La propaganda electoral que se hace en México es un “mal necesario”. Mal, porque genera un daño irreversible para el medio ambiente, pero necesario porque permite a políticos posicionarse ante el ciudadano.
A decir de Federico Manzo, asambleísta del Distrito Federal (DF) por el Partido Acción Nacional (PAN) y aspirante a diputado federal, el 40 % de aceptación visual de un candidato se la debe a la propaganda que coloca en bardas, pendones, lonas y espectaculares. Al menos eso es lo que le han dicho expertos en imagen pública y campañas electorales.
“Desde luego que la propaganda permite que un candidato sea conocido”, comenta por su parte David Razú, aspirante a jefe delegacional en Cuauhtémoc por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el DF. Como asambleísta capitalino se ha pronunciado contra utilizar la propaganda electoral al considerar que no aporta nada al debate de ideas y propuestas. Aún así, se dice consciente que no hacer uso de ella le arrojaría una “desventaja” a cualquier candidato.
“Es un método para acercar la imagen”, dice Víctor Romo, también asambleísta del DF por el PRD, quien busca la jefatura delegacional en Miguel Hidalgo. Al igual que los otros dos precandidatos entrevistados, considera que el mejor método para lograr la simpatía y el apoyo de la gente es el trabajo y el acercamiento que se logre con ellos. Lo mismo piensa Leticia Robles, diputada federal del PRI y precandidata a jefa delegacional en el DF por Álvaro Obregón, quien después de ocupar cinco diferentes cargos públicos, sostiene que él único procedimiento “infalible” para lograr votos es la labor que se haga con los electores, sean de su partido o no.
De efecto invernadero
El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), ley que regula a las instituciones que se encargan de organizar las elecciones en México, así como sus métodos, establece el tipo de material que los candidatos y partidos políticos deberán utilizar para elaborar la propaganda electoral impresa.
“Que no dañen el medio ambiente, preferentemente reciclables y de fácil degradación natural”, señala el artículo 236 del Código, el cual, al referirse al último punto -la degradación natural- abre la posibilidad de utilizar lonas y pendones elaborados a base de plástico biodegradable -sustancia que se descompone o desintegra con relativa rapidez en compuestos simples por alguna forma de vida.
Es una “estupidez” que se haya legislado a favor de elaborar propaganda biodegradable, asegura Benjamín Ruiz Loyola, maestro en Ciencias Químicas y académico por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Especializado en temas de impacto ambiental, contaminación, armas de destrucción masiva y drogas, señala que los políticos que hicieron esta ley no tenían “ni idea” de las implicaciones de permitir que la propaganda fuera biodegradable, pues aún cuando pareciera que es lo más adecuado para el medio ambiente, en la práctica no lo es.
Ruiz Loyola sostiene que este tipo de propaganda es más dañina porque al desintegrarse a cielo abierto, se transforma en partículas de dióxido de carbono (CO2), uno de los gases de efecto invernadero. En grandes cantidades, además, suele generar capas impermeables en el suelo, lo que impide la recarga de acuíferos e incrementa el riesgo de inundaciones.
Si la propaganda se entierra -como ocurre cuando va a parar a los rellenos sanitarios-, la afectación es mayor porque se transforma en metano, que también es un gas de efecto invernadero pero 20 veces más dañino que el CO2. “Lo que tendrían que haber aprobado –los diputados-, es la exigencia para todos aquellos candidatos de recoger y reciclar todo el plástico –de polietileno- que utilicen en sus campañas”, asegura Ruiz Loyola, quien aún cuando reconoce que este material también tiene repercusiones para el medio ambiente, es menos dañino que el biodegradable pues se puede reciclar más de 30 veces y dar diferente usos.
Visualmente incorrecto
La contaminación visual es otra de las afectaciones que acarrea el uso indiscriminado de la propaganda electoral. Un monitoreo de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del DF (PAOT), realizado el pasado 26 de enero a lo largo de 118 kilómetros de vialidades primarias y corredores publicitarios en la Ciudad de México, arrojó que el 96 % de los 6 mil 264 anuncios propagandísticos –la mayoría de ellos electorales- colocados en el perímetro analizado, se encontraban en sitios no permitidos. El 89 % de la propaganda había sido colocada en semáforos, puentes peatonales y postes; 3 % en árboles y áreas verdes y un 2.5 % obstruía señalamientos viales.
“La competencia de los espacios es agresiva”, reconoce Rodrigo Atilano, director de Servicios Públicos del Gobierno del DF, quien explica que ante la falta de lugares para colocar la propaganda los precandidatos o candidatos incurren en irregularidades. Una muestra de ello son las 10 mil piezas que tras el cierre de las precampañas, la dependencia a su cargo había retirado de las calles por obstaculizar señalamientos viales o por encontrarse tirada en la vía pública.
Atilano explicó que por ley –en el caso del DF- los partidos políticos y los candidatos están obligados a retirar su propaganda. La Dirección de Servicios Públicos sólo interviene cuando los responsables no cumplen con su obligación. “Cuando eso sucede nosotros entramos a retirarla, almacenarla temporalmente y a canalizarla a la industria del reciclaje”. Hasta la tercera semana de febrero, las autoridades capitalinas habían retirado poco más de 76 mil piezas de propaganda electoral –alrededor de 46 toneladas- y faltaban por retirar 180 mil piezas más.
La afectación visual se agrava, además, porque no existe un límite de pendones, mantas o espectaculares que los candidatos o partidos deban utilizar. Mientras en Europa las autoridades electorales han delimitado muy bien la cantidad de espacios que cada partido político tiene al momento de colocar la propaganda electoral, lo que también ocurre en países sudamericanos como Colombia, en México sólo se ha logrado legislar sobre el tipo de espacios que se pueden utilizar, sin tocar el tema de cuántos. Lo anterior significa carta abierta para colocar los anuncios que se les antoje.
Arturo Espinosa, abogado especializado en derecho electoral, asegura que la regulación para el retiro de la propaganda es “muy general”, pues aun cuando la ley obliga a partidos y candidatos a retirarla, las sanciones quedan en el ámbito administrativo. “Si la ley dijera que candidato que no cumpla… se le inhabilitara para ocupar puestos públicos por 15 años, entonces veríamos si no la recogen”, dice por su parte Benjamín Ruiz Loyola, académico de la UNAM, quien además de plantear penas más severas para los candidatos incumplidos, propone generar un daño menor al ambiente utilizando propaganda electoral elaborada exclusivamente de plástico polietileno.
El problema con la propaganda electoral, sostiene el académico, es que los políticos mexicanos toman decisiones “populistas… (Si) La gente quiere algo para resolver los problemas de medio ambiente, se inventan algo. (Si) Greenpeace dice que hay que hacer (anuncios) biodegradables démosle gusto. Pero jamás se acercan a los científicos para preguntarles lo que se puede hacer”.
El mayor problema, sin embargo, no sólo radica en el impacto ambiental que deja la elaboración indiscriminada, cada tres años, de propaganda electoral o el casi nulo castigo para los candidatos y partidos que no cumplen con retirarla. Si no que al no existir otro método más ingenioso y efectivo que permita a políticos exponer sus ideas y propuestas de gobierno, el bombardeó de mantas, espectaculares y pendones se convierte en una especie de “mal necesario” aún cuando el daño que esto acarrea al medio ambiente es perjudicial para todos.
