Reporte HRW: Desapariciones forzadas en Ciudad Juárez
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Reporte HRW: Desapariciones forzadas en Ciudad Juárez

Luego de dos años de investigaciones en cinco estados de la República Mexicana, la organización internacional de defensa de derechos humanos Human Rights Watch documentó, en el marco de la guerra contra el narcotráfico declarada en 2007 por el presidente Felipe Calderón, 39 casos de desaparición forzada a manos de cuerpos de seguridad gubernamentales, y otros 24 de ejecuciones extrajudiciales.
Por Paris Martínez
11 de noviembre, 2011
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Operativos en Ciudad Juárez, Chihuahua. FOTO: AP

Día cero…

Juan Carlos, Dante, Raúl, y Félix, todos de entre 22 y 28 años, circulan por una calle de Ciudad Juárez, a bordo de una camioneta pick-up, cuando observan que varios policías municipales golpean a un adolescente. Los jóvenes detienen la marcha e interceden en favor del menor.

Uno de ellos, incluso, interpone su cuerpo entre los policías y el niño, pero recibe, en reprimenda, un culatazo en la cabeza que lo tira al suelo.

El agente que tira el golpe, empuña luego su arma, apunta y dispara dos veces. Las balas dan en el suelo.

Los jóvenes huyen de los agentes, que pertenecen al Grupo Delta, la fuerza de élite de la Policía Municipal juarense, que suelen surcar en convoy la urbe fronteriza, con el dedo en el gatillo y apuntando a todos.

Son las 7 de la noche del 26 de marzo de 2011, ha pasado una hora desde el pleito y todavía hay gente en la calle, que atestigua cómo cinco patrullas emparejan una camioneta pick-up, tripulada por cuatro jóvenes, que son arrestados por los uniformados.

El convoy de la policía parte, llevándose también la camioneta de los detenidos, que es encontrada cinco horas después, debajo de un puente. Las placas le fueron retiradas y las llaves quedan en el suelo.

De los tripulantes, nada se sabe.

Uno, dos, tres días después…

Tan pronto despunta el día, Rosa, la madre de Juan Carlos y Dante, parte a las distintas agencias de la Policía Municipal, la Policía Federal, la Procuraduría de Chihuahua y la PGR de Ciudad Juárez, para reclamar información sobre el paradero de sus hijos y los dos amigos que los acompañaban. En cada una, la mujer recibe una negativa y, cuando pide levantar una denuncia formal por desaparición forzada, el Ministerio Público estatal le sugiere volver al día siguiente.

No es Rosa, sino Armida, la hermana de Juan Carlos y Dante, quien se presenta 24 horas después, para reclamar que se inicie la averiguación previa, además de contactar a la Sedena y la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, en la Ciudad de México, en busca de ayuda.

Nadie responde.

Sólo hasta el tercer día después del rapto de los jóvenes, un juez federal concede un amparo, por la omisión de la Procuraduría estatal de iniciar indagatorias, lo que permite que funcionarios judiciales visiten varias estaciones de la Policía Municipal, buscando a las víctimas, sin resultado.

Trece días después…

El alcalde Héctor Murguía Lardizábal, bajo cuya orden opera el Grupo Delta, promete una indagatoria seria, pero ningún funcionario contacta a los testigos del arresto, sino que son familiares de los jóvenes desaparecidos quienes emprenden su localización y los convenen de rendir testimonio.

Gracias a ellos, los policías Francisco Javier Campoy, Leonardo Iván Loya y Eugenio de los Santos de Cuest son detenidos el 8 de abril (aunque hay evidencias contra otros 12 uniformados), en una investigación que es encomendada al agente del Ministerio Público estatal Mario Ramón González.

Ese mismo día, los sesenta integrantes del Grupo Delta avanzan en convoy por las calles de Juárez, todos arma en mano, encapuchados y vistiendo sus uniformes oscuros. Casi ceremonialmente, escoltan hasta el Ministerio Público a sus tres compañeros acusados por la desaparición forzada de los jóvenes.

Horas después, al volver a su casa, Mario Ramón es asesinado.

Diecinueve días después…

El 14 de abril de 2011, los tres agentes del Grupo Delta tienen su primera audiencia ante el juez que se encargará de determinar si son culpables por el delito de desaparición forzada.

La audiencia, sin embargo, se interrumpe. Algo ha pasado, algo que deja sin materia este procedimiento judicial: los cuatro jóvenes desaparecidos han sido hallados.

A tres les han cortado el cuello y uno más murió estrangulado.

