En un país como México, donde por sus características geográficas, el tema del desarrollo forestal debe formar parte de la agenda nacional para cualquiera que desee ocupar la silla presidencial, los candidatos de los partidos que compiten por ella, no saben qué significa y qué implica el termino “sustentabilidad”, según expertos en la materia.

De acuerdo al estudio FRA2005 de la FAO, el país es el en número 12 en superficie forestal mundial. México posee 33.5 millones de hectáreas de bosques, más las de selva, zonas áridas y semiáridas, entre otras hectáreas con vegetación hidrófila y pastizales. De los 196.4 millones de hectáreas que conforman la superficie territorial del país, una buena parte puede desarrollarse como área forestal.

Estos aspectos contribuyen a que México sea una de las naciones con mayor presencia de ecosistemas y por ende, de biodiversidad. En lo general, las propuestas no cumplen con las necesidades que México urge por las características antes mencionadas.

Pese a su baja calificación, Andrés Manuel López Obrador fue el mejor evaluado; obtuvo 6.6. Gabriel Quadri de la Torre aprobó con un 6, y Josefina Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto reprobaron con 5.4 y 5.2, respectivamente.

A la panista específicamente se le criticó que algunos de los puntos de su propuesta no son forestales, sino de pesca o de playas, y que únicamente se les incluyó la palabra sustentable.

Al priista, que el discurso es similar a los de la década de los 70s y que solo se le incluyó la palabra sustentabilidad en algunas oraciones, sin comprenderla, puesto que sólo se basa en la parte económica.

Al tabasqueño, se le señaló que al igual que las demás, no comprende lo que es el concepto sustentable, ni de ecología ni de conservación y basa mucho más la propuesta en economía.

Los expertos califican la propuesta de Andrés Manuel López Obrador:

Equilibra los aspectos económicos, ambientales, políticos y sociales. Al parecer es una propuesta más integral, pero no menciona el cumplimiento de la ley, ni cómo se financiará lo que propone. Pone énfasis en la importancia del ordenamiento y la planeación territorial así como en la participación social y establece metas y programas específicos y detallados en un tema muy importante como es la prevención de incendios.

No obstante, no indica en los mecanismos ¿cómo se van a sembrar un millón de Ha?, ni cómo impulsará el manejo sustentable de bosques.

La propuesta toma en cuenta los tres ejes fundamentales de una política de desarrollo forestal que son el social, económico y ambiental. Asimismo, atiende los temas principales rezagados en el sector y hace propuestas concretas, innovadoras, factibles y pertinentes ante la problemática forestal del país.

Es una propuesta con alto grado de consistencia e integralidad con otros temas como el del agua, aunque no dice nada sobre la remoción de obstáculos de orden institucional o burocrático que ayuden a hacer viable la implementación, no aparece ningún obstáculo detectable desde el lado institucional, no obstante que habla de la integración del concepto de sustentabilidad desde la planeación del sector.

La propuesta está basada en promover el desarrollo de  comunidades que conviven con los bosques, lo cual parece muy sensato. La certificación forestal incentiva la explotación sustentable de los recursos. Única propuesta que toca el tema de los incendios. Faltó hablar de los programas forestales como REDD, Pago por servicios ambientales, entre otros, así como mecanismos de financiamiento por captura de carbono. Se le critica que no profundiza en la problemática de la deforestación y la tala clandestina.

Los expertos califican la propuesta de Enrique Peña Nieto:

Enumera bien las áreas a atender, pero no dice cuáles serás las medidas y orientadas hacia dónde. Si todo se enfoca en las áreas naturales protegidas (ANP), quiere decir que se afectará a las comunidades asentadas en las zonas dignas de protección y no se tomaran acciones en la mayor parte del territorio, pues están fuera de las ANP.

La propuesta es muy general e incompleta. No hay referencia al financiamiento, de dónde provendrán los recursos para implementarla. Se menciona la participación social, pero no se dice cómo. Se señala como objetivo el cumplimiento de la ley, por ejemplo en tala ilegal, y la introducción de medidas administrativas y penales, pero no se dice cómo específicamente. No se mencionan metas.

Esta propuesta no dice nada en concreto. No es posible evaluar una propuesta que se basa sólo en buenos deseos, pero no indica que se va a hacer.

