Participación Ciudadana importa muy poco a presidenciables: Arena Electoral
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Participación Ciudadana importa muy poco a presidenciables: Arena Electoral

La evaluación en este rubro arrojó calificaciones reprobatorias para todos los candidatos.
18 de mayo, 2012
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La oportunidad real de los ciudadanos para involucrase en la vida pública del país es urgente y conforme a esta premisa, una correcta Reforma del Estado debe plantear necesariamente como cambio radical la participación ciudadana, sin embargo, las propuestas de los presidenciables en este rubro fueron reprobadas por académicos convocados para la evaluación de Arena Electoral.

Las propuestas de la y los candidatos en Participación Ciudadana demuestran que les importa poco la relación del Gobierno con los ciudadanos, según hace notar Arena Electoral. Los cuatro candidatos fueron  reprobados.

Arena Electoral, proyecto de Fundación Ethos de seguimiento a las campañas presidenciales, presentó el resultado de la evaluación que realiza con Lupa Ciudadana, en torno a las propuestas de los candidatos a la Presidencia.

Andrés Manuel López Obrador, con 5.7, fue el mejor evaluado. Enrique Peña Nieto, obtuvo 5.2; Josefina Vázquez Mota, 4.4 y Gabriel Quadri, 2.8.

Las carencias del perredista es que su propuesta no contempla mecanismos efectivos de vinculación entre ciudadanos y autoridades. Los que plantea requerirían de reformas constitucionales. El priista, no plantea de qué manera intentaría que se ejecuten las acciones que conforman su propuesta.

En el caso de la panista, la revisión de su propuesta en la matera deja ver que no contemplan el verdadero involucramiento de los ciudadanos en la vida pública, su visión se centra en la promoción de la cultura de la Legalidad, según los expertos. Quadri demuestra un“total desconocimiento en la materia”, de acuerdo a la opinión de los académicos.

Para saber qué comentó cada uno de los académicos y las propuestas completas de los candidatos, visita el sitio web de Arena Electoral.

Conoce aspectos de la propuesta de Vázquez Mota:

Transformar los mecanismos del servicio militar obligatorio para que, en su caso, los jóvenes, hombres y mujeres, puedan optar también por un servicio cívico, social y comunitario, preferentemente en zonas marginadas.

Difundir una  Guía Práctica  para toda la población, sobre el funcionamiento de las instituciones públicas, las obligaciones de los servidores públicos y los derechos y obligaciones de los ciudadanos.

Crear un organismo público cuyo objetivo sea desarrollar y fortalecer una cultura de la legalidad entre los servidores públicos y los ciudadanos.

Garantizar los Derechos Humanos de la sociedad civil, en todos y cada uno de los operativos de seguridad nacional.

Relación sociedad y gobierno bajo un nuevo esquema sustentado en el reconocimiento como actor de la sociedad civil, transitando de una forma representativa a otra en donde la ciudadanía sea corresponsable e incida en las políticas públicas, evalué los actos de la autoridad y la buena marcha de la justicia.

Conoce aspectos de la propuesta de Peña Nieto:

Programas de enseñanza con valores democráticos.

Impulsar la Ley de Participación Ciudadana Efectiva.

Legislar para crear las contralorías sociales.

Promover medios de consulta a la ciudadanía para tomar en cuenta su posición en el análisis y ejecución de temas transcendentales.

Incorporar la participación social en la planeación, operación, vigilancia y evaluación de planes y programas de gobierno, así como en el diseño de políticas públicas.

Asegurar el funcionamiento de una Unidad de Seguimiento y Participación Ciudadana, en cada oficina pública federal.

En cada municipio comités de participación ciudadana en materia de prevención, seguridad y denuncia ciudadana.

Transformación de la Secretaría de Desarrollo Social.

Conoce aspectos de la propuesta de López Obrador:

Reformas electorales propiciar mayor participación ciudadana.

Colectivización de las decisiones.

Estado Social y Democrático de Derecho.

Nueva relación gobierno-sociedad mediante la incorporación al marco jurídico de figuras de democracia participativa como: consulta ciudadana; rendición de cuentas; auditoría social; iniciativa popular; afirmativa ficta; revocación de mandato; referéndum; plebiscito; la iniciativa de inconstitucionalidad ciudadana, audiencia pública, cabildo a sesión abierta, presupuestos públicos participativos; derecho a voz ciudadana; y acción popular.

Fomentar la participación ciudadana en los observatorios y monitores civiles.

Conoce aspectos de la propuesta de Gabriel Quadri:

Permitir las candidaturas ciudadanas.

Cambiar la legislación electoral para remover trabas a la libertad de expresión.

