PGR desclasifica información y dice que sí revelará número de muertos
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PGR desclasifica información y dice que sí revelará número de muertos

La Procuraduría argumenta razones de seguridad nacional,mientras que Presidencia asegura que no se ha liberado la información porque se encuentra en proceso de verificación.
Por Daniel Lizárraga
5 de enero, 2012
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Enfrentamiento entre soldados y supuestos criminales en Sinaloa. FOTO: Cuartoscuro

La Procuraduría General de la República (PGR) informó hoy mediante un comunicado que sí dará a conocer el número de muertos en la guerra contra el narcotráfico durante el año 2011 y rechazó que la información se encuentre clasificada como la misma dependencia lo había decretado desde el pasado 6 de diciembre al atender a una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales (IFAI).

En este boletín distribuido entre los medios de comunicación la mañana de este 5 de enero, la PGR dijo que la información será pública a partir de que los gobiernos estatales validen los datos oficiales una vez que se cuenten con las respectivas averiguaciones previas de cada caso.

“El compromiso del Gobierno Federal de mantener informada a la opinión pública sobre el trabajo corresponsable en esta lucha por nuestra seguridad se mantiene firme. Los datos estadísticos de fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial, correspondientes a 2011, se encuentran desclasificados y se harán del conocimiento de la ciudadanía conforme las autoridades estatales los validen y los hagan del conocimiento de esta Representación Social”, se argumentó en el boletín.

Sin embargo, la misma PGR no estableció un plazo –día y mes- para revelar esta cifra de muertos en la guerra contra el narcotráfico una vez que los gobiernos estatales –no precisó cuáles- verifiquen las cifras que se encuentran en su poder.

En un oficio obtenido por Animal Político –SJAI/DGAJ/11230/20011- firmado por el director general de Asuntos Jurídicos, Juan Manuel González, se explicó a un ciudadano quien hizo una solicitud de acceso a la información que la base de datos sobre muertos no podía entregarse toda vez que estaba clasificada por razones de seguridad nacional.

De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Datos Personales un archivo oficial –sin importar su temática- no puede desclasificarse mediante un boletín de prensa. De hecho, la única instancia para levantar los candados es el propio IFAI. Ninguna otra autoridad lo puede hacer.

En su postura oficial, ante la información que ha difundido Animal Político en el sentido de que el Gobierno de Felipe Calderón ya no informaría más sobre el número de muertos en la guerra contra el narcotráfico en el año 2011, la PGR aseguró que sí ha dado información preliminar.

“En enero de 2011, se hizo pública una versión del registro y, con ello, se contribuyó a un análisis más completo por parte de estudiosos y líderes de opinión. Este registro, desde su origen, fue diseñado como un acervo con fines estadísticos, sabiendo que ello no proveería información ministerial o judicial de los casos pues ésta era, en la mayor proporción, información de las procuradurías estatales y recolectarla superaba los fines de estricta contabilización que motivaron este primer esfuerzo”, indicó el comunicado.

No obstante, en los sitios oficiales tanto de la propia PGR como del Sistema Nacional de Seguridad Pública la información no se encuentra desglosada mes por mes y, sobre todo, el último corte corresponde a diciembre del año 2010.

La PGR, en su comunicado, dijo que está esperando la información de los estados para que se pueda respaldar la información sobre el número de bajas con las respectivas averiguaciones previas.

“Con el objetivo de que los casos registrados en esta herramienta tengan asociadas su respectiva averiguación previa, la cual permitiría identificar plenamente a la víctima y otorgar a sus deudos acceso a la justicia, la Procuraduría General de la República, a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, conformó la base de datos de Homicidios Dolosos por Presunta Rivalidad Delincuencial. Dicha base de datos se alimenta conforme las procuradurías y fiscalías generales de las entidades federativas del país hacen del conocimiento de la Procuraduría General de la República los casos que recaen en su competencia”, aseguró.

Difieren PGR y Presidencia en razones para ocultar cifra de muertos

En la decisión de no informar más sobre cuántos muertos se han registrado en la guerra contra el narcotráfico, el Gobierno de Felipe Calderón se ha metido en un embudo legal. La Procuraduría General de la República (PGR) y la propia Presidencia incurrieron en contradicciones al argumentar por qué razones ya no es posible tener acceso a esas bases de datos como venía sucediendo desde hace alrededor de un año y medio, de acuerdo con documentos oficiales obtenidos por Animal Político.

Ayer 4 de enero del 2012,  este portal reveló que el Gobierno Federal decidió ya no informar cuántos muertos se contabilizaron oficialmente en el año 2011. Esta cifra  fue catalogada como reservada y, al mismo tiempo, confidencial según se desprende de fallos elaborados apenas en noviembre pasado por los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Datos Personales (IFAI).