Todos presentan huellas de tortura.

Veinte días después…

Aunque el asesinato de los jóvenes está plenamente vinculado con su desaparición, ninguno de los tres policías implicados es responsabilizado por este delito, sino que se abre una investigación aparte por el multihomicidio, sin acusados.

Los tres agentes implicados únicamente enfrentan juicio por desaparición forzada, robo de vehículo, abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública. Los otros 12 contra los que hay pruebas, nunca son investigados ni separados de sus cargos.

Seis meses después…

Es octubre de 2011 y la investigación sigue paralizada. En este tiempo, dos familiares de los cuatro jóvenes han sido asesinados, sin que se tenga pista de los autores, mientras que el resto de las personas allegadas a las víctimas han sido espiadas, vigiladas y perseguidas por agentes de la Policía Municipal.

Hoy, prácticamente todos los familiares de Juan Carlos, Dante, Raúl y Félix han huido de Ciudad Juárez.

Un mes antes, en septiembre, el alcalde Murguía Lardizábal fue cuestionado por la prensa en torno a la permanencia de Julián Leyzaola (quien previamente había sido acusado de practicar la tortura) al frente de la Policía Municipal.

El alcalde priista respondió: “No tengo ninguna denuncia contra Leyzaola sobre derechos humanos. Y, sin en el pasado se tomó una Pepsi en un lugar equivocado, de eso yo no tengo conocimiento…”

El presente…

Luego de dos años de investigaciones en cinco estados de la República Mexicana, la organización internacional de defensa de derechos humanos Human Rights Watch documentó, en el marco de la guerra contra el narcotráfico declarada en 2007 por el presidente Felipe Calderón, 39 casos de desapariciones forzadas a manos de cuerpos de seguridad gubernamentales y otros 24 asesinatos extrajudiciales.

En ambos tipos de abusos por parte de las fuerzas de seguridad (Ejército, Marina o policías), HRW concluyó que “es habitual que los funcionarios judiciales no inicien investigaciones en los días posteriores a la recepción de las denuncias”, así como la falta de indagatorias exhaustivas e imparciales, en el caso en que éstas son abiertas.

Tal como en los casos de detenciones ilegales y tortura, la agrupación internacional sugiere al gobierno mexicano (en el estudio que resume sus investigaciones, titulado Ni seguridad ni derechos, ejecuciones, desapariciones y tortura en la “guerra contra el narcotráfico” de México, llevar a cabo investigaciones imparciales e inmediatas cuando son denunciados casos de desaparición o asesinato extrajudicial.

Asimismo, se recomienda dejar de turnar estas denuncias a la justicia militar, cuando éstas implican a soldados en la comisión de estos delitos; además de desarrollar un protocolo de investigación expedita, para reportes de desaparición, que elimine periodos de espera entre el reporte y el inicio de la búsqueda.

En el caso específico de asesinatos extrajudiciales, se recomienda capacitar a equipos de expertos que puedan ser convocados inmediatamente, cuando se descubran fosas comunes o cuerpos no identificados.

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Julian Assange: justicia británica abre la puerta a la extradición del fundador de Wikileaks a EU

Estados Unidos ganó este viernes un recurso ante el Tribunal de Apelación de Londres contra un fallo del pasado enero que había denegado la extradición por riesgo de suicidio.
10 de diciembre, 2021
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La extradición de Julian Assange a Estados Unidos está cada vez más cerca.

Este viernes el gobierno estadounidense ganó un recurso presentado ante el Tribunal de Apelación de Londres contra un fallo del pasado enero que había denegado la extradición del fundador de Wikileaks a ese país por riesgo de suicidio.

“El tribunal admite el recurso”, anunció el juez Timothy Holroyde ante una sala abarrotada, después de concluir que el gobierno estadounidense ha ofrecido suficientes garantías de que Assange recibirá el trato adecuado para proteger su salud mental.

EE.UU. acusa a Assange de 18 cargos, incluyendo el hackeo de las bases de datos del ejército estadounidense para adquirir información sensible secreta relacionada con las guerras en Afganistán e Irak que luego publicó en el sitio web de Wikileaks.

El australiano sostiene que la información puso al descubierto abusos perpetrados por las fuerzas armadas estadounidenses.

De ser condenado en EE.UU., Assange enfrentaría una pena de cárcel de 175 años, sostienen sus abogados.

Sin embargo, el gobierno estadounidense ha dicho que la sentencia más probablemente sería de entre cuatro y seis años.


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