El Universal publica que el pago de sobornos para altos funcionarios y candidatos en Tamaulipas por parte del cártel del Golfo para garantizar la protección de la organización “ocurre desde 1998 y hasta la fecha”, según la investigación en la que se identificó al empresario Fernando Alejandro Cano-Martínez, como uno de los lavadores de dinero que operaron para ocultar los sobornos que recibían los servidores públicos a través de ocho empresas instaladas en Texas, una de las cuales utilizó para adquirir 18 hectáreas de tierra en San Antonio, propiedad del ex gobernador Tomás Yarrington.
Así lo revela el expediente criminal B-12-435 de la Corte del Distrito Sur de Texas, que se inició por conspiración para lavado de dinero y fraude bancario en contra deCano Martínez (Caso 12-cr-00435), en la que se detalla la forma en que operó esta red de corrupción, en la que se presume que se lavaron activos por alrededor de 20 millones de dólares, a través de al menos 14 cuentas bancarias abiertas en México y Estados Unidos.
Ayer fuentes del Departamento de Justicia de EUconfirmaron que “hasta ahora” no ha presentado denuncia penal alguna en contra de Tomás Yarrington y que solo se han interpuesto denuncias civiles para obtener el aseguramiento de los bienes, pero se proyecta que por el cargo de conspiración para lavar dinero el fiscal pida al juez la pena máxima de 20 años en contra del ex gobernador de Tamaulipas una vez que la denuncia penal sea llevada a la corte.
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