PRI se lanza contra el PAN durante la veda electoral
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PRI se lanza contra el PAN durante la veda electoral

PRI acusa ante la Fepade a la hermana del presidente de México por supuestos delitos electorales y exhortar a la PGR a investigar a dos ex gobernadores del partido por supuestos nexos con el crimen organizado.
Por Francisco Sandoval Alarcón
21 de febrero, 2012
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Una vez iniciada la veda electoral para los precandidatos presidenciales, el PRI se lanzó contra el PAN, con acusaciones sobre la hermana del presidente Felipe Calderón y dos ex gobernadores de Baja California, uno de ellos quien hasta hace unos meses fuera el coordinador político nacional de la precandidata del PAN, Josefina Vázquez Mota.

Los señalamientos del PRI contra personajes representativos del PAN, se da a cuatro días de iniciada la veda electoral implementada por el Instituto Federal Electoral en México. En ese periodo -que concluirá el 30 de marzo-, la institución les prohíbe a los precandidatos exponer sus ideas ante la opinión pública y participar en actos públicos.

El primer señalamiento lo hizo el presidente del PRI nacional, Pedro Joaquín Coldwell. Alrededor de las 8 de la mañana del lunes, presentó -en la sede nacional del partido- la grabación de una supuesta plática que sostuvo la ex candidata panista al gobierno de Michoacán, Luisa María Calderón -hermana del presidente de México, Felipe Calderón-, con sus colaboradores. En el audio se escucha la voz de una mujer que propone dar apoyo económico, “billetazo” le llama ella, a cambio de más seguidores para su causa.

Coldwell anunció que por estos hechos interpondrían una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) de la Procuraduría General de la República (PGR), por el probable “desvío de recursos públicos, utilización de programas sociales, tráfico de influencias y compra de votos”.

La segunda acusación la lanzaron, cuatro horas más tarde, un grupo de diputados priistas de Baja California que se presentaron a las instalaciones de la PGR -en la Ciudad de México- para exhortar a la titular de la dependencia, Marisela Morales, a que iniciara una investigación contra los ex gobernadores de ese estado, Ernesto Ruffo y Eugenio Elourduy.

Lo hicieron basados en el exhorto que el martes 14 de febrero aprobaron los diputados –con excepción de los panistas- de Baja California, para pedirle a Morales investigar a los ex mandatarios panistas por supuestos nexos con el crimen organizado y el haberse beneficiado económicamente con sus cargos.

En el documento presentado a la PGR, los diputados expresaban que la solicitud era para “atender el reclamo de justicia de la sociedad bajacaliforniana”, pero  además reconocían que las pruebas para lanzar el exhorto las basaron en una serie de notas periodísticas y en las dos cartas que en 2008 publicará -en diferentes medios de comunicación- el general Sergio Aponte Polito, quien por muchos años fungió como Comandante de la Segunda Región Militar en Baja California. En sus cartas, Aponte denunció una supuesta serie de actos  corrupción cometidos por gobiernos panistas en esa entidad fronteriza.

Aquí el exhorto íntegro del Congreso de Baja California:

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido Estatal de Baja California y del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de procuración de justicia investigue supuestas irregularidades.

 

DIPUTADO DAVID JORGE LOZANO PÉREZ.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO.

P r e s e n t e.-

COMPAÑERAS DIPUTADAS.

COMPAÑEROS DIPUTADOS.

HONORABLE ASAMBLEA:

 

Los que suscribimos, Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde de México, del Partido, del Partido Estatal de Baja California, y del Partido del Trabajo, todos de la XX Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 110 fracción III, 114, y 119, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, sometemos al Pleno de esta Honorable  Asamblea, con dispensa de trámite, la siguiente

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES

 

Por el dicho de un alto mando de las fuerzas castrenses de nuestro país, la prensa escrita nacional dio cuenta de su expresión en el sentido de: Que el crimen organizado ya había rebasado la capacidad del estado como tal, y que las organizaciones ilícitas habían permeado en todos los ámbitos de nuestra sociedad.

La participación dentro de la Política, obliga al funcionario a conducirse con probidad y dentro del marco de derecho, atento a la protesta del cargo conferido según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De tal suerte, que actuar al margen de la Ley, se traduce en alta traición a la patria, cuando un Servidor Público incumple con su mandato, y en consecuencia, violenta la confianza ciudadana particularmente.

La causa generadora de este Punto de Acuerdo, deviene de sendas expresiones difundidas por la prensa escrita, televisiva y radiofónica en su momento.

