Nuevos penales no podrán operar por falta de presupuesto: García Luna
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Nuevos penales no podrán operar por falta de presupuesto: García Luna

De las nuevas cárceles anunciadas por Calderón, ninguna se encontrará en Nuevo León, cuya población carcelaria asciende a 8 mil 936 personas. La más cercana estará a 220 kilómetros.
Por Dulce Ramos
22 de febrero, 2012
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Los nuevos penales anunciados ayer por el presidente Felipe Calderón estarán listos para este año, pero no podrán operar dado que el presupuesto para que lo hagan no ha sido aprobado, señaló el secretario de Seguridad Genaro García Luna en entrevista radiofónica.

A decir de García Luna, el problema que ha llevado a la crisis penitenciaria, no es la sobrepoblación, sino la corrupción, señaló el funcionario a Joaquín López Dóriga.

Se trata de 230 mil reclusos en todo el país, y 40 mil de ellos son del fuero federal, dijo García Luna, y agregó que la idea es que se pueda llevar a estos reclusos a penales federales, por lo cual se están construyendo 12 nuevas instalaciones, aunque no podrán funcionar hasta que no se apruebe el presupuesto para que operen.

12 penales en construcción… ni uno para Nuevo León

El presidente Felipe Calderón dijo ayer por la mañana que los sistemas penitenciarios de Nuevo León y Tamaulipas están en crisis. Por la tarde, en el penal de Apodaca –donde el domingo se fugaron 30 reos y 44 murieron en una supuesta riña— ocurrió una segunda crisis en menos de 48 horas, por el ingreso de fuerzas federales para trasladar a tres reos a un penal de Jalisco.

El mandatario afirmó que para enfrentar el problema se construye  “casi una docena” de penales en el país y la mayoría de ellos, afirmó, estará listo este año. Sin embargo, de esas 12 cárceles, ninguna se encontrará en Nuevo León, cuya población carcelaria asciende a 8 mil 936 personas. La más cercana estará en Monclova, Coahuila, a unos 220 kilómetros al oeste de Monterrey.

Nuevo León ocupa el sexto lugar en población carcelaria, según datos hasta diciembre de 2011 del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública. La cifra es mayor que el total de reos que hay en las cárceles de Austria (8 mil 694 reclusos) o Nueva Zelanda (8 mil 433).

De la población carcelaria en el estado, 75% pertenece al fuero común  y 25% al fuero federal. En ambos casos, los sentenciados son mayoría por escaso margen. Los del fuero común suman 59.13%, y del fuero federal, 52.07%.

La crisis en los penales de Nuevo León estaba ya anunciada. Según organizaciones como Renace, que defiende el derecho a la libertad de personas injustamente procesadas, hace tres años, la mayoría de las 15 cárceles del estado no tenían sobrepoblación, o en todo caso, era de escaso margen. No obstante, el aumento de la incidencia delictiva en el último año y medio ha aumentado el número de reos “de manera exponencial”, según explicó el director de la organización, Martín Carlos Sánchez Bocanegra.

Construcción de celdas en las Islas Marías.//FOTO: Cuartoscuro

Incluso, Renace y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública se reunieron con autoridades de justicia estatales hace dos semanas, para exponer alternativas que “despresuricen” los penales estatales. El acuerdo en aquella ocasión fue reunirse en fecha próxima, pero la crisis penitenciaria no esperó los tiempos oficiales y ya cobró 47 vidas. A los muertos del domingo en el penal de Apodaca se suman tres reos asesinados ayer en el penal del Topo Chico a unas horas de haber ingresado.

Apodaca, el penal con más hacinamiento en NL

Si Nuevo León es el sexto lugar en número de reos, en sobrepoblación carcelaria sube una posición. Tiene una capacidad para 6 mil 317 reos y hasta diciembre de 2011 se contabilizaban 2 mil 619 más. Esto es una sobrepoblación de 41.46%.

El hacinamiento más severo se vive en el Centro de Rehabilitación Social de Apodaca, donde ocurrieron las 44 muertes. Ahí, la sobrepoblación es de 79.04%, pues la capacidad es de mil 552 reclusos y, hasta diciembre de 2011, se contabilizaban 2 mil 203.

