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Diputados que avalaron deuda en Coahuila, van por lugar en el Congreso
Tres de los legisladores que aprobaron la deuda del ex gobernador Humberto Moreira buscan ser diputados federales, otro más quiere ser senador
Por Francisco Sandoval Alarcón
3 de abril, 2012
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Enrique Martínez y Morales, candidato a diputado.

Cuatro ex diputados de Coahuila que votaron en su momento a favor de refinanciar la millonaria deuda contraída durante la administración de Humberto Moreira, ahora competirán por un lugar en el Congreso de la Unión.

Se trata de los ex legisladores Enrique Martínez; Fernando de las Fuentes; Salomón Juan Marcos e Hilda Flores. Los tres primeros competirán por la vía del voto por una diputación federal, mientras que Flores ocupa la posición número 10 de los candidatos plurinominales para llegar al Senado de la República.

Desde sus posiciones legislativas, los cuatro ex diputados coahuilenses jugaron un rol importante en la discusión que se dio en el Congreso del Estado -en la sesión de la última semana de septiembre de 2011-, en la que por mayoría de votos de los priistas se aprobó la refinanciación de la deuda estatal por 33 mil 700 millones de pesos.

Hilda Flores, por ejemplo, presidió la sesión donde se votó el tema; Salomón Juan Marcos y Enrique Martínez, eran miembros de la Comisión de Presupuesto; mientras que Fernando de las Fuentes era el presidente de la Junta de Gobierno en el Congreso del Estado.

“Nosotros confiamos y creemos que esto permitirá tener una posibilidad de lograr un arreglo de mayor beneficio para Coahuila”, dijo en esa ocasión el ex diputado Fernando de las Fuentes, quien omitió señalar que con la refinanciación de los 23 créditos otorgados por nueve bancos, la deuda de los coahuilenses se incrementaría a 61 mil millones de pesos en 20 años.

Salomón Juan Marcos Issa con Humberto Moreira.//FOTO: VPMexico

Diputados omisos

“Sólo por comisiones bancarias, el gobierno de Coahuila se comprometió a pagar mil 27 millones de pesos”, explica Onésimo Flores, maestro en Políticas Públicas y editorialista de periódicos como Vanguardia de Saltillo y El Siglo de Torreón, quien es de los que piensa que aun cuando los ex diputados locales que votaron a favor de refinanciar la deuda pudieron haber condicionado su aprobación, exigiendo una investigación para aclarar quién o quiénes eran los responsables del millonario adeudo, no lo hicieron de esa manera.

Explicó que en la revisión de la Auditoría Superior de Coahuila a la cuenta pública de 2010, se estableció que poco más de 18 mil millones de pesos fueron solicitados y gastados por el entonces gobernador Humberto Moreira, quien nunca solicitó el aval del Congreso para pedir prestado el dinero a los bancos.

Por estos hechos, los diputados locales no solicitaron que se iniciara una  investigación, aun cuando era responsabilidad del Congreso avalar los endeudamientos y determinar en qué se gastarían los recursos.

“Si no nos preguntaron, si no nos pidieron permiso para endeudarse, sino nos pidieron permiso para gastar, eso es un robo”, asegura Flores.

Entrevistado telefónicamente, recordó cómo el entonces presidente del Congreso del Estado, el ex diputado Fernando de las Fuentes, declaró reservada la información que soportaba los gastos de la cuenta pública 2010, con lo que se cerró la puerta para saber, hasta en un plazo de 15 años,  en qué gastaron los 18 mil millones de pesos solicitados por la administración de Humberto Moreira.

Fernando de las Fuentes sonríe mientras ciudadanos protestan en el Congreso de Coahuila.//FOTO: Vanguardia

Inconformidad ciudadana

La actuación de los ex diputados priistas que avalaron el financiamiento de la deuda, generó que un grupo de coahuilenses se inconformaran con la decisión, al considerar que los legisladores estaban favoreciendo la administración de Humberto Moreira, a quien nunca le exigieron  aclarar cómo se había gastado el recurso.

