el tiempo de hospitalización, cuatro días en promedio
  • la probabilidad de necesitar un respirador artificial

“Cuando se les da esta combinación de dos anticuerpos por infusión intravenosa las probabilidades de muerte realmente se reducen en una quinta parte”, explicó uno de los expertos que dirigió la investigación, Martin Landray.

“Lo que descubrimos es que ahora podemos usar un tratamiento antiviral, en este caso de anticuerpos, en pacientes que tienen una probabilidad de tres de morir sin tratamiento y podemos reducir ese riesgo para ellos”.

Gran incertidumbre

Peter Horby, epidemiólogo. Foto tomada en enero de 2004

Getty Images
El epidemiólogo Peter Horby fue codirector de investigación del ensayo del nuevo tratamiento.

A los que se sometieron al ensayo, además del fármaco esteroide se les aplicó el antiinflamatorio dexametasona, que reduce el riesgo de muerte de los pacientes más graves de covid-19 hasta en un tercio.

Peter Horby, el otro director de investigación, dijo que hubo gran incertidumbre sobre si las terapias de anticuerpos eran la estrategia adecuada, cuando otros estudios no habían encontrado beneficios.

El uso de plasma sanguíneo de pacientes que se han recuperado —que contiene anticuerpos que deberían reconocer y combatir el virus— no ha resultado efectivo como terapia contra la covid-19, por ejemplo.

Pero el tratamiento de anticuerpos usado en los ensayos de Recovery contiene grandes dosis de dos anticuerpos específicos, producidos en el laboratorio, que son efectivos en adherirse al virus de la pandemia.

“Es fantástico saber que aun con la covid-19 muy avanzada, apuntar al virus puede reducir la mortalidad en pacientes que no han podido una respuesta propia de anticuerpos”.


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