En respuestas a dos solicitudes de acceso a la información tramitadas por ciudadanos –de los cuales se omitieron los nombres por protección de datos personales-, la PGR y la Presidencia pusieron bajo llave esta información con criterios diferentes, aun cuando se trata del mismo tema.

Por una parte, la PGR clasificó como confidencial por razones de seguridad nacional la base de datos correspondiente al año 2011. Con esta postura oficial no hubo necesidad de establecer plazo alguno para abrir ese archivo. Al ser un asunto “confidencial”  el tema quedaría sepultado, a menos que un nuevo gobierno decidiera lo contrario.

En el oficio SJAI/DGAJ/11230/2011 firmado por Juan Manuel Álvarez González, director de asuntos jurídicos, quedó claro que ningún servidor público, sin importar su nivel jerárquico, podría entregar esa información a riesgo de ser sancionado incluso con una acusación penal.

De hecho, la PGR citó la Ley de Seguridad Nacional. En el artículo 53 se ha establecido que cualquier funcionario involucrado con acceso a la información del gabinete de seguridad tiene firmada una promesa de confidencialidad, la cual deberán cumplir aun cuando ya no estén en ese tipo de cargos.

“Los servidores públicos de la PGR, a través del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a las Drogas tienen la obligación de entregar por escrito una promesa de confidencialidad que deben respetar en todo momento, aún más, cualquier persona que por algún motivo participe o tenga conocimiento de productos, fuentes, métodos, medidas y operaciones de inteligencia, registros o información deben abstenerse de difundirlo por cualquier medio”, indica la ley.

La PGR decidió clasificar por seguridad nacional estos datos aun cuando desde agosto del 2010 se hicieron públicos por vez primera durante los “Diálogos por la Seguridad”. De cualquier forma, según la PGR, este ejercicio de rendición de cuentas ya no era posible.

No obstante, existen pruebas de que esta información clasificada por seguridad nacional sí ha sido manejada, oficial y públicamente, desde la misma Presidencia.

Foto de archivo del 22 de junio de 2011 donde elementos de la Marina se enfrentaron a un grupo de hombres armados en Zacatecas.//FOTO: Cuartoscuro

En  la resolución 4481/11 –elaborada por la excomisionada María Marván Laborde-, y en la respuesta a la solicitud de acceso a la información 021000006391, la Presidencia puso en manos de un ciudadano datos sobre el número de muertos hasta marzo del 2011 en nueve estados y un municipio: Zapopan, en Jalisco.

La Presidencia argumentó que el resto de los datos correspondientes a ese año aún estaban en proceso de verificación, por lo que no fue posible entregarlos. Esta respuesta fue respalda por decisión unánime entre los comisionados del IFAI. De esta forma, la cifra oficial de muertos en la guerra contra el narcotráfico quedaba bajo reserva aunque sin un plazo fijo –día, año y mes- para que pudiera conocerse.

En las tablas entregadas por Presidencia apareció información sobre muertos en la guerra contra el narcotráfico en los estados de Guerrero, Morelos, Chiapas, Michoacán,  Nuevo León, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz hasta mayo del  2011.

En la parte final de esos cuadros o bases de datos se incluyeron leyendas en el sentido de que se trata de “datos preliminares” que pueden sufrir modificaciones una vez que finalizara el proceso de verificación.

En contraste, la PGR determinó que toda esa información es clasificada por seguridad nacional por lo que cualquier funcionario que la diera a conocer quedaría expuesto a sanciones. No hubo matices sobre si se trataba de datos preliminares o verificados. Las cifras no podrían abrirse.

Pero además del número de muertos en esos nueve estados, la Presidencia también envió al solicitante una tabla respecto al municipio de Zapopan, Jalisco, con 11 muertos.

Además de las cifras abiertas parcialmente por la Presidencia, el propio Alejandro Poiré, exvocero de la guerra contra el narcotráfico y ahora secretario de Gobernación, utilizó parte esa información en un ensayo publicado en la revista Nexos titulado “La Caída de los Capos no Multiplica la Violencia, el caso Nacho Coronel”.

En ese ensayo, publicado el 1 de mayo del 2011, se incluyeron cuatro estadísticas que sirvieron para apuntalar su tesis en el sentido de que no necesariamente la captura o muerte de un capo a manos del Ejército implicaría un aumento importante en los niveles de violencia. Siete meses después de este ensayo, la PGR determinó que toda esa información, incluida la municipal, no debería abrirse por seguridad nacional.