Promover a la escuela como núcleo restaurador del tejido social, como espacio de participación y compromiso, e generadora de sociedad civil.

Mecanismo de promoción para la creación de clubes y centros deportivos desde la sociedad civil.

Quiénes son los evaluadores...

Lic. Ernesto Gómez Magaña. Director Ejecutivo para la Defensa de los Intereses Difusos y Colectivos del Instituto para la Defensa del Interés Público, A.C (IDIP). Se desempeña como Coordinador del Programa de Participación Ciudadana en la ONG Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C. Participa en el Corruption Research Group de la Universidad de Surrey, en Inglaterra.

Dra. Esperanza Palma. Profesora-investigadora de la UAM Cuajimalpa; coordinadora del Cuerpo Académico de Sociedad y Política y miembro del SNI. Sus principales líneas de investigación son: procesos electorales en México; partidos y representación política de minorías y género; y debate contemporáneo sobre los desafíos de las democracias jóvenes.

Mtro. Guillermo Noriega Esparza. Director de la organización civil Sonora Ciudadana, colaborador en distintos medios de comunicación y especialista en Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

Dra. Issa Luna Pla. Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sus líneas de investigación son: derechos humanos, derecho de acceso a la información, libertades informativas y protección de datos personales.

Mtro. José Antonio P. Merino. Profesor del ITAM y colaborador en múltiples medios escritos y electrónicos. Maestro con estudios de doctorado por la Universidad de Nueva York especializado en economía-política y metodología.

Mtro. Luis F. Fernández. Presidente y asociado fundador de Participando por México AC. Es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (CIDE -SciencesPo) y Maestro en Administración y Políticas Públicas (CIDE–NUS, Singapur).

Lic. Ricardo González Bernal. Oficial de Protección y Seguridad en la organización internacional Artículo 19. Especialista en derechos humanos y libertad de expresión. Internacionalista por la Universidad Iberoamericana.

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El estado de EU donde aún es legal la esclavitud más de 150 años después de la abolición

La esclavitud sigue siendo legal como castigo por un delito para los presos condenados. Un estado del sur de Estados Unidos decidió en las últimas elecciones de medio término mantener el trabajo forzado en las cárceles. ¿Por qué?
3 de diciembre, 2022
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“Todas las personas detenidas como esclavos” dentro de los estados rebeldes “son y en adelante serán libres”.

Así, el presidente estadounidense Abraham Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación el 1 de enero de 1863.

Sin embargo, y 159 años después, aún existe una excepción. La esclavitud sigue siendo legal como castigo por un delito para los presos condenados.

En las últimas elecciones de medio término en Estados Unidos, cinco estados votaron por eliminar el trabajo forzoso en las cárceles.

Los electores de Alabama, Oregón, Tennessee y Vermont decidieron el 8 de noviembre pasado eliminar de las constituciones estatales las exenciones que permiten la esclavitud o la servidumbre involuntaria, en un esfuerzo por prohibir la esclavitud por completo.

El resultado podría permitir a los presos presentar demandas contra el trabajo forzoso en el sistema de justicia penal, dicen expertos.

Entrada a la prisión de máxima seguridad de Luisiana.

Getty Images

Pero un quinto estado decidió mantener la legalidad del trabajo forzado en las cárceles: Luisiana.

¿Por qué?

Hacemos un repaso de esta particular situación en el mardo del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud que se conmemoró este 2 de diciembre.

“Angola”

El trabajo penitenciario es una industria multimillonaria en Estados Unidos.

Unos 800 mil presos trabajan actualmente en Estados Unidos por centavos, o por nada, según las cifras que citan los expertos.

Siete estados no pagan a los trabajadores penitenciarios ningún salario por la mayoría de las asignaciones de trabajo y los presos pueden ser castigados si se niegan a trabajar, según un artículo del periodista de la BBC en Washington, Max Matza.

Un preso en la carcel "Angola"

Getty Images

Luisiana en particular tiene uno de los sistemas laborales penitenciarios más notorios del país.

La Penitenciaría Estatal de Luisiana es la única prisión de alta seguridad para hombres en el estado y la más grande de EU.

Ocupa un poco más de 72 kilómetros cuadrados, casi el tamaño de la isla de Manhattan, en Nueva York.

Es conocida como “La Alcatraz del sur” y como “Angola”, por el país africano de donde provinieron muchos de los esclavos que trabajaban en la plantación de algodón que existía en ese mismo lugar a finales del siglo XIX (algunos historiadores sostienen que este dato es erróneo porque el comercio internacional de esclavos fue prohibido en 1807, por lo que es poco probable que décadas más tarde los trabajadores de la plantación hubieran nacido en África).

