¿A qué equivalen exactamente los "errores" del Ejército?
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¿A qué equivalen exactamente
los "errores" del Ejército?

De 252 militares implicados en violaciones a derechos humanos en la guerra al hampa, sólo 19 han sido sancionados.
Por Paris Martínez
13 de febrero, 2012
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Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional.//FOTO: Cuartoscuro

El pasado jueves, al conmemorar el 99 aniversario de la Marcha de la Lealtad, el general Guillermo Galván, secretario de la Defensa Nacional, admitió que el Ejército ha cometido “errores” en la lucha contra el crimen organizado emprendida a inicios del sexenio por el presidente Felipe Calderón; sin embargo, no precisó que dichos “errores” son, en concreto, 33 civiles asesinados; 225 más sometidos a tortura; 20 personas violadas sexualmente (17 mujeres y tres hombres) además de tres desapariciones forzadas, entre diciembre de 2006 y diciembre de 2011, tal como consta en los 82 expedientes sobre abusos militares enmarcados en la guerra al hampa, que han sido elaborados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

De entre estos “errores”, además, destacan aquellos cometidos por el Ejército en agravio de: cinco niños asesinados (tres de ellos de 1, 3 y 6 años de edad); así como las torturas a las que fueron sometidos otros diez; la violación de dos menores y los abusos sexuales contra otras dos.

Pese a ello, dijo el general, “la sociedad se sabe y se siente leal a sus Fuerzas Armadas. Enhorabuena por México”.

Lealtades

Reconocer” la existencia de los abusos en los que los militares han incurrido durante acciones contra el crimen organizado, abundó el general Galván en la ceremonia realizada la semana pasada en Chapultepec, es, pues, una muestra de “lealtad a las víctimas y a sus familiares“, aunque, subrayó, la lealtad del Ejército es también para con sus soldados, misma que se demuestra al identificar “aquellos casos tendenciosos que buscan desprestigiar a la institución y desviar la acción de la justicia en favor de los delincuentes”.

Ya una semana antes, a través del informe Quejas y Recomendaciones, la Sedena había expresado que “cuando algún integrante del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos se ven involucrados en presuntas violaciones a los derechos humanos, la Secretaría de la Defensa Nacional atiende de manera inmediata las quejas presentadas y recomendaciones emitidas por la CNDH”, aunque también se enfatizó que “existen quejas que son presentadas por los integrantes de la delincuencia organizada, para desprestigiar a este Instituto Armado y, de esta forma, limitar sus operaciones”.

Y es en las mismas recomendaciones del ombudsman nacional, así como en el tratamiento que la Sedena les ha dado, que puede verificarse la correspondencia existente entre el discurso oficial y la realidad.

Por ejemplo, según el reporte Quejas y Recomendaciones, de los 252 soldados involucrados en 77 expedientes sobre violaciones a derechos humanos cometidas en el marco del combate al hampa (el documento no incluye los últimos cinco casos avalados por la CNDH en diciembre pasado), sólo 19 han sido condenados.

En contraste, otros 168 militares fueron exonerados y 65 más permanecen bajo proceso.

El mismo documento señala, además, que de los 19 altos mandos que fueron involucrados en los asesinatos, torturas, desapariciones y otras violaciones a los derechos humanos cometidas “como resultado de las operaciones contra el crimen organizado”, ninguno enfrentó proceso y, menos aún, penas formales.

Por el contrario, señala el informe de la Sedena, en su apartado “Cifras de los militares procesados y sentenciados vinculados con violaciones a los derechos humanos”, 13 de los expedientes en los que la CNDH comprobó abusos del Ejército fueron archivados por la institución, “pues no se ha encontrado responsabilidad alguna“; en otros seis casos, en los que la Procuraduría de Justicia Militar inició una investigación, “se concluyó la averiguación previa no acreditándose la conducta ilícita” y en cuatro más no se inició un proceso penal, sino únicamente un “procedimiento administrativo”.

Crimen y castigo

Durante su alocución del pasado jueves, el general Galván también puso énfasis en que los militares mexicanos “somos leales a la ciudadanía, al atender con prontitud y esmero los requerimientos que nos plantean”. Sin embargo, tal como revelan los informes de la Sedena, de esos 77 casos documentados de violaciones a derechos humanos perpetradas por militares so pretexto de operativos contra el hampa, sólo en tres de ellos se ha llegado a una sentencia condenatoria.