Otro ejemplo sucedió recientemente cuando en enero de este 2011, en la misma revista, Joaquín Villalobos un exmiembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y consultor para la resolución de conflictos internacionales, publicó un ensayo  en el cual pretendió demostrar cómo la intervención de las Fuerzas Armadas en la captura de los capos provocó menos violencia y muertos.

Como ejemplo, usa los datos preliminares sobre el estado de Guerrero liberados por la propia Presidencia para justificar los resultados del operativo “Guerrero Seguro” realizado entre el 3 y el 9 de octubre del  2011.

En contraste, según la PGR, está información está clasificada por razones de seguridad nacional  al menos desde noviembre del 2010.

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'Los talibanes no aceptan la justicia impartida por mujeres': la desesperada huida de una jueza afgana

Como otras mujeres que desempeñaron posiciones en el poder judicial afgano antes de que el Talibán tomara el poder en 2021, esta jueza temía que su trabajo pudiera representar una amenaza para su vida y la de su familia.
17 de agosto, 2022
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Cuando desembarcó en Brasil con su familia, Sahar* sólo tenía una maleta con una o dos mudas de ropa.

La jueza salió de Afganistán a toda prisa el año pasado, huyendo de los talibanes y tuvo que dejar todo atrás.

Como muchas otras mujeres que ocuparon cargos en el poder judicial afgano antes de que el grupo fundamentalista tomara el poder en agosto de 2021, temía que su trabajo pudiera representar una amenaza para su vida y la de su familia.

“Tuve que dejar atrás todo lo que construí en Afganistán: mi casa, mis posesiones y parte de mi familia”, le dijo la jueza a BBC News Brasil.

“Tenía una vida completa y lo perdí todo”.

En los últimos 20 años, 270 mujeres se han desempeñado como magistradas en Afganistán. Muchas de ellas lograron escapar con la ayuda de la Asociación Internacional de Juezas (IAWJ) y se refugiaron en varios países del mundo.

Brasil otorgó visas humanitarias a siete de estas juezas y a tres magistrados. Todos llegaron al país en octubre pasado y fueron recibidos por la Asociación de Magistrados Brasileños (AMB).

Pero alrededor de 90 juezas siguen atrapadas en su país, escondidas.

“Salir de allí”

En su relato, Sahar detalla los momentos de miedo y desesperación que precedieron a su huida de Afganistán.

La jueza y su familia tuvieron que dejar su hogar para esconderse en otro lugar después de que los talibanes tomaron el poder.

Los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto del año pasado.

Getty Images
Los talibanes tomaron el control de Afganistán en agosto del año pasado.

Con la caída del gobierno afgano, jueces de todo el país comenzaron a ser perseguidos por su participación en los juicios y condenas de miembros del grupo extremista durante el período de ocupación estadounidense.

Los talibanes incluso abrieron prisiones en todo el país, liberando a hombres que los magistrados habían encarcelado.

La vida de las mujeres también cambió drásticamente con el establecimiento del régimen. Se prohibió a las niñas recibir educación secundaria, se disolvió el ministerio de la mujer y, en muchos casos, se impidió que las empleadas regresaran al trabajo.

“Grupos como los talibanes, Daesh (Estado Islámico) y otros no aceptan la justicia impartida por mujeres”, dice Sahar.

“La situación se volvió realmente desesperada cuando los talibanes comenzaron a registrar las casas de todos los jueces. Invadieron la Corte Suprema y obtuvieron acceso a todo tipo de información sobre nosotros, como fotos, direcciones y documentos”.

“Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que realmente no podíamos quedarnos en Afganistán porque era demasiado peligroso”, dice.

La ayuda

La jueza inicialmente se refugió en la casa de los familiares.

“Estábamos encerrados sin poder salir. No podíamos volver a nuestro departamento ni sacar nuestras cosas porque los talibanes patrullaban nuestra cuadra”.

Después de que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, miles de afganos intentaron huir del país.

AFP
Después de que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, miles de afganos intentaron huir del país.

“Fue realmente difícil. No podía cocinar ni lavar ni hacer nada, solo pensaba en que tenía que salir de allí“.

Pasaron dos meses antes de que Sahar recibiera la noticia de que iba a ser rescatada y de que recibiría refugio en Brasil.

“Le informamos sobre nuestra situación a la IAWJ y ellos entraron en contacto con varios países en busca de ayuda y visas para nosotras, las juezas”.

“Cuando me tocó a mí, me dijeron que íbamos a Brasil”.

La magistrada se mudó con sus familiares más cercanos. Por razones de seguridad, no se revelaron los detalles de la operación que los sacó de Afganistán y los trajo a Brasil.

