La Jornada publica hoy que los contratos por 2.8 millones de pesos que el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan, entregó directamente por asesorías a dos amigos suyos, Pablo Héctor Ojeda (90 mil dólares) y Peter Bauer (120 mil dólares), motivaron una prolongada discusión en la Comisión Permanente sobre la serie de denuncias por presunta corrupción que se ha presentado en los cinco años de gobierno del presidente Felipe Calderón.
A propuesta del PRI se acordó que la Cámara de Diputados cite al funcionario a comparecer ante la Comisión de la Función Pública para que aclare ésos y otros contratos que ha otorgado de manera directa para asesorías constitucionales, administrativas, laborales, de relaciones públicas y de cabildeo. También se exhortó a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a comenzar una investigación contra Mony de Swaan por el probable ejercicio indebido de funciones. El diputado priísta César Augusto Santiago llevó el tema a tribuna y entregó un listado de 48 contratos para asesorías que Mony de Swann otorgó por 53 millones 42 mil 703 pesos con 76 centavos. “Son contratos de ‘asesoría para el mejor desempeño de la Cofetel’, dicen textualmente los contratos.
Añadió que Mony de Swaan asignó cuando menos dos contratos a personas que él conoce, son sus amigos, y por eso he solicitado que intervenga la PGR y la Función Pública. Fueron contratos a Héctor Ojeda y Bauer, ambos socios en un despacho. La asignación de estos contratos no tiene explicación y se ha violado la ley, el Código Penal, por asignación indebida de contratos a gentes cercanas a su desempeño. Bauer, acusó el diputado priísta, es dueño de una casa en Valle de Bravo que usa Mony de Swaan para pasar sus fines de semana. Abundó: cuando periodistas le preguntaron a Mony de Swaan ¿por qué usa usted esa casa?, él respondió: invierto parte de mi dinero en rentarle la casa al señor Peter Bauer en Valle de Bravo. El Código Penal tipifica como delito la asignación indebida de contratos usando fondos públicos. Es claro el Código Penal Federal, que dice que este asunto debe ser sancionado penalmente.
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