La administración de Mario Marín carga en sus hombros dos delitos: el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito, por el segundo delito se le han fincado responsabilidades a funcionarios de su gobierno por la adquisición de al menos 28 inmuebles que difícilmente pudieron costear con su sueldo, pero el ex gobernador de Puebla está limpio de ese delito por el momento.
El tráfico de influencias se conoció públicamente la mañana del 14 de febrero de 2006 cuando se hicieron públicas las conversaciones entre el entonces mandatario y el empresario Kamel Nacif. Y aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó por mayoría la acusación y exoneró al priista al rechazar como prueba la conversación grabada, el asuntó marcó su sexenio bajo el signo de “precioso”, como llamó el textilero al ex gobernador.
Para la investigación sobre enriquecimiento ilícito hubo que esperar a que concluyera el sexenio, entrara al frente una administración emanada de un partido distinto al oficial y comenzaran las investigaciones. Hoy son dos los ex secretarios de gobierno a quienes ya se les inició formalmente un proceso judicial:
A Alfredo Arango García, detenido el pasado 12 de enero se le acusa de no poder acreditar el origen de los recursos que le permitieron adquirir una veintena de propiedades valuadas en 54 millones de pesos –proceso judicial 11/2012 que se sigue en el juzgado octavo penal–.
A Javier García Ramírez, quien por el momento se encuentra prófugo y hasta el momento las autoridades estatales no han dado a conocer el monto del delito que se le imputa o el número de expediente, aunque información periodística publicada en 2010 aseguraba que había una compra de ocho bienes inmuebles en fraccionamientos o condominios de lujo.
Inmuebles que difícilmente podrían ser adquiridos con un ingreso mensual de 90 mil pesos en promedio durante seis años de trabajo: En 2010, su último año como funcionario de gobierno, su ingreso mensual aprobado por el Congreso fue de 93 mil 418 pesos.
También existen procesos judiciales contra otros tres ex funcionarios de segundo nivel: Rodrigo Lazcano Fernández, ex subdirector de Prestaciones del ISSSTEP; y Efraín Ruiz Meneses, ex subsecretario de Obra Pública y Juan Manuel Alcántara Silva, ex jefe del Departamento de Logística de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Puebla, a quien se le acusa de vender permisos irregulares a mototaxis durante el pasado sexenio. Los tres hasta el momento están prófugos.
Terrenos para todos
Con la llegada en 2005 de Mario Marín Torres a Casa Puebla –la residencia oficial poblana— su círculo más cercano que venía acompañándolo desde que ocuparon la presidencia de la Angelópolis también se subió al poder, a Javier García Ramírez le tocaría la relación con los constructores pues quedaría al frente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública.
Seis años después, la familia García Ramírez tiene registradas a su nombre dos departamentos en una torre de condóminos en Residencial Palmas, que de acuerdo con sitios de ventas de inmuebles rondan los 5.8 millones de pesos; una casa de 528 metros cuadrados en la colonia Jardines de Zavaleta, cuyos precios rondan los 6 millones de pesos, y dos terrenos más, uno de 300 metros y otro de 264.
Otra casa más en la colonia La Paz, una vivienda en la colonia Los Héroes –obtenida mediante un crédito del Infonavit–, y un terreno de 200 metros cuadrados en la colonia Villa Encantada.
Los inmuebles, de acuerdo con lo publicado por el portal e-consulta con base en documentos del Registro Público de la Propiedad, fueron adquiridos entre 2005 y 2010, a través de la hermana del funcionario, Carolina García Ramírez, y en su mayoría notariados por Alejandro Romero Carreto, titular de la notaria número 5 de Huejotzingo.
En ese mismo periodo García Ramírez llevó a cabo proyectos que elevaron su costo inicial o triplicaron sus tiempos de construcción como sucedió con el estacionamiento de la Secretaría de Finanzas y Administración, el Centro Expositor o la modernización de la vía Atlixcáyotl.
El compadre
Alfredo Arango llegó al gabinete marinista como director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTEP) pues la Secretaría de Salud fue una de las posiciones que Marín había otorgado al gobernador saliente Melquiades Morales Flores para que colocara a su hermano Roberto.
Arango tendría que esperar casi cuatro años para llegar, pero al final ocuparía esa posición.
Tras seis años de servicio público, la Procuraduría General de Justicia del Estado le fincó responsabilidad por enriquecimiento ilícito al no poder acreditar el origen de una veintena de propiedades distribuidas en la ciudad y algunos municipios aledaños.
Entre sus propiedades se encuentra la casa donde fue detenido, ubicada en el 1907 de la vía del Ángel en el Fraccionamiento La Vista, uno de los más exclusivos de la capital poblana, donde los terrenos se cotizan en dólares y las casas no valen menos de 10 millones de pesos; terreno en el número 4 de la privada San Miguel en el fraccionamiento Puerta Paraíso, donde los costos de los inmuebles rondan los 4 millones de pesos.
Acá el listado completo que fue filtrados a los medios de comunicación al día siguiente de la detención del ex funcionario.
80 expedientes
A Javier García y Alfredo Arango se seguirán sumando nombres; el jueves pasado la contralora del estado, Patricia Leal Islas, daba a conocer que hay 80 expedientes abiertos por anomalías de funcionarios y ex funcionarios; 40 de ellos ya fueron turnados a la Procuraduría General de Justicia, que tendrá que corroborar que se cometieron delitos además de faltas administrativas, manifestó la servidora pública.
Hay que señalar que el secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, haya asegurado que ninguno de los expedientes lleva como protagonista al jefe de todos los acusados: Mario Marín Torres.