También a sendas cartas publicitadas en un periódico de circulación estatal y nacional con fecha 22 de abril y 3 de agosto de 2008, hecha por el señor general Sergio Aponte Polito, alto mando castrense de la Secretaria de la Defensa Nacional.

Nos referimos particularmente a las personalidades de los señores exgobernadores emanados del Partido Acción Nacional Ernesto Ruffo Appel y Eugenio Elorduy Walther particularmente.

Del primero de ellos, quien no recuerda la entrega de credenciales de la Procuraduría General del Estado, a miembros del crimen organizado, encubrimiento hacia su hermano Claudio, cuando disparo de arma de fuego e intento de homicidio de conocido empresario de la radio, y las especulaciones de estar encubriendo a personalidades involucradas en ilícitos, así como fraudes de terrenos.

Entrega de obras a constructoras que nunca cumplieron (Blvd. Federico Benitez), venta de más de 300 hectáreas del bosque de la ciudad (parque Morelos), durante su gobierno y posterior a este crédito Japonés e inducción de obra en la cuesta del tigre.

Y qué decir de todas sus escoltas, unos muertos y otros recluidos en centros penitenciarios de Estado Unidos.

Así como el supuesto cobro de 500 mil dólares que exigió a Susumo Azano, por el contrato por la producción de placas para vehículos; la producción de dos millones de credenciales estatales a un costo de 14 dólares cada una cuando el IFE erogó sólo 7 pesos por cada credencial; el cobro ilegal del seis por ciento de comisión, lo que representó unos 18 millones de dólares.

Del ex gobernador Eugenio Elorduy Walther: desde que fue secretario de Finanzas con Ruffo y Gobernador, realizó autocompras a su agencia de automóviles FORD, su ex secretario de seguridad pública, Señor Carmona Añorve actualmente recluido en Almoloya de Juárez por tráfico de drogas,

y que decir de la autorización para la operación de la planta Sempra Energy y dos reconductoras de energía eléctrica, al margen de la ley y que por cierto, una de sus hijas, se encuentra en el Consejo de Administración de esa empresa, entre otras.

Sin dejar de mencionar las irregularidades en la construcción del boulevard 2000, cuyo proyecto fue realizado sobre un ducto de gas, el cual pertenece a la empresa transnacional favorecida.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y los Partidos Verde Ecologista de México, Estatal de Baja california y del Trabajo, sabemos y comprendemos la inconformidad de los bajacalifornianos desde 1989 a la fecha, con casi veintitrés años de gobiernos corruptos, resaltando principalmente a Ernesto Ruffo Appel y Eugenio Elorduy Walther.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 31 de la Constitución Política del Estado de Baja California, así como en el artículo 119 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se solicita a esta Honorable Asamblea se dispense el trámite correspondiente para que la presente proposición con Punto de Acuerdo sea discutida y aprobada en esta misma sesión bajo el siguiente:

 

ACUERDO

ÚNICO.- Esta Honorable XX Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, exhorta a la Lic. Marisela Morales Ibáñez, Titular de la Procuraduría General de la República, a que inicie una investigación exhaustiva por presuntos nexos con el crimen organizado y actividades ilícitas en contra de los exgobernadores Ernesto Ruffo Appel y Eugenio Elorduy Walther, relacionados durante el período de sus gestiones, a fin de atender el reclamo de justicia de la sociedad bajacaliforniana y de la prensa escrita, televisiva y radiofónica que dio cuenta de ello en su momento, así como sendas cartas del Señor General Sergio Aponte Polito, miembro distinguido de la Secretaria de la Defensa Nacional.

Dado en el Salón de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” del Honorable Congreso del

Estado, en la Ciudad de Mexicali, Baja California a los 14 días del mes de Febrero del año dos mil doce.

“Democracia y Justicia Social”

Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario Institucional

Partido Verde Ecologista de México

Partido Estatal de Baja California

Partido del Trabajo

JULIO FELIPE GARCÍA MUÑOZ, VICTOR

HUGO NAVARRO GUTIERREZ, MARCO

ANTONIO VIZCARRA CALDERON,

CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑIZ,

RUBÉN FERNÁNDEZ GONSÁLEZ, JUAN

MONTEJANO DE LA TORRE, ELÍ TOPETE

ROBLES, VIRGINIA NORIEGA RÍOS, JUAN

VARGAS RODRÍGUEZ, DAVID LOZANO

PÉREZ, FAUSTO ZÁRATE ZEPEDA,

CARLOS MURGUÍA MEJÍA, LAURENCIO

DADO ALATORRE, GREGORIO BARRETO

LUNA, ALFONSO GARZÓN ZATARÁIN Y

ELISA ROSANA SOTO AGÜERO.

