Los promotores de la demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Felipe Calderón y diversos cárteles del narcotráfico, por delitos de guerra y de lesa humanidad, responsabilizaron al gobierno federal de cualquier acción legal o extralegal que pueda llevarse a cabo contra ellos, y solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para quienes han aparecido en foros públicos apoyando la denuncia.
En conferencia de prensa, subrayaron que la querella no puede ser calificada de “calumnia” ni es posible que sus impulsores sean acusados penalmente, como sugirió el gobierno del país en un comunicado, porque forma parte de los derechos ciudadanos a defenderse de las autoridades y a señalar las acciones equivocadas.
Mediante un comunicado, recordaron que el documento presentado por Netzaí Sandoval ante La Haya está respaldado por más de 23 mil firmas de ciudadanos –hoy ya suman más de 27 mil–, y reiteraron que en México sí ocurren crímenes de lesa humanidad, es decir, ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil.
La petición del 25 de noviembre “no implica enjuiciar a Calderón simplemente por su errada estrategia antinarcóticos o a los narcotraficantes por el simple hecho de vender drogas”, expresaron, sino el comienzo de una investigación por el fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, sobre la existencia de delitos como reclutamiento de menores, desplazamiento forzado, violación sexual de mujeres y niñas, actos de tortura perpetrados por el Ejército y secuestro y venta de migrantes, entre otros.
Con información de La Jornada.