“Dijeron que no podíamos llevar muchas cosas con nosotros, porque todo tenía que ser discreto. Así que no trajimos casi nada, tal vez solo una o dos mudas de ropa”, le dijo Sahar a BBC News Brasil.

“Tengo que controlarme para no llorar cuando recuerdo el día que nos fuimos. Fue una gran desgracia para nosotros”.

“Teníamos una buena casa, un buen salario y nuestra familia en Afganistán y dejamos todo atrás. Fue una situación muy mala, apenas puedo describirla con palabras”.

Miedo por lo que queda atrás

En sus más de cuatro años como magistrada en Afganistán, Sahar estuvo involucrada principalmente en casos penales.

Esta imagen de archivo muestra a una maestra en Afganistán, donde mujeres y niñas fueron excluidas de la escuela secundaria.

Getty Images
Esta imagen de archivo muestra a una maestra en Afganistán, donde mujeres y niñas fueron excluidas de la escuela secundaria.

La jueza dice que está orgullosa de su trabajo, especialmente en casos relacionados con la seguridad y el bienestar de otras mujeres.

“Tiene que haber espacio para que las mujeres sean juezas, porque una mujer confía en la otra. Las mujeres que fueron a la corte pudieron abrirse más con nosotras”, cuenta.

Era muy feliz en mi trabajo. Desde pequeña soñaba con ser jueza y hacer justicia para las familias y los niños”.

Sahar dice que no le tocó juzgar ningún caso directamente relacionado con el Talibán, pero admite que pudo haber participado en juicios por delitos comunes cometidos por miembros del grupo.

“Procesé todo tipo de casos, como asesinato, secuestro, robo, corrupción, casos de familia”.

Debido a su trabajo, teme por la vida de algunos miembros de su familia que aún se encuentran en Afganistán.

“Tengo miedo porque tienen todo tipo de datos e información sobre nosotros. Podrían estar en peligro“, dice.

“Cuando salimos de Afganistán todos se mudaron y se escondieron en otros lugares”.

“Hablo con ellos a veces, pero no mucho porque creo que nuestros números pudiesen estar siendo interceptados”.

E incluso a millas de distancia de Afganistán, Sahar dice que todavía teme por lo que dejó atrás.

“A veces todavía tengo miedo, porque soy humana y pienso demasiado en las cosas”.

Vida en brasil

Sahar y los otros nueve magistrados que se refugiaron en Brasil recibieron visas humanitarias emitidas sobre la base de una ordenanza interministerial publicada en septiembre de 2021, por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y Seguridad Pública.

Entre jueces y familiares, 26 personas llegaron al país en octubre pasado.

“Todos llegaron a Brasil muy asustados, preocupados por la seguridad y sin hablar una palabra de portugués”, dice Renata Gil, presidenta de la Asociación de Magistrados Brasileños que coordinó la recepción de las familias.

Para que pudieran reiniciar sus vidas, todos recibieron alojamiento, alimentación y atención médica proporcionada por esa organización y sus socios.

Los magistrados y sus familias también están estudiando inglés y portugués y sus hijos han obtenido becas en escuelas locales.

“Todas las juezas que recibimos tienen profundas cicatrices por todo lo vivido y un gran dolor por lo perdido. Es un proceso de adaptación intenso”, indica Gil.

“Pienso en mi país”

Después de un período inicial viviendo en alojamientos militares, Sahar ahora vive con toda su familia en una propiedad alquilada.

Una vista de Kabul

BBC
Una vista de Kabul.

Fue empleada como asistente legal por un bufete de abogados, donde investiga casos relacionados con inmigración.

La jueza dice que, antes de mudarse a Brasil, sabía muy poco sobre el país. “No había oído mucho sobre la gente, la cultura o el idioma”, precisa.

Y aunque está muy agradecida por la cálida bienvenida y la ayuda que ha recibido, Sahar dice que no pasa un día sin pensar en volver a casa.

“Pienso en mi país, mi familia y mi antiguo trabajo todos los días. Afganistán es mi patria y la extraño cada día”.

“No puedo decir que estoy disfrutando mi tiempo en Brasil, porque esta situación no es nada fácil”, señala la jueza.

“Pero estamos muy agradecidos por toda la ayuda que hemos recibido. La gente aquí es muy amable, al igual que el pueblo afgano”.

“Espero que todo salga bien para poder volver. Sé que la situación no es fácil, pero si Alá lo quiere, tal vez todo se resuelva pronto”.

*El nombre de la jueza ha sido cambiado para proteger su identidad y garantizar su seguridad y la de su familia.

Este artículo fue originalmente publicado en BBCBrasil


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