Así pues, de los 19 militares sentenciados por estos abusos, 15 forman parte de la misma causa, el asesinato de seis miembros de una familia, tres de ellos infantes, ocurrido en junio de 2007.

Otros dos integrantes del Ejército, además, recibieron un castigo de dos años de prisión, tras raptar y asesinar a un civil.

Por el contrario, los caso de tortura denunciados en Guanajuato el 17 de octubre de 2008, y en Guerrero, un día después, fueron archivados por la Sedena a mediados de enero pasado, sin haber siquiera iniciado proceso contra algún responsable en particular.

Así pues, de los 33 asesinatos cometidos por militares en este sexenio, sólo siete han sido resueltos, mientras que  los 225 casos de tortura, las 20 violaciones sexuales, así como las decenas de casos de detención ilegal y tratos crueles permanecen impunes.

Cabe destacar que en el documento Quejas y Recomendaciones, la Sedena reporta haber sancionado a un “jefe”, aunque no por algún abuso cometido en el marco de la guerra contra el crimen organizado o por algo que haya ocurrido durante el gobierno de Felipe Calderón. Se trata del coronel Uriel Ríos Velázquez, ex comandante del 78 Batallón, quien en noviembre de 2005 obligó a un subordinado, a manera de novatada, “a beber grandes cantidades de alcohol, lo que provocó al agraviado insuficiencia respiratoria aguda secundaria, provocada por una broncoaspiración, y el consecuente fallecimiento”, tal como consta en la recomendación 9/2007 de la CNDH.

Por este hecho, el coronel Ríos (quien enfrentó cargos por “abuso de autoridad”) pasó cuatro meses en la prisión militar.

Complicidades

“En la democracia en que vivimos –destacó Galván, el pasado jueves–, la observancia del Estado de Derecho, el rechazo a la impunidad, la equidad de género, la transparencia, la rendición de cuentas, la atención prioritaria a la ciudadanía y el respeto a los derechos humanos son propensiones irreversibles”, por lo cual, antes la Sedena había establecido que “cuando es comprobado algún delito que atente contra la dignidad humana, considerado como violencia a los derechos humanos, los órganos del fuero de guerra inician el proceso penal correspondiente, en contra del personal militar involucrado.”

No obstante, las recomendaciones emitidas por la CNDH contra el Ejército, enmarcadas en la lucha contra el crimen organizado declarada por el presidente Calderón, reflejan otra realidad: de los 82 casos en que el ombudsman nacional comprobó violaciones a los derechos humanos, entre diciembre de 2006 y diciembre de 2011, en 71 de ellos la Sedena actuó irregularmente.

En 56 casos, por ejemplo, la institución armada entregó informes “distintos a la realidad”, con datos “incorrectos e incongruentes”, ocultó información o no aportó pruebas de su legal proceder; en otros ocho casos, el personal demostró “falta de voluntad para cooperar”, dilaciones o “entorpecimiento” de las investigaciones, así como mala integración de indagatorias; en tanto que, en 15 casos específicos de tortura, los médicos militares omitieron asentar en sus reportes las lesiones infringidas a la víctima, su causa o consecuencias.

Pese a ello, dijo el general Galván, en Chapultepec, “lealtad es aceptar las recomendaciones que nos hacen los organismos competentes”.

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¿Por qué Irán ejecuta a más mujeres que cualquier otro país?

La BBC habló con activistas de derechos humanos dentro y fuera de Irán sobre las razones que explican esta situación.
10 de agosto, 2022
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Advertencia: este artículo contiene imágenes que pueden resultar perturbadoras.

Los grupos de derechos humanos dicen que Irán vive una ola de ejecuciones. Solo en la última semana de julio, 32 personas fueron ejecutadas, incluidas tres mujeres que fueron ahorcadas por asesinar a sus maridos.

“No hay pena de prisión por asesinato . O perdonas o ejecutas“, dice Roya Boroumand, directora ejecutiva de la organización iraní de derechos humanos Centro Abdorrahman Boroumand, con sede en Estados Unidos.

