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Los actos de discriminación serán tipificados en el Estado de México como delito, con penas de uno a tres años de prisión; de 25 a 100 días de trabajo comunitario y multa de 50 a 200 días de salario mínimo.

El Estado de México es el décimo estado que tipifica la discriminación como delito.

Las entidades que ya lo hacen son Aguascalientes, Colima, Coahuila, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz.

Esta madrugada, los diputados de las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia de la LVII Legislatura estatal aprobaron la tipificación, como parte del fortalecimiento del marco jurídico de la entidad.

Si el delito es cometido por un servidor público, el castigo aumentará 50% la pena descrita y se le destituirá e inhabilitará para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo tiempo de la privación de la libertad impuesta.

La iniciativa formulada por el diputado José Héctor César Entzana Ramírez, a nombre de los Grupos Parlamentarios del Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Nueva Alianza, propone reformar el Código Penal del Estado de México, a fin de que esta conducta se persiga por querella.

Establece que comete este delito quien, por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, trabajo o profesión, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, embarazo u otra que atente contra la dignidad humana.

Además, tenga por efecto impedir, menoscabar o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos fundamentales en condiciones de igualdad y equidad de oportunidades y de trato a las personas, provoque o incite al odio.

Niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o una prestación a la que tenga derecho; repudie, desprecie, veje o excluya a alguna persona o grupo de personas o niegue o restrinja derechos laborales.

El diputado panista Mario Gerardo Riestra Piña propuso una iniciativa que pretende tipificar la discriminación como delito y castigarla con uno a tres años de prisión, 50 a 150 jornadas de trabajo o bien 100 a 500 días de salario mínimo como multa.

El Congreso de Puebla avaló, por unanimidad, adherir el término “preferencias sexuales” al artículo 11 de la Constitución local, el cual prohíbe todo tipo de acción discriminatoria en contra de las personas por su apariencia, etnia, religión y, ahora, identidad sexual.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y, en su caso, aprobación.

Con información de Notimex.