El día de hoy el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la llamada Ley de Geolocalización, la cual tiene por objetivo fortalecer y proveer nuevos mecanismos para combatir a la delincuencia organizada en delitos como el secuestro, la extorsión o las amenazas.
La ley conlleva reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y la Ley Federal de Telecomunicaciones, principalmente.
La ley asegura que, en investigaciones sobre crímenes, las autoridades estén facultadas para pedirle a las operadoras telefónicas proveer datos de sus usuarios a la Procuraduría General de la República (PGR) o la ubicación en tiempo real de un aparato asociado a determinada línea.
Diversas organizaciones, entre ellos Human Rights Geek y Pulso Ciudadano, así como grupos en Twitter, encuentran graves fallas en dicha ley, y argumentan que ésta podría ser “anticonstitucional”, ya que faculta a las autoridades con el derecho a pedir la geolocalización de una persona simplemente bajo sospecha. Además, la PGR podrá solicitar estos datos “por oficio o medios electrónicos”. En ningún momento se estipula como requisito una orden judicial. Diputados del Partido del Trabajo también votaron en contra, con el argumento de la posible violación de derechos humanos.
Así expresa la adición del artículo 133 Quáter en el Código Federal de Procedimientos Penales:
“Tratándose de investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas, el Procurador General de la República o los servidores públicos en quienes delegue la facultad, solicitarán por simple oficio o medios electrónicos a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea, que se encuentren relacionados.”
En caso de que las empresas de telecomunicaciones se nieguen a proporcionar dicha información a las autoridades, serán multados de la siguiente forma:
“Los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones, están obligados a colaborar con las autoridades en la localización geográfica, en tiempo real.”
“Artículo 178 BIS. Al responsable operativo del concesionario o permisionario del servicio de telecomunicaciones que tenga asignada la función de colaborar con las autoridades en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea que estén relacionados con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas y que se rehusare a hacerlo de forma dolosa, se le impondrán de doscientos cincuenta a dos mil quinientos días multa.“
Asimismo, frente a los escándalos ocurridos recientemente en diversos penales mexicanos, la ley también buscó que todos los establecimientos penitenciarios cuenten con equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de los mismos.
Por esto los legisladores también avalaron reformas y adiciones a la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estipulando:
“Artículo 14 Ter. Cada establecimiento penitenciario contará con equipos que permitan bloquear o anular las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de centros de readaptación social o establecimientos penitenciarios.
Dichos equipos serán operados por autoridades distintas a las de los establecimientos penitenciarios en centros remotos, contarán con sistemas automáticos que envíen señales de alarma ante cualquier interrupción en su funcionalidad y serán monitoreados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la colaboración de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones.”
