La Cámara de Diputados aprobó por 285 votos a favor, nueve en contra y tres abstenciones el dictamen que expide la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal y se reforma el Artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
El dictamen establece que el objetivo es generar un mecanismo de índole legal que atienda las necesidades que exige toda sociedad, fortaleciendo y proporcionando un esquema que erija de manera sólida el cimiento jurídico de protección a las personas, que por circunstancias diversas se vean involucradas en un procedimiento penal.
Ello, con el fin de garantizar su participación enmarcada en un correcto desarrollo procedimental de certeza y seguridad jurídica pero también personal.
Abundó que es necesario contar con instituciones fuertes, con gente capacitada en su quehacer de investigación y protección, junto con una regulación clara de cómo y en qué condiciones las autoridades deben captar y valorar los testimonios, como sucede en Italia y la Corte Europea que exigen que los testigos protegidos, sean tratados con absoluto cuidado.
El resolutivo establece las medidas de protección consistentes, entre otras, en tratamiento médico, psicológico o sanitario; asesoría jurídica y gestión de trámites.
Asimismo, salvaguarda de la integridad física, psicológica, patrimonial y familiar; vigilancia; traslado de lugar; custodia policial; alojamiento temporal y apoyo económico; cambio de domicilio, trabajo y estudios.
Además, debe existir previo acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el cambio de identidad; reserva de identidad; métodos que imposibiliten la identificación; participación a distancia; desahogo de diligencias por video conferencia, designar el domicilio del Centro para cualquier requerimiento.
Aclaró que en el caso de recluidos en prisión preventiva sentenciados, separación de la población general y el traslado a otro centro penitenciario.
También se propone la creación del Centro Federal de Protección a Personas, el cual será un órgano desconcentrado y especializado, con autonomía técnica y operativa en la aplicación de las medidas de protección de la PGR.
El dictamen indicó que el director de este organismo será designado por el Presidente de la República a propuesta del titular de la Procuraduría General de la República, a fin de garantizar la transparencia e imparcialidad en su nombramiento, en razón de la delicadeza y naturaleza de las funciones que desempeñará.
Ntx
