EU va tras los hijos de “El Chapo”
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EU va tras los hijos de “El Chapo”

La Oficina de Bienes Extranjeros del Tesoro de EU integró en esa lista a Ivan Archivaldo Guzmán Salazar, alias "El Chapito", de 31 años, y a Ovidio Guzmán López, de 22 años.
Por Omar Sánchez de Tagle
8 de mayo, 2012
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Dos hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”  Guzmán, son ahora señalados por la  Oficina de Bienes Extranjeros del Tesoro, conocida por sus siglas en inglés  como OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como miembros del cártel de Sinaloa y son colocados y señalados dentro de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (conocida como la Ley Kingpin).

De acuerdo a un comunicado difundido por la embajada de los Estados Unidos, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López  ambos hijos de “El Chapo” participan en una red de narcotráfico de su padre y del Cártel de Sinaloa.

Con esta acusación del Departamento del Tesoro de EU, se prohíbe que ciudadanos de los Estados Unidos realicen transacciones financieras o comerciales con los hijos de “El Chapo” y otros dos socios, además que se ordenó el congelamiento de bienes que puedan poseer dentro de la jurisdicción de aquel país.

Hay que recordar que Iván Archivaldo Guzmán Salazar fue arrestado en el 2005 por las autoridades mexicanas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sin embargo, las autoridades de la PGR no lograron acreditar el delito. De acuerdo al departamento del tesoro estadounidense, Ovidio Guzmán López también desempeña un papel significativo en las actividades de tráfico de drogas de su padre.

La OFAC también sumó a otros dos presuntos operadores del Cártel de Sinaloa, actualmente bajo custodia de las autoridades mexicanas desde 2011.

Se trata de Noel Salguiero, alias “El Flaco”, principal jefe de ese cártel en Chihuahua, y de Ovidio Limón Sánchez, el único contra quien el gobierno estadounidense tiene una acusación criminal abierta en una Corte federal por actos de narcotráfico en California.

Ésta es la información difundida por la OFAC:

Tomada de www.treasury.gov. Haz click para agrandar.

“OFAC  perseguirá agresivamente a todo individuo que facilite las operaciones del narcotráfico de “El Chapo” Guzmán, incluyendo a miembros de su familia,” dijo el director de la OFAC, Adam J. Szubin.  “Con el gobierno de México, estamos firmes en nuestra determinación para desmantelar la organización de narcotráfico del Chapo Guzmán.”

Joaquín Guzmán Loera y el Cártel de Sinaloa fueron previamente identificados como narcotraficantes extranjeros significativos, conforme a la Ley Kingpin en 2001 y 2009, respectivamente.

“Con el fin de llevar a organizaciones como el Cártel de Sinaloa a la quiebra, tenemos que continuar utilizando todas las herramientas disponibles para asegurar que estos grupos criminales y sus asociados no puedan explotar el sistema financiero de los EU”, dijo el Jefe de Operaciones Financieras de la DEA, John Arvanitis. “La DEA está atacando el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones en todos los niveles como nunca antes, con el propósito de ponerle fin a sus negocios y traer a sus líderes ante la justicia.”

Internacionalmente, OFAC ha designado a más de mil empresas e individuos con vínculos a 94 cabecillas del narcotráfico desde junio del 2000.  Las violaciones a la Ley Kingpin pueden ser castigadas con multas de hasta mil 075 millones de dólares por cada violación y penas criminales más severas.  Las multas criminales para los directivos de empresas pueden ser hasta de 30 años en prisión y multas hasta de 5 millones de dólares. Multas criminales para las empresas pueden alcanzar los 10 millones de dólares. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años en prisión por violaciones a la Ley Kingpin y multas de acuerdo con el Título 18 del Código de Estados Unidos.

Tomada de www.treasury.gov. Haz click para agrandar.

Con esto, en los últimos tres meses el departamento del Tesoro ha sumado a sus listas a siete personas vinculadas con “El Chapo“, de hecho ésta es la quinta vez en menos de un año que la OFAC ha dirigido las estructuras de apoyo de la organización hacia “El Chapo”.

En enero, identificó a dos mexicanos más: Óscar Álvarez Zepeda y Joel Valdez Benites, ambos de Culiacán, Sinaloa. También señaló a un colombiano de nombre  Carlos Mario Torres Hoyos, de Medellín.