Por estos hechos, los ciudadanos inconformes amenazaron con interponer denuncias legales contra los diputados, quienes finalmente finalizaron su periodo sin ningún tipo de demanda en su contra.

Los sectores ciudadanos, sin embargo, no fueron los únicos que demostraron su descontento. Líderes del Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila presentaron una serie denuncias penales por la millonaria deuda, en donde acusaban al  ex gobernador y entonces presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, de ejercer indebidamente el servicio público y falsificar documentos para obtener préstamos financieros.

Las denuncias presentadas ante la PGR, provocaron la renuncia de Moreira como presidente del PRI. Su salida se dio la primera semana de diciembre de 2011, es decir dos meses después de que los diputados coahuilenses aprobaran la millonaria refinanciación de los préstamos bancarios.

Por lo pronto, a cuatro días del arranque de la contienda electoral, los cuatro ex diputados coahuilenses iniciaron sus respectivas campañas electorales, sin que hasta el momento exista una denuncia formal que los responsabilice de avalar una deuda que ha dejado un hoyo fiscal en las finanzas de Coahuila que terminará de pagarse en un periodo de 20 años.

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Adidas, Nike y otras 170 marcas de calzado que piden a Trump reconsiderar su política comercial
Las compañías instaron al mandatario a reconsiderar sus aranceles a los zapatos fabricados en China tras considerar que la política puede resultar "catastrófica para nuestros consumidores, nuestras compañías y la economía estadounidense en general".
Getty Images
22 de mayo, 2019
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Adidas, Nike, Dr Martens, Converse y otras 170 empresas de la industria del calzado le han mandado una insólita carta al presidente Donald Trump.

En la misiva, publicada este lunes, las compañías instaron al mandatario a reconsiderar sus aranceles a los zapatos fabricados en China, al estimar que la política puede resultar “catastrófica” para “empresas, consumidores y la economía estadounidense en general”.

La carta abierta llega poco más de una semana después de que Washington impusiera nuevos aranceles por más US$200.000 millones a productos importados de China, que incluyen todo tipo de calzado, desde zapatillas hasta sandalias.

“En nombre de nuestros cientos de millones de consumidores de calzado y cientos de miles de empleados, le pedimos que detenga inmediatamente esta acción“, indicaron.

Según la agencia Bloomberg, si bien la industria del calzado ha alejado su producción de China por diversos factores en los últimos años (entre ellos, el aumento de los salarios, las cambiantes políticas comerciales y el desplazamiento de las fábricas a EE.UU. y Europa), el país asiático sigue siendo un gigante en la fabricación de zapatos.

¿Qué pierde la industria del calzado en la guerra comercial?

Las compañías de calzado que firmaron la carta, entre las que también se encuentran Puma y Clarks, afirman que ya pagan un arancel alto para importar sus zapatos a Estados Unidos, por lo que ahora podría ser mayor.

Si bien los aranceles promedio de Estados Unidos para el calzado son del 11,3%, en algunos casos puede alcanzar un nivel tan alto como el 67,5%.

china

Getty Images
Las compañías pidieron a Trump poner fin a la guerra comercial con China.

“Agregar un aumento de impuestos del 25% por encima de estos aranceles significaría que algunas familias estadounidenses trabajadoras podrían pagar casi el 100% de los aranceles sobre sus zapatos”, escribieron las compañías.

“Es hora de poner fin a esta guerra comercial”, añadieron.

¿Quién paga por los aranceles?

Trump ha asegurado en repetidas ocasiones que será China quien pague por ellos, pero su asesor económico, Larry Kudlow, admitió la semana pasada que son las empresas estadounidenses las que, en realidad, pagan los impuestos sobre los productos traídos de China.

Pero de acuerdo con diversos expertos, es muy probable que estos costos adicionales se transfieran a los consumidores estadounidenses en forma de precios más altos.

Economistas del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la Universidad de Princeton y la Universidad de Columbia calcularon que las tasas impuestas el año pasado a una amplia gama de importaciones, desde acero hasta lavadoras, cuestan a las empresas y consumidores de EE.UU. unos US$3.000 millones mensuales en impuestos adicionales.


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