El portavoz de Seguridad Pública de Nuevo León, Jorge Domene Zambrano, confirmó ayer la situación en una entrevista radiofónica. En el informativo Atando Cabos afirmó que actualmente hay unos 2 mil 700 internos, de los cuales, mil ingresaron en 2011. La mayoría cometieron delitos del fuero federal y se han llevado a Apodaca pues las autoridades locales han buscado que los otros dos penales estatales —Topo Chico y Cadereyta—tengan sólo población del fuero común.

Violencia, secuestros y muertes a la alza

Entre 2009 y 2010, los secuestros en Nuevo León crecieron 126%. Entre 2010 y 2011 aumentaron 64%. Lo anterior, según cifras de la Procuraduría de Justicia Estatal (PJE).

Las últimas cifras reportadas por la PJE revelan que en enero de este año se rompió la marca de homicidios dolosos mensuales. El primer mes de 2012 cerró con 149 muertes. Cinco más que en el mismo mes del año pasado, periodo que ostentaba el récord con más asesinatos en Nuevo León. El único delito que ha ido a la baja en la entidad  es el robo de vehículos. La Procuraduría reportó  que en enero la cifra cayó 19%,  respecto al mismo mes de 2011.

Los muertos de la lucha contra el crimen organizado en la entidad se concentran en la zona metropolitana de Monterrey, que comprende los municipios de Apodaca, García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, así como Monterrey, Santa Catarina, San Nicolás de los Garza y San Pedro Garza García. Sólo en esos nueve han muerto mil 501 personas de manera violenta en lo que va del sexenio, y 55% de esas muertes ocurrieron entre enero y septiembre de 2011.

En lo que respecta a la depuración de los cuerpos policiacos, a principios de año, Jorge Domene Zambrano informó que sólo en Monterrey, 400 elementos municipales fueron detenidos en 2011 por nexos con la delincuencia y otros 500 fueron dados de baja por haber reprobado los controles de confianza.

Avanza lento la reforma penitenciaria en NL

En el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015, el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, puso entre sus objetivos en materia de Seguridad la modernización del sistema penitenciario bajo cuatro puntos. El primero, la transformación “a fondo” para que los centros de readaptación social cumplan sus propósitos; el segundo, modernizar las normas y procesos de los centros de readaptación; el tercero, reforzar la vigilancia en los centros; y el cuarto, mejorar la infraestructura.

Los avances en estos puntos, considera la organización Renace, con sede en Nuevo León, no son suficientes para atajar la crisis del sistema penitenciario. En la reciente reunión con autoridades y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, la organización puso sobre la mesa dos asuntos prioritarios: revisar todos los casos de los presos para que aquellos que puedan tener ya el derecho a beneficio de libertad, lo obtengan. Con ello, estiman, entre 100 y 200 reos podrían abandonar los penales de la entidad.

La segunda propuesta es buscar a aquellos recién llegados que puedan tener un “proceso abreviado” o alcanzar libertad bajo fianza. En las cárceles de Nuevo León, según un estudio hecho por la organización en 2010, hay un abuso de la prisión preventiva.

Una tercera solución que aún está lejana es la apertura de un nuevo penal. En la entidad se construye ya uno, sin embargo Renace estima que falta aún dos años para que esté listo. Esto sin contar con que el centro sería de administrado por el estado, y lo que, a su parecer necesita el estado, es uno federal.

Justo ayer, y con motivo de la crisis en el penal de Apodaca, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, dijo que hacia el final del sexenio, para el que faltan nueve meses, estarán listos ocho nuevos centros penitenciarios que contarán con 20 mil espacios adicionales.

Actualmente, poco más del 30% de los reos federales se encuentra en penales de ese mismo tipo.

Para el final de la administración de Felipe Calderón, dijo, el número de reos en custodia federal habrá aumentado 14 veces y la totalidad de los reos pertenecientes a ese fuero estarán ya bajo custodia de la federación.

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Quién vigila la radiación del 5G (y cuáles son sus verdaderos riesgos)

Esta nueva tecnología regresa el eterno debate sobre los efectos sobre la salud de las radiaciones electromagnéticas. Estos, sin embargo, son descartados por todas las agencias internacionales.
27 de octubre, 2020
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Seúl

Getty Images
Corea del Sur ya tiene una red 5G en todo el país.

Decenas de antenas, dispositivos bluetooth y cientos de teléfonos móviles nos rodean e irradian cada día. Por no hablar de la telefonía 5G que, al parecer, acabará con la vida en la Tierra. ¡Tanta radiación no puede ser buena!

