El juez Baltasar Garzón fue condenado a 11 años de inhabilitación por ordenar escuchas entre presos y sus abogados durante una investigación de presuntos actos corruptos en la administración pública, según informó el jueves el Tribunal Supremo.
La sentencia entierra prácticamente la carrera en la magistratura de Garzón, un hombre que puso contra las cuerdas al dictador chileno Augusto Pinochet.
Garzón, de 56 años, estaba acusado del delito de prevaricación —dictar a sabiendas una resolución injusta— por su rol en el llamado caso “Gürtel”, que destapó una trama corrupta en la administración pública y salpicó a las delegaciones regionales del gobernante Partido Popular en Valencia y Madrid.
En 2009, Garzón ordenó grabar las conversaciones de varios acusados de la trama y sus abogados en prisión. La legislación española permite intervenir estas comunicaciones en casos de terrorismo, pero su encaje legal en otro tipo de delitos es más difuso.
La sentencia del tribunal de siete magistrados del Supremo que juzgaron a Garzón considera que su decisión fue “injusta”, al “restringir arbitrariamente” el derecho de defensa de los imputados en prisión.
La acusación particular, ejercida por dos implicados en la trama y un abogado que se consideran damnificados por Garzón, solicitaba hasta 17 años de inhabilitación. Pero el Supremo dejó la condena en 11.
En el juicio celebrado entre el 17 y el 20 de enero en Madrid, Garzón aseguró que al ordenar esas escuchas trataba de impedir un delito continuado de evasión de capitales.
Además del caso “Gürtel”, el magistrado español está pendiente de sentencia en el juicio que finalizó el miércoles por su investigación de los crímenes del franquismo.
