close
Suscríbete a nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Los errores en las cifras de muertes por la guerra contra el narco
Las cifras sobre muertes relacionadas con el narcotráfico presentan inconsistencias que no han sido tomadas en cuenta por el gobierno federal
Por Inteligencia Pública
20 de agosto, 2012
Comparte

Violencia en el norte del país.//FOTO: Cuartoscuro

Lo bueno: la base de datos es una respuesta gubernamental a las demandas sociales sobre acceso a la información

El Presidente Felipe Calderón se comprometió, durante la primera reunión de Diálogos por la Seguridad en agosto de 2010, a mejorar la calidad de la información difundida en el contexto de la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.  La base de datos que la Presidencia de la República dio a conocer en enero de 2011 sobre el número de muertos presuntamente relacionados con esa política, obedeció a la presión que organizaciones sociales y ciudadanos ejercieron para que se entregaran cifras sobre los casos en los que muchos de sus familiares habían perdido la vida.

La Base de Datos de Presuntos Homicidios Relacionados con la Delincuencia Organizada fue presentada por el vocero de la Presidecnia en materia de seguridad, el Doctor Alejandro Poiré quien dijo que este era “un ejercicio de transparencia sin precedentes en México y con escasos referentes en el mundo”. En ella, se podía consultar el número total de  muertes ocurridas (o presuntamente relacionadas con el fenómeno),  en cada mes, estado y muncipio, aunque se dijo que, en aras de salvaguardar la integridad de las investigaciones, no se revelaría el sexo ni edad de las víctimas, tampoco se sabría cuántos y cuantás eran militares o policías, ni el estado que guardaban las investigaciones o los expedientes o números de averiguaciones previas.

 

Lo malo: las cifras presentadas en enero de 2011 cumplían una función política, pero no jurídica.

El nombre original de la base  de datos tuvo que ser modificado a las pocas semanas de su presentación por el de Base de Datos de Fallecimientos Ocurridos por Presunta Rivalidad Delincuencial. ¿La razón?, el nombre anterior hacía pensar que estas muertes estaban relacionadas con la delincuencia organizada, un régimen específico para atraer algunos casos bajo las investigaciones y juicios del fuero federal, delitos contemplados en el artículo 2do de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Sin embargo, el reconocimiento de los homicidios en la base de datos no implicaba que los homicidios o los delitos concurrentes fueran competencia federal y la instancia que estaba encargada de investigar los delitos tampoco se especificó en la base.

No está de más recordar que las muertes registradas en la base se categorizaron a partir de las dinámicas detectadas por expertos independientes y funcionarios públicos bajo “muerte violenta por ejecución”, “enfrentamiento” y “agresión contra la autoridad”, pero no bajo tipos penales reconocidos en los códigos federal o estatales. En realidad, los registros  de la base se refieren a homicidios clasificados bajo el criterio de funcionarios públicos, que no necesariamente corresponden a los delitos contemplados en los códigos penales estatales y/o el federal, lo que provoca que no haya ninguna relación entre la base de datos presentada por la autoridad federal y el número de averiguaciones previas abiertas por las distintas procuradurías de justicia estatales y la federal.

Además, la versión posterior de la base de datos—entregada por la Procuraduría General de la República en enero de 2012—no hubiera cambiado totalmente las categorías, esta vez, por “enfrentamiento”, “agresión directa” y “agresión por enfrentamiento”, haciendo a las dos bases incomparables entre sí.

En la explicación metodológica de la primer versión de la base, se explica que los casos se moverían conforme las investigaciones revelaran más información; así, uno de los casos podría cambiar de categoría o incluso desaparecer del conteo por demostrarse que no se trataba de un homicidio relacionado con enfrentamientos entre criminales, de “ajustes de cuentas” entre bandas delictivas o entre autoridades y criminales. Esas actualizaciones nunca se llevaron a cabo, lo que refleja una omisión en cuanto a la calidad de la información públicada y hace pensar en un rezago importante en las investigaciones de los homicidios.

 

Lo feo: el gobierno federal toma decisiones de política pública con información errónea o toma decisiones de política pública sin información (la cual utiliza para publicar artículos en revistas)

Durante más de un año y medio, el Gobierno Federal utilizó el conteo obtenido de las dos bases de datos como la cifra oficial de los homicidios, sin explicar a qué se debía la tardanza en la entrega de las cifras, los intentos por clasificar las cifras a partir de enero de 2011  o por qué no se actualizaron las cifras en concordancia con los avances de cada expediente.  Hasta que al finalizar  la 27 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en mayo de 2012, el Procurador de Campeche, Renato Sales, dijo que las cifras de la base de datos no eran confiables, por lo que era necesario rehacer los conteos en los estados y en el Gobierno Federal.

Es preocupante pensar en la cantidad de decisiones que se han tomado con base en cifras erróneas y más en un contexto como el que vivie México actualmente. En mayo de 2011, Alejandro Poiré y Teresa Martínez publicaron una hipótesis sobre la evolución de los homicidios relacionados con la delincuencia organizada utilizando la primera versión de la base de datos. Sin embargo, perocupa más que dado el uso intensivo de recursos que la política de la administración de Felipe Calderón ha utilizado en materia de seguridad, las decisiones se hayan tomado sin tomar en cuenta la información sobre los homicidios, el modus operandi de los responsables y las zonas de mayor incidencia.