En esta prisión están detenidos más de 5 mil hombres, un gran porcentaje de ellos son negros.

Entre la gran variedad de trabajos, los prisioneros todavía cultivan y cosechan algodón.

Prisión "Angola" en Luisiana en 1933.

Getty Images
Prisión “Angola” en Luisiana en 1933.

“Si los trabajadores se niegan a trabajar, son castigados. Peones bien educados trabajan en las casas de los capataces, cocinando y limpiando. Duermen en pequeños dormitorios y se les paga de dos a 20 centavos por hora, que solo pueden gastar en el lugar”, describe el diario The Washington Post.

¿Por qué Luisiana rechazó el cambio?

Luisiana votó a favor de mantener la excepción de la esclavitud en la votación de las elecciones de medio término después de que el legislador que había impulsado la iniciativa electoral se retractara.

Edmond Jordan, un representante estatal demócrata de la ciudad de Baton Rouge, dijo que retiró su apoyo inicial a la medida después de que una lectura más detallada de la ley propuesta lo llevó a creer que en realidad podría haber ampliado las protecciones para la esclavitud.

Actualmente, la ley establece que “están prohibidas la esclavitud y la servidumbre involuntaria, excepto en este último caso como castigo de un delito”.

La nueva propuesta sugería eliminar la frase “excepto en este último caso como castigo por un delito”.

Pero la redacción alternativa planteaba confusiones.

Se podía interpretar que tanto la esclavitud como la servidumbre involuntaria podrían permitirse en ciertas circunstancias pese a que en la Constitución vigente la esclavitud está explícitamente prohibida.

Un oficial vigila en la prisión "Angola".

Getty Images

En una entrevista con la BBC tras las elecciones del 8 de noviembre, Jordan dijo que retiró su apoyo porque no quería “hacer daño” y que mantener la ley no empeoría la situación actual.

Dijo que planea revisar el proyecto de ley y hacer campaña para que se apruebe en 2023.

Cuando se le preguntó si le preocupaba que la ley propuesta pudiera haber permitido la continuidad de la esclavitud, el legislador citó la decisión de la Corte Suprema en junio de invalidar el derecho nacional al aborto después de 40 años como ley establecida.

“Si me hubieras hecho esa pregunta hace un año, te habría dicho que la probabilidad de que fuera una amenaza sería casi nula, porque está prohibido a nivel federal”, afirmó.

“Pero después de Roe vs. Wade la reversión de cosas que alguna vez pensamos que eran leyes bien establecidas, no quiero correr el riesgo con algo que creemos que está bien resuelto”.

Cuestionamientos

Los defensores del cambio en la ley opinan que es necesario para prevenir el abuso de prisioneros.

Y esperan eliminar la misma exención de la Enmienda 13 de la Constitución de Estados Unidos, que abolió la esclavitud pero mantuvo un vacío legal.

Un grupo de prisioneros en "Angola" custodiados por oficiales armados en los campos de la cárcel de Luisiana en 1990.

Getty Images

Curtis Davis III, un exprisionero de Luisiana que fue indultado después de 25 años cuando se volvió a investigar su caso de asesinato, dijo que cree que hubo un “truco político” detrás de escena en las últimas elecciones.

Sus sospechas sobre el retiro de apoyo a la medida se deben a que el estado es uno de los pocos que aún condena a los presos a “trabajos forzados”.

Para Davis, a algunos legisladores les preocupa que el nuevo lenguaje en el proyecto de ley pudiera potencialmente invalidar las sentencias judiciales dictadas a miles de prisioneros en Luisiana.

Jordan negó que los trabajos forzados hayan contribuido a su decisión.

Pese al rechazo de Luisiana, Davis opinó que no está decepcionado de que su estado no haya cambiado la ley.

Según él, el objetivo principal es cambiar la Enmienda 13 de la Constitución de Estados Unidos, que reemplaza a las constituciones estatales.

Para cambiar la Enmienda 13 se requeriría una mayoría de dos tercios de ambas cámaras del Congreso de EU, o por una convención constitucional en la que dos tercios de las legislaturas estatales voten para apoyar el cambio.

Un hombre camina en uno de los pasillos de la prisión "Angola".

Getty Images

Todavía hay más de una docena de estados que incluyen un lenguaje que permite la esclavitud y la servidumbre involuntaria de los presos, según la agencia de noticias Associated Press.

Varios otros estados ni siquiera mencionan la esclavitud o el trabajo penitenciario forzoso en sus legislaciones.

Lee: Elecciones en EU: quién ganó, quién perdió y qué significan los resultados hasta ahora


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