De acuerdo a los datos de la DEA, estos individuos proveen  apoyo material a las actividades de narcotráfico de Guzmán Loera y el Cártel de Sinaloa y también tienen vínculos con el narcotraficante colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa.

De hecho, Óscar Álvarez Zepeda es el hermano del mexicano Alfredo Álvarez Zepeda. Los hermanos Álvarez Zepeda son parientes de “El Chapo” Guzmán.

En marzo pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) decretó el abandono en favor del gobierno federal de 15 millones 350 mil dólares que el Ejército mexicano aseguró en una camioneta abandonada en Tijuana, Baja California, en noviembre pasado.

A través de un edicto en el Diario Oficial de la Federación se estableció que el monto fue de 209 millones 335 mil 625 pesos, presuntamente de “El Chapo”, los cuales fueron repartidos entre el Poder Judicial de la Federación, la PGR y la Secretaría de Salud (SSA).

En abril se dio a conocer que al menos 52 inmuebles de propiedad del narcotraficante mexicano  fueron incautados por la Policía Nacional de Colombia.

 

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Coronavirus: por qué México es el país de América Latina que menos dinero ha gastado durante la pandemia de COVID-19

Al comparar los paquetes de estímulo fiscal aplicados en la región, México aparece en el último lugar de la lista. ¿Cuáles son las razones de esta decisión?
13 de mayo, 2021
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México siguió el camino de la austeridad fiscal durante la pandemia de COVID-19. Un camino que ni siquiera el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado.

A diferencia de lo que hizo al desatarse la crisis financiera de 2008, el FMI esta vez se mostró a favor del endeudamiento de los gobiernos para hacer frente a la recesión, excepto en aquellas economías cuyas arcas fiscales están secas o no tienen ninguna capacidad de conseguir recursos en los mercados financieros.

“Para detener el declive de la actividad económica y el aumento de la pobreza, México se beneficiaría de un mayor apoyo fiscal temporal a corto plazo”, señala un informe del organismo publicado en octubre del año pasado, en el cual recomienda gastar entre 2,5% y 3,5% del Producto Interno Bruto, PIB.

“México tiene cierto espacio fiscal y disfruta de un cómodo acceso al mercado que podría utilizarse durante estos tiempos difíciles”, agrega el documento.

Y en febrero de este año, Alejandro Werner, quien era director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, dijo que un aumento del gasto fiscal “obviamente hubiese beneficiado a la población” y habría evitado que empresas medianas se fueran a la quiebra.

Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió mantener el cinturón bastante apretado y gastó un 0.7% del Producto Interno Bruto en medidas de estímulo fiscal, la cifra más baja de todos los países latinoamericanos.

Arturo Herrera, secretario de Hacienda, defendió la política del gobierno hace unas semanas argumentando que, en comparación con otras economías de América Latina, México tendrá una posición macroeconómica y fiscal mucho más fuerte cuando termine la crisis, gracias a la decisión de no contratar deuda adicional y generar buenas expectativas ante los inversores.

Agregó que en los próximos meses, la herramienta fiscal y financiera más importante será la campaña de vacunación, la cual tendrá un efecto positivo en la economía.

Y en enero de este año argumentó que el gobierno no contrató más deuda porque el marco legal del país no se lo permite.

“Había cuestiones legales ligadas, en el caso de México, se tiene una ley muy antigua en la cual se prohíbe el uso de deuda pública para otra cosa que no sea infraestructura pública“, dijo Herrera en un foro organizado por la calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Getty Images
El gobierno de López Obrador argumenta que no contrató más deuda porque el marco legal del país no se lo permite.

En otra ocasión, Herrera dijo que mientras los países desarrollados pagan una tasa de interés cercana a cero por la emisión de deudas, México, en cambio, tiene que pagar un 4.25% por los préstamos.

BBC Mundo contactó a la Secretaría de Hacienda, pero no recibió respuesta.

Fue un error

“El nivel de gasto fue bajísimo, fue un error”, dice Héctor Villareal, profesor del Tec de Monterrey y director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP.

Aunque reconoce que el gobierno creó algunos programas para combatir la pandemia, Villareal sostiene en diálogo con BBC Mundo que muchas medidas fueron financiadas con ajustes en otros rubros de las finanzas públicas.

Funcionarios del gobierno han argumentado que fue necesario tener un criterio fiscal prudencial en caso de que la crisis se prolongara por más tiempo.