Mientras que otros países ejecutan a más personas que Irán, ningún otro ejecuta a más mujeres, según las cifras anuales de Amnistía Internacional.

¿Por qué Irán ejecuta a más mujeres?

Pena de muerte

Además de las tres mujeres ejecutadas afines de julio, otras seis murieron en los primeros seis meses del año, según el Centro Abdorrahman Boroumand.

Agentes preparan una soga de ahorcamiento en Irán.

Getty Images
Los activistas acusan a las autoridades iraníes de ocultar el número real de ejecuciones.

Es cierto que la gran mayoría de ejecuciones en el país son de hombres, pero estas 9 mujeres se suman a un total creciente.

“Entre 2000 y 2022, hemos registrado las ejecuciones de al menos 233 mujeres”, dijo Boroumand a la BBC.

106 mujeres fueron ejecutadas por asesinato y 96 por presuntos delitos de drogas”, agregó.

Se cree que un número menor fue condenado a muerte por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio.

Boroumand dijo que solo alrededor del 15% de estos casos se anunciaron oficialmente. Se conocen otros de presos políticos o de funcionarios que se filtran sin la aprobación de las autoridades.

El alto número de ejecuciones se debe en parte a la falta de flexibilidad, aseguró Boroumand. Según el sistema legal del país, el Estado no puede conmutar una sentencia de muerte por asesinato. La decisión de perdonar recae en la familia de la víctima.

Sin ayuda

La activista iraní Atena Daemi trató de obtener un indulto de última hora para Sanubar Jalali, una mujer afgana de 40 años que finalmente fue ejecutada la semana pasada por matar a su esposo.

La madre de Abdolah Hosseinzadeh, quien fue asesinado en 2007, remueve la soga del cuello de Balal, quien mató a su hijo.

Getty Images
En un extraño acto de compasión, los padres de un joven asesinado perdonaron al asesino después de que fuera llevado a la horca.

Daemi esperaba negociar el perdón con la familia del esposo de Jalali.

“Tratamos de encontrar a la familia de la víctima para suplicarles, pero las autoridades penitenciarias no ayudaron. Nos dieron el número de teléfono de su abogado asignado por el Estado, pero ignoró nuestras solicitudes”, dijo Daemi a la BBC.

“Las autoridades penitenciarias a veces ayudan a que la familia acepte dinero y perdone, pero no siempre”.

Sin embargo, Boroumand puede contar algunos éxitos: trabajando con otros activistas, aseguró haber salvado a dos personas de la ejecución y a otras ocho de la amputación de una parte del cuerpo.

De las otras dos mujeres que fueron ahorcadas el mismo día que Jalali, una era una niña casada a la edad de 15 años. La otra había sido arrestada por matar a su esposo hace más de cinco años.

Defensa débil

Daemi ha pasado siete años en prisión por su activismo. Ella dijo que las prisiones para mujeres carecen de instalaciones básicas y que a veces las reclusas son golpeadas.

Atena Daemi

Atena Daemi
Atena Daemi dice que el sesgo de género en el sistema judicial dificulta la absolución de una mujer acusada de asesinato.

Los procedimientos judiciales a menudo se inclinan contra las mujeres, ya que solo los hombres pueden ser jueces y la mayoría de los abogados también son hombres, señaló.

Los tribunales iraníes deben proporcionar un abogado defensor, pero Daemi aseguró que no brindan suficiente apoyo legal ya que “muchos de estos abogados asignados son exjueces o fiscales”.

“Probar la inocencia no es fácil en los casos de asesinato. En esos casos, las palabras de los familiares de la víctima tienen más peso que las del acusado”, indicó Daemi.

Sistema sexista

La periodista iraní Asieh Amini, que ahora vive en Noruega, ha seguido de cerca los casos en que las mujeres son condenadas a muerte. Ella considera que la raíz del problema es el propio sistema legal.

Una mujer iraní detenida en prisión.

Getty Images
Muchas familias cortan vínculos con las mujeres que son acusadas judicialmente, explican los activistas.

“Según la ley, el padre y el abuelo paterno son el cabeza de familia y pueden decidir el destino de las hijas, incluido el matrimonio”, explicó Amini a la BBC.