¿Quién controla los niveles de exposición y los posibles efectos sobre la salud?

Percepción del riesgo

Los campos electromagnéticos están presentes en la naturaleza desde antes de la aparición del ser humano. La luz solar, los rayos cósmicos, las tormentas y la radiación natural terrestre son fuentes de exposición a estos campos.

A mediados de los años 90, se comenzaron a desplegar las redes de antenas de telefonía móvil. Aunque se hacían con estándares técnicos internacionales, que ya tenían en cuenta la protección de la población, no se ofreció la suficiente información al respecto.

A pesar de una reacción rápida por parte de organismos, operadoras y expertos, la percepción de riesgo se instaló entre los ciudadanos. También caló en instituciones, administraciones locales y asociaciones.

Así, se produjo una situación paradigmática. Por un lado, el rechazo a las antenas era un fenómeno global. Por el otro, crecía la demanda universal del servicio.

Ilustracion 5G

Getty Images
La red 5G es mucho más que la mejora de la red 4G.

La OMS parece tenerlo claro

Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Unión Europea fueron conscientes a principios de los 2000 de esa carencia y de la necesidad de dar respuesta a una inquietud y percepción social del riesgo asociado a la telefonía móvil.

Aunque esta percepción e inquietud estaban sobredimensionadas.

A pesar de los esfuerzos realizados para informar y tranquilizar a la población, la OMS reconoció en 2006 que “algunas personas consideran probable que la exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia entrañe riesgos y que éstos puedan ser incluso graves”.

En la revisión de 2014, la OMS aseguraba que “hasta la fecha no se ha confirmado que el uso del teléfono móvil tenga efectos perjudiciales para la salud”.

En otro documento publicado a comienzos de este 2020 sobre el 5G, insiste en que en las últimas décadas no hay estudios científicos que demuestren una relación causal que pueda hacer temer efectos sobre la salud.

“El calentamiento de tejidos es el principal mecanismo de interacción entre los campos electromagnéticos de radiofrecuencia y el cuerpo humano”.

Ese posible efecto, a los niveles habituales de exposición, es insignificante. Por eso es importante que los niveles se mantengan por debajo de los límites establecidos por agencias internacionales independientes.

Mujer con una tablet.

Getty Images
La OMS ha dicho que no hay estudios científicos que demuestren una relación causal del 5G que pueda hacer temer efectos sobre la salud.

Quién y cómo se establecen los límites de exposición

En 1992 se estableció en Alemania la Comisión Internacional de Protección frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP). Esta organización científica, independiente y sin ánimo de lucro, revisa periódicamente y de forma sistemática las evidencias científicas para determinar los niveles a los cuales se producen efectos biológicos.

No solo de los campos electromagnéticos de radiofrecuencia, sino también de otras radiaciones electromagnéticas como la luz visible, los infrarrojos y los ultravioletas que, por encima de ciertos niveles, también pueden resultar muy peligrosos.

Por eso se fijan niveles de seguridad y, por eso mismo, no debemos preocuparnos de la radiación que emite el mando a distancia de nuestra tele. Tampoco del router wifi de nuestra casa o de nuestro teléfono inalámbrico.

El proceso de revisión es abierto y su publicación se realiza en una revista científica tras un proceso de revisión por pares.

Así, una vez se establecen los niveles a los cuales se observan efectos para cada frecuencia, se aplica un factor de precaución o seguridad de 50.

Estos valores son aceptados por la mayor parte de los países occidentales desde hace décadas y se adoptan en las correspondientes legislaciones.

Además, existen otras agencias u organismos que realizan una revisión similar. Por ejemplo el Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) y la Food and Drug Administration de Estados Unidos.

Estos tres organismos, en los últimos meses y coincidiendo con el despliegue de la 5G, han revisado y publicado sus guías de límites seguros de exposición humana.

La mano negra de la industria

Que la industria está detrás de todas estas regulaciones e instituciones es un argumento reiterado por los movimientos antiantenas -ahora anti-5G- que parecen acoger toda clase de creencias conspiranoicas con respecto, también, a las mascarillas, las vacunas y la COVID-19.

En realidad han sido la industria y los profesionales del sector los más interesados en garantizar que las radiaciones emitidas por las antenas fueran seguras y que los niveles de potencia estuviesen dentro de los límites permitidos.

Transmisión de eventos deportivos en dos pantallas.

