Caen presuntos responsables de asesinatos de periodistas en Veracruz
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Caen presuntos responsables de asesinatos de periodistas en Veracruz

Según el procurador del estado miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación confesaron su responsabilidad en estos crímenes. Además, dijo que estos reporteros fueron causantes de la muerte de otros periodistas asesinados por Los Zetas.
15 de agosto, 2012
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Foto: gobierno de Veracruz

La Procuraduría General de Justicia de Veracruz dio a conocer que fueron esclarecidos los crímenes de los periodistas Ana Irasema Becerra Jiménez, Guillermo Luna Varela, Gabriel Huge Córdoba, Esteban Rodríguez Rodríguez y Víctor Manuel Báez Chino, asesinados por presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según la versión del gobierno de Veracruz, las recientes acciones de la operación coordinada Veracruz Seguro lograron la captura de una célula delincuencial del autodenominado Cártel de Jalisco Nueva Generación, encabezada por Isaías Flores Pineda, alias El Cronos y/o El Rayito y/o El Maniaco, presunto jefe de plaza en Veracruz y Boca del Río, lo que permitió el esclarecimiento de 36 crímenes cometidos en la zona conurbada en los últimos ocho meses.

Entre ellos, los asesinatos de Ana Irasema Becerra Jiménez, quien laboraba como publicista en el periódico El Dictamen; Guillermo Luna Varela, reportero gráfico de la página de internet Veracruz News y del periódico la Voz del Sureste; Gabriel Huge Córdoba, alias el Mariachi, y Esteban Rodríguez Rodríguez, alias El Furcio, quienes habían sido fotógrafos del periódico Notiver y del Diario AZ, respectivamente.

El procurador Amadeo Flores explicó que junto con Isaías Flores Pineda, alias El Cronos, también fueron detenidos Claudia Medina Tamariz, César Tejeda Moreno, Pablo Arrieta Andrade, alias El Güero y/o Jaiba; Pedro Temiz Zapot, alias El Perri; Javier Benítez Grajales, alias El Morro Chemo, y William Malpica, alias El Mochis, mismos que admitieron, ante la autoridad competente, pertenecer al Cártel de Jalisco Nueva Generación, y ser autores de diversos homicidios, contándose entre sus víctimas a los trabajadores y ex trabajadores de medios de comunicación.

Precisó que en las declaraciones diversas de los detenidos ante las autoridades ministeriales federales y estatales, hay reconocimiento y aceptación plena de los homicidios, así como de la manera en cómo se efectuaron, de las autorías materiales, y los lugares donde fueron abandonadas las víctimas.

Relató que al continuar con esta línea de investigación, la Secretaría de Marina-Armada de México, logró el aseguramiento de Juan Carlos Hernández Pulido, alias La Bertha, quien tenía en su poder una credencial del diario El Dictamen con fotografía; una credencial del IFE; dos credenciales de las tiendas departamentales “Liverpool” y “Fábricas de Francia”, una credencial de banco “Inbursa”, todas a nombre de Ana Irasema Becerra Jiménez; así como dos credenciales más con el mismo nombre y con la leyenda de “Andrea”, además de una fotografía ovalada.

El procurador Flores Espinosa dijo que ante la autoridad ministerial federal reveló que ellos “mataron a varios reporteros”, y dijo que la razón fue que estos reporteros a su vez habían sido los causantes de la muerte de otros periodistas, asesinados por la organización delictiva autodenominada Los Zetas.

Aseguró que con tales medios probatorios, aunados a otros incorporados previamente a la indagatoria 519/2012/V, la Procuraduría General de Justicia de Veracruz puede afirmar jurídicamente que se esclarecen los hechos investigados en relación a los homicidios de Ana Irasema Becerra Jiménez, Gabriel Huge Córdoba, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez.

De igual manera informó que fue esclarecido el plagio y homicidio del reportero policiaco Víctor Manuel Báez Chino, habiéndose identificado plenamente a sus plagiarios, siendo éstos integrantes de la delincuencia organizada.

Aseguró que las investigaciones, los elementos de prueba existentes en la indagatoria consistentes en dictámenes periciales, informes de investigación y testimonios, permitieron el esclarecimiento del hecho al establecer e identificar plenamente a Juan del Ángel Torres y Daniel Reynoso Hernández, integrantes de una célula de la delincuencia organizada, como los autores materiales de la privación de la libertad del reportero, y presumiblemente, también de su homicidio.