También preocupa que los usuarios de la información no hayamos sido suficientemente críticos y que, aun cuando sabemos que las cifras no se han actualizado en meses, que las metodologías son poco claras y que los formatos dificultan el uso público de los datos, repliquemos un discurso del que nadie está seguro y más aún, hayan sido muy pocas voces las que hayan exigido la aclaración de la metodología utilizada en las distintas bases de datos oficiales y se depuraran.

Inteligencia Pública ha realizado un análisis comparativo de las distintas versiones de la base de datos de homicidios relacionados con la lucha contra la delincuencia organizada en la presente administración con base en los criterios que establece la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para conformar las estadísticas en la materia. Este estudio puede consultarse en su página de internet www.inteligenciapublica.com

 

¡Gracias por leer! Ayúdanos a seguir con nuestro trabajo. ¿Cómo? Ahora puedes suscribirte a Animal Político en Facebook. Con tu donativo mensual recibirás contenido especial. Entérate cómo suscribirte aquí. Consulta nuestra lista de preguntas frecuentes aquí.
Getty Images
¿Cómo impacta el recorte de la ayuda de EU a Centroamérica ordenado por Trump?
El presidente Donald Trump tomó esta decisión como una forma de presionar a miembros del Triángulo Norte para que detengan el creciente flujo migratorio. Los más afectados serán los que deben enfrentar la pobreza y la violencia en sus países.
Getty Images
6 de abril, 2019
Comparte

¿Qué va a pasar en Honduras, Guatemala y El Salvador después que se cancele la ayuda que reciben de Estados Unidos? Es la pregunta que muchos se formulan en la región.

El presidente Donald Trump tomó esta decisión como una forma de presionar a miembros del Triángulo Norte para que detengan el creciente flujo migratorio.

El recorte de la ayuda pone en riesgo principalmente programas que pretenden evitar la salida masiva de personas hacia el norte.

Hasta ahora el gobierno estadounidense no ha ofrecido detalles de qué programas se quedarán sin recursos.

Pero según la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), entre los más afectados se encuentran los que combaten pobreza extrema, violencia e impunidad, justo algunas de los problemas que cada año obligan a miles de personas de la región a abandonar sus países.

Los fondos que podrían cancelarse se utilizan, por ejemplo, para combatir la extorsión en Guatemala, el reclutamiento de jóvenes por pandillas de Maras en El Salvador o para reducir la tasa de homicidios en Honduras.

Los programas afectados con el recorte de EE.UU. combaten la violencia en Centroamérica

AFP
Los programas afectados con el recorte de EE.UU. combaten la violencia en Centroamérica.

La orden de Trump implica suspender fondos por al menos US$450 millones, según datos del Departamento de Estado, aunque la cantidad puede ser mayor.

Adriana Beltrán, directora para Seguridad Ciudadana de WOLA, recuerda que el Congreso estadounidense autorizó en febrero pasado US$180 millones para Centroamérica.

No está claro si este dinero también forma parte del decreto de suspensión del mandatario. Pero las consecuencias de su propuesta pueden ser graves.

“Gran parte de lo que ha dado Estados Unidos a la región ha sido para apoyar esfuerzos que buscan atender los factores que causan la migración irregular”, dice Beltrán a BBC Mundo.

“Esa decisión, lejos de ayudar a estabilizar la situación en la región, lo único que va a hacer es empeorar las condiciones en los países de Centroamérica”.

La orden de Trump puede resultar contraproducente para Estados Unidos, insiste la especialista. “Puede provocar más migración a la larga. Es lo que va a hacer”.

EE.UU. no nos ayuda

Donald Trump exige a Centroamérica que detenga la migración irregular

Getty Images
Donald Trump exige a Centroamérica que detenga la migración irregular

En todo caso el monto del recorte representa una cantidad menor al dinero que Centroamérica recibe cada año en remesas, especialmente desde Estados Unidos.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en 2018 el monto de estos recursos fue de US$22.500 millones.

En el Triángulo Norte las remesas son fundamentales para las economías locales, reconoce la CEPAL.

Para algunos países como Honduras el dinero del gobierno de Estados Unidos no es relevante, dice el presidente Juan Orlando Hernández.

Según datos de la Secretaría de Finanzas hondureña, en 2018 se recibieron US$90 millones a través de distintos programas y agencias estadounidenses. En ese período el monto de las remesas fue de US$4.900, de acuerdo con la CEPAL.

Suspender la ayuda de EE.UU. a Centroamérica no detiene la migración, advierten expertos

AFP
Suspender la ayuda de EE.UU. a Centroamérica no detiene la migración, advierten expertos.

El presidente Hernández asegura que el gobierno de Trump no ha dado ninguna ayuda a su país.