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La orden de registro de la casa de Trump revela que la fiscalía lo investiga por una posible violación de la Ley de Espionaje

Entre los elementos que los agentes del FBI encontraron en Mar-a-Lago había varios documentos clasificados y una carta de clemencia para el asesor de Trump Roger Stone.
13 de agosto, 2022
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La difusión de la orden de registro por la que agentes del FBI entraron esta semana en la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago reveló detalles sobre la investigación que se sigue sobre el expresidente.

Un juez federal hizo pública este viernes la orden emitida por el Departamento de Justicia de EU, que autorizó al FBI a registrar la mansión de Trump en el sur de Florida.

El hecho se produjo el pasado lunes y los agentes del FBI se llevaron varias cajas con documentos, algunos de ellos clasificados y considerados de alto secreto.

Agentes del FBI a las afueras de la residencia Mar-a-Lago

EPA
El registro de la casa de Trump fue un hecho inusual que los defensores del expresidente califican de innecesario y políticamente motivado.

El documento explica que la Fiscalía General de EU investiga al exmandatario por presunta obstrucción a la justicia y una posible violación de la Ley de Espionaje.

La orden autorizó a los agentes del FBI a incautar todo tipo de evidencia que pudiera revelar esfuerzos por parte de Trump para retener de manera ilegal documentos que pudieran ayudar a adversarios de EU, o para esconder o destruir documentos del gobierno estadounidense.

La primera página de la orden de registro al hogar de Donald Trump en Mar-a-Lago

Reuters
La primera página de la orden de registro al hogar de Donald Trump en Mar-a-Lago.

Trump niega haber cometido cualquier tipo de acto indebido. Dice que los documentos no estaban clasificados y estaban a salvo.

Lo que se llevó el FBI

El documento divulgado por el juez que incluye la orden de cateo tiene una longitud total de siete páginas y enumera todos los elementos que los agentes se llevaron de la casa del exmandatario.

El listado hace mención a una caja recubierta de cuero llena de documentos, un documento con el título “info re: President of France” (presidente de Francia) y una solicitud de clemencia redactada a nombre del estratega político Roger Stone, un aliado de Trump de vieja data.

El listado también muestra que los agentes encontraron documentos marcados con las siglas “TS”, es decir top secret o ultrasecreto, y “SCI”, es decir información sensible compartimentalizada.

También se hace mención a “documentos secretos varios”.

Roger Stone durante su testimonio, diciembre 2021

Reuters
Los agentes encontraron una carta de clemencia para el estratega político y aliado de Trump Roger Stone.

La orden incluye la firma de la abogada de Trump, Christina Bobb, quien estuvo presente durante el cateo.

¿Qué buscaban los agentes?

La orden explica que estaban en búsqueda de:

  • Cualquier documento físico con las marcas de “clasificado“, al igual que cajas y contenedores.
  • Detalles sobre el almacenamiento o transmisión de información relacionada con la defensa nacional o material clasificado.
  • Cualquier registro gubernamental y/o presidencial del mandato de Trump.
  • Cualquier evidencia que revelara alteración intencional, destrucción u ocultamiento de cualquier registro gubernamental y/o presidencial, o cualquier tipo de documento marcados clasificados.

La orden de registro muestra que los agentes del FBI buscaban posibles indicios de violaciones a la Ley de Espionaje, que prohíbe mantener o transmitir información de seguridad nacional potencialmente peligrosa.

Agentes del FBI a las afueras de la residencia Mar-a-Lago

EPA
Los agentes del FBI retiraron unas 20 cajas con documentos de la casa de Trump en Palm Beach.

La retirada de documentos o materiales clasificados está prohibida por ley. De hecho, el propio Trump aumentó el castigo para este delito cuando estaba en la Casa Blanca y ahora se penaliza con hasta cinco años de cárcel.

La orden precisa que los lugares registrados en Mar-a-Lago incluían una zona llamada la “oficina 45” (Trump fue el presidente número 45 de EU) y salas de almacenamiento, pero no habitaciones privadas usadas por Trump y su personal.

Un hecho “sin precedentes”

Un portavoz del exmandatario habló con la cadena estadounidense socia de la BBC, CBS News, y dijo: “El gobierno de Biden está claramente en modo de control de daños después del allanamiento fallido”.

El portavoz de Trump, Taylor Budowich, afirmó: “Este allanamiento del hogar del presidente Trump no solo no tiene precedentes, sino que fue innecesario. Y ahora están filtrando mentiras e insinuaciones para intentar darle explicaciones al uso del gobierno contra su dominante oponente político. Esto es inaudito”.


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