“Estas personas fueron abatidas por fuerzas del orden en un enfrentamiento que tuvo lugar el 19 de junio, en la avenida Américas esquina Laureles” de la capital del estado, manifestó Flores Espinosa y agregó que testigos presenciales del plagio del reportero, reconocieron fehacientemente, y así quedó asentada en declaración ministerial, que Juan del Ángel Torres y Daniel Reynoso fueron los que privaron de su libertad al periodista Víctor Báez.

El procurador Amadeo Flores Espinosa afirmó que toda vez que se ha confirmado la participación de la delincuencia organizada en estos ilícitos, solicitará a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga los casos, como corresponde a su competencia.

Aseguró que en el resto de los casos en donde se han visto involucrados trabajadores de medios de comunicación, se continúan las indagatorias, y conforme haya información concluyente, como en los casos referidos, se dará a conocer.

 

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Stealthing: la nueva legislación de California que prohíbe el retiro no consensuado del condón durante el sexo

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una práctica conocida como "stealthing".
12 de octubre, 2021
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Hace unos 30 años, solo unos meses después de comenzar a trabajar como prostituta, Maxine Doogan quedó embarazada.

La joven había estado con un nuevo cliente en un salón de masajes en Anchorage, Alaska, cuando se dio cuenta de que el hombre se había quitado el condón subrepticiamente durante el acto sexual.

Conmocionada, corrió al baño. Cuando regresó, el cliente se había ido.

Doogan, que entonces tenía veintitantos años, fue a una clínica de salud cercana para una ronda de pruebas de infecciones de transmisión sexual y luego dio un agradecimiento en silencio por cada resultado negativo.

Seis semanas después, sin embargo, tuvo que practicarse un aborto.

Le costó alrededor de US$300 y, después del procedimiento, no pudo trabajar durante un mes.

Lo que hizo el cliente estuvo mal. Pero hasta donde ella sabía, no era ilegal.

“Simplemente no había recursos contra algo así”, dijo.

Ahora, en un estado de EE.UU. sí lo hay.

Nueva ley

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó hace unos días una ley bipartidista que prohíbe la extracción no consensuada del condón, una acción conocida como “stealthing“.

La nueva legislación agrega la práctica a la definición civil estatal de agresión sexual, lo que convierte a California en el primer estado de EE.UU. en ilegalizarla.

La ley les da a las víctimas un remedio legal claro para el asalto que Doogan, quien ahora vive en San Francisco, sufrió hace décadas.

Y los defensores dicen que marca un cambio radical para otros sobrevivientes que, a diferencia de Doogan, ahora podrían tener su día en la corte.

“Queríamos asegurarnos de que no solo sea inmoral, sino ilegal”, dijo la asambleísta de California Cristina Garcia, quien presentó el proyecto de ley.

Cristina Garcia

Getty Images/BBC
Cristina Garcia llevaba años abogando por la ley.

Garcia ha estado trabajando versiones de esta legislación durante años.

En 2017 y nuevamente en 2018, presentó un proyecto de ley que habría convertido el stealthing en un delito penal y permitido a los fiscales pedir condenas de cárcel para los perpetradores.

Estos proyectos de ley murieron antes de nacer o no consiguieron una audiencia en el Congreso estatal.

Ahora, esta nueva versión, que enmienda solo el código civil, fue aprobada por los legisladores de California sin oposición.

El contenido

Los sobrevivientes pueden demandar a los infractores por daños, pero no se pueden presentar cargos penales.

“Sigo pensando que esto debería estar en el código penal”, le dijo Garcia a la BBC.

Si se rompió el consentimiento, ¿no es esa la definición de violación o agresión sexual?“, planteó.

Los analistas legislativos han dicho que el stealthing podría considerarse un delito menor de agresión sexual, aunque no se menciona explícitamente en el código penal.

Pero la nueva ley de Garcia elimina cualquier ambigüedad en los reclamos civiles que, según los expertos, facilitarán a los sobrevivientes la persecución de sus casos.

Alexandra Brodsky

Getty Images/BBC
Brodsky’s 2017 paper is now widely credited for bringing the term “stealthing” into popular use

“Podemos empezar a hablar de ello de una manera en la que tengamos un lenguaje común”, dijo Garcia.