La propuesta no plantea nada nuevo, todos los puntos presentados ya se están llevando a cabo en la política forestal actual y no se observa ninguna propuesta clara para mejorarlos. La participación de los ejidos y comunidades dueños de bosques como actores clave del desarrollo forestal está ausente, siendo un elemento esencial de toda política forestal en México. No queda claro cómo se pretende impulsar el manejo de la biodiversidad en las Áreas Naturales Protegidas.

Se apuesta mucho al cambio de las prácticas forestales y la protección de ecosistemas mediante áreas protegidas, pero se habla poco del fortalecimiento de las capacidades institucionales para hacerlas funcionales y efectivas en la aplicación del marco legal vigente. Tampoco se aborda el tema de la población de esos espacios aledaños a los bosques, solo se menciona el pago de servicios ambientales, pero no se dice nada del incremento en presupuestos para atención de desigualdades sociales en los mismos. No se mencionan tampoco los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en relación al manejo de los bosques del país.

La propuesta es muy general, no menciona cómo llegar a estos objetivos de disminución de la deforestación, tala ilegal, manejo forestal sustentable. No necesariamente crear una ANP es la mejor opción, pueden explotarse de manera sustentable los recursos maderables, por ello es importante analizar todas las posibilidades y sus impactos para poder escoger maximizar los beneficios ambientales, sociales y económicos generados.

Los expertos califican la propuesta de Josefina Vázquez Mota:

Demasiado orientada hacia el aspecto comercial, pero no al cuidado medioambiental. Resalta el tema de la participación comunitaria, lo cual es deseable aún en esta visión.

Respecto de derechos humanos e igualdad de género, al proponer que cumplirán todos los protocolos relacionados con “distribución de beneficios”, de manera indirecta se abordan estos temas. No es claro porque incluye un programa de playas limpias.

Objetivos más limitados, propuesta sin una visión integral, sin embargo hace énfasis en el cumplimiento de la ley y cambios institucionales, aspectos muy importantes para lograr un desarrollo forestal sustentable.

La única propuesta rescatable que no es general es la de fortalecer a la Profepa, pero no dice cómo se puede hacer.

El fortalecimiento de las cadenas productivas es necesario no sólo en las plantaciones comerciales como plantea esta propuesta, sino en los bosques naturales que deben ser el foco de atención de la política forestal. Por otro lado, el planteamiento no contiene propuestas novedosas o pertinentes para atender la problemática grave que tiene hoy en día el sector forestal y que requiere de actuación pública urgente e inteligente. Sin embargo, la propuesta de fomentar la producción agropecuaria sustentable y enlazarla al tema de protección y manejo de recursos forestales y naturales, en general es muy pertinente y necesaria y no aparece en las otras plataformas de candidatos.

Al menos dos de los temas que se plantean no corresponden directamente al desarrollo forestal, playas limpias y empleo temporal para pescadores corresponden a otra área temática. Por lo demás, la propuesta, no obstante, es consistente, aunque con una fuerte carga economicista que no repara en los servicios ambientales de los bosques o de estos con las cuencas hidrológicas.

Importante hablar del desarrollo sustentable de las comunidades que se localizan en las zonas boscosas y promover la explotación sustentable de los recursos, además de considerar la disminución de los impactos ambientales de actividades agropecuarias, que son sustituto de la silvicultura. No menciona programas forestales como REDD, Pago por servicios ambientales, entre otros, sin embargo es la única que plantea una reforestación inteligente que con especies nativas, de acuerdo a las diversas zonas geográficas del país.

No define una problemática a atacar, no considera cuestiones tan importantes como la tala clandestina e indiscriminada. Si bien son buenas metas no se alcanza a dilucidar una hilo conductor que guíe las acciones que se proponen.

Los expertos califican la propuesta de Gabriel Quadri de la Torre:

Visión económica limitada, por lo cual ve los recursos naturales como un negocio y desatiende las otras esferas que componen el sistema (social, ecológico, político, etc.).

Es una propuesta muy completa que incluye el cumplimiento a la ley, cambios institucionales y estructurales comprehensivos que se requieren para resolver el problema así como cambios institucionales y políticas públicas. Es la única propuesta que hace referencia al financiamiento, a través de la reorientación de subsidios existentes para la protección de los bosques y las áreas naturales. No hace referencia explícita a la participación ciudadana. En cuanto a las metas, solamente menciona una la deforestación cero para el 2020.

