De acuerdo con la orden de aprehensión PGR/DGCAP/ZNE-VIII/114A/2011 en contra del ex procurador general de Justicia de Guerrero, Alberto López Rosas, al funcionario ya le fue concedido un amparo.
López Rosas dijo que la determinación de la PGR –la culpabilidad de la policía ministerial en el asesinato de dos normalistas de la Escuela Rural de Ayotzinapa- “no es más que una cortina de humo de la PGR para proteger a los verdaderos responsables”, la Policía Federal.
Además, aseguró que el caso Ayotzinapa “es un vulgar michoacanazo”.
Policía ministerial, responsable de los disparos en Ayotzinapa: SIEDO
Esta mañana, el titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), José Cuitláhuac Salinas Martínez, dio a conocer que fueron elementos de la policía ministerial de Guerrero quienes dispararon contra los normalistas de Ayotzinapa.
En conferencia de prensa, la Procuraduría General de la República destaca que con base en evidencias e investigaciones científicas se conoció que la Procuraduría del Estado de Guerrero, presuntamente manipuló la investigación de los hechos en que murieron dos estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
Señaló que las evidencias muestran que personal de esa dependencia estatal “incurrió en lo siguiente: primero una manipulación y falta de preservación de las evidencias; segundo una manipulación de las actuaciones”.
El titular de la SIEDO también dio a conocer que se han realizado 215 solicitudes de información sobre el caso Ayotzinapa.
Asimismo, Salinas negó que haya funcionarios federales exonerados por el caso.
Giran 10 órdenes de aprehensión contra funcionarios
La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo del juez 1 de Distrito en Guerrero 10 órdenes de aprehensión por diversos delitos federales contra distintas personas, entre ellos el ex procurador estatal, Alberto López Rosas, por el caso de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa.
De acuerdo con la orden de aprehensión PGR/DGCAP/ZNE-VIII/114A/2011 en contra del ex procurador general de Justicia de Guerrero, Alberto López Rosas, al funcionario ya le fue concedido un amparo.
Sin mencionarlo por su nombre, la PGR detalló que las órdenes de aprehensión fueron giradas también contra un civil, un subprocurador, un director general, un fiscal, tres ministerios públicos, un auxiliar de Ministerio Público y otro servidor público.
En un comunicado, la dependencia agregó que al ex titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero se le señala por encubrimiento en la hipótesis de desviar u obstaculizar la investigación de un hecho delictivo.
Además se le imputan, al igual que a los servidores y ex servidores públicos implicados, delitos contra la administración de justicia, al favorecer que un inculpado se sustraiga de la acción de la justicia.
En cuanto al civil, la PGR indicó que se le señala por los delitos de falsedad en informes dados a una autoridad y por simulación de pruebas.
Las investigaciones por lo ocurrido el 12 de diciembre en donde murieron dos estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa están contenidas en 48 tomos y comprenden actuaciones ministeriales y peritajes en áreas como medicina forense, criminalística de campo e incendios y explosiones, entre otros.
Además se han realizado 215 pruebas testimoniales e investigaciones a cargo de la Policía Federal Ministerial y 280 declaraciones relacionadas con este caso.
De esta manera, el agente del Ministerio Público federal acreditó la comisión de delitos federales y locales, y remitió a la procuraduría estatal el expediente para que consigne por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.
También por los delitos de encubrimiento por favorecimiento, falsedad de declaraciones ante una autoridad, contra la administración de justicia, privación ilegal de la libertad, robo de vehículo y objetos, lesiones, daño en propiedad ajena y abuso de autoridad, contra quien o quienes resulten responsables.
En tanto la PGR continúa investigando, entre otros delitos de competencia federal, el de posesión de cartuchos y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, abuso de autoridad y tortura, también contra quien o quienes resulten responsables “sin distingo del orden de gobierno al que pertenezcan”.
Notimex
