Javier Villarreal Hernández, ex titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Coahuila, fue arrestado en Texas, Estados Unidos, a principios de febrero con 67 mil dólares en efectivo. Sin embargo, salió libre cinco días después tras pagar una fianza y actualmente se desconoce su paradero.
Villarreal –quien tiene una orden de aprehensión en México- fue detenido junto con su esposa María Botello el 1 de febrero en la carretera 31 del condado de Smith, en Texas, porque su auto no tenía la placa delantera.
Según el diario Reforma, registros del condado texano revelan que Villarreal Hernández fue liberado el 6 de febrero después de pagar una fianza de 20 mil dólares.
Detienen a 2 ex funcionarios de SHCP por caso Moreira
La Procuraduría General de la República (PGR) cumplió una orden de aprehensión contra dos ex funcionarios de la Secretaría de Hacienda (SHCP) presuntamente relacionados con el caso de créditos obtenidos presuntamente de manera irregular por el estado de Coahuila.
La dependencia federal informó a través de un comunicado que se cumplió la orden de aprehensión contra Jaime René Jiménez Flores y a Jorge López Alarcón al ser señalados como cómplices, quienes se encuentran internados en el Reclusorio Norte del Distrito Federal, a disposición del Juez de Distrito.
Jaime René Jiménez Flores era Director de Deuda Pública de Entidades y Municipios de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, mientras Jorge López Alarcón fungía como Jefe de Departamento por Honorarios, adscrito a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la misma dependencia.
Además, un Juez de Distrito giró órdenes de aprehensión contra cinco ex funcionarios del gobierno de Coahuila, por los créditos obtenidos presuntamente de manera ilegal durante el la administración de Humberto Moreira.
Los ex funcionarios habrían obtenido un préstamo de mil millones de pesos con documentación falsa, por lo que, de comprobarse, estarían incurriendo en un delito grave.
Los nombres de los ex funcionarios fueron dados a conocer por medio de un comunicado, Miguel Ramón Rodríguez Flores, ex titular de la Tesorería General del Estado de Coahuila, Héctor Javier Villarreal Hernández; ex Secretario Ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila -SATEC; Sergio Ricardo Fuentes Flores, ex Administrador General de Políticas Públicas del SATEC; Juan Manuel Froto García, ex Director General del Fondo de Garantías para el Impulso de la Micro Empresa del Estado de Coahuila; Enrique Ledezma Sánchez, ex Subadministrador de Políticas Públicas del SATEC, y Jaime René Jiménez Flores, ex Director de Deuda Pública de Entidades y Municipios de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Aquí el comunicado completo de la PGR:
La Procuraduría General de la República informa que en relación a la denuncia presentada por la Procuraduría Fiscal de la Federación en septiembre de 2011, por créditos obtenidos presuntamente de manera irregular por ex funcionarios del Gobierno del Estado de Coahuila, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales dentro de la averiguación previa UEIDFF/FINM17/330/2011, obtuvo de un Juez de Distrito órdenes de aprehensión en contra de los ex servidores públicos siguientes:
1. Miguel Ramón Rodríguez Flores (Ex Titular de la Tesorería General del Estado de Coahuila).
2. Héctor Javier Villarreal Hernández (Ex Secretario Ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila -SATEC-).
3. Sergio Ricardo Fuentes Flores (Ex Administrador General de Políticas Públicas del SATEC).
4. Juan Manuel Froto García (Ex Director General del Fondo de Garantías para el Impulso de la Micro Empresa del Estado de Coahuila).
5. Enrique Ledezma Sánchez (Ex Subadministrador de Políticas Públicas del SATEC).
6. Jaime René Jiménez Flores (Ex Director de Deuda Pública de Entidades y Municipios de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).
7. Jorge López Alarcón (Ex Jefe de Departamento por Honorarios, adscrito a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).
Dichas órdenes se otorgaron por el delito previsto en el artículo 112, párrafo cuarto, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, en grado de tentativa, considerado como grave.
El ejercicio de la acción penal en contra de los ex servidores públicos, se resolvió por su probable responsabilidad en la hipótesis relativa a: “las personas que con el propósito de obtener un crédito, proporcionen a una institución de crédito, datos falsos sobre el monto de los activos de una entidad, si como consecuencia de ello resulta quebranto patrimonial para la institución”.
Se han cumplimentado las correspondientes a Jaime René Jiménez Flores y a Jorge López Alarcón al ser señalados como cómplices, quienes se encuentran internados en el Reclusorio Norte del Distrito Federal, a disposición del Juez de Distrito.
Los otros 5 probables responsables se encuentran prófugos de la acción de la justicia.
Cabe señalar que ex funcionarios del Gobierno del Estado de Coahuila presuntamente cometieron el delito al obtener un crédito de un mil millones de pesos ($1,000’000,000.00), al presentar en el banco del Bajío documentación falsa, consistente en un decreto donde supuestamente el H. Congreso del Estado de Coahuila autorizaba al Gobierno a endeudarse y que se afectaran en garantía de pago los ingresos de las participaciones federales.
El 16 de diciembre de 2010, se firmó el contrato de crédito simple y el 14 de febrero de 2011, ex servidores públicos de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en complicidad con los ex funcionarios de Coahuila, usaron un sello falso y alteraron el contrato respectivo, asentando que el crédito había sido inscrito en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de la SHCP, lo que originó que la institución bancaria liberara los recursos el 18 y 24 de febrero de 2011; con lo cual se puso en peligro el bien jurídico tutelado por la norma penal consistente en el patrimonio de la institución de crédito y en consecuencia su estabilidad.
Es importante puntualizar que las investigaciones continúan para dar cabal cumplimiento a la procuración de justicia, reiterando nuestro compromiso de actuar con estricto apego a la Ley.