“Con el plan Alianza para la Prosperidad dijimos que Honduras iba a poner cuatro dólares, mientras que Estados Unidos pondría uno. Esos dineros en algunas ocasiones se han atrasado y en otras ni ha llegado”.

Analistas y miembros del Congreso estadounidense creen que el anuncio de Trump es parte de una estrategia política.

Pero otros como el exvicepresidente de Guatemala Eduardo Stein advierten que la orden del magnate puede desatar conflictos legales.

“Claramente contradice compromisos de política exterior bipartidaria de Estados Unidos con nosotros”, dice a BBC Mundo.

Guatemala: dinero contra la corrupción

Mujer con niños en Guatemala.

Getty Images
Parte de los fondos de EE.UU. en Guatemala son usados en programas de alimentación para comunidades desfavorecidas.

La mayor parte de la ayuda al Triángulo Norte se envía a través de la Estrategia para Centroamérica, que opera la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

No está claro si los proyectos y organizaciones que respaldan podrán seguir en operación tras el anuncio de la suspensión de la cooperación estadounidense.

En los tres países del Triángulo Norte hay varios ejemplos, como en Guatemala, que recibe el mayor porcentaje de ayuda.

Los datos más recientes de WOLA, de 2017, señalan que obtuvo más de US$78.6 que se destinaron especialmente a estrategias contra la violencia y la corrupción.

El dinero se utilizó, por ejemplo, en una estrategia para proteger a víctimas de trata de personas, implementada por la organización civil El Refugio de la Niñez.

El objetivo es apoyar especialmente a niños víctimas de esclavitud, a través de atención médica y psicosocial, así como respaldo legal en los procesos judiciales que enfrentan.

En esa estrategia el financiamiento programado entre 2018 y 2021 es de US$2,2 millones.

Otro proyecto es Alimenta el Futuro de Guatemala, destinado a mejorar la nutrición de comunidades rurales y aumentar el ingreso de los campesinos.

En este caso la inversión programada de 2017 a 2022 es de US$36 millones.

Uno más es el Proyecto de Justicia para Juventud y Género, que entre 2016 y 2021 debía recibir US$37,4 millones. El programa apoya a víctimas de la violencia, especialmente mujeres, y jóvenes.

Honduras: violencia, la prioridad

Honduras, policías.

Getty Images
Algunas de las regiones más violentas de Honduras se benefician de la ayuda económica de EE.UU.

El apoyo estadounidense a Honduras se concentra en prevenir la violencia y reparar fallas en su sistema de justicia.

Algunos de los programas van en ese sentido, como uno para la prevención secundaria de la violencia.

El objetivo es detectar jóvenes con riesgo de sufrir violencia o ser reclutados a la fuerza por las pandillas. El financiamiento previsto es de US$24,6 millones entre 2016 y 2020.

La estrategia opera sobre todo en algunas de las regiones más violentas del país, como Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Tela y La Ceiba.

También hay respaldo para la Alianza para el Corredor Seco que pretende reducir la pobreza y desnutrición en el oeste de Honduras, donde existen las comunidades con mayores índices de marginación.

Para ese proyecto el respaldo programado es de US$60,6 millones entre 2014 y 2020.

Una estrategia adicional es prevenir la violencia en las escuelas a través del programa Asegurando la Educación, que tiene un presupuesto de US$20,8 millones para utilizarse entre 2017 y 2022.

El Salvador: las Maras, el mayor problema

Mara Salvatrucha, cartel.

Getty Images
El Salvador usa gran parte del apoyo financiero estadounidense para combatir la inseguridad y la violencia.

En el caso de El Salvador la mayor parte del apoyo estadounidense se enfoca en prevenir la violencia, combatir la inseguridad y mejorar el sistema de justicia, entre otros temas.

Por ejemplo, el proyecto Puentes para el Empleo debía recibir una financiación de US$42,2 millones entre 2015 y 2020.

Este apoya a organizaciones civiles, empresarios y maestros para aumentar el número de empleos a jóvenes de municipios con alta criminalidad.

También se apoya al programa de Educación y Convivencia para Escuelas y Comunidades Libres de Violencia, que cuenta con una inversión de US$10 millones entre 2018 y 2023.

Con este proyecto se ofrecen servicios psicosociales a jóvenes, padres y maestros en escuelas ubicadas en comunidades de alto riesgo.

También existe el programa de Prevención del Crimen y la Violencia que respalda al gobierno de El Salvador en una estrategia para fortalecer comunidades y prevenir, de esa manera, la delincuencia.

El financiamiento para el proyecto es de US$39,8 millones para el periodo 2013-2019.


Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=ZU3QkNT_HGo

https://www.youtube.com/watch?v=ktu0V3H8ZsU

https://www.youtube.com/watch?v=g8Ymq8kZ7r4

¡Gracias por leer! Ayúdanos a seguir con nuestro trabajo. ¿Cómo? Ahora puedes suscribirte a Animal Político en Facebook. Con tu donativo mensual recibirás contenido especial. Entérate cómo suscribirte aquí. Consulta nuestra lista de preguntas frecuentes aquí.