La Secretaría de Gobernación (Segob) afirmó que los resultados del informe de la organización Human Rights Watch (HRW) –el cual revela la situación de los derechos humanos en México y el mundo- “no reflejan la situación real” del país.
En un comunicado de prensa, la Segob dijo que el informe anual de HRW omitió señalar que el gobierno federal sí respondió a la recomendación que la organización le hizo el pasado 9 de noviembre de 2011 “y hace nuevas aseveraciones que no están referidas en dicho informe específico”.
Además, la Segob explicó que “el número de quejas presentadas no significa de ningún modo que sea el número de hechos violatorios de derechos humanos”.
Aquí, los puntos que la dependencia aclaró a HRW:
• En la presente Administración, la CNDH ha recibido 6065 quejas por operaciones de la SEDENA, de las cuales sólo 98 (1.61% del total) se han traducido en recomendaciones. Asimismo, el 100% de las recomendaciones han sido adoptadas por la Secretaría de la Defensa Nacional y están en proceso de cumplimiento.
• En el caso de la Secretaría de Marina, la CNDH ha recibido un total de 800 quejas de las cuales sólo 17 (2.12% del total) han derivado en recomendaciones.
• Entre la SEDENA y la SEMAR se han realizado en promedio poco más de 1 millón 600 mil intervenciones por año, en ese sentido y vinculado al número de quejas sólo en el 0.085% de los servicios prestados por la Fuerzas Armadas alguien estimó haber sido víctima de violación de derechos humanos por parte de los militares.
• Las fuerzas armadas participan en tareas de seguridad pública a petición y en coordinación con las entidades federativas y sus municipios, de manera temporal, realizando una valiosa labor en la detención de importantes líderes de organizaciones criminales, desmantelando sus estructuras logísticas, financieras y administrativas.
• De las 98 recomendaciones emitidas por la CNDH a SEDENA, 266 militares relacionados con las mismas han sido indiciados o sujetos a proceso, habiéndose dictado, hasta el momento, sentencia condenatoria a 29 de éstos.
El 9 de diciembre de 2011 el Presidente Calderón instruyó al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal y al Secretario de Gobernación a coordinar esfuerzos con el poder legislativo para impulsar la iniciativa de Decreto Presentada por el Ejecutivo Federal que pretende reformar el Código de Justicia Militar, a fin de ajustarla a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Igualmente las Fuerzas Armadas y la Procuraduría General de la República se encuentran trabajando en protocolos a fin de que exploren mecanismos para que, sin violentar la ley, se busque la manera de poder transferir o declinar la competencia militar en favor de los Ministerios Públicos y de los jueces civiles, cuando en las violaciones de derechos humanos participen efectivos militares.
• El 22 de septiembre del 2011, el Ejecutivo Federal presentó la iniciativa del Código Federal de Procedimientos Penales con el que se fortalece el nuevo sistema de justicia penal instaurado con la reforma constitucional de 2008.
• El Ejecutivo Federal está comprometido con la libertad de expresión y ha garantizado la protección de los periodistas que han reportado amenazas ante el Comité de Protección a Periodistas. En el 100% de los casos de los que ha tenido conocimiento dicho comité, se han implementado medidas de protección que han garantizado la seguridad e integridad de esos periodistas.
• Derivado de la instrucción del Presidente Calderón, la Secretaría de Gobernación ha trabajado en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil en la instrumentación de un mecanismo de protección a defensores de derechos humanos. Hasta este momento se han realizado foros con defensores de derechos humanos en distintas localidades del territorio nacional, para robustecer la propuesta y se cuenta ya con unas directrices del mecanismo.
Cabe destacar que con independencia de la existencia de un mecanismo ad hoc, la Secretaría de Gobernación, actualmente coordina con el resto de las dependencias y entidades de la administración pública federal y con los estados la implementación de medidas de protección a defensores de derechos que se han visto en una situación de riesgo.
• Respecto de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los Casos de Rosendo Radilla Pacheco; Inés Fernandez Ortega; Valentina Rosendo Cantú; y Cabrera Garcia y Montiel Flores, es importante señalar que la investigación de cada uno de estos casos se lleva en el fuero ordinario y que las investigaciones han sido atraídas por la Procuraduría General de la República.
• El Gobierno Federal conforme al principio constitucional de presunción de inocencia, no criminaliza a nadie, lo único que ha señalado es que 9 de cada 10 homicidios cumplen con las características de lo que se denomina “ejecución” conforme a un mero criterio de clasificación estadística.