Getty Images
Con la conexión 5G se podrán conectar muchos dispositivos al mismo tiempo.

El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), como entidad de derecho público al servicio de la sociedad, fue la primera organización que ya en 2001 elaboró un informe sobre las radiofrecuencias de telefonía móvil.

Con ello se pretendía informar a la ciudadanía y mitigar la inquietud que ya surgía ante el desconocimiento de esta tecnología y la normativa que la regula.

La labor de difusión se centró en ayuntamientos y asociaciones ciudadanas, aunque se ha seguido trabajando durante todos estos años con todo tipo de administraciones e instituciones.

En 2006, se creó el Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud (CCARS), comité independiente compuesto por profesionales de gran prestigio -en campos como la medicina, física, química, biología, ingeniería de telecomunicación y derecho-, que, desde entonces, ha elaborado cinco informes trienales de referencia.

En ellos recogen las evidencias científicas existentes sobre el impacto de los campos electromagnéticos en la salud.

Además, ha publicado numerosos documentos sobre tecnologías concretas -el último sobre 5G-, con el ánimo de informar verazmente a la sociedad, manteniendo siempre el conocimiento científico riguroso como referencia.

Sus informes han tratado siempre de arrojar luz y evitar cualquier tergiversación que de forma interesada se intentara hacer sobre el efecto de estas tecnologías sobre la salud.

Incluidas comparaciones sin fundamento con sustancias, como el tabaco o el alcohol, que la ciencia sí ha demostrado como perniciosas incluso en pequeñas cantidades.

5G

Getty Images
Los verdaderos riesgos de estas tecnologías son los asociados a la dependencia, problemas musculares, malas posturas y al condicionamiento de nuestras relaciones personales y hábitos saludables.

Los verdaderos riesgos para la salud

Decir que los campos electromagnéticos de radiofrecuencia son inocuos es falso si no se acompaña de la frase “a los niveles habituales de exposición”.

Dichos niveles están decenas o centenas de miles de veces por debajo de los de seguridad marcados por ICNIRP.

Es lo que han demostrado numerosos estudios y revisiones sistemáticas de exposición personal en condiciones reales.

Pero hay efectos constatados derivados del uso de dispositivos y que no son consecuencia de las radiaciones que emiten.

Así, se ha demostrado que su uso puede provocar dependencia, problemas musculares, malas posturas y que condicionan nuestras relaciones personales y hábitos saludables.

Dichos efectos, sin embargo, no son denunciados por los movimientos en contra de estas tecnologías.

Ilustración 5G

Getty Images
Hay una proliferación de un cierto “negocio del miedo” vinculado a las nuevas tecnologías.

Negar la evidencia, ¿con qué fin?

Quizá piense que existe cierta controversia científica en este tema.

Habrá oído que “numerosos científicos alertan de los efectos” en cuestionables llamamientos internacionales, algún pseudoinforme como el Bioinitiative o declaración política ajena a la Unión Europea, como la declaración 1815 del Consejo de Europa.

Todos tienen en común su falta de rigor, el establecimiento de límites de forma arbitraria o la extrapolación inadecuada de estudios en animales o de laboratorio sin tener en cuenta las condiciones reales.

En 30 años, no se ha publicado una revisión sistemática o metaanálisis -los estudios con mayor fortaleza en ciencia- que demuestre sus alarmantes augurios y peligros para la salud (efectos sobre el sueño, la concentración, fisiológicos, hipersensibilidad o, incluso, cáncer).

En cambio, sí es constatable la relación de sus promotores con la proliferación de un cierto “negocio del miedo” a partir de datos tergiversados, erróneos y en ningún caso avalados por la evidencia científica.

Y ese negocio que se basa en esos datos afecta tanto a ámbitos como el médico-sanitario, con diagnósticos o prescripciones no fundamentados en el conocimiento médico; el legal, con denuncias insostenibles basadas en opiniones de supuestos expertos, medios de información carentes de credibilidad (webs pseudocientíficas) o, incluso, empresas que ofrecen aparatos y dispositivos de protección completamente innecesarios.

Todo un negocio basado en el miedo y el desconocimiento que sigue alimentando esa falsa percepción de que vivimos radiados al límite.

*Alberto Nájera López es doctor en radiología y medicina física y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y Juan Carlos López es ingeniero de telecomunicaciones y catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leer la versión original aquí.


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