Esto significa que las niñas que se ven obligadas a casarse pueden enfrentar graves problemas, incluida la violencia doméstica, y les resultará casi imposible divorciarse en los tribunales iraníes, añade.

Las mujeres condenadas a muerte a menudo pierden incluso el apoyo de sus padres, quienes pueden desear defender lo que consideran el “honor de la familia“.

“En esta condición, algunas mujeres siguen siendo víctimas de la violencia para siempre”, dice Amini.

Otras consideran matar a sus maridos.

“Algunas de estas mujeres confesaron que ellas mismas cometieron el asesinato o alguien las ayudó. Casi todas enfatizaron en que si hubiera habido una manera de apoyarlas contra la violencia que estaban soportando, no habrían cometido el crimen”, afirmó.

Asieh Amini

Javad Montazeri
Asieh Amini atribuye la ejecución de mujeres en Irán a las leyes religiosas y a la sociedad patriarcal.

Ejecuciones de menores

Amini citó como ejemplo de cómo los tribunales tratan a algunas mujeres el caso de una niña de 16 años, Atefeh Sahaleh, quien fue abusada sexualmente por varios hombres.

En lugar de buscar justicia para la adolescente, los jueces dictaminaron en 2004 que había tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio.

“Fue condenada a muerte por confesar haber tenido relaciones sexuales con unos hombres, cuando en realidad fue violada”, explicó Amini.

Aseguró que, según el Código Penal Islámico de Irán, si una persona soltera confiesa haber tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, será sentenciada a 100 latigazos. Y si este acto se repite tres veces, pueden ser condenadas a muerte.

“Pero en el caso de Atefeh, ni siquiera se aplicó esta ley inhumana, porque descubrí que le dieron 100 latigazos solo dos veces antes de que el juez dictaminara que tenía que ser ejecutada”, dijo Amini.

“Por cuarta vez, este mismo juez, cuyo nombre era Haji Rezaei, puso la cuerda alrededor del cuello de Atefeh“.

El entusiasmo por la retribución no termina ahí. La activista contra la pena de muerte Narges Mohammadi publicó un video donde describe una ejecución en la que el hijo de una mujer condenada por asesinar a su esposo pateó el taburete de debajo de los pies de su madre en la horca.

Reclusas iraníes sentadas en su celda en la cárcel de Evin.

Getty Images
Atena Daemi dice que las cárceles de mujeres a menudo carecen incluso de las necesidades básicas

Mohammadi cree que la familia del marido asesinado ejerció mucha presión sobre el hijo y sus parientes para restaurar el “honor familiar”.

Herramienta de intimidación

Amini lamenta que la discriminación en la ley, los tribunales y las tradiciones “jueguen un papel en llevar a estas mujeres a un callejón sin salida, convirtiéndolas en criminales o en víctimas”. Sin embargo, no está segura de qué hacer con esta serie de ejecuciones.

“Realmente nunca entendí durante los años que seguí estos casos de prisión en prisión, cómo el gobierno de Irán se beneficia de un castigo tan brutal“, dijo.

No obstante, Boroumand tiene una teoría.

Una mujer parada en la horca en Irán.

Getty Images
En el exterior ha habido muchas protestas contra el uso de la pena capital por parte de Irán.

Las prisiones de Irán ahora están abarrotadas de presos políticos y consumidores de drogas, y para aliviar la presión sobre las cárceles, cree que los funcionarios obligan a los familiares de las personas asesinadas a acelerar su decisión: clemencia o muerte.

Boroumand teme que esto lleve a que muchos más sean enviados a la horca.

Ella también sospecha que las autoridades tienen un motivo oculto para el castigo extremo.

“Recientemente le amputaron la mano a un hombre en Teherán. Están trayendo prisioneros de otras ciudades para realizar las amputaciones”, aseguró.

“No lo están anunciando, pero lo hacen de tal manera que la información sobre el castigo se filtrará en la sociedad en general y creará miedo entre los activistas”.

El gobierno iraní no responde a las solicitudes de comentarios de la BBC, pero el poder judicial ha dicho previamente que las ejecuciones son legales y no violan las obligaciones internacionales (tratados firmados por Irán). El gobierno iraní ha negado repetidamente los informes de tortura y confesiones forzadas.


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