La legisladora dice que se sintió inspirada para llevar el tema del stealthing a la Cámara después de leer un artículo de investigación de la Facultad de Derecho de Yale de 2017 de la entonces estudiante Alexandra Brodsky, a quien ahora se le atribuye ampliamente haber llevado el término al uso popular.

Brodsky, que ahora trabaja como abogada de derechos civiles y es autora de Sexual Justice, que analiza cómo responder de manera justa a la agresión sexual, detalló una serie de historias en su artículo de sobrevivientes en el contexto de relaciones románticas o sexuales consensuadas.

Sus relatos a menudo comenzaban de la misma manera: “No estoy segura de que esto sea una violación, pero…”.

Las narraciones detallaban el miedo de las víctimas a las infecciones de transmisión sexual y al embarazo, así como sus intensos sentimientos de violación y traición.

Pero las y los sobrevivientes con los que habló Brodsky, muchos de los cuales informaron haber sido violados anteriormente, no describieron el stealthing como equivalente a una agresión sexual.

La gente aún no estaba haciendo esa conexión, dice Brodsky.

“Creo que una gran parte del problema era que mucha gente pensaba que era la única persona a la que le había pasado”, agrega.

Graphic of a condom

Getty Images/BBC

Pero la investigación muestra que el stealthing es “deprimentemente común”, según el análisis del comité judicial del Senado de California al evaluar el proyecto de ley de Garcia.

Demoras

Un artículo de 2019 publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina encontró que el 12% de las mujeres de entre 21 y 30 años informaron haber experimentado el stealthing.

Ese mismo año, investigadores de la Universidad de Monash en Australia encontraron que una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres que tienen sexo con hombres habían sido sometidos a la práctica.

Y otro estudio de 2019 encontró que casi el 10% de los hombres informaron que se quitaron un condón durante las relaciones sexuales sin consentimiento.

En su artículo, Brodsky citó a un conocido bloguero que usó su sitio ahora desaparecido para dar consejos a otros hombres sobre cómo quitarse los condones en secreto sin llamar la atención.

Es el deber de una mujer abrir las piernas, escribieron los comentaristas, y el derecho del hombre a “esparcir su semilla”.

Stock image of condoms

Getty Images/BBC

Pero si bien ha aumentado la conciencia sobre el stealthing, la respuesta legislativa se ha retrasado.

Incluso en países donde esta práctica se ha considerado una agresión sexual, incluidos Reino Unido, Nueva Zelanda y Alemania, rara vez se enjuicia, en parte debido a las dificultades para demostrar la intención.

Esta es la ventaja de las demandas civiles: la carga de la prueba es menor que en los casos penales, y la decisión de presentar una demanda recae en los sobrevivientes, no en los fiscales.

Y tanto Brodsky como García creen que hay un significado inherente en que el estado etiquete oficialmente el stealthing como un acto ilegal.

“Imagínese lo que se sentirá cuando ellos (los y las sobrevivientes) vean que el estado de California piensa que no merecen ser tratados de esta manera“, dice Brodsky

La ley

El proyecto de ley fue apoyado por el Proyecto Legal, Educativo y de Investigación de Proveedores de Servicios Eróticos (Esplerp), una organización de defensa fundada y dirigida por Doogan.

La ley permitirá a las trabajadoras sexuales demandar a los clientes que se quiten los condones, dijo, y con suerte allanará el camino para una mayor protección legal para las trabajadoras sexuales y otros grupos típicamente marginados por el sistema de justicia penal.

“ le puede pasar a cualquiera”, advierte Doogan.

Todavía existe el problema de que los casos de agresión sexual se aborden.

Aquellos que hacen estas afirmaciones a menudo se encuentran con “escrutinio y escepticismo”, según Brodsky.

Y cuando se trata de stealthing, esta respuesta se intensifica porque, “por definición, el daño ocurre después de que han dado su consentimiento para el sexo”.

Pero la medida ha sido celebrada como un primer paso importante, especialmente después de que fracasaran los esfuerzos recientes para aprobar una legislación similar en Nueva York y Wisconsin.

“Estoy orgullosa de que California sea el primero en la nación, pero estoy desafiando a otros legisladores estatales a seguirnos rápidamente”, dijo García.

“Un estado menos, quedan 49”.


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