Aun cuando es más específico parte de sus propuestas no son viables ¿cómo se puede quitar el subsidio al campo y hacerlo rentable y sustentable? Busca que la economía regule la conservación y eso es indeseable. El pago por servicios ambientales es una práctica que tiene que mejorar para impulsarla como gran política de conservación. No queda claro porqué crear otra policía en lugar de fortalecer a la Profepa.

La única participación de campesinos que prevé es a través de otorgarles pagos por servicios, pero no prevé ninguna participación más avanzada en la planeación, operación y evaluación de planes de mejor manejo de los territorios forestales. Además, habla de los pagos por servicios ambientales como si funcionaran completamente distintos a los subsidios y en la práctica hasta hoy en día han funcionado igual. No se ve una propuesta sobre cómo cambiar esta situación y al contrario, se nota una intención de generar esquemas rentistas, donde los campesinos sólo reciben pagos pero se mantienen como actores pasivos sin un papel de importancia en el desarrollo rural.

Es una propuesta con mucha consistencia entre sus diversos componentes, aunque no incluye el desarrollo de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Promueve el concepto de cuidar el bosque aprovechando sus recursos. La promoción de la certificación de la madera desincentiva la tala ilegal. Única propuesta que habla específicamente del programa REDD y sistemas de captura de metano, los cuales representan una importante fuente de financiamiento externo. El reorientar subsidios agropecuarios a programas forestales podría aumentar la actividad forestal siempre y cuando estos fueran superiores a los beneficios percibidos por actividades agropecuarias, para ello se requiere valuar correctamente cada hectárea incorporada, además de analizar el impacto en el sector agropecuario nacional.

Para conocer las propuestas completas de cada candidato y saber qué comentarios hizo cada evaluador, puedes consultar el sitio web de Arena Electoral.

Sobre los evaluadores…

Aime Uranga Alvarado

Doctora en Economía por la Facultad de Economía, UNAM. Posdoctorante por la Coordinación de Humanidades en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM. Colaboradora en el Comité de Cuenca del Río Yautepec y la Red Temática del Agua Conacyt. Ha sido profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM.

Alberto Rojas Rueda

Consultor independiente. Médico cirujano y Lic. Ciencias Políticas (UNAM). Maestro en Gestión y Auditorias Ambientales, especialista en gestión de residuos y contaminación marina (UPC-Barcelona). Especialista en instrumentos de política y gestión ambiental (San Pablo CEU-Madrid). Actualmente colabora como enlace legislativo de Greenpeace México.

Lucía Madrid

Directora del Proyecto de Manejo Integrado de Cuencas en el CCMSS desde 2008. Ha sido consultora para la Comisión Nacional Forestal y para el Forest Stewardship Council (FSC), asimismo ha publicado artículos de análisis de las políticas públicas del sector ambiental en México.

Luis Zambrano González

Investigador del Instituto de Biología de la UNAM, adscrito al Laboratorio de Restauración Ecológica. Sus líneas de investigación son manejo, conservación y restauración de ecosistemas.

Ma. Isabel Studer Noguez

Directora fundadora del Instituto Global para la Sostenibilidad del ITESM y Arizona State University. También es coordinadora del área de Eficiencia Energética del Proyecto Legado para el Desarrollo Sostenible del ITESM y de la iniciativa “Negocios Verdes”.

Vicente Sánchez Munguía

Investigador y profesor de El Colegio de la Frontera Norte en la maestría de Administración Integral del Ambiente. También es integrante del Sistema Nacional de Investigadores.

Rodrigo Gallegos Toussaint

Director de Cambio Climático y Tecnología del IMCO, también es miembro del consejo de la Fundación Climateworks en EU, del Instituto Global para la Sustentabilidad y columnista del periódico El Economista.

Norma Ruiz

Es consultora en temas de sustentabilidad y formación de ciudadanía sustentable. Ha colaborado en el desarrollo de proyectos con organizaciones de la sociedad civil, gobierno y sector privado, actualmente trabaja en PlDES AC.