Dinero mexicano

Getty Images
“En teoría tenemos un gobierno de centro izquierda, pero que en términos de deuda se comporta como un gobierno conservador”, dice Héctor Villareal.

Con una deuda pública cercana al 60% del PIB, mucho menor que la de Argentina y Brasil, la decisión fue, aparentemente, no correr riesgos.

“En teoría tenemos un gobierno de centro izquierda, pero que en términos de deuda se comporta como un gobierno conservador“, apunta Villareal.

“Combatir la pobreza y la desigualdad”

Aunque la economía cayó un 8.2% el año pasado y la pobreza se disparó a más de la mitad de la población, hay expertos que han destacado las decisiones tomadas por el gobierno.

“La política de México frente a la pandemia ha sido importante porque uno de los objetivos de este gobierno ha sido combatir la pobreza y desigualdad”, dijo en marzo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal.

“Antes de la pandemia el gobierno empezó a preocuparse por los pobres, se adelantaron y se expandieron las transferencias monetarias”, agregó.

Proteger las finanzas públicas

José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) considera que “la respuesta fue limitada” en los apoyos fiscales.

“No hubo movimiento en las tasas impositivas o en transferencia de subsidios, o mecanismos que facilitaran el financiamiento en el sector privado”.

Hombres caminando

Getty Images
La economía de México cayó 8,2% el año pasado y la pobreza se disparó a más de la mitad de la población.

Aunque reconoce que hubo programas de transferencias directas a micronegocios, le dice a BBC Mundo que “no se aplicó un programa contracíclico en materia fiscal”.

“Si bien el gobierno tiene un profundo sentido social, en materia fiscal en realidad es un gobierno muy ortodoxo y más tendiente hacia lo liberal”, dice el investigador.

Según De la Cruz, estaba claro que, por su dimensión, la crisis iba a generar un costo importante y por eso la mayoría de los países trató de suavizar el impacto.

En el caso de México, argumenta, la decisión fue evitar que las finanzas públicas terminaran pagando el costo de la crisis.

“La mayor parte del costo social y económico terminó siendo pagado por la sociedad“, apunta.

Argumenta que un millón de empresas tuvieron que cerrar y al menos dos millones de personas no han logrado recuperar sus empleos, una situación que desde su perspectiva, podría haberse mitigado.

“El costo político”

En eso coincide Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, CEEY.

De la Torre cuenta que uno de los argumentos del gobierno para evitar el aumento del nivel de deuda fue que en rescates financieros previos los beneficios fueron aprovechados por la clase empresarial y no por los más vulnerables.

Mujer cocinando

Getty Images
Pese a la gran recesión que experimentó el país en 2020, las proyecciones económicas apuntan a un rebote en el crecimiento cercano al 5% este año.

“Me parece que ese argumento es muy débil”, le dice a BBC Mundo.

Para De la Torre, aunque en el pasado pudo haber desviaciones de los recursos fiscales, “también es cierto que esos recursos apoyaron al conjunto de la economía y evitaron un colapso mayor”.

Pero, a su juicio, hay una razón más de fondo que explica por qué las ayudas fiscales fueron las más bajas de América Latina.

“Habría existido un gran costo político si el gobierno, después de endeudarse, hubiese tenido que realizar una reforma fiscal profunda para pagar las deudas”, advierte.

Como esas reformas o ajustes, suelen provocar un descontento generalizado, agrega, optó por evitar ese costo político.

El experto cree que el gobierno hizo un balance y determinó que el costo político actual, de no haber aumentado las ayudas fiscales, tiene un costo político más disperso en un gran número de personas, generalmente poco organizadas.

“Es un costo que estaría parcialmente justificado por un factor externo, que en este caso sería la pandemia y sus secuelas”.

Si el objetivo era mejorar el bienestar de la población y aumentar las posibilidades de una recuperación económica, agrega, “había que endeudarse, gastar, y después hacer una reforma fiscal, incurriendo en un costo político”.

Pese a la gran recesión que experimentó el país en 2020, las proyecciones del gobierno y de organismos internacionales señalan que este año se producirá un rebote y el crecimiento estará cercano al 5%.

Mientras la vacunación avance y no se produzca una nueva ola de contagios, los expertos creen que este año debería marcar una clara recuperación, siguiendo la tendencia global.

Lo que no se va a recuperar muy rápidamente son las secuelas sociales de la pandemia que, al igual que en el resto de los países de la región, requerirán varios años antes de regresar a los niveles de bienestar previos.


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