La Procuraduría General de la República (PGR) se niega a proporcionar los nombres de las 28 personas que dice haber detenido como parte de las investigaciones que realizan por el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, aún cuando el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) los obligó hace más de un mes a dar a conocer esos datos.
“Lo relativo al nombre de las personas sujetas (a una orden de aprehensión), así como los datos de la fecha de la detención y el lugar de la misma, no puede considerarse reservada ya que dicha sentencia dictada y los datos que ahí se vierten no forman parte del expediente de la averiguación previa”, establecieron los comisionados del IFAI como parte de un recurso de revisión interpuesto por un ciudadano, quien solicitó los nombres de las “personas detenidas” por su presunta responsabilidad en el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009, en el que fallecieron 49 niños y otros 76 resultaron heridos.
A 44 días de la decisión tomada por los comisionados del IFAI, la PGR no ha entregado la información solicitada, ni tampoco los nombres de los seis Ministerios Públicos (MP) que investigan el caso, ni el monto de los recursos gastados por la dependencia en casi tres años de indagatorias, de ahí que el ciudadano que interpuso el recurso denunciara ante el órgano de vigilancia del Instituto el incumplimiento por parte de la Procuraduría.
De acuerdo con el expediente de 106 cuartillas en poder de Animal Político, el recurso de revisión interpuesto ante el IFAI fue producto de la negativa de la PGR para proporcionar la información que se le pidió a través de una solicitud de transparencia el 6 de octubre de 2011.
“Son 28 personas detenidas” y “6 los ministerios públicos que investigan el caso”, fue la escueta respuesta que ofreció la PGR al ciudadano –por cuestiones de la ley de protección de datos personas no se revela su identidad-.
Al percatarse que la PGR se negó a entregar los nombres de las personas que dice haber detenido, así como el revelar la identidad de los MP, bajo el argumento que se trataba de información “reservada y confidencial” que podría poner en riesgo las investigaciones y la seguridad de los funcionarios, el ciudadano interpuso el recurso de revisión explicando que algunos de los detenidos por la PGR ya habían sido boletinados mientras que en el caso de los MP –dijo- se trataba de servidores públicos obligados a revelar sus nombres.
Lo anterior generó que los comisionados del IFAI tomaran cartas en asunto, percatándose que la PGR había hecho públicos, a través de diferentes comunicados de prensa, los nombres de 15 personas relacionadas penalmente con estos hechos.
“Las manifestaciones del sujeto obligado –PGR- son contradictorias, si se considera por un lado que reserva información que hizo del conocimiento público, de lo cual se advierte que si la propia PGR estimó hacer pública la información no podría considerarse que la divulgación de la misma implique la entrega de información contenida dentro de los expedientes de la averiguación previa en los 15 casos de personas involucradas”, resolvieron.
En el caso de la identidad de los MP, los comisionados consideraron que quienes podrían atentar contra la seguridad de estos servidores públicos son los propios indiciados, que en este asunto “es evidente…conocen al MP de su causa”, de ahí que al dar a conocer sus nombres no se pone en riesgo la integridad de estos representantes de la PGR.
Este mismo ciudadano, interpuso un segundo curso de revisión ante la negativa de la PGR de dar a conocer el monto del dinero que la dependencia ha gastado en casi 3 años de indagatorias. Por este asunto, el IFAI resolvió que la Procuraduría se encuentra obligada a proporcionar estos datos, que hasta el momento tampoco han sido revelados.
A decir Lorenzo Ramos Félix, abogado de los padres de los niños que murieron en el incendio, la escueta respuesta de la PGR es una maniobra para retrasar la información que ya es de dominio público.
“En Hermosillo todos sabemos quienes son los involucrados por estos hechos. Son 22 las personas que originalmente aparecen en las investigaciones”.
Lo que más le preocupa al abogado, sin embargo, no es la diferencia en cuanto al número de detenidos, ni la negativa de la PGR de proporcionar los nombres, sino que hasta el momento no hay castigo para los funcionarios de alto nivel relacionados con la muerte de los 49 niños.
De acuerdo con Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, todo aquel funcionario que se niegue a proporcionar información pública tendría que hacerse acreedor a una multa o una sanción administrativa.
